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Sentencia ACC-856-13 — Registro 4867

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo contra autos dictados por el juzgado de letras de primera instancia y mediante uno de ellos determina que los motivos de oposición alegados no están dentro de los comprendidos para las ejecuciones hipotecarias, sin perjuicio de los derechos que pueden hacer valer en juicio declarativo correspondiente con relación a la demanda de ejecución directa y exclusiva contra bien hipotecado promovida por el Banco BAC Honduras contra el señor Juan Carlos Ribot Font

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."vista la sentencia venida en consulta y examinadas que fueron las diligencias de mérito, se constata que las resoluciones judiciales objeto de reclamo en sede de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán no resultan de modo alguno violatorias al debido proceso ni al derecho de defensa de que gozan las personas agraviadas, en la forma y alcance que el Ad Quem ha motivado.Lo anterior, debido a que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el curso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. A juicio de la Sala de lo Constitucional, tal violación no acontece en el presente caso por los fundamentos jurídicos asumidos por el Ad Quem en tutela de los derechos invocados, siendo patente que la inadmisión taxativa de la oposición que ha formulado el tercer poseedor, se fundamentó en no encontrarse supuesta en los motivos de oposición legítima que recoge el Código en lo referente a Ejecuciones Hipotecarias y Prendarias,[1] sin embargo lo cual éste conserva su derecho a hacer valer su pretensión en el juicio declarativo que corresponda, lo cual excedería de suyo el carácter netamente tutelar con el cual fue instituida por el Constituyente originario la garantía de amparo..."..."Que debido al razonamiento precisado anteriormente, resulta procedente confirmar la sentencia que es venida en consulta, la cual ha sido dictada en aplicación de legalidad vigente y con respeto a los derechos y garantías asentados en la Carta Magna..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil quince. VISTO: En Consulta la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, que denegó el recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN a favor de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN e INGRID ONDINA LUPY PALENCIA contra los autos dictados por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas doce y veinte de febrero y cuatro de marzo del año dos mil trece, respectivamente, con relación a la demanda de pago promovida por el BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC), contra el señor JUAN CARLOS RIBOT FONT. Estima el Recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, la Abogada DORA ISELLA ELVIR ZAVALA, en representación de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC), presentando demanda para el pago de deuda por ejecución directa y exclusiva contra bien inmueble hipotecado contra el señor JUAN CARLOS RIBOT FONT. (Ver folios uno (01) al catorce (14) de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha doce (12) de febrero de dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la solicitud de nuevo mandamiento judicial al Instituto de la Propiedad del Departamento de Francisco Morazán, en cuanto a cuál lote debe efectuarse el requerimiento judicial de pago, (número cinco) ya que éste es requisito para volver a presentar dicho mandamiento ordenado en el Instituto antes mencionado, solicitud presentada por la Abogada DORA ISELLA ELVIR ZAVALA en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC) RESOLVIÓ: “…Que la Secretaría del Despacho libre con las inserciones de estilo mandamiento al Instituto de la Propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, a fin de que se deje constancia en dicho registro del requerimiento de pago a los ejecutados y que proceda a emitir la certificación de dominio y todas las cargas que tuviere el inmueble hipotecado inscrito bajo el asiento número 81 del Tomo 5252, lote número 5 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, debiendo para tal efecto hacer constar en el asiento principal tal expedición, indicando la fecha y procedimiento para el que se expide, recordándole que su vigencia impedirá la cancelación de la hipoteca por causas distintas a la propia ejecución, debiendo incluirse en el mismo la cantidad que se reclama en la presente demanda…”. (Ver folio ciento veintiséis (126) de la primera pieza de los antecedentes).3) Que en fecha veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la oposición a mandamiento de ejecución promovida por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN a favor de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN e INGRID ONDINA LUPY PALENCIA, RESOLVIÓ: “Inadmítase a tramite el escrito en virtud que no consta que los señores Gilberto Alfredo Escobar Montalbán e Ingrid Ondina Lupy Palencia sean parte formal y activa en el presente juicio…”. (Ver folio ciento treinta y uno (131) de la primera pieza de los antecedentes).4) Que en fecha cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en respuesta al recurso de reposición planteado, FALLÓ: ”UNICO: Admitir a trámite el escrito que antecede junto con la copia simple del mismo, los cuales se mandan a agregar a sus antecedentes.- Repóngase la providencia de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil trece (2013), en virtud que cualquier interesado podrá formular oposición a la ejecución hipotecaria. En consecuencia resuélvase escrito presentado el dieciocho (18) de febrero del año dos mil trece (2013) de la siguiente manera: Admítase el escrito que antecede, junto con la copia simple del mismo, los cuales se mandan a agregar a sus antecedentes. ÍNADMITASE a trámite la presente oposición interpuesta por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, en su condición de Representante Procesal de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN e INGRID ONDINA LUPY PALENCIA, en virtud de que los motivos de oposición alegados no están dentro de los comprendidos para las ejecuciones hipotecarias, sin perjuicio del derechos de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN e INGRID ONDINA LUPY PALENCIA, para hacerlos valer a través del juicio declarativo correspondiente.” (Ver folios ciento treinta y nueve (139) al ciento cuarenta (140) de la primera pieza de antecedentes). 5) Que conociendo del recurso de amparo promovido por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, en su condición de representante procesal de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN e INGRID ONDINA LUPY PALENCIA contra el auto relacionado en el inciso que antecede y los pronunciamientos vertidos por la instancia en fecha doce (12) y veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), respectivamente, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013), mediante la cual FALLÓ: ”1) DENEGANDO LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE AMPARO interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, en su condición de representante procesal de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALBÁN E INGRID ONDINA LUPY PALENCIA, contra resoluciones de fecha doce (12) y veinte (20) de febrero del dos mil trece (2013) y cuatro (04) de marzo del dos mil trece (2013), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil, de este Departamento de Francisco Morazán, en la demanda de mérito…”; lo cual tuvo como fundamento, entre otras consideraciones, en lo dispuesto en el artículo 901 del Código Procesal Civil vigente, relativo al procedimiento para la oposición diferida para el proceso ordinario, según el cual el deudor, el tercer poseedor y cualquier otro interesado que tuvieran un motivo para oponerse a la ejecución que no se halle comprendido en el título séptimo del referido Código - relativo a ejecuciones hipotecarias y prendarias – deberán hacerlo valer en el juicio declarativo que corresponda; supuesto que resulta por completo aplicable al interesado en referencia, por lo cual estima la Corte sentenciadora que en el caso bajo estudio el interesado tiene expeditas acciones para reclamar contra quien supone le ha perjudicado, siguiendo los procedimientos que enmarca el Código adjetivo. (Ver folios treinta y seis (36) al treinta y ocho (38) de la segunda pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha cuatro (4) de octubre del año dos mil trece (2013), esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN, en su condición ya indicada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal como ocurre en el presente caso. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil trece (2013) dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por medio de la cual denegó el recurso de Amparo Civil interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO ESCOBAR MONTALVAN a favor de los señores GILBERTO ALFREDO ESCOBAR MONTALVAN e INGRID ONDINA LUPY PALENCIA contra los autos dictados por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas doce (12) y veinte (20) de febrero y cuatro (4) de marzo del año dos mil trece (2013), respectivamente, con relación a la demanda de pago promovida por el BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A (BAC), contra el señor JUAN CARLOS RIBOT FONT; cuyos principales fundamentos obran relacionados en el Antecedente 5) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que vista la sentencia venida en consulta y examinadas que fueron las diligencias de mérito, se constata que las resoluciones judiciales objeto de reclamo en sede de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán no resultan de modo alguno violatorias al debido proceso ni al derecho de defensa de que gozan las personas agraviadas, en la forma y alcance que el Ad Quem ha motivado. Lo anterior, debido a que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el curso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. – A juicio de la Sala de lo Constitucional, tal violación no acontece en el presente caso por los fundamentos jurídicos asumidos por el Ad Quem en tutela de los derechos invocados, siendo patente que la inadmisión taxativa de la oposición que ha formulado el tercer poseedor, se fundamentó en no encontrarse supuesta en los motivos de oposición legítima que recoge el Código en lo referente a Ejecuciones Hipotecarias y Prendarias,[1] sin embargo lo cual éste conserva su derecho a hacer valer su pretensión en el juicio declarativo que corresponda, lo cual excedería de suyo el carácter netamente tutelar con el cual fue instituida por el Constituyente originario la garantía de amparo. CONSIDERANDO (4): Que debido al razonamiento precisado anteriormente, resulta procedente confirmar la sentencia que es venida en consulta, la cual ha sido dictada en aplicación de legalidad vigente y con respeto a los derechos y garantías asentados en la Carta Magna. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil trece (2013), de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha trece de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 0856=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL