Sentencia AC-857-13 — Registro 4846
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que declara con lugar recurso de apelación y revoca auto que declara la nulidad interpuesta por impetrante por falta de notificación de un auto de que declara la apertura de periodo de proposición de pruebas,con relación a demanda ordinaria de nulidad de un instrumento público promovida por recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013); se aprecia que la Corte recurrida luego del análisis de los puntos expuestos por las partes concluyó que el mencionado error no interrumpía el procedimiento; ya que posterior a este fueron hechas otras notificaciones por la tabla de avisos a todos los apoderados de las partes por lo que la nulidad decretada de oficio mediante el auto de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, resulta improcedente por no transgredir ningún derecho las partes, como lo expresó el A-quo en el auto apelado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que como lo señala el Abogado Juan Arnaldo Hernández Espinoza en su obra “Apuntes Sobre Impugnaciones y Ejecuciones”: “La Nulidad es un medio de impugnación dado a la parte perjudicada por un error de procedimiento, para obtener su reparación. La teoría nos enseña que para que exista la Nulidad no es suficiente el quebrantamiento al formalismo sino que se presenta un perjuicio.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que la importancia de las notificaciones es hacer producir los efectos legales a las resoluciones judiciales, cuya omisión no hace producir tales efectos. Por otro lado, el Código de Procedimientos Comunes, establece que en suma para que la falta de notificación deba considerarse subsanada tácitamente es preciso que después de conocida, siga la parte interesada gestionando en los autos sin reclamar contra ella. Lo que en el presente caso no sucedió; por lo que no estamos ante una subsanación tacita ni consentimiento alguno. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente sucedió. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusto las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es dictar sentencia declarando con lugar el recurso de apelación, siendo que consta en el expediente judicial la violación al derecho fundamental del debido proceso, al de defensa, igualdad procesal; al dar por iniciado un período probatorio sin haber sido notificado debidamente su inicio; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 98, númral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO a favor del señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil trece (2013); con relación a un incidente de nulidad de actuaciones presentado en la demanda ordinaria de nulidad de un instrumento público promovida por el señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO contra los señores SADIA VERALY PEREZ DESTEPHEN, ALMA LUZ PEREZ y RAMON ALFREDO SILVA ORTEGA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado, los derechos constitucionales estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil uno (2001), compareció ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO, interponiendo Demanda Ordinaria de nulidad de un instrumento público o escritura matriz, del testimonio o primera copia librada del mismo, de su asiento registral y notas marginales, del contrato de compra venta que contiene e indemnización de daños y perjuicios, contra los señores SAIDA VERALY PEREZ DESTEPHEN, ALMA LUZ PEREZ y RAMON ALFREDO SILVA ORTEGA. 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó auto mediante el cual declaró abierto y en curso el primer periodo probatorio. (Folio 247 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que entre folios 250 y 251 de la pieza de primera instancia, corre agregada copia de cédula de notificación del auto de fecha (sic) “Doce de febrero del año dos mil Doce”, auto que declara abierto y en curso el primer periodo probatorio. 4) Que en fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil trece (2013), el Abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO, en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, presentando solicitud de nulidad de una notificación y de las actuaciones posteriores a la misma, resolviendo dicho Juzgado mediante auto de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil trece (2013), lo siguiente: (sic) “…; visto el escrito presentado por el abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO, se observa que efectivamente fue notificada por la tabla de avisos del despacho un auto con fecha 12 de febrero del 2012, el cual no existe en el expediente de merito, por tal razón es procedente de oficio decretar nulidad de actuaciones inclusive a partir de la tabla de notificación de fecha 01 de Abril del 2013,y demás actuaciones posteriores; se ordena así mismo que la secretaria del despacho proceda a notificar correctamente el auto de fecha 12 de febrero del año 2013 para que comience a correr el termino común a las partes del primer periodo probatorio para que propongan sus pruebas.”. (Folio 287 de la primera pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013), conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado RUBEN DARIO MATEO GALAN, en su condición de Apoderado Legal de la señora SADIA VERALY PEREZ DESTEPHEN, y por el Abogado JOSE ROBERTO PALOMO ELVIR, en su condición de apoderado legal de la señora ALMA LUZ PEREZ, contra el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, dictó resolución mediante la cual fallo: 1) Declarando con lugar los recursos de apelación interpuestos; y 2) (sic) “SE REVOCA el auto apelado de fecha diecinueve de abril del año dos mil trece, por no estar dictado con forme a derecho. SIN COSTAS.”. (Folios 18 y 19 de la segunda pieza de los antecedentes). 6) El recurrente Abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO, compareció ante este Tribunal, en fecha siete (7) de octubre del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor del señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO, por considerar que la resolución de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013), es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince (15) de enero del año dos mil catorce (2014). 7) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil catorce (2014), esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quién fue de la opinión que se otorgue el recurso de amparo interpuesto, por existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO a favor del señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil trece (2013); con relación a un incidente de nulidad de actuaciones presentado en la demanda ordinaria de nulidad de un instrumento público promovida por el señor MARCO ANTONIO OCHOA ALCERRO contra los señores SADIA VERALY PEREZ DESTEPHEN, ALMA LUZ PEREZ y RAMON ALFREDO SILVA ORTEGA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado WILFREDO OCHOA ALCERRO considera que la decisión del Ad-quem de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil trece (2013), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; al existir contradicción e incongruencias en la sentencia contra la cual se pide amparo en cuanto a que la Corte de Apelaciones pretende justificar un error en su considerando “… que posterior a dicho error fueron hechas otras notificaciones por la tabla de avisos a todos los apoderados de las partes…”; actuaciones que emanaron del Juzgado, no existen actos posteriores a dicho error que hayan emanado del suscrito a fin de establecer que se consistió el error, que tampoco justifica el error; por lo que le resulta improcedente el razonamiento de la Corte de Apelaciones; y, antijurídica por ser contrario a la Ley ya que la notificación por la tabla de avisos viola la ley al no consignar en forma integra el auto que se pretende notificar. Al reconocer el error en la notificación la Corte de Apelaciones no debe tener otro criterio legal que confirme el auto apelado; ya que revocar el auto apelado es sustentar un criterio antijurídico, que causa una ofensa publica al derecho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), en el sentido que en la cedula de notificación que fue puesta por el Secretario del Juzgado se consignó la fecha de un auto que no existe, 12 de febrero de 2012, se violenta el contenido del requisito señalado en el numeral 3 del articulo 98 del código de Procedimientos Civiles, que exige una copia literal, por lo que la cedula de notificación no contiene los requisitos exigidos en la ley. Siendo este un acto realizado por el órgano jurisdiccional, y el hoy amparista reclamó oportunamente su nulidad al considerar la existencia de un vicio, por lo tanto no se puede hablar de un acto consentido. Por lo que es del parecer porque se otorgue el presente recurso de Amparo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013); se aprecia que la Corte recurrida luego del análisis de los puntos expuestos por las partes concluyó que el mencionado error no interrumpía el procedimiento; ya que posterior a este fueron hechas otras notificaciones por la tabla de avisos a todos los apoderados de las partes por lo que la nulidad decretada de oficio mediante el auto de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, resulta improcedente por no transgredir ningún derecho las partes, como lo expresó el A-quo en el auto apelado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que como lo señala el Abogado Juan Arnaldo Hernández Espinoza en su obra “Apuntes Sobre Impugnaciones y Ejecuciones”: “La Nulidad es un medio de impugnación dado a la parte perjudicada por un error de procedimiento, para obtener su reparación. La teoría nos enseña que para que exista la Nulidad no es suficiente el quebrantamiento al formalismo sino que se presenta un perjuicio.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que la importancia de las notificaciones es hacer producir los efectos legales a las resoluciones judiciales, cuya omisión no hace producir tales efectos. Por otro lado, el Código de Procedimientos Comunes, establece que en suma para que la falta de notificación deba considerarse subsanada tácitamente es preciso que después de conocida, siga la parte interesada gestionando en los autos sin reclamar contra ella. Lo que en el presente caso no sucedió; por lo que no estamos ante una subsanación tacita ni consentimiento alguno. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso evidentemente sucedió. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusto las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es dictar sentencia declarando con lugar el recurso de apelación, siendo que consta en el expediente judicial la violación al derecho fundamental del debido proceso, al de defensa, igualdad procesal; al dar por iniciado un período probatorio sin haber sido notificado debidamente su inicio; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito a efecto que la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes dicte sentencia conforme a los principios constitucionales debidos. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado bajo el número SCO-0857-2013.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL