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Sentencia ACC-297-14 — Registro 4856

Resumen

Sobreseimiento de amparo en revisión con relación a la demanda ordinaria de anulación de escrituras promovida por impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; manifestando básicamente que el Juzgado de Letras dictó medida de embargo que afecta la mina “Cantera Buenos Aires”; aun y cuando sobre el derecho de la explotación de mina existe una demanda de tercería de dominio presentada ante el mismo Juzgado; contra las partes apersonadas en el caso que contiene la resolución contra la cual interpone la presente acción. La demanda de tercería fue admitida porque toda alegación en cuanto al derecho de explotación de la mina, debe ventilarse en la tercería de dominio. Por lo que resolver fuera de ese proceso de tercería le produce indefensión.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, cuando señala que no existe vulneración al derecho a la defensa, y que el amparista, a través de su accionar en la tercería de dominio interpuesta puede hacer valer sus derechos, solamente si acredita que ha sido afectado, ejercitando todos los medios de defensa que la ley otorga, asimismo se dice que el impugnante no es parte donde se decreta la medida cautelar. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el “ARTÍCULO 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales; Para que, en casos concretos, se declare, un reglamento, hecho acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto meramente civil teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil quince. VISTA: En Revisión las diligencias que contienen la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, que sobreseyó el recurso interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO a favor del señor JORGE CRUZ HERCULES, contra resolución de fecha nueve de diciembre de dos mi trece, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, con relación a la demanda ordinaria de anulación de escrituras promovida por el señor JORGE CRUZ HERCULES, contra la señora MARIA ESTELA HERCULES. Manifestando el recurrente que dichas actuaciones son violatorias de los derechos contenidos en los Artículos 82 y 91 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, interponiendo recurso de amparo de el señor JORGE CRUZ HERCULES, contra resolución de fecha nueve de diciembre de dos mi trece, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 82 y 91 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 02 de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, luego de agotado el trámite del recurso de amparo determinado por la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte citada falló “1. SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO presentada por el Abogado Rafael Eduardo Murillo, en su condición de apoderado legal del señor Jorge Cruz Hércules, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial en fecha nueve de diciembre del dos mil trece…” (Folios 66 al 67 de la segunda pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo relacionado en el inciso que antecede, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; que sobreseyó el recurso interpuesto por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO a favor del señor JORGE CRUZ HERCULES, contra resolución de fecha nueve de diciembre de dos mi trece, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, con relación a la demanda ordinaria de anulación de escrituras promovida por el señor JORGE CRUZ HERCULES, contra la señora MARIA ESTELA HERCULES. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; manifestando básicamente que el Juzgado de Letras dictó medida de embargo que afecta la mina “Cantera Buenos Aires”; aun y cuando sobre el derecho de la explotación de mina existe una demanda de tercería de dominio presentada ante el mismo Juzgado; contra las partes apersonadas en el caso que contiene la resolución contra la cual interpone la presente acción. La demanda de tercería fue admitida porque toda alegación en cuanto al derecho de explotación de la mina, debe ventilarse en la tercería de dominio. Por lo que resolver fuera de ese proceso de tercería le produce indefensión.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, cuando señala que no existe vulneración al derecho a la defensa, y que el amparista, a través de su accionar en la tercería de dominio interpuesta puede hacer valer sus derechos, solamente si acredita que ha sido afectado, ejercitando todos los medios de defensa que la ley otorga, asimismo se dice que el impugnante no es parte donde se decreta la medida cautelar. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el “ARTÍCULO 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8)…; 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales; Para que, en casos concretos, se declare, un reglamento, hecho acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto meramente civil teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil quince, certificación de fallo de fecha trece de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0297=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL