Sentencia ACC-638-13 — Registro 4864
Resumen
Sentencia sobreseyó recurso de amparo interpuesto contra auto dictado por el juzgado de primera instancia que inadmitió incidente de nulidad interpuesto por la sociedad Grupo Cable Sula, S. A. de C. V. como deudor principal y el recurrente como garante hipotecario de dicha sociedad con relación a la demanda de ejecución directa y exclusiva contra bienes hipotecarios promovida en contra de ambos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la sentencia venida en consulta y examinadas que fueron las diligencias de mérito, se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, de San Pedro Sula no resulta violatorio del debido proceso y demás garantías que el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH ha invocado, en la forma y alcance que el Ad Quem ha m otivado, toda vez que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones de parte formuladas en el curso del proceso - por caso la denegatoria a una nulidad - sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. Lo anterior, desde luego, sobre las bases constitucionales que brindan los principios de igualdad y de legalidad constitucional, así como el principio de dignidad humana o pro homine; lo cual no acontece manifiestamente en el presente caso, a juicio de esta Sala de lo Constitucional..."esta Sala de lo Constitucional que resulta procedente confirmar la sentencia de mérito, la cual ha sido dictada en aplicación de la legalidad vigente y con respeto a los principios que informan el derecho procesal constitucional que han quedado asentados en la presente sentencia. - Por las consideraciones antes expuestas, procede decretar la confirmatoria de la resolución venida en consulta y de la cual se ha hecho el debido merito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de enero del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil trece (2013), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH a favor de SI MISMO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013); con relación a la Demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra bienes hipotecarios promovida por el BANCO CONTINENTAL S.A. en contra del GRUPO CABLE SULA S.A. DE C.V. y el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH. Estimando el Recurrente que con el acto reclamado en amparo se le vulneraron los derechos contenidos en los artículos 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 94 del Código Procesal Civil, 94 de la Constitución de la República en relación al artículo 888 del Código Procesal Civil y el 70 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CONTINENTAL S.A., presentando demanda de ejecución directa y exclusiva contra bienes hipotecarios, contra la Sociedad Mercantil denominada GRUPO CABLE SULA S.A. DE C.V. como Deudor Principal, a través de su Representante Legal el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH y contra el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH en su condición personal como Garante Hipotecario.2) Que en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, dictó auto donde resolvió inadmitir el incidente de nulidad planteado por el Abogado MIGUEL ARMANDO ZAPATA IZAGUIRRE, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada GRUPO CABLE SULA S.A. DE C.V. y del señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH, por considerar que el mismo es improcedente en virtud de que: “… el proceso se esta desarrollando con todas las garantías señaladas en el Código Procesal Civil”. (Ver folios cuatrocientos setenta y nueve (479) y cuatrocientos ochenta (480) del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil trece (2013), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH, interponiendo recurso de amparo contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), que inadmite el incidente de nulidad planteado por el Abogado MIGUEL ARMANDO ZAPATA IZAGUIRRE, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada GRUPO CABLE SULA S.A. DE C.V. y del señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH, alegando el Recurrente que dicha resolución es violatoria a los artículos 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 94 del Código Procesal Civil, 94 de la Constitución de la República en relación al artículo 888 del Código Procesal Civil y el 70 de la Constitución de la República. (Ver folios uno (1) al diez (10) de la tercera pieza de los antecedentes).4) Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece (2013), la referida Corte de Apelaciones, admitió el amparo y ordenó librar comunicación al juzgado de primera instancia a fin de que informará sobre la resolución objeto del presente recurso. (Ver folio treinta y cuatro (34) de la tercera pieza de los antecedentes).5) Que en fecha cuatro (4) de junio del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tuvo por recibida la comunicación proveniente del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, debidamente cumplimentada y ordenó al Recurrente que formalizará por escrito el recurso de amparo interpuesto. (Ver folio treinta y ocho (38) de la tercera pieza de los antecedentes).6) Que en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil trece (2013), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, formalizando recurso de amparo a favor del señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), que inadmite el incidente de nulidad planteado por el Abogado MIGUEL ARMANDO ZAPATA IZAGUIRRE, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada GRUPO CABLE SULA S.A. DE C.V. y del señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH, alegando el Recurrente que dicha resolución es violatoria a los artículos 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 94 del Código Procesal Civil, 94 de la Constitución de la República en relación al artículo 888 del Código Procesal Civil y el 70 de la Constitución de la República, ordenando la Corte dar vista al Fiscal por el término de 48 horas a fin de que emitiera el dictamen respectivo. (Ver folios cuarenta y tres (43) al cincuenta y dos (52) y cincuenta y siete (57) de la tercera pieza de los antecedentes).7) Que en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil trece (2013), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada ADELA MELARA MEJÍA, rindió el dictamen correspondiente, siendo del parecer que se declare sin lugar el recurso de amparo interpuesto.- (Ver folios sesenta (60) al sesenta y tres (63) de la tercera pieza de los antecedentes). 8) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo interpuesto. Lo anterior con fundamento, entre otras, en las siguientes consideraciones: Que en la interposición del amparo no tomó en cuenta que esta garantía se concibe como un mecanismo para hacer valer los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, siendo un medio de control constitucional de carácter extraordinario porque el agraviado debe de agotar todos los recursos o medios para subsanar el agravio sufrido, antes de promover el amparo y que, en definitiva, las garantías que invoca como violentadas el Recurrente, como son el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de no obligarse a hacer lo que no está legalmente prescrito, no han sido vulneradas por la instancia ordinaria. Lo anterior, en virtud que la ejecución hipotecaria le da oportunidad al ejecutado a oponerse a la ejecución y que éste no utilizó tal medio de defensa que le proveen las leyes, optando por solicitar al Juez una nulidad de oficio, vía que no es la procesalmente indicada. - Fundamentado su resolución la jurisdicción constitucional, inter alia, en lo dispuesto en el artículo 46 numerales 1) y 6) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Ver folios sesenta y seis (66) al sesenta y ocho (68) de la tercera pieza de los antecedentes).9) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil trece (2013), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH a favor de SI MISMO, en estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal como ocurre en el presente caso. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil trece (2013) dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, por medio de la cual sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH a favor de SI MISMO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013); con relación a la Demanda de Ejecución Directa y Exclusiva contra bienes hipotecarios promovida por el BANCO CONTINENTAL S.A. en contra del GRUPO CABLE SULA S.A. DE C.V. y el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH; sentencia cuyos fundamentos obran relacionados en el Antecedente 8) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que vista la sentencia venida en consulta y examinadas que fueron las diligencias de mérito, se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil, de San Pedro Sula no resulta violatorio del debido proceso y demás garantías que el señor JORGE FRANCISCO CANAHUATI HOCH ha invocado, en la forma y alcance que el Ad Quem ha motivado, toda vez que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones de parte formuladas en el curso del proceso - por caso la denegatoria a una nulidad - sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. Lo anterior, desde luego, sobre las bases constitucionales que brindan los principios de igualdad y de legalidad constitucional, así como el principio de dignidad humana o pro homine; lo cual no acontece manifiestamente en el presente caso, a juicio de esta Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (4): Que en tal concepto, resulta ilustrativo citar aquí lo expresado por el Profesor Víctor Moreno Catena, en el sentido que: “El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales – que representa el parámetro normativo a utilizar – se salvaguarda, como lo veremos, con la obtención de una resolución judicial, favorable o no al actor, que habrá de recaer en el fondo si concurren los presupuestos procesales para ello, (…)”;[1] lo cual no resulta el caso, relacionada la razonabilidad del auto dictado en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula y de la sentencia de amparo que es venida en consulta; la cual razona la carencia de presupuestos vista la imposibilidad de ponderar afectación alguna a los legítimos derechos que asisten al Recurrente, en el plano constitucional, dada la connotación de mera legalidad que asiste al recurso sobreseído y sobre todo la vinculación del principio de subsidiariedad mínima a que atiende la argumentación de sentencia. CONSIDERANDO (5): Que en suma, considera esta Sala de lo Constitucional que resulta procedente confirmar la sentencia de mérito, la cual ha sido dictada en aplicación de la legalidad vigente y con respeto a los principios que informan el derecho procesal constitucional que han quedado asentados en la presente sentencia. - Por las consideraciones antes expuestas, procede decretar la confirmatoria de la resolución venida en consulta y de la cual se ha hecho el debido merito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil trece (2013), de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha doce de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 638=13.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL