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Sentencia AL-1021-12 — Registro 6033

Resumen

Sentencia impugnada confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo seccional de Puerto Cortés, en la demanda ordinaria laboral promovida por Abed Davis Velásquez López, María Arturina Gúzman de Inocentis, también conocida como María Arturina Gúzman de Innocentis, Nury Marcela García Fúnez, Wendy Yessenia Funes Flores, Doris Alicia Arias Mejía, Manuel Said Gonzales Lambert, Derick Isay Figueroa Cambar y Norma Criselda Flores Salgado contra el Estado de Honduras, Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Aduanas de Puerto Cortés

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en fecha nueve de octubre de dos mil doce, en relación a la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores ABED DAVIS VELASQUEZ LOPEZ, MARIA ARTURINA GUZMAN DE INOCENTIS, también conocida como MARIA ARTURINA GUZMAN DE INNOCENTIS, NURY MARCELA GARCIA FUNEZ, WENDY YESSENIA FUNES FLORES, DORIS ALICIA ARIAS MEJIA, MANUEL SAID GONZALES LAMBERT, DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, comparecieron ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, los señores ABED DAVIS VELASQUEZ LOPEZ, MARIA ARTURINA GUZMAN DE INOCENTIS, también conocida como MARIA ARTURINA GUZMAN DE INNOCENTIS, NURY MARCELA GARCIA FUNEZ, WENDY YESSENIA FUNES FLORES, DORIS ALICIA ARIAS MEJIA, MANUEL SAID GONZALES LAMBERT, DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injustificado, el pago de horas extras, vacaciones, pago del séptimo día y salarios dejados de percibir contra del ESTADO DE HONDURAS, representado por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, por actos de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Aduanas de Puerto Cortes. (Folios 01 y 09 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que en la Audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, actuando en su condición de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, interpuso la Excepción de Incompetencia de los Tribunales por Razón de la Materia. (Folio 559 al 562 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha nueve de octubre de dos mil doce, el referido Juzgado, en Audiencia celebrada para resolver sobre el incidente interpuesto por la parte demandada, resolvió: Declarando SIN LUGAR el incidente de Incompetencia de Tribunal por Razón de la materia, interpuesta por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ en su condición de apoderada Judicial de la parte demandada. (Folios 573 y 574 de la primera pieza de los antecedentes) 4) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al conocer de los autos por apelación interpuesta por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, dictó sentencia en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, mediante la cual falló Declarando no haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés en fecha nueve de octubre de dos mil doce. (Folios 05 al 10 de la segunda pieza de antecedentes.) 5) Que la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal el doce de diciembre de dos mil doce, reclamando amparo a favor de su representada, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. 6) Que conforme se desprende de los autos, en fecha doce de agosto de dos mil trece, esta Sala tuvo por caducado el término para formalizar la presente acción de amparo, sin embargo revisado que fue el escrito de interposición, se apreció que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo que la Sala consideró procedente continuar con el trámite de la acción de amparo.

  1. Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, esta Sala tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, el cual fue de la opinión de que “NO DEBE OTORGARSE” el amparo de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en fecha nueve de octubre de dos mil doce, en relación a la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores ABED DAVIS VELASQUEZ LOPEZ, MARIA ARTURINA GUZMAN DE INOCENTIS, también conocida como MARIA ARTURINA GUZMAN DE INNOCENTIS, NURY MARCELA GARCIA FUNEZ, WENDY YESSENIA FUNES FLORES, DORIS ALICIA ARIAS MEJIA, MANUEL SAID GONZALES LAMBERT, DERICK ISAY FIGUEROA CAMBAR y NORMA CRISELDA FLORES SALGADO contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Aduanas de Puerto Cortes. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que al Tribunal recurrido se le olvidó lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que conducentemente establece: “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de … las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, pronunciándose en el sentido que se puede determinar de los antecedentes, que el empleo de las personas contratadas, sale de las regulaciones legales del ámbito que rigen la función o el empleo publico; puesto que el mismo no se origina como consecuencia de un Decreto o bien de un Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, si no de un mero contrato que establece una relación laboral sujeta a disposiciones que rigen respecto de las personas que no tienen la condición de funcionarios o empleados públicos; que por ello quedan sometidos a la jurisdicción laboral de conformidad a las normas del Código de Trabajo. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se lesiona el debido proceso al que la recurrente hace referencia en su petición. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia básicamente en que las argumentaciones relacionadas con la incompetencia por razón de la materia, ese Tribunal de alzada, ah sostenido en circunstancias similares “Que el valor objetivo de la competencia de los Juzgados del Trabajo, está determinado en atención a lo que el objeto del pleito y a la naturaleza litigiosa del asunto, así lo establece entre otros, el Artículo 665 del Código de tal materia, al disponer que: La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”. Que en el caso subjudice, es la condición de los trabajadores y su derecho a la estabilidad lo que los demandantes aducen; y, ante esas circunstancias, por los derechos sociales que el legislador protege, la comparecencia o reclamo de la intervención de los Tribunales del Trabajo en forma legal por parte de quien se dice trabajador, supone la existencia de una relación de trabajo, que coloca el reclamo bajo la jurisdicción de los Juzgados de esta materia; salvo que nos encontráramos ante los casos de excepción regulados en el citado Artículo 2 del Código de Trabajo; y, no es el caso; la negativa patronal sobre la naturaleza de la relación o contrato y su duración, se constituye en objeto de prueba en el curso del juicio. Lo que concuerda con el criterio expresado por el Juez de Primera Instancia, cuando señala que no fue acreditado que los trabajadores demandantes hayan sido contratados mediante acuerdo ejecutivo, ni consta que sus salarios provengan de la Dirección General de Presupuesto; por lo que su consideración depende de la naturaleza del acto y no a la calidad o Estado de la persona que en ellos interviene; entendiendo que existe contrato de trabajo; y, no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, contratos de servicios profesionales renovados sucesivamente para desempeñar las mismas funciones en la misma entidad; ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, cayendo por su propio peso que los contratos celebrados entre los demandantes y patrono cumplen los requisitos para ser considerados como tales; siendo competente la Jurisdicción del trabajo para conocer de la controversia. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 1021=12.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.