Sentencia AL-1072-14 — Registro 4832
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que confirma sentencia incidental ,en relación a controversia sujeta a convenio arbitral donde impetrante tácitamente dio lugar a la renuncia a dicho trámite,al no oponer excepción de arbitraje en la oportunidad procesal correspondiente, considerando éste que autoridad judicial debio inhibirse de oficio de conocer asunto de merito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la sentencia incidental dictada por el A-quo en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, toda vez que tal y como lo establece el artículo 40 numeral 2 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, cuando exista convenio arbitral, la autoridad judicial debe inhibirse de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente demandada, y no de oficio como alega el recurrente. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- interpuesto por el Abogado JOSE CECILIO PINEDA FLORES, a favor de la sociedad mercantil denominada FINANCIERA FINCA HONDURAS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, que confirma la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha doce de agosto del año dos mil catorce; en relación a la demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora LILIANA DEL CARMEN SANCHEZ SALINAS, contra la sociedad mercantil denominada FINANCIERA FINCA HONDURAS S.A.. CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción de amparo, el recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, se vulneran en perjuicio su representada, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, por considerar el recurrente que la denuncia por declinatoria se interpuso en legal y debida forma, además el Tribunal de primera instancia tiene la obligación “DE OFICIO” de inhibirse del conocimiento del caso al simplemente tener conocimiento de que una controversia este sujeta a convenio arbitral, fundamentándose en el artículo 40 inciso b) de la Ley de Conciliación y Arbitraje; considera también el recurrente que en el caso de autos no procede la condena en costas ratificadas por el Ad-quem. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la sentencia de fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, mediante la cual la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, confirmó la resolución dictada por el A-quo en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, por considerar el Ad-quem que al no haber opuesto la parte demandada la excepción de arbitraje al contestar la demanda o en la primera audiencia de trámite como lo ordena el artículo 710 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el artículo 41 numeral 3) de la Ley de Conciliación y Arbitraje, tácitamente dio lugar a la renuncia del trámite arbitral en el presente caso, considerando además, que en cuanto a la condena en costas es aplicable el artículo 221 del Código Procesal Civil como norma supletoria en materia de trabajo, que establece que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, se aplicará en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el citado Código en cuanto al principio de vencimiento. CONSIDERANDO: Que el artículo 40 de la Ley de Conciliación y Arbitraje dispone en su numeral 2) que la autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta convenio arbitral debe inhibirse de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente demandada. En ese caso, dicha parte puede oponer la excepción de arbitraje que habrá de ser resuelta de plano y sin lugar a recurso alguno contra la decisión. CONSIDERANDO: Que asimismo, el artículo 41 numeral 3) de la citada Ley establece que se considera que existe renuncia tácita cuando una de las partes sea demandada judicialmente por la otra y no oponga excepción de arbitraje en la oportunidad procesal correspondiente. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Tribunal de alzada, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la sentencia incidental dictada por el A-quo en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, toda vez que tal y como lo establece el artículo 40 numeral 2 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, cuando exista convenio arbitral, la autoridad judicial debe inhibirse de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente demandada, y no de oficio como alega el recurrente. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE CECILIO PINEDA FLORES, a favor de la sociedad mercantil denominada FINANCIERA FINCA HONDURAS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil quince, certificación de la Resolución de fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado bajo el número SCO-1072-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL