Sentencia AL-24-15 — Registro 4837
Resumen
Resolución que declara sin lugar excusa por no haber comparecido a audiencia de alegaciones en la tasación de costas presentada en la demanda laboral promovida recurrente, contra el BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes, puede apreciarse que la autoridad recurrida declara sin lugar la excusa presentada por el Abogado Juan Carlos Barrientos, por no haber asistido a la audiencia de alegaciones celebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, porque si bien es cierto, mediante certificación médica acreditó su estado de salud y en la misma se le indicó reposo absoluto por cinco días, esta incapacidad se le venció un día antes de que se celebrara dicha audiencia, además éste manifestó que al Secretario del Tribunal le constaba su estado de salud, pero no lo acreditó en su momento. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa de lo actuado, que la decisión pronunciada por la autoridad recurrida ante la cual se planteó el recurso de ley encaminado por el recurrente para subsanar la resolución contraria a su reclamación, ha seguido las formalidades exigidas por la ley, no advirtiéndose, a contrario sensu de lo alegado por éste, violación alguna al debido proceso. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C, veintiséis de febrero del dos mil quince. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO a favor del señor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, que declara sin lugar la excusa presentada por el Abogado Juan Carlos Barrientos por no haber comparecido a la audiencia de alegaciones señalada para el día dieciséis de septiembre de ese mismo año, en el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el ocho de agosto de dos mil catorce; en la tasación de costas presentada en la demanda laboral promovida por el señor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA, contra el BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.. CONSIDERANDO: Que la Sala en fecha veintinueve de enero del corriente año, dispuso que previo a la admisión del presente amparo, que la autoridad recurrida remitiera la pieza contentiva del recurso de apelación arriba mencionado y que el recurrente enmendara su recurso indicando con claridad las partes en el juicio y el tipo de demanda entablada. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición y de enmienda, se puede apreciar que el recurrente estima que el Abogado Barrientos mediante comparecencia y acompañando constancia médica, determinó ante la autoridad recurrida, que no pudo asistir a la audiencia de alegaciones de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce, por causa de fuerza mayor ya que su estado de salud era delicado. Asimismo el recurrente considera que con la resolución reclamada se ha violentado en perjuicio de su representado la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes, puede apreciarse que la autoridad recurrida declara sin lugar la excusa presentada por el Abogado Juan Carlos Barrientos, por no haber asistido a la audiencia de alegaciones celebrada el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, porque si bien es cierto, mediante certificación médica acreditó su estado de salud y en la misma se le indicó reposo absoluto por cinco días, esta incapacidad se le venció un día antes de que se celebrara dicha audiencia, además éste manifestó que al Secretario del Tribunal le constaba su estado de salud, pero no lo acreditó en su momento. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa de lo actuado, que la decisión pronunciada por la autoridad recurrida ante la cual se planteó el recurso de ley encaminado por el recurrente para subsanar la resolución contraria a su reclamación, ha seguido las formalidades exigidas por la ley, no advirtiéndose, a contrario sensu de lo alegado por éste, violación alguna al debido proceso. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NEFI ROBERTO TORRES IZCANO a favor del señor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinte de marzo de dos mil quince, certificación de la resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Laboral No.0024=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL