Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1081-14 — Registro 4839

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra resolución que confirma sentencia interlocutoria dictada en primera instancia en relación a la demanda laboral por despidos injustificados interpuesta contra impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…“CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, mediante la cual la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, confirmó la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce, por considerar el Ad-quem que si bien es cierto las demandadas alegan que el despido de una fue directo y el de la otra indirecto, se aprecia que existe la conexidad jurídica de la causa a pedir, pues ambas litigantes alegan haber sido objeto del despido y deberán acreditar el mismo ante el A-quo y el patrono la justificación de los mismos, tratándose de un mismo patrono y de dos trabajadoras que prestaron sus servicios laborales a la sociedad demandada, por consiguiente la acumulación subjetiva de pretensiones tiene conexidad. CONSIDERANDO: Que el artículo 99 del Código Procesal Civil dispone que podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las pretensiones que el demandante o varios demandantes tengan contra el demandado o varios demandados, siempre que entre esas pretensiones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las pretensiones se funden en los mismos hechos …CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C, tres de marzo del dos mil quince. VISTO: el presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID, a favor de la señora DIGNA ESPERANZA CRUZ CRUZ Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS EL BOMBAZO S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, que confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce; en relación a la demanda ordinaria laboral interpuesta por el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA, en su condición de apoderado legal de las señoras CYNTHIA JACKELINN ORTIZ Y DANIA SUYAPA BARDALES CACERES, contra la sociedad mercantil denominada TIENDAS EL BOMBAZO S. DE R.L., representada por la señora DIGNA ESPERANZA CRUZ CRUZ. CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, el recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, se vulneran en perjuicio sus representadas, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar que existe una indebida acumulación subjetiva de acciones, en virtud de que cada una de las demandantes se encuentran ejerciendo acciones judiciales que emanan de hechos diferentes, cuyos fundamentos de derecho son diferentes y por ende las respectivas acciones debieron ser ventiladas en juicios diferentes. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, mediante la cual la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, confirmó la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce, por considerar el Ad-quem que si bien es cierto las demandadas alegan que el despido de una fue directo y el de la otra indirecto, se aprecia que existe la conexidad jurídica de la causa a pedir, pues ambas litigantes alegan haber sido objeto del despido y deberán acreditar el mismo ante el A-quo y el patrono la justificación de los mismos, tratándose de un mismo patrono y de dos trabajadoras que prestaron sus servicios laborales a la sociedad demandada, por consiguiente la acumulación subjetiva de pretensiones tiene conexidad. CONSIDERANDO: Que el artículo 99 del Código Procesal Civil dispone que podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las pretensiones que el demandante o varios demandantes tengan contra el demandado o varios demandados, siempre que entre esas pretensiones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las pretensiones se funden en los mismos hechos. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la sentencia interlocutoria dictada por el A-quo en fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RUBEN ALFONSO CRUZ DAVID, a favor de la señora DIGNA ESPERANZA CRUZ CRUZ Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIENDAS EL BOMBAZO S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve de marzo de dos mil quince, certificación de la resolución de fecha tres de marzo de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Laboral No.1081=2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL