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Sentencia AC-944-13 — Registro 4851

Resumen

Resolución que declaró con lugar denuncia y consecuentemente se le canceló de por vida el exequátur y el ejercicio de la función notarial a recurrente,no obstante la Sala considera la aplicabilidad del Principio Pro homine y de Ultraactividad de la ley en relación a sanción impuesta a notario y la aplicabilidad de la ley vigente o sea la Ley de Notariado y no el Código de Notariado aplicado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que señalado lo anterior esta Sala estima conveniente acudir a la expresión “ultraactividad de la ley”, misma que tiene carta de ciudadanía en el derecho, y que encuentra su definición como: “Fenómeno que se presenta cuando una ley que ha sido derogada o reemplazada por una nueva, continúa produciendo efectos y aplicándose para ciertos asuntos a pesar de haberse eliminado del sistema jurídico. Generalmente dichos asuntos son derechos o condiciones generadas bajo el imperio de la ley derogada, y que siguen siendo gobernados por esta mientras duren [1]”. Así pues tenemos que la ultraactividad de la ley es un tema que aborda la aplicación de la ley en el tiempo y esta íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. En otras palabras la denominada ultraactividad de las normas, esta referida a normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc. La ultraactividad del mejor derecho deriva del principio de progresividad de los derechos humanos, específicamente en cuanto de él se desprende la significación de que una vez ingresado un derecho humano al sistema jurídico interno se arriba a un estadio que no puede ser desconocido ni retrogradado en el futuro. En ese sentido quizá se pudiera invocar, en forma más directa y relacionada, el principio de irretractabilidad, es decir, la imposibilidad estatal de desmejorar o empeorar un estándar ya adquirido por la comunidad donde, probablemente, encuentre mejor apoyatura la ultraactividad de la norma derogada. Todo ello, sin perjuicio de entender que el principio de progresividad de los derechos humanos, incuestionablemente, se encuentra involucrado. En esa significación apelamos a la progresividad, como lo destacaba CORAO, mismo que destaca lo siguiente: “La progresividad de los derechos humanos como principio de interpretación pro homine ha significado el abandono de las imbricadas teorías interpretativas del derecho, y su sustitución por una regla sencilla: la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana, independientemente de su origen anterior o posterior, de su generalidad o especialidad, o de su estatus nacional o internacional [2]. Ello supone que el legislador de un Estado en el que se ha alcanzado un determinado desarrollo de los derechos y garantías fundamentales consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos, no puede derogar la normativa con otra de inferior calidad en términos de protección de sus habitantes. Y si lo hiciera, todo habitante del mismo puede invocar esas regulaciones ya derogadas en su favor como el mejor derecho. La Convención como derecho supranacional elimina, obviamente, el dogma o mito interno de cada país o gobierno como poder incondicionado o ilimitado. Si había dudas posibles al respecto, es en el momento de prepararse para ratificar los tratados cuando cada Estado ha debido o deberá considerar y resolver los problemas de tipo constitucional que se le planteen. Lo que sería entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe de los tratados internacionales, sería que un Estado Miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, trataran de poner en duda los compromisos aceptados invocando a posteriori obstáculos constitucionales; así pues “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado [3]”; lo cual no puede razonablemente pretenderse aplicable sólo en las relaciones internacionales del Estado, pues ello importaría una duplicidad de interpretación contraria a la indispensable unidad del orden jurídico. Por todo lo expuesto, entendemos que en materia de derechos humanos basta con aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y, en forma congruente con ella, armonizar la interpretación y aplicación del resto del derecho interno. CONSIDERANDO (15): Que en Honduras, la Ley Sobre Justicia Constitucional ha incorporado expresamente esta disposición: “Las disposiciones de esta ley se interpretaran y aplicaran siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretaran y aplicaran de conformidad con los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales [4]”. Así pues, en nuestra patria las normas relativa a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución y demás leyes reconocen, se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma materia. De este modo podemos concluir en que el mejor derecho adquiere ultraactividad frente a normas derogatorias de inferior calidad protectora o que lesionen los postulados convencionales. Y es el derecho que siempre deben aplicar los jueces. De otro modo dicho, el mejor derecho queda definitivamente adquirido en beneficio de todos los habitantes del Estado. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala de lo Constitucional sin adentrarse en cuanto a la procedencia o no de las sanciones impuestas al Notario don Leonardo Reyes Quezada, sí estima importante resaltar que al mismo al sancionársele con la cancelación de su exequátur y por consiguiente cancelarle de por vida en el ejercicio de la Función Notarial, se le ha penado fundamentándose para ello en lo dispuesto en el actual Código del Notariado, aun y cuando los hechos a él imputados se han suscitado cuando estaba en vigencia la Ley del Notariado contenida en el Decreto numero 162; y si bien podría estimarse que la normativa aplicable en el caso de autos es el Código del Notariado vigente, ya que los hechos se han denunciado bajo la egida del mismo, lo cierto es que la Sala estima que en salvaguarda de los derechos fundamentales que le asisten al recurrente tal como lo es que “Toda persona tiene derecho al trabajo,… [5]”; y en atención a lo preceptuado en Tratados Internacionales de los cuales Honduras es signatario, y haciendo aplicación del principio pro homine y de la ultraactividad de la ley, entendemos que en el caso de autos si el ente sancionador estimaba que el referido notario era merecedor de una sanción, al mismo en todo caso debió aplicársele las sanciones que contemplaba el articulo 85 del Decreto Numero 162 contentiva de la Ley del Notariado de 1930, y que textualmente dice: “Los Notarios podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por la Corte Suprema de Justicia, cuando observen notoria mala conducta. La suspensión podrá decretarse de oficio o a instancia de parte, hasta por un año; y para tal efecto dicho Tribunal seguirá una información, con audiencia del Fiscal y del indiciado, para comprobar los hechos que motiven la suspensión. La Corte Suprema, para la instrucción de las diligencias, podrá delegar sus facultades en cualquiera otra autoridad o funcionario público [6]”. CONSIDERANDO (17): Que si bien es cierto se recurre contra una sentencia de la Sala de lo Civil dictada por unanimidad de votos, es decir a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la revisión de los autos se evidencia que la sanción impuesta carece de racionalidad, amen de haberse fundado en una disposición legal que no es aplicable al hecho investigado; es decir que el articulo 85 de la Ley de Notariado emitida en el Decreto Nº 162 contentivo la Ley de Notariado de 1930, era el aplicable y no el Código del Notariado vigente, por tanto existe una violación al debido proceso. CONSIDERANDO (18): Que al tenor de lo señalado en el iter del presente fallo, y en observancia de los presupuestos antes citados se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito"

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 27 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código Procesal Civil, art. 913 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de mayo de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado y Notario don LEONARDO REYES QUEZADA, a favor de SI MISMO contra la Resolución dictada en fecha tres (03) de septiembre del año dos mil trece (2013),por la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante la cual se declaró CON LUGAR la denuncia presentada por el señor ELADIO CAMPOS VARGAS, en contra del notario LEONARDO REYES QUEZADA, y consecuentemente se le canceló de por vida el exequátur y el ejercicio de la función notarial al recurrente. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil trece (2013), compareció ante la CONTRALORIA DEL NOTARIADO, el señor ELADIO CAMPOS VARGAS, interponiendo denuncia en contra del abogado y Notario LEONARDO REYES QUEZADA, por FALSIFICACION DEL TESTIMONIO DEL PODER ESPECIAL NUMERO 75. (Folios 1 AL 7 de la primera pieza) 2) Que en fecha tres (03) de junio del año dos mil trece (2013), una vez seguido el trámite de ley correspondiente, la CONTRALORIA DEL NOTARIADO, procedió a remitir a la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, el expediente contentivo de la denuncia presentada por el señor ELADIO CAMPOS VARGAS, a fin de se emitiese la correspondiente resolución. 3) Que en fecha tres (03) de septiembre del año dos mil trece (2013), la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, conociendo de la denuncia interpuesta por el señor ELADIO CAMPOS VARGAS, contra el notario LEONARDO REYES QUEZADA, emitió auto mediante en el cual por UNANIMIDAD DE VOTOS resolvió: “1.- DECLARAR CON LUGAR la Denuncia presentada en fecha 18 de febrero del año dos mil trece por el señor ELADIO CAMPOS VARGAS, contra el notario LEONARDO REYES QUEZADA.- 2.- CANCELAR EL EXEQUATUR y por consiguiente cancelar de por vida el ejercicio de la Función Notarial al Notario LEONARDO REYES QUEZADA; sanción que empezará a regir a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 3.- REQUERIR al Notario LEONARDO REYES QUEZADA para que deposite en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, su Exequátur y su Sello.- 4) ORDENAR a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia que con la certificación de este AUTO comunique el contenido del mismo a los demás órganos judiciales, al Instituto de la Propiedad, para que este a su vez comunique a la Dirección de Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil del país; a las Cámaras de Comercio que actúan como centros asociados del Instituto de la Propiedad; al Colegio de Abogados de Honduras y al Ministerio Público para los efectos legales que estime pertinentes. 5) ORDENAR a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que una vez cumplimentado todo lo ordenado en este Auto proceda a archivar estas diligencias“. (Folios 37 al 39 de la primera pieza) 5) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce (2014),el recurrente abogado LEONARDO REYES QUEZADA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la decisión de la SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil trece (2013), y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 84, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República. En fecha veinte (20) de enero del año dos mil catorce (2014), se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada. 6) Que con fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, quien por intermedio de la abogada KARLA PATRICA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal, emitió el respectivo dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE Y SE DECRETE SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS en virtud de ser el acto reclamado un acto consumado de modo irreparable, fundamentándose en lo dispuesto por el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo preceptuado en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo el auto dictado en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil trece (2013), por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual resuelve declarar con lugar la denuncia presentada en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil trece (2013), por el señor Eladio Campos Vargas, contra el notario Leonardo Reyes Quezada; cancelando su exequátur y por consiguiente lo inhabilita de por vida para el ejercicio de la función notarial. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente abogado LEONARDO REYES QUEZADA, actuando a favor de SI MISMO aduce, tanto en el escrito de la presente acción extraordinaria, como en su formalización, que la supra indicada resolución de la Sala de lo Civil, es violatoria de las garantías constitucionales siguientes: artículo 84 “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.”; artículo 90 párrafo 1º., “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; el artículo 94 “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que se le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.”; y el artículo 96 “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.”; respectivamente de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que en sustento de los alegatos planteados ante esta Sala el recurrente en primer lugar hace una relación de los hechos acaecidos, narra que todo tiene su origen el día diez (10) de abril del año dos mil (2000), fecha en la cual dice compareció personalmente en su notaria el ciudadano de origen costarricense Eladio Campos Vargas, a conferir Poder Especial a favor de la señora Gloria Lopez Aguilar, con el mandato expreso de que en su nombre y representación compareciera ante cualquier institución bancaria o de crédito del país a fin de que constituyera Primera y Especial Hipoteca sobre un bien inmueble de su propiedad inscrito bajo el Nº 49 Tomo 2329 del Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán; instrumento publico numero setenta y ocho(78), que dice el recurrente fue firmado de puño y letra por el señor Eladio Campos Vargas, bajo la presunción de la buena fe del compareciente. Sigue relatando el impetrante que ha sido objeto de una improcedente denuncia en su contra por parte del señor Eladio Campos Vargas, denuncia por la cual éste manifiesta que desconoce el testimonio contentivo del instrumento publico numero setenta y cinco (75) de fecha diez (10) de abril del año dos mil (2000), mismo que por un lapsus calami se consigno con tal numero, siendo el numero correcto el setenta y ocho (78) pues el fondo del instrumento es idéntico, lo cual resulta subsanable. Dice el recurrente que la intención del referido señor al otorgar el referido Poder Especial era la de causar daño a tercera persona, tanto a los acreedores hipotecarios y dañarlo a el poniendo en duda su fe notarial, su honorabilidad y la rectitud con la que ha actuado durante todo el ejercicio del notariado por cuarenta (40) años, razón por la cual ratifica la postura que siempre ha sostenido ante la Contraloría del Notariado, en el sentido de que él no ha falsificado ninguna firma como tampoco ningún documento. Dice el recurrente que en la improcedente denuncia en su contra en su numeral quinto expresa que se tuvo conocimiento de un Poder Especial falsificado numero 75, mismo que ha utilizado la señora Gloria Lopez Aguilar en su representación, haciéndose énfasis en la numeración correlativa de dicho instrumento, aunque en el mismo numeral el denunciante acepta que corresponde el contenido del instrumento publico numero 78, siendo este ultimo el que obra debidamente firmado de puño y letra en su protocolo de instrumentos públicos correspondiente al 10 de abril del año 2000, mismo que por un lapsus calami se consigno en el testimonio o primera copia con el numero 75 lo cual es incorrecto pues debió de haberse consignado en el mencionado testimonio el correcto, esto es el numero 78; todo lo cual señala que al ser un error de forma y no de fondo, resulta subsanable. CONSIDERANDO (6): Sigue explicando el recurrente que en el numeral quinto de la improcedente denuncia interpuesta en su contra, se expresa que el juzgado de Letras Primero de lo Civil ha confirmado mediante inspección llevada a cabo el día cinco de enero del año 2006, y por lo cual declaro con lugar la demanda de nulidad del protocolo del instrumento publico numero 78 de su protocolo, esto es el Poder Especial con que actuaba la señora Gloria Lopez Aguilar, instrumento publico del cual dice el denunciante nunca ha ignorado su existencia, pues si así hubiese sido, jamás hubiera incoado la mencionada demanda, por lo que el mismo se contradice. Dice el impetrante que con la referida acción judicial de nulidad se ha violentado en su perjuicio la garantía constitucional del derecho de defensa y debido proceso, puesto que nunca se le cito a la secuela del juicio, amen de que en su protocolo no se ha llevado a cabo ninguna inspección, como tampoco dice le fue notificado la nulidad decretada por el juzgado del instrumento publico numero 78 de fecha diez (10) de abril del año dos mil (2000), por lo que al ser de esa manera se le vedado a el la oportunidad de desvirtuar las pretensiones mal intencionadas del señor Eladio Campos Vargas, que lo único que buscaba era que se declarara la nulidad del contrato de de Hipoteca de su representante la señora Gloria Lopez Aguilar, y así de esa manera evadir la deuda. CONSIDERANDO (7): Finalmente el impetrante alega en sustento de sus alegatos ante esta Sala, que respecto de la sanción a él impuesta por la Contraloría del Notariado, se ha hecho aplicación de una normativa que no se encontraba vigente al momento de que se suscitaron los hechos a el atribuidos, con lo cual señala se infringe en su perjuicio lo preceptuado en el articulo 96 de la Constitución de la República, esto es que la ley no es retroactiva; señala que en la sanción que se le ha impuesto, la misma hace aplicación de lo que preceptúa los artículos 78 numeral 3) y 82 del Código del Notariado vigente, mismo que fue creado mediante Decreto Nº 353-2005 y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 30,904 de fecha 17 de enero de 2006, el cual entro en vigencia en la misma fecha de su publicación; en ese orden de ideas aduce el impetrante que en su caso había transcurrido un periodo de cinco (5) años, nueve(9) meses y siete (7) días posteriores al diez(10) de abril del año dos mil (2000), fecha en la que él en legal y debida forma autorizo en su protocolo del año 2000 el instrumento numero 78, razón por la cual señala en esa fecha estaba vigente la Ley del Notariado contenida en el Decreto Nº 162 de fecha veinticinco(25) de marzo de mil novecientos treinta(1930), razón por la cual si se le iba a sancionar era conforme a lo preceptuado en el articulo 85 de la Ley del Notariado. CONSIDERANDO (8): Que al analizar el auto censurado en esta vía constitucional, esta Sala observa que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha basado su decisión sancionatoria del notario LEONARDO REYES QUEZADA, fundamentalmente tomando en cuenta la opinión de la Contraloría del Notariado en el sentido que de acuerdo con el fallo proferido por el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil, de fecha 31 de mayo de 2006, el instrumento publico numero 78 que contiene el Poder especial, otorgado ante los oficios del Notario Leonardo Reyes Quezada, fue anulado, lo cual dibuja con exactitud precisa la conducta profesional del denunciado y que por la seguridad jurídica en el país y el prestigio del ejercicio del notariado hondureño, es preciso sancionar al notario con la cancelación del exequátur; al resultar acreditado en forma fehaciente que el señor Eladio Campos Vargas Rodríguez, no ha sido la persona que firmo el instrumento cuestionado, tal y se colige de la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil seis dictada por el juzgado de letras de lo civil, con lo que se demuestra que se ha incumplido con las disposiciones legales contenidas en el Código del Notariado. En los fundamentos jurídicos de la referida resolución la Sala de lo Civil hace aplicación de las sanciones establecidas en el inciso c) del artículo 79 y el artículo 82 numeral 4 del Código del Notariado vigente. CONSIDERANDO (9): Que en el caso subexamine y frente a las inquietudes expuestas por el recurrente contra la resolución dictada por la Sala de lo Civil de este Alto Tribunal, esta Sala de lo Constitucional estima que los alegatos formulados por el impetrante no son de recibo por parte nuestra, salvo lo alegado respecto a la vulneración del articulo 96 de nuestra carta magna, esto es lo expuesto respecto de la irretroactividad de la ley. CONSIDERANDO (10): Que es menester apuntar que como muy bien lo señala la norma constitucional preceptuada en el artículo 96, en nuestro ordenamiento jurídico priva la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando la nueva norma favorezca al delincuente o procesado. Ahora bien menester es señalar que existen tres momentos de aplicación de las leyes: 1. Cuando éstas se encuentran vigentes y rigen un hecho realizado bajo esa vigencia; 2. Retroactiva. Cuando se aplican a un hecho efectuado antes de su entrada en vigor; y 3. Ultraactiva. CONSIDERANDO (11): Que la aplicación retroactiva conoce dos modalidades a saber: a) Aplicación retroactiva restitutivo: Es aquel caso en que la aplicación retroactiva es absoluta de acuerdo con las consecuencias jurídicas que derivan de sus supuestos. Es decir, modifica en su totalidad los hechos, relaciones o situaciones jurídicas; b) Aplicación retroactiva ordinaria: es aquel caso en el que la aplicación de la norma se hace de manera relativa. Esto quiere decir que modifica de manera parcial los hechos, relaciones o situaciones lo que significa que puede modificar actuaciones anteriores al momento del punto de quiebre de la norma, pero salvo las sentencias judiciales que hayan pasado en calidad de cosa juzgada. CONSIDERANDO (12): Que en nuestro país se encuentra consagrado un sistema de garantías en el nivel superior de la Constitución, mismo que ha recibido de modo expreso con esa jerarquía al derecho internacional de los derechos humanos, el que se proyecta a todo el derecho de un modo inderogable. Así tenemos que reconocida la existencia de un sistema de garantías, el legislador en el orden nacional debe adecuar sus comportamientos a él porque en su nivel, nivel legislativo, es imposible jurídicamente sancionar normas que lo afecten. Luego tenemos que la tarea de los jueces es salvar las incongruencias de las normas legales con el sistema de derechos fundamentales y garantías, aplicando éste siempre. CONSIDERANDO (13): Que la Constitución de la República contiene esta valiosa disposición en su artículo 64: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; entendemos entonces que tal cuestión aunque no existe explícita en el ámbito de los instrumentos internacionales, esto no obsta para que la sanción sea la de invalidez, esto es se impide mantener en el orden jurídico una determinada norma en cuanto ella violente los postulados fundamentales. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala estima conveniente acudir a la expresión “ultraactividad de la ley”, misma que tiene carta de ciudadanía en el derecho, y que encuentra su definición como: “Fenómeno que se presenta cuando una ley que ha sido derogada o reemplazada por una nueva, continúa produciendo efectos y aplicándose para ciertos asuntos a pesar de haberse eliminado del sistema jurídico. Generalmente dichos asuntos son derechos o condiciones generadas bajo el imperio de la ley derogada, y que siguen siendo gobernados por esta mientras duren[1]”. Así pues tenemos que la ultraactividad de la ley es un tema que aborda la aplicación de la ley en el tiempo y esta íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. En otras palabras la denominada ultraactividad de las normas, esta referida a normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc. La ultraactividad del mejor derecho deriva del principio de progresividad de los derechos humanos, específicamente en cuanto de él se desprende la significación de que una vez ingresado un derecho humano al sistema jurídico interno se arriba a un estadio que no puede ser desconocido ni retrogradado en el futuro. En ese sentido quizá se pudiera invocar, en forma más directa y relacionada, el principio de irretractabilidad, es decir, la imposibilidad estatal de desmejorar o empeorar un estándar ya adquirido por la comunidad donde, probablemente, encuentre mejor apoyatura la ultraactividad de la norma derogada. Todo ello, sin perjuicio de entender que el principio de progresividad de los derechos humanos, incuestionablemente, se encuentra involucrado. En esa significación apelamos a la progresividad, como lo destacaba CORAO, mismo que destaca lo siguiente: “La progresividad de los derechos humanos como principio de interpretación pro homine ha significado el abandono de las imbricadas teorías interpretativas del derecho, y su sustitución por una regla sencilla: la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana, independientemente de su origen anterior o posterior, de su generalidad o especialidad, o de su estatus nacional o internacional[2]. Ello supone que el legislador de un Estado en el que se ha alcanzado un determinado desarrollo de los derechos y garantías fundamentales consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos, no puede derogar la normativa con otra de inferior calidad en términos de protección de sus habitantes. Y si lo hiciera, todo habitante del mismo puede invocar esas regulaciones ya derogadas en su favor como el mejor derecho. La Convención como derecho supranacional elimina, obviamente, el dogma o mito interno de cada país o gobierno como poder incondicionado o ilimitado. Si había dudas posibles al respecto, es en el momento de prepararse para ratificar los tratados cuando cada Estado ha debido o deberá considerar y resolver los problemas de tipo constitucional que se le planteen. Lo que sería entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe de los tratados internacionales, sería que un Estado Miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, trataran de poner en duda los compromisos aceptados invocando a posteriori obstáculos constitucionales; así pues “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado[3]”; lo cual no puede razonablemente pretenderse aplicable sólo en las relaciones internacionales del Estado, pues ello importaría una duplicidad de interpretación contraria a la indispensable unidad del orden jurídico. Por todo lo expuesto, entendemos que en materia de derechos humanos basta con aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y, en forma congruente con ella, armonizar la interpretación y aplicación del resto del derecho interno. CONSIDERANDO (15): Que en Honduras, la Ley Sobre Justicia Constitucional ha incorporado expresamente esta disposición: “Las disposiciones de esta ley se interpretaran y aplicaran siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretaran y aplicaran de conformidad con los Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales[4]”. Así pues, en nuestra patria las normas relativa a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución y demás leyes reconocen, se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma materia. De este modo podemos concluir en que el mejor derecho adquiere ultraactividad frente a normas derogatorias de inferior calidad protectora o que lesionen los postulados convencionales. Y es el derecho que siempre deben aplicar los jueces. De otro modo dicho, el mejor derecho queda definitivamente adquirido en beneficio de todos los habitantes del Estado. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala de lo Constitucional sin adentrarse en cuanto a la procedencia o no de las sanciones impuestas al Notario don Leonardo Reyes Quezada, sí estima importante resaltar que al mismo al sancionársele con la cancelación de su exequátur y por consiguiente cancelarle de por vida en el ejercicio de la Función Notarial, se le ha penado fundamentándose para ello en lo dispuesto en el actual Código del Notariado, aun y cuando los hechos a él imputados se han suscitado cuando estaba en vigencia la Ley del Notariado contenida en el Decreto numero 162; y si bien podría estimarse que la normativa aplicable en el caso de autos es el Código del Notariado vigente, ya que los hechos se han denunciado bajo la egida del mismo, lo cierto es que la Sala estima que en salvaguarda de los derechos fundamentales que le asisten al recurrente tal como lo es que “Toda persona tiene derecho al trabajo,…[5]”; y en atención a lo preceptuado en Tratados Internacionales de los cuales Honduras es signatario, y haciendo aplicación del principio pro homine y de la ultraactividad de la ley, entendemos que en el caso de autos si el ente sancionador estimaba que el referido notario era merecedor de una sanción, al mismo en todo caso debió aplicársele las sanciones que contemplaba el articulo 85 del Decreto Numero 162 contentiva de la Ley del Notariado de 1930, y que textualmente dice: “Los Notarios podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por la Corte Suprema de Justicia, cuando observen notoria mala conducta. La suspensión podrá decretarse de oficio o a instancia de parte, hasta por un año; y para tal efecto dicho Tribunal seguirá una información, con audiencia del Fiscal y del indiciado, para comprobar los hechos que motiven la suspensión. La Corte Suprema, para la instrucción de las diligencias, podrá delegar sus facultades en cualquiera otra autoridad o funcionario público[6]”. CONSIDERANDO (17): Que si bien es cierto se recurre contra una sentencia de la Sala de lo Civil dictada por unanimidad de votos, es decir a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la revisión de los autos se evidencia que la sanción impuesta carece de racionalidad, amen de haberse fundado en una disposición legal que no es aplicable al hecho investigado; es decir que el articulo 85 de la Ley de Notariado emitida en el Decreto Nº 162 contentivo la Ley de Notariado de 1930, era el aplicable y no el Código del Notariado vigente, por tanto existe una violación al debido proceso. CONSIDERANDO (18): Que al tenor de lo señalado en el iter del presente fallo, y en observancia de los presupuestos antes citados se estima procedente otorgar la presente Acción de Amparo de que se ha hecho merito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 96, 127, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 27 de la Convención de Viena Sobre Derecho de los Tratados; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 5, 6, 8, 21.1, 200, 211, 212, 214, 705, 713, 715 y 913 del Código Procesal Civil, contenido en Decreto No. 211-2006; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: I.- OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el abogado y Notario LEONARDO REYES QUEZADA, a favor de SI MISMO contra la Resolución dictada en fecha tres (03) de septiembre del año dos mil trece (2013), por la SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por haberse aplicado el Código del Notariado vigente en lugar del articulo 85 de la Ley de Notariado emitida en el Decreto Nº 162 contentivo la Ley de Notariado de 1930.- II.- SE ORDENA que la referida Sala de lo Civil dicte nueva resolución conforme lo señalado en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha doce de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 0944-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Primera Edición, Tomo II. Pagina 2377. Grupo Latino Editores Ltda., Colombia.

[2] Cita de CORAO, Carlos M. Ayala [Ex-Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos] ―La recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional‖ originariamente contenida en HEREDIA, José Raúl, Reflexiones a propósito del nuevo Código Procesal Penal de Chubut.

[3] Artículo 27° de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

[4] Articulo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

[5] Articulo 127 de la Constitución de la República.

[6] Articulo 85 de la Ley del Notariado de 1930.