Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia ACC-939-13 — Registro 4868

Resumen

Sentencia sobreseyó recurso de amparo contra resolución dictada por el juzgado de primera instancia con relación a la demanda civil verbal de pago promovida contra el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de la vista de las diligencias aparece que la resolución reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de la cual se ha hecho anterior referencia, no resulta susceptible de conocerse en amparo para verificar su correlato con el invocado derecho al debido proceso y al principio de legalidad que establecen el párrafo primero del artículo 90 y el artículo 94 de la Constitución de la República. Lo anterior, en virtud de que tal resolución de sobreseimiento venida en consulta, se basa consistentemente en la extemporaneidad de la acción intentada, la cual se promovió contra un acto consentido, toda vez que no recurrió del mismo sino una vez dictada la sentencia definitiva por parte del Juzgado de Paz A Quo; esto es, promoviendo recurso de amparo contra un acto intraprocesal consentido por ambas partes, cuando ya se había dictado - en efecto - la sentencia que resolvía en instancia la controversia planteada en el caso concreto,[1] lo cual imposibilitaría al Tribunal de Amparo pronunciarse en el fondo sobre las violaciones a las garantías constitucionales alegadas por la impetrante. Por todo lo cual, teniendo a la vista las presentes diligencias, resulta procedente confirmarlas por ser conforme a derecho..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil trece, dictada por la Corte Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que sobresee el recurso de amparo interpuesto por la abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA, a favor del señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ, contra la resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, en relación a la Demanda Civil Verbal de Pago promovida por el abogado CARLOS MIGUEL CANTILLANO GARCIA, en su condición de representante legal de la señora ILSE AMINA REYES MURILLO contra el señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ. Estimando la Recurrente que la resolución recurrida violenta las garantías constitucionales contenidas en los artículos 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que según resulta de los antecedentes contenidos en la primera pieza, en fecha seis (6) de octubre de dos mil ocho (2008), compareció ante el Juzgado de Paz de lo Civil de El Progreso, Departamento de Yoro, el abogado CARLOS MIGUEL CANTILLANO GARCIA, actuando en su condición de representante legal de la señora ILSE AMINA REYES MURILLO, promoviendo Demanda Civil Verbal de Pago contra el señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ, para que previo los trámites legales, sea condenado a pagar a la señora ILSE AMINA REYES MURILLO, la cantidad de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 26,537.52) más intereses legales, costos y honorarios profesionales del juicio; dictando el Juzgado de Paz antes citado, sentencia definitiva en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010), mediante la cual declara CON LUGAR la demanda interpuesta y condena al demandado señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ al pago de la cantidad reclamada por la demandante más los intereses y costas, declarando SIN LUGAR Y EFECTO la reconvención del pago de lo no debido interpuesto por la parte demandada. (Ver folios uno (1), dos (2), setenta y tres (73) y setenta y cuatro (74) de la primera pieza de los antecedentes) 2) Que obra de autos, que el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada MARTHA ISABEL VENEGAS MADRID, en su condición de apoderada judicial del señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ contra la sentencia definitiva de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010) que obra relacionada en el numeral anterior, dictó sentencia definitiva en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), mediante la cual declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma la sentencia definitiva a que se ha hecho anterior referencia. (Ver folios setenta y siete (77), setenta y ocho (78) y ochenta y cinco (85) al ochenta y siete (87) de la primera pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, la abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ, contra la sentencia definitiva de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), dictada por el mismo Órgano Jurisdiccional en referencia. Manifestando la Recurrente que la resolución recurrida violenta las garantías constitucionales contenidas en los artículos 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha treinta (30) de julio del año dos mil doce (2012), el Juzgado antes mencionado dictó resolución declarándose incompetente para conocer de dicho recurso, ordenando en fecha once (11) de febrero de dos mil trece (2013), remitir las diligencias a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés a efecto de que conozca de la acción de amparo interpuesta en aplicación del artículo 41 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Ver folios seis (6) y ocho (8) de la pieza de Amparo, segunda pieza). 5) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), dictó sentencia mediante la cual, resolvió: “FALLA: SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA a favor del señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro…” (Ver folios treinta y seis (36) al treinta y siete (37) de la pieza de de Amparo, primera pieza). 6) Que en fecha ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia dictada en fecha diez (10) de octubre del año dos mil trece (2013) por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual se declaró la inadmisibilidad y consiguiente SOBRESEIMIENTO del recurso de amparo promovido por la abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA, a favor del señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ contra la resolución dictada en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, con relación a la Demanda Civil Verbal de Pago promovida por el abogado CARLOS MIGUEL CANTILLANO GARCIA, en su condición de representante legal de la señora ILSE AMINA REYES MURILLO contra el señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ; sentencia consultada cuyo principal fundamento de actuaciones consiste en que se ha acreditado la causal de inadmisibilidad prescrita en el artículo 46 numeral 3) de la ley Sobre Justicia Constitucional, referido a que no se admitirán recursos de amparo contra actos que hayan sido consentidos por el agraviado. Lo anterior, dado que si bien existió una violación al debido proceso al anularse el auto en que se tuvo por desistida la demanda y reabrirse el juicio citando a las partes para nueva comparecencia, no es menos cierto que dicha resolución no fue impugnada por ninguna de las partes, siendo al contrario consentida por el agraviado, quien compareció a la audiencia, contestó la demanda, propuso pruebas y en ningún momento protestó por dicha violación y que fue hasta después de la sentencia que lo vino a manifestar en su expresión de agravios; y que el Ad Quem dictó sentencia en tiempo, la que llena todos los requisitos formales que manda la ley. CONSIDERANDO (3): Que de la vista de las diligencias aparece que la resolución reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de la cual se ha hecho anterior referencia, no resulta susceptible de conocerse en amparo para verificar su correlato con el invocado derecho al debido proceso y al principio de legalidad que establecen el párrafo primero del artículo 90 y el artículo 94 de la Constitución de la República. Lo anterior, en virtud de que tal resolución de sobreseimiento venida en consulta, se basa consistentemente en la extemporaneidad de la acción intentada, la cual se promovió contra un acto consentido, toda vez que no recurrió del mismo sino una vez dictada la sentencia definitiva por parte del Juzgado de Paz A Quo; esto es, promoviendo recurso de amparo contra un acto intraprocesal consentido por ambas partes, cuando ya se había dictado - en efecto - la sentencia que resolvía en instancia la controversia planteada en el caso concreto,[1] lo cual imposibilitaría al Tribunal de Amparo pronunciarse en el fondo sobre las violaciones a las garantías constitucionales alegadas por la impetrante. Por todo lo cual, teniendo a la vista las presentes diligencias, resulta procedente confirmarlas por ser conforme a derecho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 3), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha diez de octubre del año dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual se declaró la inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento del recurso de amparo promovido por la abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA, a favor del señor ROBERTO ANTONIO ORELLANA VELASQUEZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta bajo el número SCO-0939-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver folios cuarenta y tres (43), cincuenta y tres (53), cincuenta y cuatro (54) y setenta (70) todos de la primera pieza de los antecedentes, con relación a la sentencia emitida en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010), la cual obra a folio setenta y tres (73), también de la primera pieza de los antecedentes.