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Sentencia ACC-1002-13 — Registro 4870

Resumen

Sentencia sobreseyó recurso de amparo contra resolución dictada por el juzgado de primera instancia con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida contra el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, cuando se dice que del estudio del recurso, se observa que el mismo fue presentado en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, consecuentemente fuera del plazo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, configurándose así una causa de inadmisibilidad..."..." la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de ocho de noviembre de dos mil trece, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de abril del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARLON JAVIER MEZA, a favor del señor ROMULO DEL CID GRANDES mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de enero del año dos mil nueve, que resuelve un Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, en fecha diez de noviembre del año dos mil ocho; con relación a la causa instruida contra el señor ROMULO DEL CID GRANDES, por suponerle responsables del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la menor LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de noviembre del año dos mil ocho, la abogada LIGIA SANCHEZ, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor ROMULO DEL CID GRANDES, por suponerlos responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS y VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR. 2)Que en fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, el Juzgado referido, decretó: I) sobreseimiento definitivo a favor del señor ROMULO DEL CID GRANDES por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR; II) auto de prisión en contra del imputado por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de dicha menor; y III) PRISION PREVENTIVA, por no haber presentado arraigo, por la gravedad de la pena que se le pudiera imponer en caso que resultare culpable y por el peligro de fuga, la cual deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional, por considerar que existe la plena prueba de la comisión de un ilícito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y el indicio racional de participación del imputado en la comisión del mismo, ya que la prueba evacuada establece que de acuerdo a lo tipificado en el artículo 141 se reúnen los requisitos establecidos en el mismo, no así por el delito que por el cual fue presentado el requerimiento y que consiste en el delito de violación. 3) Que en fecha doce de enero del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó resolución por mayoría de votos de sus miembros, mediante la cual declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARLON JAVIEZ MEZA SANTOS, en su condición de apoderado legal del imputado y confirmó el AUTO DE PRISION, dictado en primera instancia, por considerar que el imputado ha participado en la comisión, del delito que se le imputa siendo tal participación a título de autor directo, y además agravado, por ser la víctima menor de edad, al momento de que los hechos acaecieron, generándose así, los requisitos legitimadores del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS; fundamentando su decisión en los artículos 141 párrafo primero del Código Penal; 297 numeral

  1. del Código Procesal Penal 4) El recurrente abogado MARLON JAVIER MEZA SANTOS, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor ROMULO DEL CID GRANDES, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha doce de enero del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 88 párrafo tercero, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: La exposición de agravios contra las garantías que amparan al señor ROMULO DEL CID GRANDES, la formaliza así el recurrente, abogado MARLON JAVIER MEZA SANTOS: 1. Que se ha violado con la resolución impugnada el artículo 90 constitucional el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Manifiesta que en ejercicio de su derecho de acción, conceptuado por el recurrente como derecho de petición ejercido ante la jurisdicción, valoraciones de índole probatoria que no fueron tomadas en cuenta en el fallo de segunda instancia, como es el no haberse encontrado rastros o indicios de violación; y que el examen psicológico, entre otras cosas, dice que la supuesta ofendida tiene una personalidad inmadura que en ocasiones puede utilizar medios indirectos para conseguir lo que desea. Pese a ello, reclama el amparista, se le ha dictado a su defendido auto de prisión por el delito de Actos de Lujuria Agravados. Asimismo es gravoso para su defendido que se haya dictado tal providencia sin haber comparecido a declarar la niña LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR, supuesta ofendida en el caso, valorándose en la resolución de instancia la declaración que la misma rindiera en sede administrativa; lo cual también resulta violatorio de: 2. La garantía establecida en el artículo 88 párrafo tercero de la Constitución de la República, en el cual se establece que Sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, siendo que las únicas dos testigos que comparecieron ante juez competente fueron las señoras FRANCISCA AMADOR y MAURA JOSELIN RUIZ AMADOR, abuela y hermana de la supuesta ofendida, respectivamente, quienes son testigos de referencia en el caso que se juzga. Finaliza diciendo el amparista que solicita se restituyan los derechos constitucionales ultrajados a su defendido, como es la libertad, en protección de sus derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO: Que en cumplimiento del auto del primero de abril de dos mil nueve, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso que antecede por la Sala Constitucional, decretándose la apertura a pruebas por el periodo legal; momento procesal oportuno para que el recurrente presentará dos medios de pruebas documentales, el denominado Documental Uno, el cual contiene evaluación preliminar que se le hizo a la supuesta ofendida en la Dirección de Medicina Forense, con la cual se pretende establecer que la misma no presenta ningún signo de violación en todo el cuerpo; y el Documental Dos, consistente en Dictamen Psicológico efectuada a la misma ofendida, en la cual se establece, entre otras cosas, que ella puede en ocasiones utilizar medios indirectos para obtener la atención y el afecto que desea, con lo cual se pretende derivar la falta de credibilidad de la supuesta ofendida. Siendo propuestos y evacuados los medios que anteceden y denegado el medio de prueba denominado Inspección, por improcedente, al no vincular al recurrente la relevancia del medio propuesto para demostrar la violación alegada. CONSIDERANDO: Por auto de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, la Sala Constitucional declaró cerrado el periodo probatorio que se describe en el acápite que antecede, omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emita el dictamen en el presente recurso de amparo con fundamento en los artículos 55, 56 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público y 12 inciso C) del Reglamento Interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO: Que se impone analizar en sede constitucional los argumentos planteados por la amparista por los cuales se señala como violentado el debido proceso del imputado, señor ROMULO DEL CID GRANDES por parte de la autoridad recurrida. En relación al primer alegato del caso, analizada que fue la resolución de alzada, resulta claro para la Sala Constitucional que este constituye un alegato infundado desde la perspectiva constitucional; puesto que no se ha demostrado mediante la argumentación pertinente y las pruebas propuestas y evacuadas en el tramite del presente recurso extraordinario que se ha violado con la resolución impugnada el artículo 90 constitucional el cual establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Asimismo, no constituye vulneración al debido proceso que valoraciones de índole probatoria realizadas por el recurrente en defensa de sus intereses procesales no resulten compartidas por la jurisdicción, en este caso por la segunda instancia, la cual fue contundente al declarar conforme a derecho el auto dictado en Audiencia Inicial por el cual se decretó: I) sobreseimiento definitivo a favor del señor ROMULO DEL CID GRANDES por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR; II) auto de prisión en contra del imputado por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de dicha menor; y III) PRISION PREVENTIVA para el señor imputado. Resulta asimismo incongruente la afirmación del recurrente de no haberse encontrado rastros o indicios de violación, pues no es este el delito que se juzga, por el cual fue dictado en su oportunidad el auto de prisión, como queda dicho. En cuanto al examen psicológico, del cual infiere que la supuesta ofendida tiene una personalidad inmadura que en ocasiones puede utilizar medios indirectos para conseguir lo que desea, considera la Sala Constitucional que es esta una alegación de instancia, la cual fue resuelta en tiempo y forma por la jurisdicción natural al dictarle al señor ROMULO DEL CID GRANDES auto de prisión por el delito de Actos de Lujuria Agravados y sobreseimiento definitivo por el delito de Violación Especial, en perjuicio de LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR. CONSIDERANDO: Asimismo manifiesta el garantista, que es gravoso para su defendido que se haya dictado tal providencia sin haber comparecido a declarar la niña LESNI ROSSANGEL BETANCOURTH AMADOR, supuesta ofendida en el caso, valorándose en la resolución de instancia la declaración que la misma rindiera en sede administrativa; lo cual resultaría en una violación a la garantía establecida en la Constitución de la República por la cual se establece que sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. En dicho alegato, se hace mención por el mismo peticionario que existen otros medios de prueba que fueron valorados en instancia para emitir su resolución, como son las testigos, que depusieron ante juez competente, señoras FRANCISCA AMADOR y MAURA JOSELIN RUIZ AMADOR, abuela y hermana de la supuesta ofendida, respectivamente; así otras documentales y periciales presentadas y evacuadas en Audiencia; con lo cual se descarta que para fundar la resolución de merito se hubiese recurrido al expediente de tomar en cuenta la declaración de la ofendida en sede administrativa, argumento que no encuentra asidero en ninguna parte de la resolución impugnada y carece en definitiva de veracidad. CONSIDERANDO: Vistos que fueron los antecedentes del caso se desprende de que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán al confirmar el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial en la causa enfatizó en el curso de su motivación que en esta etapa del proceso no se requiere acudir al Standard convictivo de certeza, para lo cual se precisa de un cúmulo exhaustivo de prueba, sino que basta una carga mínima de prueba de cargo, o de descargo, para que el Juez pueda decidir en función de lo dispuesto en cualquiera de los tres numerales del artículo 294 del Código Procesal Penal; valorando en el caso concreto que, con la prueba evacuada en la Audiencia, se ha cumplido suficientemente con la acreditación plena de un delito de Actos de Lujuria Agravados, e indicios racionales de la participación del imputado en los hechos, con lo cual no se ha generado ningún agravio para el derecho del que goza el imputado a ser juzgado con todas las garantías del debido proceso. En virtud de ello y por todo lo señalado en el iter de este fallo, se estima procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 88, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 55, 56 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 487-P224=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL