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Sentencia AC-809-14 — Registro 18535

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó Auto dictado por Juez de Instancia que denegó solicitud de caducidad de Medida Cautelar presentada por Demandada consistente en Prohibición de Celebrar Actos y Contratos sobre bienes inmuebles propiedad de Demandados; Se dispuso mantener dicha Medida Cautelar por considerar que es la apropiada para asegurar la efectividad y cumplimiento de la sentencia que pudiera recaer, dado que el juicio principal no ha concluido; en relación a Demanda Ordinaria de pago de daños y perjuicios, prohibición de celebrar actos y contratos promovida por Demandante contra Demandados; La Corte de Apelaciones considera inaplicable la norma procesal civil en lo referente al plazo de tres (3) años, como requisito para que se dicte la caducidad de la medida cautelar impuesta. Considera conforme a derecho que se mantenga dicha medida cautelar por las consideraciones expuestas por el juez de instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes, esta Sala constata que habiendo transcurrido el plazo de tres (3) años contados desde la fecha de ejecución de la medida cautelar adoptada, esto provocó que la parte demandada y afectada por la imposición de la medida cautelar, solicitase de la primera instancia que cesase la medida cautelar decretada, razón por la cual se llevo a cabo audiencia en la cual cada una de las partes expuso sus argumentos ante el a-quo, solicitando en la misma, la parte demandante que se ratifique la medida cautelar impuesta de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes de la parte demandada, solicitud que tuvo una respuesta afirmativa por parte del juzgador..."..."el recurrente en esta vía constitucional alega que en la celebración de la referida audiencia se ha inobservado por parte del juzgador las disposiciones que al efecto señala el Código Procesal Civil; argumentos del impetrante con los cuales esta Sala se muestra de acuerdo y son de recibido, y ello se estila así puesto que entendemos que al tenor de lo señalado en el ya citado articulo 397 del Código Procesal Civil, la medida cautelar caducará una vez que hayan transcurrido tres años desde la ejecución de la misma, con independencia del estado en el que se encuentre el proceso principal y de su conclusión o no. Así pues tenemos que el plazo de caducidad debe ser apreciado de oficio por el tribunal sin necesidad de expresa petición de parte; en cualquier caso, ante la inactividad del órgano judicial, podría ser instada su aplicación por el afectado por la medida. De la referida normativa colegimos que con el fin de evitar el peligro de demora procesal derivado de la extensa duración del procedimiento principal, bien en primera instancia o bien en fase de recursos, se establece una cláusula de salvaguarda; esto es que a instancia de parte, en este caso del actor, puede el juez “reactualizar” la medida, entendiendo por tal en su significado gramatical como el de poner de nuevo al día la medida y, por consiguiente, su reactualización puede abarcar tanto la confirmación en idénticas condiciones a las que ya tenía, como la posible modificación de la medida o de alguna de sus características o de la propia caución. Para ello será preciso, aun cuando la ley no lo diga expresamente, la audiencia de las partes personadas en las actuaciones, con carácter previo a la resolución que se dicte reactualizando la medida cautelar. En el caso subexamine si bien es cierto se llevo a cabo una audiencia la misma en primer lugar no se llevo a cabo por solicitud de la parte demandante para la reactualización de la medida cautelar impuesta, sino que se ha llevado a cabo por la solicitud planteada por la parte demandada para el cese de la medida cautelar impuesta de prohibición de celebrar actos y contratos sobre una serie de bienes; en ese orden de ideas entendemos que la decisión del a-quo de acceder a la petición de la parte demandante a fin de que se ratifique la medida cautelar impuesta, resulta del todo improcedente, puesto que no resulta de su reactualización, amen de que se transgrede el debido proceso cuando por parte del juzgador no se ha exigido que se rindiera caución a la parte demandante para que la misma respondiese por eventuales daños y perjuicios, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 386 del Código Procesal Civil..."..."al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada, y a su vez confirmar el auto de fecha 08 de octubre de 2013, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; ha infringido en perjuicio del recurrente, la garantía del derecho del debido proceso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes, esta Sala constata que habiendo transcurrido el plazo de tres (3) años contados desde la fecha de ejecución de la medida cautelar adoptada, esto provocó que la parte demandada y afectada por la imposición de la medida cautelar, solicitase de la primera instancia que cesase la medida cautelar decretada, razón por la cual se llevo a cabo audiencia en la cual cada una de las partes expuso sus argumentos ante el a-quo, solicitando en la misma, la parte demandante que se ratifique la medida cautelar impuesta de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes de la parte demandada, solicitud que tuvo una respuesta afirmativa por parte del juzgador..."..."el recurrente en esta vía constitucional alega que en la celebración de la referida audiencia se ha inobservado por parte del juzgador las disposiciones que al efecto señala el Código Procesal Civil; argumentos del impetrante con los cuales esta Sala se muestra de acuerdo y son de recibido, y ello se estila así puesto que entendemos que al tenor de lo señalado en el ya citado articulo 397 del Código Procesal Civil, la medida cautelar caducará una vez que hayan transcurrido tres años desde la ejecución de la misma, con independencia del estado en el que se encuentre el proceso principal y de su conclusión o no. Así pues tenemos que el plazo de caducidad debe ser apreciado de oficio por el tribunal sin necesidad de expresa petición de parte; en cualquier caso, ante la inactividad del órgano judicial, podría ser instada su aplicación por el afectado por la medida. De la referida normativa colegimos que con el fin de evitar el peligro de demora procesal derivado de la extensa duración del procedimiento principal, bien en primera instancia o bien en fase de recursos, se establece una cláusula de salvaguarda; esto es que a instancia de parte, en este caso del actor, puede el juez “reactualizar” la medida, entendiendo por tal en su significado gramatical como el de poner de nuevo al día la medida y, por consiguiente, su reactualización puede abarcar tanto la confirmación en idénticas condiciones a las que ya tenía, como la posible modificación de la medida o de alguna de sus características o de la propia caución. Para ello será preciso, aun cuando la ley no lo diga expresamente, la audiencia de las partes personadas en las actuaciones, con carácter previo a la resolución que se dicte reactualizando la medida cautelar. En el caso subexamine si bien es cierto se llevo a cabo una audiencia la misma en primer lugar no se llevo a cabo por solicitud de la parte demandante para la reactualización de la medida cautelar impuesta, sino que se ha llevado a cabo por la solicitud planteada por la parte demandada para el cese de la medida cautelar impuesta de prohibición de celebrar actos y contratos sobre una serie de bienes; en ese orden de ideas entendemos que la decisión del a-quo de acceder a la petición de la parte demandante a fin de que se ratifique la medida cautelar impuesta, resulta del todo improcedente, puesto que no resulta de su reactualización, amen de que se transgrede el debido proceso cuando por parte del juzgador no se ha exigido que se rindiera caución a la parte demandante para que la misma respondiese por eventuales daños y perjuicios, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 386 del Código Procesal Civil..."..."al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada, y a su vez confirmar el auto de fecha 08 de octubre de 2013, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; ha infringido en perjuicio del recurrente, la garantía del derecho del debido proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CETIFICACION

El Infrascrito Secretario de de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de marzo de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor de los señores HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS y MARÍA HIGINIA ÁVILA FLORES, contra la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil catorce (2014), por DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto emitido en fecha ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán con relación a de pago de daños y perjuicios, prohibición de celebrar actos y contratos, promovida por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA en su condición de representante procesal del señor MARIO BISHIR ODEH NASRALA BUSMAIL, contra los señores MIGUEL ÁNGEL GODOY CABRERA y HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA, en su condición de representante procesal del señor MARIO BISHIR ODEH NASRALA BUSMAIL, interponiendo Demanda Ordinaria de pago de daños y perjuicios, prohibición de celebrar actos y contratos contra los señores MIGUEL ÁNGEL GODOY CABRERA y HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS. 2) Que en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil trece (2013), una vez que se hubo seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic.) “PRIMERO: DENIEGUESE la solicitud de caducidad de medida cautelar (antes precautoria), presentada por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de Apoderado Legal de los Señores MIGUEL ANGEL GODOY BANEGAS y HUMBERTO RAMON GODOY BANEGAS, como parte Demandada, consistente en Prohibición de Celebrar Actos y Contratos sobre los bienes inmuebles siguientes: matricula número 330510, asiento 90, propiedad del Señor MIGUEL ANGEL GODOY BANEGAS; matrículas 325994, 326016 y 326027 asiento 89, propiedad del Señor HUMBERTO RAMON GODOY BANEGAS, mismas que se decretaron en auto de fecha treinta de octubre de dos mil nueve, folio 68 de la pieza principal; en virtud de que para que se decrete dicha caducidad debe constar que el proceso principal ha concluido, lo que no sucede en el caso de auto, ya que dicho proceso se encuentra en trámite en esta instancia; Además, el Abogado NESTOR RAUL OCHOA CABRERA, en su condición de Apoderado Legal del Señor MARIO BISHIR ODEH NASRALA, como parte Demandante, pide que se ratifique o confirme la medida cautelar de mérito para asegurar su ejecución y resultas del juicio, lo que es procedente conforme a la normativa procesal civil aplicable; En consecuencia, se dispone mantener la medida cautelar consistente en prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes inmuebles antes descritos, propiedad de los dos demandados, misma que ya se encuentra inscrita en el Instituto de de este Departamento; siendo la apropiada para asegurar la efectividad y el cumplimiento de la sentencia que pudiera recaer, dado que el juicio principal no ha concluido. Contra la presente resolución procede el Recurso de Apelación, sin efecto suspensivo, el que deberá interponerse ante este mismo Juzgado conforme a las disposiciones atinentes a los medios de impugnación del código procesal civil.-” (Folios 13 al 17 de la pieza de primera instancia). 3) Que en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil catorce (2014), de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación promovido por el abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de represente procesal de los señores HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS y MARÍA HIGINIA ÁVILA FLORES, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada.- SEGUNDO: Se confirma el auto de fecha 08 de octubre de 2013 emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA PARA EL APELANTE.-” (Folios 10 al 12 de la pieza de segunda instancia). 4) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil catorce (2014), el recurrente abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de Amparo a favor de los señores HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS y MARÍA HIGINIA ÁVILA FLORES, por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem que se deja relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 106 de de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce se tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional impetrada. 5) Que con fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, quien por intermedio de la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se DENIEGUE el Recurso de Amparo impetrado. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que establece. CONSIDERANDO (2): Que el Apoderado Judicial de los señores HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS y MARÍA HIGINIA ÁVILA FLORES, ha interpuesto recurso de amparo ante este Alto Tribunal, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de sus representados el derecho al debido proceso y el que le asiste a todo propietario de no ser privado de su propiedad, sino por causa de necesidad o interés publico calificado por la ley o resolución fundada en ley y sin que medie previa indemnización justipreciada; consagrados respectivamente, en los artículos 90 párrafo primero y 106 de de (3): Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, en tanto en cuanto de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, ha fallado declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y a la vez confirma el auto de fecha ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013), dictado por el a-quo; explica el impetrante de amparo que las invocadas garantías constitucionales se ven vulneradas, por que en el caso de autos los señores magistrados de de Apelaciones han hecho una indebida aplicación e interpretación de la ley, situación que dice se suscita por que los mismos se han negado a aplicar en el presente caso lo preceptuado en el articulo 912 del Código Procesal Civil, en relación con lo dispuesto en el articulo 397 de la misma normativa; dice el recurrente no compartir el criterio esgrimido por dos de lo referidos magistrados al considerar inaplicable el articulo 912 del Código Procesal Civil, ya que por lo tanto no aceptan en consecuencia la aplicación del articulo 397 del citado código, esto es lo que se refiere al plazo de tres (3) años contemplado como requisito para que se dicte la caducidad de la medida cautelar impuesta, en cuyo caso para la renovación de la medida cautelar, el referido articulo lo que contempla es la reactualización a solicitud de parte interesada, para lo cual se deben de cumplir con los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil, al tenor de lo preceptuado en el articulo 912 del referido texto legal. Sigue señalando el impetrante que se muestra de acuerdo en parte, con la postura del único voto disidente de ese Tribunal de Alzada, esto es el emitido por Maria Vasquez, quien acepta y reconoce la aplicación en el caso de merito de las disposiciones contenidas en los artículos 912 y 397 del Código Procesal Civil, aunque dice el recurrente no compartir el resto del criterio esgrimido por la referida togada. CONSIDERANDO (4): Arguye el impetrante que de acuerdo con la normativa aplicable al caso de merito, en el presente caso el único medio legal contemplado para mantener la vigencia de la medida precautoria objeto de caducidad es mediante la reactualización de dicha medida a petición de la parte interesada, cuando el juicio aun no haya terminado, y siendo que la normativa aplicable es el nuevo Código Procesal Civil, tal solicitud de reactualización debe cumplir todos y cada uno de los requisitos que contempla la normativa procesal civil, esto es lo referido a la deliberación de las partes en la audiencia, así como, que los interesado puedan presentar las pruebas sobre las circunstancias de la medida cautelar y constituirse por la demandante de la respectiva caución que se fije para que pueda responder por los daños y perjuicios eventuales a sus representados, tal y lo contemplado en los artículos 380 al 393 del Código Procesal Civil. Señala el recurrente que en el caso de autos la parte demandante no solicito la reactualización, por que de haberlo hecho así, y siendo que la audiencia que se celebro el día tres de octubre del dos mil trece (2013), tenia como objetivo la cesación por caducidad de la medida cautela impuesta, la misma devenía en regirse por las disposiciones que al efecto señala el Código Procesal Civil, por lo que la parte interesada (demandante) si deseaba conservar la vigencia e imposición de la medida cautelar sobre los bienes de sus representados, debía cumplir los presupuestos procesales establecidos en el Código Procesal Civil, tal y como lo contempla el articulo 912 del referido Código, requisitos entre los cuales se contempla la constitución de la correspondiente caución por parte de la parte demandante, tal y lo contemplado en el articulo 386 de la citada normativa, situación que en el caso de autos no existe, ya que la demandante nunca ha rendido ninguna clase de caución para garantizar el eventual pago de daños y perjuicios a sus representados. CONSIDERANDO (5): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 397 del Código de Procesal Civil, “CADUCIDAD DE Toda medida cautelar caduca a los tres (3) años contados desde la fecha de su ejecución. Si el proceso principal no hubiere concluido, puede el juez a pedido de parte, disponer la reactualización de la medida”. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 912 del Código de Procesal Civil, preceptúa: “MEDIDAS PRECAUTORIAS. Las medidas precautorias o cautelares ya adoptadas antes de entrar en vigencia el presente Código Procesal Civil, se regirán por las disposiciones del código anterior, pero el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar su revisión, modificación, sustitución o cese con arreglo al presente código”. CONSIDERANDO (7): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de de , está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona con el derecho que le asiste a todo propietario de no ser privado de su propiedad, sino por causa de necesidad o interés publico calificado por la ley o resolución fundada en ley y sin que medie previa indemnización justipreciada. CONSIDERANDO (8): Que en el caso subexamine, y del estudio de los antecedentes, esta Sala constata que habiendo transcurrido el plazo de tres (3) años contados desde la fecha de ejecución de la medida cautelar adoptada, esto provocó que la parte demandada y afectada por la imposición de la medida cautelar, solicitase de la primera instancia que cesase la medida cautelar decretada, razón por la cual se llevo a cabo audiencia en la cual cada una de las partes expuso sus argumentos ante el a-quo, solicitando en la misma, la parte demandante que se ratifique la medida cautelar impuesta de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes de la parte demandada, solicitud que tuvo una respuesta afirmativa por parte del juzgador. CONSIDERANDO (9): Que dado que el recurrente en esta vía constitucional alega que en la celebración de la referida audiencia se ha inobservado por parte del juzgador las disposiciones que al efecto señala el Código Procesal Civil; argumentos del impetrante con los cuales esta Sala se muestra de acuerdo y son de recibido, y ello se estila así puesto que entendemos que al tenor de lo señalado en el ya citado articulo 397 del Código Procesal Civil, la medida cautelar caducará una vez que hayan transcurrido tres años desde la ejecución de la misma, con independencia del estado en el que se encuentre el proceso principal y de su conclusión o no. Así pues tenemos que el plazo de caducidad debe ser apreciado de oficio por el tribunal sin necesidad de expresa petición de parte; en cualquier caso, ante la inactividad del órgano judicial, podría ser instada su aplicación por el afectado por la medida. De la referida normativa colegimos que con el fin de evitar el peligro de demora procesal derivado de la extensa duración del procedimiento principal, bien en primera instancia o bien en fase de recursos, se establece una cláusula de salvaguarda; esto es que a instancia de parte, en este caso del actor, puede el juez “reactualizar” la medida, entendiendo por tal en su significado gramatical como el de poner de nuevo al día la medida y, por consiguiente, su reactualización puede abarcar tanto la confirmación en idénticas condiciones a las que ya tenía, como la posible modificación de la medida o de alguna de sus características o de la propia caución. Para ello será preciso, aun cuando la ley no lo diga expresamente, la audiencia de las partes personadas en las actuaciones, con carácter previo a la resolución que se dicte reactualizando la medida cautelar. En el caso subexamine si bien es cierto se llevo a cabo una audiencia la misma en primer lugar no se llevo a cabo por solicitud de la parte demandante para la reactualización de la medida cautelar impuesta, sino que se ha llevado a cabo por la solicitud planteada por la parte demandada para el cese de la medida cautelar impuesta de prohibición de celebrar actos y contratos sobre una serie de bienes; en ese orden de ideas entendemos que la decisión del a-quo de acceder a la petición de la parte demandante a fin de que se ratifique la medida cautelar impuesta, resulta del todo improcedente, puesto que no resulta de su reactualización, amen de que se transgrede el debido proceso cuando por parte del juzgador no se ha exigido que se rindiera caución a la parte demandante para que la misma respondiese por eventuales daños y perjuicios, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 386 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (10): Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos afirmar, que de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada, y a su vez confirmar el auto de fecha 08 de octubre de 2013, emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; ha infringido en perjuicio del recurrente, la garantía del derecho del debido proceso. POR TANTO: de de Justicia como intérprete último y definitivo de de , en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta, 316 numeral 1, 321 y 323 de de ; 1 y 78 atribución 5ta de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 45, 56, 63, 72 de Justicia Constitucional; 1,3, 4, 5, 6, 8, 20, 115, 117, 119, 200, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 397 y 912 del Código de Procesal Civil; 8 de de los Derechos Humanos y 1, 8.1 y 25 de Sobre Derechos Humanos.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ HUMBERTO SOSA CANIZALES, a favor de los señores HUMBERTO RAMÓN GODOY BANEGAS y MARÍA HIGINIA ÁVILA FLORES, contra la sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil catorce (2014), por de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrada Santos Moncada.- NOTIFIQUESE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un veintitrés del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación del fallo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el amparo Civil, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0809=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXS

CRETARIO DE DE LO CONSTITUCIONAL