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Sentencia ACC-537-14 — Registro 4885

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo contra auto dictado por el juzgado de primera instancia con relación a la demanda de desahucio para que se decrete la terminación del contrato de arrendamiento por vencimiento del plazo y por mora en el pago de rentas, pago de recargo por atraso en el pago de la renta en contra del recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, constando en autos que el demandado desde un inicio del proceso desatendió las citaciones judiciales, no habiendo hecho uso de los recursos que le franquea la ley en los momentos procesales oportunos, así como que ha quedado plenamente establecido el incumplimiento por parte del Demandado de acreditar ante el órgano jurisdiccional correspondiente la solvencia para con el demandante, toda vez que no presentó recibo que lo acreditase, en ese sentido el artículo 69 de la Ley de Inquilinato es claro y preciso, por lo que al denegársele la interposición del Recurso de Apelación no se le han quebrantado sus derechos y garantías constitucionales. Por todo ello esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de junio del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce, que deniega la acción de Amparo interpuesto por la Abogada SKARLETH GISSELL FORTIN ALVARADO, a favor del señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece, con relación a la demanda de desahucio para que se decrete la terminación del contrato de arrendamiento por vencimiento del plazo y por mora en el pago de rentas, pago de recargo por atraso en el pago de la renta como penalidad y servicios públicos atrasados, promovida por la señora YOLANDA ISABEL RIVERA RIVERA, contra el señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su contra los artículos 82, 89, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S

  1. Que en fecha 20 de febrero del año dos mil catorce, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada SKARLETH GISSELL FORTIN ALVARADO interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO, contra la Resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece, dictadas por Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dichas actuaciones le son violatorias en lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 94 y 303 de la Constitución de la República. 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia en fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “Se deniega la acción de Amparo interpuesta por la Abogada SKARLETH GISSELL FORTIN ALVARDO, a favor del señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO.-” (Folios cuarenta y siete (F-47) al cincuenta (F-50) de la pieza de Amparo). 3) Que en fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por la Abogada SKARLETH GISSELL FORTIN ALVARADO, a favor del señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Denegó el Recurso de Amparo interpuesto contra el auto de fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán, con relación a la demanda de Desahucio promovida por la señora YOLANDA ISABEL RIVERA RIVERA contra el señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en fecha veintisiete de junio del año dos mil doce, fue notificado por medio de la tabla de avisos del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se sobresee el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem dicta sentencia exponiendo una relación detallada de los antecedentes del proceso dejando establecido en su fundamentación de Derecho en el numeral dos (2) y señala los aspectos en los que la recurrente ha basado la interposición del recurso, a saber: 1.- la notificación de la sentencia mediante la cual se condena al representado de la impetrante no fue hecha de manera personal, sino al hermano del demandado MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO, situación que le ha causado indefensión. 2.- Que el apoderado del demandado solicitó nueva audiencia en vista de no haber podido asistir a la misma por encontrarse en estado post operatorio según incapacidad médica extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. 3.- Señala además que se ha violentado el Derecho al Debido Proceso y de Defensa al no permitirle interponer el recurso de apelación por disposición del artículo 69 de la Ley de Inquilinato, al establecer que el inquilino moroso no tiene derecho a recurrir ninguna resolución. En su numeral tres (3) el Ad-Quem señala que la falta de notificación, y petición de nueva audiencia expuesta por el recurrente es improcedente y no mancilla las garantías y derechos constitucionales, señalando: (sic) “En ese sentido si la parte demandada consideraba que la notificación de la demanda y señalamiento de la audiencia no fue hecha al demandado, tenía expeditos los recursos legales ordinarios para la corrección de tal anomalía, apreciándose en autos la inactividad en ese sentido, además de no ser cierta tal aseveración, pues se puede observar a folios veintisiete (27) y veintiocho (28)de autos, las respectivas actas de citación levantadas por el Receptor del Juzgado en la cual manifiesta su Fe Judicial de haber citado al señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO, la primera para darle conocimiento de la demanda y la segunda para la evacuación del medio de prueba interrogatorio de parte, solicitado por la parte demandante, no acudiendo a ninguna de ella. Igual destino le corresponde a la situación en que se le negó a la parte demandada el señalamiento de nueva audiencia por no haber comparecido debido a la incapacidad médica extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en la que perfectamente pudo haber interpuesto los recursos ordinarios que la ley franquea por la negativa del Juez en acceder a tal petición (Artículos: 135, 136, 137, 138, 139, 180.1.d), 177.1.e), 590.3 y 694 del Código Procesal Civil)”. En lo que respecta que no se le ha concedido a la parte demandada el Recurso de Apelación en contra de la Sentencia definitiva por lo que dispone el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, establece que “los medios de impugnación son dados por la ley para atacar los actos de la autoridad, cuando estos ofenden los derechos de los gobernados, no para enmendar omisiones o equivocaciones de las partes o de sus procuradores, pues consta en la primera pieza de autos que la recurrente omitió presentar el recibo que acreditaba su solvencia con el demandante, requisito necesario para poder tener acceso a los recursos ordinarios que en materia de Inquilinato la ley concede a los ciudadanos para impugnar las resoluciones judiciales; por lo que este Tribunal no aprecia que con dicha resolución se viola los derechos invocados por la recurrente”. En consecuencia Denegó la Acción de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, constando en autos que el demandado desde un inicio del proceso desatendió las citaciones judiciales, no habiendo hecho uso de los recursos que le franquea la ley en los momentos procesales oportunos, así como que ha quedado plenamente establecido el incumplimiento por parte del Demandado de acreditar ante el órgano jurisdiccional correspondiente la solvencia para con el demandante, toda vez que no presentó recibo que lo acreditase, en ese sentido el artículo 69 de la Ley de Inquilinato es claro y preciso, por lo que al denegársele la interposición del Recurso de Apelación no se le han quebrantado sus derechos y garantías constitucionales. Por todo ello esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 60 de la Ley de Inquilinato; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SKARLETH GISSELL FORTIN ALVARADO a favor del señor MIGUEL FRANCISCO CHONG CARCAMO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de julio de dos mil quince, certificación del fallo de fecha primero de junio de dos mil quince, recaído en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta No. 0537-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL