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Sentencia AC-858-14 — Registro 18051

Resumen

Recurrente presentó acción de amparo a favor de la sociedad en proceso de liquidación voluntaria de Seguros Capital, Sala de lo Constitucional otorga el amparo, en consecuencia revoca la Sentencia en relación a demanda ejecutiva de pago declarada con lugar, promovida contra recurrente, la Sala Constitucional considera que se ha recurrido con el solo efecto que la Corte de Apelaciones dicte nueva resolución apegada a los principios constitucionales expresados en la presente sentencia y en el sentido que se declare la prescripción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(11): Que en el caso sub judice, no se observa violación alguna al derecho de defensa, ya que el recurrente, según se observa en el expediente judicial, en ningún momento fue privado de ser oído, ni de presentar pruebas, según las reglas del procedimiento, y siempre se le mantuvo en igualdad de armas o condiciones con respecto al proceso. De igual forma, no se observa violación alguna al principio de legalidad, por estar facultado el Ad quem, de conocer del recurso de apelación tal y como lo dispone la normativa procesal. Empero, de lo antes dispuesto, esta Sala considera lo siguiente: Que el debido proceso consagrado en el articulo 90 de la Constitución de la República, dispone que las garantías, derechos y formalidades deben ser respetadas en todo momento; y es por eso que al momento de interpretar las leyes se debe hacer con irrestricto apego al debido proceso para emitir una resolución recta y cumplida sobre los derechos de las partes. La interpretación al respecto de la prescripción; implica que se observe en todo momento la norma sustantiva aplicable, en el sentido que debe ser interpretada de manera que no deje vacíos, pues resultaría incongruente con el principio – derecho del debido proceso, si dichos vacíos existieren. Es así, que por medio de la acción de amparo se tiene como una de las finalidades que se restituyan derechos que han sido violentados; y es que resulta imprescindible, que este Alto Tribunal, haga una valoración apegada al debido proceso, ya que el Ad quem no lo hizo de esa manera al dar una interpretación no ajustada a derecho, como lo hemos mencionado anteriormente y es así que la prescripción dispuesta en el Artículo 1692 numeral II del Código de Comercio en relación a la interrupción de la prescripción ocurre: “por la demanda o cualquier otro genero de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso” por lo cual el momento procesal de la notificación a la parte ejecutada procede al ser citado el deudor para oposición contenida en el artículos 470 y 471 del Código de Procedimientos Civiles, espacio en el cual se produce la Litis contestatio, o sea la oportunidad de presentar las alegaciones de defensa, posición que en reiteradas ocasiones esta Sala Constitucional ha dejado por sentado, de tal manera que la norma es clara por lo cual se debe apegar a la norma que ha sido invocada, conforme lo establece el artículo 17 del Código Civil. Asimismo en la presente pieza de autos la parte ejecutante ha dejado transcurrir más de los tres años de la acción cambiaria directa que dispone el artículo 579 relacionado con el 594 del Código de Comercio, el termino de computo comienza a partir del día del vencimiento de la misma, en el caso de autos la fecha de pago del pagare se pactó para el uno de agosto de 2007 venciendo la acción cambiaria a los tres años contados a partir de esa fecha. Se reitera que la prescripción de la que habla la misma normativa legal, se interrumpe, al momento que la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial sea notificada en este caso al deudor, es decir el acto de la notificación es el que interrumpe la prescripción. Tal y como consta en el expediente judicial, el recurrente fue notificado de la demanda ejecutiva de pago en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once (2011) (Ver folio 72 demanda) citándolo para oponerse a la ejecución, es preciso aclarar al Ad Quem que la interposición de la demanda o requerimiento de pago no constituye una notificación al deudor como es el caso sub judice sino la que realiza el Funcionario Judicial habilitado para notificar en legal y debida forma al que es parte ejecutada, de igual forma no se encuentra ninguna otra interpelación judicial que haya sido notificada de forma expresa.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación judicial al momento de interpretar las normas, por lo que se observa una violación al debido proceso.

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) contra la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL S.A.-2) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), una vez que se hubo seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó Sentencia definitiva fallando lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR las excepciones de: 1) Falta de legitimación procesal activa 2) Falta de incumplimiento de los pactos que se hubieren celebrado para llenar los títulos en blanco 3)Prescripción 4) Sin lugar el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesta por el Licenciado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado Legal de la sociedad en liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL,S.A. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, mayor de edad, casado, Hondureño y del domicilió de San Pedro Sula y en tránsito por esta ciudad actuando en su condición de apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) en contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- En consecuencia CONDENA a la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A., de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS a pagar a BANCO CENTRAL DE HONDURAS la cantidad de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.14,657,797.69) más los intereses y las costas del presente juicio” (folio 124 al 126 de la primera pieza).- 3) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, la sociedad mercantil en proceso de liquidación voluntaria denominada CAPITAL S.A., dictó sentencia fallando por UNANIMIDAD DE VOTOS lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO. DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis de Noviembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO, promovida por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER), entidad que a su vez actúa administrando créditos cedidos en pago por la liquidación de BANCO CAPITAL, S. A., a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A., actualmente en proceso de LIQUIDACION VOLUNTARIA O AUTO LIQUIDACION, a través de su Representante Legal el señor OCTAVIO HUMBERTO MATAMOROS LANZA, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA, en base al principio del vencimiento regulado en los artículo 219 y 221 del Código Procesal Civil.-” (folios 8 y 19 de la segunda pieza).- 4) Que en fecha treinta (30) de Julio del año dos mil catorce (2014), el recurrente abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante esta Sala de los Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. En fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada.-5) Que en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, quien por intermedio del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen siendo de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por no existir a su criterio ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en la demanda ejecutiva de pago que fue declarada por dicho Tribunal, con lugar, en fecha de veintiséis de noviembre del año dos mil trece.-CONSIDERANDO (2): Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS considera agraviado el derecho de su representado, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el articulo 82 que consagra el derecho a la defensa, de igual forma considera vulnerado el principio – derecho del Debido Proceso contemplado en el articulo constitucional 90, párrafo primero, y de igual forma considera violentado el articulo constitucional 321 que contempla el principio genérico de legalidad.-CONSIDERANDO (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, oyéndose el dictamen del Ministerio Publico al respecto de la acción de amparo sub iudice.- CONSIDERANDO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y es así donde la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha de veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014); se aprecia en la misma, que el Ad Quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión de la resolución del caso de mérito y contestó cada una de las pretensiones de las partes. Sin embargo en la misma Sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán interpreta erróneamente lo dispuesto al respecto de la prescripción, violentando derechos constitucionales.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad, contenido constitucionalmente en el articulo 321, dispone que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Es por eso, que cualquier servidor del Estado, y en especifico, los jueces y magistrados, de cualquier materia, en sus actuaciones judiciales, tienen como regla general la incompetencia y como excepción la competencia, ya que los mismos no se pueden desbordar de las facultades designadas expresamente por la ley; establecer lo contrario seria poner en precario el Estado de Derecho, ya que esta vinculación positiva, es una garantía para los ciudadanos, que los servidores públicos, no pueden excederse o irse mas allá de sus atribuciones conferidas expresamente, ya que estas resultarían nulas e implicaría responsabilidad para el Servidor.-CONSIDERANDO (11): Que en el caso sub judice, no se observa violación alguna al derecho de defensa, ya que el recurrente, según se observa en el expediente judicial, en ningún momento fue privado de ser oído, ni de presentar pruebas, según las reglas del procedimiento, y siempre se le mantuvo en igualdad de armas o condiciones con respecto al proceso. De igual forma, no se observa violación alguna al principio de legalidad, por estar facultado el Ad quem, de conocer del recurso de apelación tal y como lo dispone la normativa procesal. Empero, de lo antes dispuesto, esta Sala considera lo siguiente: Que el debido proceso consagrado en el articulo 90 de la Constitución de la República, dispone que las garantías, derechos y formalidades deben ser respetadas en todo momento; y es por eso que al momento de interpretar las leyes se debe hacer con irrestricto apego al debido proceso para emitir una resolución recta y cumplida sobre los derechos de las partes. La interpretación al respecto de la prescripción; implica que se observe en todo momento la norma sustantiva aplicable, en el sentido que debe ser interpretada de manera que no deje vacíos, pues resultaría incongruente con el principio – derecho del debido proceso, si dichos vacíos existieren. Es así, que por medio de la acción de amparo se tiene como una de las finalidades que se restituyan derechos que han sido violentados; y es que resulta imprescindible, que este Alto Tribunal, haga una valoración apegada al debido proceso, ya que el Ad quem no lo hizo de esa manera al dar una interpretación no ajustada a derecho, como lo hemos mencionado anteriormente y es así que la prescripción dispuesta en el Artículo 1692 numeral II del Código de Comercio en relación a la interrupción de la prescripción ocurre: “por la demanda o cualquier otro genero de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso” por lo cual el momento procesal de la notificación a la parte ejecutada procede al ser citado el deudor para oposición contenida en el artículos 470 y 471 del Código de Procedimientos Civiles, espacio en el cual se produce la Litis contestatio, o sea la oportunidad de presentar las alegaciones de defensa, posición que en reiteradas ocasiones esta Sala Constitucional ha dejado por sentado, de tal manera que la norma es clara por lo cual se debe apegar a la norma que ha sido invocada, conforme lo establece el artículo 17 del Código Civil. Asimismo en la presente pieza de autos la parte ejecutante ha dejado transcurrir más de los tres años de la acción cambiaria directa que dispone el artículo 579 relacionado con el 594 del Código de Comercio, el termino de computo comienza a partir del día del vencimiento de la misma, en el caso de autos la fecha de pago del pagare se pactó para el uno de agosto de 2007 venciendo la acción cambiaria a los tres años contados a partir de esa fecha. Se reitera que la prescripción de la que habla la misma normativa legal, se interrumpe, al momento que la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial sea notificada en este caso al deudor, es decir el acto de la notificación es el que interrumpe la prescripción. Tal y como consta en el expediente judicial, el recurrente fue notificado de la demanda ejecutiva de pago en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once (2011) (Ver folio 72 demanda) citándolo para oponerse a la ejecución, es preciso aclarar al Ad Quem que la interposición de la demanda o requerimiento de pago no constituye una notificación al deudor como es el caso sub judice sino la que realiza el Funcionario Judicial habilitado para notificar en legal y debida forma al que es parte ejecutada, de igual forma no se encuentra ninguna otra interpelación judicial que haya sido notificada de forma expresa.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación judicial al momento de interpretar las normas, por lo que se observa una violación al debido proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 319 atribución 8a. Y 321 de la Constitución de la República; 579, 594, 1684, 1685, 1692 numeral segundo; 470, 471 del Código de Procedimientos Comunes; 1 y 78 atribuciones 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce; en consecuencia revocando la Sentencia que se ha recurrido con el solo efecto que la Corte de Apelaciones dicte nueva resolución apegada a los principios constitucionales expresados en la presente sentencia y en el sentido que se declare la prescripción.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0858-2014.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) contra la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL S.A.-2) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), una vez que se hubo seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó Sentencia definitiva fallando lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR las excepciones de: 1) Falta de legitimación procesal activa 2) Falta de incumplimiento de los pactos que se hubieren celebrado para llenar los títulos en blanco 3)Prescripción 4) Sin lugar el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesta por el Licenciado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado Legal de la sociedad en liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL,S.A. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, mayor de edad, casado, Hondureño y del domicilió de San Pedro Sula y en tránsito por esta ciudad actuando en su condición de apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) en contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- En consecuencia CONDENA a la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A., de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS a pagar a BANCO CENTRAL DE HONDURAS la cantidad de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.14,657,797.69) más los intereses y las costas del presente juicio” (folio 124 al 126 de la primera pieza).- 3) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, la sociedad mercantil en proceso de liquidación voluntaria denominada CAPITAL S.A., dictó sentencia fallando por UNANIMIDAD DE VOTOS lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO. DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis de Noviembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO, promovida por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER), entidad que a su vez actúa administrando créditos cedidos en pago por la liquidación de BANCO CAPITAL, S. A., a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A., actualmente en proceso de LIQUIDACION VOLUNTARIA O AUTO LIQUIDACION, a través de su Representante Legal el señor OCTAVIO HUMBERTO MATAMOROS LANZA, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA, en base al principio del vencimiento regulado en los artículo 219 y 221 del Código Procesal Civil.-” (folios 8 y 19 de la segunda pieza).- 4) Que en fecha treinta (30) de Julio del año dos mil catorce (2014), el recurrente abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante esta Sala de los Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. En fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada.-5) Que en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, quien por intermedio del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen siendo de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por no existir a su criterio ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en la demanda ejecutiva de pago que fue declarada por dicho Tribunal, con lugar, en fecha de veintiséis de noviembre del año dos mil trece.-CONSIDERANDO (2): Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS considera agraviado el derecho de su representado, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el articulo 82 que consagra el derecho a la defensa, de igual forma considera vulnerado el principio – derecho del Debido Proceso contemplado en el articulo constitucional 90, párrafo primero, y de igual forma considera violentado el articulo constitucional 321 que contempla el principio genérico de legalidad.-CONSIDERANDO (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, oyéndose el dictamen del Ministerio Publico al respecto de la acción de amparo sub iudice.- CONSIDERANDO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y es así donde la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha de veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014); se aprecia en la misma, que el Ad Quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión de la resolución del caso de mérito y contestó cada una de las pretensiones de las partes. Sin embargo en la misma Sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán interpreta erróneamente lo dispuesto al respecto de la prescripción, violentando derechos constitucionales.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad, contenido constitucionalmente en el articulo 321, dispone que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Es por eso, que cualquier servidor del Estado, y en especifico, los jueces y magistrados, de cualquier materia, en sus actuaciones judiciales, tienen como regla general la incompetencia y como excepción la competencia, ya que los mismos no se pueden desbordar de las facultades designadas expresamente por la ley; establecer lo contrario seria poner en precario el Estado de Derecho, ya que esta vinculación positiva, es una garantía para los ciudadanos, que los servidores públicos, no pueden excederse o irse mas allá de sus atribuciones conferidas expresamente, ya que estas resultarían nulas e implicaría responsabilidad para el Servidor.-CONSIDERANDO (11): Que en el caso sub judice, no se observa violación alguna al derecho de defensa, ya que el recurrente, según se observa en el expediente judicial, en ningún momento fue privado de ser oído, ni de presentar pruebas, según las reglas del procedimiento, y siempre se le mantuvo en igualdad de armas o condiciones con respecto al proceso. De igual forma, no se observa violación alguna al principio de legalidad, por estar facultado el Ad quem, de conocer del recurso de apelación tal y como lo dispone la normativa procesal. Empero, de lo antes dispuesto, esta Sala considera lo siguiente: Que el debido proceso consagrado en el articulo 90 de la Constitución de la República, dispone que las garantías, derechos y formalidades deben ser respetadas en todo momento; y es por eso que al momento de interpretar las leyes se debe hacer con irrestricto apego al debido proceso para emitir una resolución recta y cumplida sobre los derechos de las partes. La interpretación al respecto de la prescripción; implica que se observe en todo momento la norma sustantiva aplicable, en el sentido que debe ser interpretada de manera que no deje vacíos, pues resultaría incongruente con el principio – derecho del debido proceso, si dichos vacíos existieren. Es así, que por medio de la acción de amparo se tiene como una de las finalidades que se restituyan derechos que han sido violentados; y es que resulta imprescindible, que este Alto Tribunal, haga una valoración apegada al debido proceso, ya que el Ad quem no lo hizo de esa manera al dar una interpretación no ajustada a derecho, como lo hemos mencionado anteriormente y es así que la prescripción dispuesta en el Artículo 1692 numeral II del Código de Comercio en relación a la interrupción de la prescripción ocurre: “por la demanda o cualquier otro genero de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso” por lo cual el momento procesal de la notificación a la parte ejecutada procede al ser citado el deudor para oposición contenida en el artículos 470 y 471 del Código de Procedimientos Civiles, espacio en el cual se produce la Litis contestatio, o sea la oportunidad de presentar las alegaciones de defensa, posición que en reiteradas ocasiones esta Sala Constitucional ha dejado por sentado, de tal manera que la norma es clara por lo cual se debe apegar a la norma que ha sido invocada, conforme lo establece el artículo 17 del Código Civil. Asimismo en la presente pieza de autos la parte ejecutante ha dejado transcurrir más de los tres años de la acción cambiaria directa que dispone el artículo 579 relacionado con el 594 del Código de Comercio, el termino de computo comienza a partir del día del vencimiento de la misma, en el caso de autos la fecha de pago del pagare se pactó para el uno de agosto de 2007 venciendo la acción cambiaria a los tres años contados a partir de esa fecha. Se reitera que la prescripción de la que habla la misma normativa legal, se interrumpe, al momento que la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial sea notificada en este caso al deudor, es decir el acto de la notificación es el que interrumpe la prescripción. Tal y como consta en el expediente judicial, el recurrente fue notificado de la demanda ejecutiva de pago en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once (2011) (Ver folio 72 demanda) citándolo para oponerse a la ejecución, es preciso aclarar al Ad Quem que la interposición de la demanda o requerimiento de pago no constituye una notificación al deudor como es el caso sub judice sino la que realiza el Funcionario Judicial habilitado para notificar en legal y debida forma al que es parte ejecutada, de igual forma no se encuentra ninguna otra interpelación judicial que haya sido notificada de forma expresa.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación judicial al momento de interpretar las normas, por lo que se observa una violación al debido proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 319 atribución 8a. Y 321 de la Constitución de la República; 579, 594, 1684, 1685, 1692 numeral segundo; 470, 471 del Código de Procedimientos Comunes; 1 y 78 atribuciones 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce; en consecuencia revocando la Sentencia que se ha recurrido con el solo efecto que la Corte de Apelaciones dicte nueva resolución apegada a los principios constitucionales expresados en la presente sentencia y en el sentido que se declare la prescripción.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL.”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0858-2014..- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad en proceso de liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL S.A., contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), proferida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la cual resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) contra la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL S.A.-2) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), una vez que se hubo seguido el trámite de ley correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó Sentencia definitiva fallando lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR las excepciones de: 1) Falta de legitimación procesal activa 2) Falta de incumplimiento de los pactos que se hubieren celebrado para llenar los títulos en blanco 3)Prescripción 4) Sin lugar el incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesta por el Licenciado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado Legal de la sociedad en liquidación voluntaria SEGUROS CAPITAL,S.A. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, mayor de edad, casado, Hondureño y del domicilió de San Pedro Sula y en tránsito por esta ciudad actuando en su condición de apoderado Judicial de la Sociedad denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER) en contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- En consecuencia CONDENA a la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A., de este domicilio a través de su representante legal el señor OCTAVIO H. MATAMOROS a pagar a BANCO CENTRAL DE HONDURAS la cantidad de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.14,657,797.69) más los intereses y las costas del presente juicio” (folio 124 al 126 de la primera pieza).- 3) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, la sociedad mercantil en proceso de liquidación voluntaria denominada CAPITAL S.A., dictó sentencia fallando por UNANIMIDAD DE VOTOS lo siguiente: (Sic.) “PRIMERO. DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha veintiséis de Noviembre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO, promovida por el abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO MERCANTIL S.A. (BAMER), entidad que a su vez actúa administrando créditos cedidos en pago por la liquidación de BANCO CAPITAL, S. A., a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la Sociedad Mercantil denominada SEGUROS CAPITAL, S. A., actualmente en proceso de LIQUIDACION VOLUNTARIA O AUTO LIQUIDACION, a través de su Representante Legal el señor OCTAVIO HUMBERTO MATAMOROS LANZA, todos de generales expresadas en el preámbulo de este fallo.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA, en base al principio del vencimiento regulado en los artículo 219 y 221 del Código Procesal Civil.-” (folios 8 y 19 de la segunda pieza).- 4) Que en fecha treinta (30) de Julio del año dos mil catorce (2014), el recurrente abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante esta Sala de los Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), y que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. En fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), la Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada.-5) Que en fecha seis (06) de noviembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, quien por intermedio del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen siendo de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por no existir a su criterio ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.- CONSIDERANDO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., se dirige contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014), que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en la demanda ejecutiva de pago que fue declarada por dicho Tribunal, con lugar, en fecha de veintiséis de noviembre del año dos mil trece.-CONSIDERANDO (2): Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS considera agraviado el derecho de su representado, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el articulo 82 que consagra el derecho a la defensa, de igual forma considera vulnerado el principio – derecho del Debido Proceso contemplado en el articulo constitucional 90, párrafo primero, y de igual forma considera violentado el articulo constitucional 321 que contempla el principio genérico de legalidad.-CONSIDERANDO (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, oyéndose el dictamen del Ministerio Publico al respecto de la acción de amparo sub iudice.- CONSIDERANDO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y es así donde la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha de veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce (2014); se aprecia en la misma, que el Ad Quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión de la resolución del caso de mérito y contestó cada una de las pretensiones de las partes. Sin embargo en la misma Sentencia proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán interpreta erróneamente lo dispuesto al respecto de la prescripción, violentando derechos constitucionales.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad, contenido constitucionalmente en el articulo 321, dispone que los servidores del Estado no tienen mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Es por eso, que cualquier servidor del Estado, y en especifico, los jueces y magistrados, de cualquier materia, en sus actuaciones judiciales, tienen como regla general la incompetencia y como excepción la competencia, ya que los mismos no se pueden desbordar de las facultades designadas expresamente por la ley; establecer lo contrario seria poner en precario el Estado de Derecho, ya que esta vinculación positiva, es una garantía para los ciudadanos, que los servidores públicos, no pueden excederse o irse mas allá de sus atribuciones conferidas expresamente, ya que estas resultarían nulas e implicaría responsabilidad para el Servidor.-CONSIDERANDO (11): Que en el caso sub judice, no se observa violación alguna al derecho de defensa, ya que el recurrente, según se observa en el expediente judicial, en ningún momento fue privado de ser oído, ni de presentar pruebas, según las reglas del procedimiento, y siempre se le mantuvo en igualdad de armas o condiciones con respecto al proceso. De igual forma, no se observa violación alguna al principio de legalidad, por estar facultado el Ad quem, de conocer del recurso de apelación tal y como lo dispone la normativa procesal. Empero, de lo antes dispuesto, esta Sala considera lo siguiente: Que el debido proceso consagrado en el articulo 90 de la Constitución de la República, dispone que las garantías, derechos y formalidades deben ser respetadas en todo momento; y es por eso que al momento de interpretar las leyes se debe hacer con irrestricto apego al debido proceso para emitir una resolución recta y cumplida sobre los derechos de las partes. La interpretación al respecto de la prescripción; implica que se observe en todo momento la norma sustantiva aplicable, en el sentido que debe ser interpretada de manera que no deje vacíos, pues resultaría incongruente con el principio – derecho del debido proceso, si dichos vacíos existieren. Es así, que por medio de la acción de amparo se tiene como una de las finalidades que se restituyan derechos que han sido violentados; y es que resulta imprescindible, que este Alto Tribunal, haga una valoración apegada al debido proceso, ya que el Ad quem no lo hizo de esa manera al dar una interpretación no ajustada a derecho, como lo hemos mencionado anteriormente y es así que la prescripción dispuesta en el Artículo 1692 numeral II del Código de Comercio en relación a la interrupción de la prescripción ocurre: “por la demanda o cualquier otro genero de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso” por lo cual el momento procesal de la notificación a la parte ejecutada procede al ser citado el deudor para oposición contenida en el artículos 470 y 471 del Código de Procedimientos Civiles, espacio en el cual se produce la Litis contestatio, o sea la oportunidad de presentar las alegaciones de defensa, posición que en reiteradas ocasiones esta Sala Constitucional ha dejado por sentado, de tal manera que la norma es clara por lo cual se debe apegar a la norma que ha sido invocada, conforme lo establece el artículo 17 del Código Civil. Asimismo en la presente pieza de autos la parte ejecutante ha dejado transcurrir más de los tres años de la acción cambiaria directa que dispone el artículo 579 relacionado con el 594 del Código de Comercio, el termino de computo comienza a partir del día del vencimiento de la misma, en el caso de autos la fecha de pago del pagare se pactó para el uno de agosto de 2007 venciendo la acción cambiaria a los tres años contados a partir de esa fecha. Se reitera que la prescripción de la que habla la misma normativa legal, se interrumpe, al momento que la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial sea notificada en este caso al deudor, es decir el acto de la notificación es el que interrumpe la prescripción. Tal y como consta en el expediente judicial, el recurrente fue notificado de la demanda ejecutiva de pago en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once (2011) (Ver folio 72 demanda) citándolo para oponerse a la ejecución, es preciso aclarar al Ad Quem que la interposición de la demanda o requerimiento de pago no constituye una notificación al deudor como es el caso sub judice sino la que realiza el Funcionario Judicial habilitado para notificar en legal y debida forma al que es parte ejecutada, de igual forma no se encuentra ninguna otra interpelación judicial que haya sido notificada de forma expresa.- CONSIDERANDO (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación judicial al momento de interpretar las normas, por lo que se observa una violación al debido proceso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316, 319 atribución 8a. Y 321 de la Constitución de la República; 579, 594, 1684, 1685, 1692 numeral segundo; 470, 471 del Código de Procedimientos Comunes; 1 y 78 atribuciones 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la SOCIEDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA SEGUROS CAPITAL S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil catorce; en consecuencia revocando la Sentencia que se ha recurrido con el solo efecto que la Corte de Apelaciones dicte nueva resolución apegada a los principios constitucionales expresados en la presente sentencia y en el sentido que se declare la prescripción.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL.”

Y a solicitud del Abogado EVERTON FRANCISCO HERRERA PAZ, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, recaída en los Recursos de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo los número 0858-2014.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL