Sentencia ACC-70-14 — Registro 4855
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo en consulta en relación a excepción de Declinatoria por Cuestión de Competencia declarada con lugar con relación a demanda promovida contra recurrente de juicio ordinario, por reclamación de pago por importe de tres millones,considerando la Sala Constitucional revocar dicho otorgamiento en virtud de que efectivamente el Juez ante quien se interpuso demanda de merito es competente para conocerla, por lo que decisión del a quo no ha vulnerado derechos constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."4): Que el establecimiento de criterios de atribución de competencia Territorial presupone que existen varios (o muchos) órganos del mismo tipo entre los que hay que distribuir la competencia con base en el territorio [1]. La determinación de quién va a ser el juez territorialmente competente se realiza mediante la articulación de una serie de reglas que se denominan fueros. Es así que el artículo 35 del Código Procesal Civil establece el fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad y el artículo subsiguiente, los fueros legales especiales. Ambos artículos hacen necesaria el previo análisis de los puntos de la demanda, ya que de ellos se derivan las circunstancias de la persona jurídica demandada que informan al Juez ante quien se ha presentado, en principio si es o no el competente para conocer del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): A efecto de la consulta obligatoria que nos ocupa ha de analizarse la resolución del ad quem, a partir de lo establecido en el artículo 35.1 del Código Procesal Civil que refiere a que salvo sumisión expresa o que la ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad. En este caso en particular, el demandante estableció en el escrito de demanda y los documentos anexados a ella, que la compraventa que da lugar a la relación jurídica con el demandado se llevó a cabo en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que no existiendo pacto de sumisión entre las partes, la Sociedad Mercantil Servicios Agropecuarios S.A. (SEAGRO) si bien había sido inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, también tiene establecimiento abierto al público en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, detallando el lugar en que se encuentra, siendo éste Parque empresarial Perisur, ofibodega N° 10, anillo periférico, contiguo a DHL, aldea La Cañada, lugar en el cual puede también ser citado su representante, el Señor DAVID RICARDO HERNANDEZ SEGURA. Estos datos, al no haber sido cuestionados por la parte demandada, han de darse por ciertos; y el hecho de que el Juez haya dispuesto tomar su decisión luego de una audiencia, garantiza los principios de inmediación, publicidad y contradicción que rigen el proceso; razón por la cual, esta Sala de lo Constitucional estima procedente revocar la sentencia de amparo venida en consulta, en virtud de que efectivamente el Juez de Letras ante quien se interpuso la demanda, es competente para conocerla, por lo que la decisión del a quo no ha vulnerado derechos constitucionales."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 35, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Enero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO), contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, que otorgó un recurso contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciocho de octubre del año dos mil trece, con relación a la demanda promovida por el señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS contra la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO). Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 1, 16,82 y 90 de la Constitución de la República en relación a los artículos 1, 2, 7, 8,9,10,11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ANTECEDENTES
- Que en fecha veinte de junio del año dos mil trece, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, la Abogada DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO, en su condición de Apoderado Legal del señor RUIZ PASTOR CANALES FIALLOS, presentado demanda de juicio ordinario, reclamación de pago por importe de tres millones de lempiras contra la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO). (Folios 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, RESOLVIÓ: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la declinatoria por cuestión de competencia territorial planteada por el Abogado Ramon Edgardo Irula Rodríguez, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO), pues al tratarse la presente demanda del pago de una cantidad debida, no está sometida a reglas imperativas de competencia, asimismo está acreditado que la demandada tiene establecimiento abierto al público en la ciudad de Comayagüela, Parque Empresarial, PERISUR, OFIBODEGA, Anillo Periférico, contiguo a DHL, Aldea La Cañada (Folio 77 de la primera pieza de los antecedentes).3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ en su condición de Apoderado Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO)contra el auto relacionado en el inciso que antecede, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual FALLÒ: “ QUE SE OTORGA LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE AMPARO INTERPUESTO POR EL ABOGADO RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ ACTUANDO EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO).” (Folios 25 al 28 de la segunda pieza de los antecedentes).4) Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de enero de dos mil catorce, remitió en consulta la resolución que dictare en relación al amparo interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO)contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 16,82 y 90 de la Constitución de la República en relación a los artículos 1, 2, 7, 8,9,10,11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de defensa y debido proceso refiere estrictamente a la competencia territorial, que el a quo considera tener y que, en virtud de un criterio contrario, el ad quem ha decidido amparar al recurrente. Es por ello, y partiendo del concepto que Couture le diere al debido proceso al considerarlo como garantía del individuo, que lo defiende del abuso del juez, y que en su función pública tiene como fines la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica; que el análisis a que ha de sujetarse la consulta obligatoria de dicho amparo ha de ceñirse, a si se cumplen o no las formalidades que respecto a la determinación de la competencia, rigen en materia procesal civil. CONSIDERANDO TRES (3): Que el capítulo II del Código Procesal Civil establece el vínculo esencial entre las normas sobre fijación de la competencia ya sea genérica, objetiva, funcional o territorial y el derecho al Juez Natural garantizado en el artículo 90 de la Constitución de la República, iniciando así a delinear el derecho al debido proceso, como conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los órganos jurisdiccionales, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El caso sub examine refiere específicamente a la vulneración que ha considerado cometida una de las partes, en relación a ese derecho al Juez Natural por infracción a las normas sobre fijación de la competencia territorial, en particular, las que habrían de haberse tenido en cuenta por ser la demandada una persona jurídica. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el establecimiento de criterios de atribución de competencia Territorial presupone que existen varios (o muchos) órganos del mismo tipo entre los que hay que distribuir la competencia con base en el territorio[1]. La determinación de quién va a ser el juez territorialmente competente se realiza mediante la articulación de una serie de reglas que se denominan fueros. Es así que el artículo 35 del Código Procesal Civil establece el fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad y el artículo subsiguiente, los fueros legales especiales. Ambos artículos hacen necesaria el previo análisis de los puntos de la demanda, ya que de ellos se derivan las circunstancias de la persona jurídica demandada que informan al Juez ante quien se ha presentado, en principio si es o no el competente para conocer del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): A efecto de la consulta obligatoria que nos ocupa ha de analizarse la resolución del ad quem, a partir de lo establecido en el artículo 35.1 del Código Procesal Civil que refiere a que salvo sumisión expresa o que la ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad. En este caso en particular, el demandante estableció en el escrito de demanda y los documentos anexados a ella, que la compraventa que da lugar a la relación jurídica con el demandado se llevó a cabo en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que no existiendo pacto de sumisión entre las partes, la Sociedad Mercantil Servicios Agropecuarios S.A. (SEAGRO) si bien había sido inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, también tiene establecimiento abierto al público en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, detallando el lugar en que se encuentra, siendo éste Parque empresarial Perisur, ofibodega N° 10, anillo periférico, contiguo a DHL, aldea La Cañada, lugar en el cual puede también ser citado su representante, el Señor DAVID RICARDO HERNANDEZ SEGURA. Estos datos, al no haber sido cuestionados por la parte demandada, han de darse por ciertos; y el hecho de que el Juez haya dispuesto tomar su decisión luego de una audiencia, garantiza los principios de inmediación, publicidad y contradicción que rigen el proceso; razón por la cual, esta Sala de lo Constitucional estima procedente revocar la sentencia de amparo venida en consulta, en virtud de que efectivamente el Juez de Letras ante quien se interpuso la demanda, es competente para conocerla, por lo que la decisión del a quo no ha vulnerado derechos constitucionales. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 90, 103, 106, 183 numeral 1, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68, 69 Ley sobre Justicia Constitucional FALLA: 1.- REVOCANDO la sentencia de Amparo Civil dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el diecisiete de enero del año dos mil catorce, venida en consulta, que otorgó la Garantía constitucional de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, a favor de la Sociedad mercantil denominada SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD ANONIMA (SEAGRO), 2.- DENEGAR El Recurso de Amparo de Merito Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos que corresponden. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.
NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha doce de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 0070=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Gómez Colomer, Juan Luis. Jurisdicción y Competencia (Título I, Capítulo 4° de la obra colectiva El nuevo Proceso Civil) Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España. 2001. Página 136.