Sentencia AL-1194-14 — Registro 4841
Resumen
Cuestión de competencia con relación a la demanda laboral promovida por recurrente,acreditado en el proceso que ésta integró como personal auxiliar de las Fuerzas Armadas de Honduras,donde a criterio de recurrente dicha controversia debe ser conocida por un Tribunal de orden laboral y no por un Juzgado Contencioso Administrativo.apreciando la Sala Constitucional que dicha institución es parte constitutiva del Estado de Honduras al ser dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que ésta Sala aprecia que en la resolución de la Alzada se estableció que la peticionaria brindó sus servicios en las Fuerzas Armadas de Honduras, institución que es parte constitutiva del Estado de Honduras al ser dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que el ordenamiento jurídico vigente, ha sido aplicado correctamente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía del Debido Proceso constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretendan intentar los recurrentes, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción administrativa o judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de los recurrentes, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega unas violaciones de mera legalidad"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C, tres de marzo del dos mil quince. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RODOLFO OCON ZAMBRANO, a favor de la señora VIDALDINA HERRERA FERNANDEZ, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, que confirma la sentencia interlocutoria proferida por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA y DEL TRABAJO POR MINISTERIO DE LEY, de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, con relación a la demanda laboral promovida por la señora VIDALDINA HERRERA FERNANDEZ, en contra de EL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que la sentencia recurrida confirma la decisión del A-quo, cuando a su criterio dicha controversia debe ser conocida por un Tribunal de orden laboral y no por el Juzgado Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente señala que con la resolución contra la cual reclama se vulneran las garantías contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que de la resolución cuestionada se aprecia que la Alzada establece que al acreditarse en el proceso que la demandante integró como personal auxiliar de las Fuerzas Armadas de Honduras, es evidente que dicho órgano jurisdiccional del Trabajo carece de la competencia por razón de la materia para conocer del reclamo planteado, siendo por tal procedente la confirmatoria de la sentencia apelada. CONSIDERANDO: Que el Artículo 282 de la Constitución de la República establece que los nombramientos y remociones del personal de las Fuerzas Armadas, en el orden administrativo, se harán de conformidad con la Ley de la Administración Publica. En el área operacional, los nombramientos y remociones la hará el Jefe del Estado mayor Conjunto, de acuerdo a la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, de conformidad con su Ley Constitutiva, y demás disposiciones legales vigentes, incluyendo al personal de tropa y auxiliar. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que ésta Sala aprecia que en la resolución de la Alzada se estableció que la peticionaria brindó sus servicios en las Fuerzas Armadas de Honduras, institución que es parte constitutiva del Estado de Honduras al ser dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, para lo cual estima esta Sala, se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que el ordenamiento jurídico vigente, ha sido aplicado correctamente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía del Debido Proceso constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretendan intentar los recurrentes, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción administrativa o judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de los recurrentes, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega unas violaciones de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1) SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RODOLFO OCON ZAMBRANO, a favor de la señora VIDALDINA HERRERA FERNANDEZ, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce; al advertir ésta Sala que las cuestiones promovidas por la demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad; 2) Conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de abril de dos mil quince, certificación de la resolución de fecha tres de marzo de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Laboral No.1194=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL