Sentencia AL-145-15 — Registro 4816
Resumen
Resolución que desestima Incidente de declinatoria con relación a la demanda laboral promovida contra recurrente a criterio de impetranta es la jurisdicción de lo contencioso Administrativo la competente para dilucidar ya que se trata de un contrato de servicios profesionales con el demandante en la que se estableció que los conflictos se someterían a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, refiriendo la Alzada que tal cláusula no le es aplicable al caso por no ser el demandante ni profesional ni técnico ya que el cargo que desempeñaba era como vigilante, por cuanto ese tipo de contratos no procede celebrarse con dicho tipo de personal,considerando la Sala constitucional que estos son alegatos de mera legalidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que al ser su representada un organismo desconcentrado del Estado adscrito a la SAG, que fue creada mediante Decreto Legislativo No.31-92, que contiene la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, por lo que sus relaciones labores con el personal que contrata están regidos por un Reglamento de Personal aprobado por el acuerdo No.448-2011, de tal manera que los Contratos de Servicios Profesionales celebrados entre el demandante corresponden ser conocidos en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalando como otro motivo para tal criterio el reclamante, que los contratos firmados por el demandante establecen que en caso de controversia éste se somete a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente señala que con la resolución contra la cual reclama se vulneran el derecho de defensa y el debido proceso garantías reconocidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada desestimó el Incidente por Declinatoria, al concluir que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con el demandante en la que se estableció que los conflictos se someterían a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, refiere la Alzada que también es cierto que tal cláusula no le es aplicable al caso por no ser el demandante ni profesional ni técnico ya que el cargo que desempeñaba era como vigilante, por cuanto ese tipo de contratos no procede celebrarse con dicho tipo de personal y con las pruebas aportadas en el proceso determinó que la relación laboral sostenida entre las partes, reúne los tres elementos esenciales para que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, razones que expuso la Alzada, estimó como motivos para confirmar el auto interlocutorio apelado. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...": Que del acto reclamado se desprende que la Alzada desestimó el Incidente por Declinatoria, al concluir que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con el demandante en la que se estableció que los conflictos se someterían a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, refiere la Alzada que también es cierto que tal cláusula no le es aplicable al caso por no ser el demandante ni profesional ni técnico ya que el cargo que desempeñaba era como vigilante, por cuanto ese tipo de contratos no procede celebrarse con dicho tipo de personal y con las pruebas aportadas en el proceso determinó que la relación laboral sostenida entre las partes, reúne los tres elementos esenciales para que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, razones que expuso la Alzada, estimó como motivos para confirmar el auto interlocutorio apelado. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que del acto reclamado se desprende que la Alzada desestimó el Incidente por Declinatoria, al concluir que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con el demandante en la que se estableció que los conflictos se someterían a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, refiere la Alzada que también es cierto que tal cláusula no le es aplicable al caso por no ser el demandante ni profesional ni técnico ya que el cargo que desempeñaba era como vigilante, por cuanto ese tipo de contratos no procede celebrarse con dicho tipo de personal y con las pruebas aportadas en el proceso determinó que la relación laboral sostenida entre las partes, reúne los tres elementos esenciales para que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, razones que expuso la Alzada, estimó como motivos para confirmar el auto interlocutorio apelado. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., doce de mayo de dos mil quince. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto interlocutorio dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil catorce, que confirma el auto proferido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE DE TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, de fecha trece (13) de noviembre de dos mil catorce, con relación a la demanda laboral promovida por el señor NELSON ALONSO MELARA GOMEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que al ser su representada un organismo desconcentrado del Estado adscrito a la SAG, que fue creada mediante Decreto Legislativo No.31-92, que contiene la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, por lo que sus relaciones labores con el personal que contrata están regidos por un Reglamento de Personal aprobado por el acuerdo No.448-2011, de tal manera que los Contratos de Servicios Profesionales celebrados entre el demandante corresponden ser conocidos en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalando como otro motivo para tal criterio el reclamante, que los contratos firmados por el demandante establecen que en caso de controversia éste se somete a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente señala que con la resolución contra la cual reclama se vulneran el derecho de defensa y el debido proceso garantías reconocidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada desestimó el Incidente por Declinatoria, al concluir que si bien la demandada celebró contratos de servicios profesionales con el demandante en la que se estableció que los conflictos se someterían a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, refiere la Alzada que también es cierto que tal cláusula no le es aplicable al caso por no ser el demandante ni profesional ni técnico ya que el cargo que desempeñaba era como vigilante, por cuanto ese tipo de contratos no procede celebrarse con dicho tipo de personal y con las pruebas aportadas en el proceso determinó que la relación laboral sostenida entre las partes, reúne los tres elementos esenciales para que exige el Contrato de Trabajo regulado en el Código del Trabajo, razones que expuso la Alzada, estimó como motivos para confirmar el auto interlocutorio apelado. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto interlocutorio dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil catorce; al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por el demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintidós de junio del dos mil quince.VISTO: el recurso de reposición presentado por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la resolución dictada por esta Sala en fecha doce (12) de mayo de dos mil quince, mediante la cual se sobresee el recurso de amparo presentado contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de diciembre de dos mil catorce, que confirma el auto interlocutorio de fecha trece (13) de noviembre de dos mil catorce, emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; en relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor NELSON ALONSO MELARA GOMEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que consta de autos que la acción de amparo de mérito fue interpuesta por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA; en fecha diez (10) de febrero de dos mil quince, sobreseyendo esta Sala dicho recurso en fecha doce (12) de mayo de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que en fecha cinco (05) de junio de dos mil quince, el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha doce (12) de mayo de dos mil quince, apreciándose que ha omitido establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se aprecia de la motivación de la resolución contenida, se advierte que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto de dos mil quince, certificación de resoluciones de fechas doce de mayo y veintidós de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0145=15.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL