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Sentencia AC-74-14 — Registro 4790

Resumen

Sentencia impugnada que revocó parcialmente la dictada en primera instancia con relación a la demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial promovida por El Estado de Honduras a través de la Procuradora General de la República, contra impetrante y la Oposición interpuesta por ésta a dicha Ejecución por pluspetición,el cual fue estimado y posteriormente revocada parcialmente mediante recurso de apelación y condena al pago a recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece; se aprecia que la Corte recurrida basa principalmente su sentencia en el derecho que tiene el acreedor, en este caso el Estado de Honduras, de reclamar íntegramente su crédito de todos y cada uno de los deudores; y el derecho de los deudores a su vez de acreditar en cualquier momento del proceso, el pago total o parcial que realice cualquiera de los codeudores, sin que esto permita al acreedor enriquecerse injustamente cobrando dos veces por la misma causa. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es de revoccar parcialmente la Sentencia emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del año dos mil trece, con relación a la demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial promovida por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, los cuatro días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA a favor de la Señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, que revocó parcialmente la Sentencia emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del año dos mil trece, con relación a la demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial promovida por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la Señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el Artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de agosto del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, promoviendo demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial contra la Señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO. 2) Que en fecha doce de febrero del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO, presentando Oposición a la Ejecución de un Título Extrajudicial por pluspetición. 3) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del año dos mil trece, dictó Sentencia de Oposición al Título Extrajudicial en la cual resolvió: “1.- ESTIMANDO EL MOTIVO DE OPOSICIÓN POR PLUSPETICIÓN, por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L. 287,078.31).- 2.-Se estima de oficio la litispendencia respecto de la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.52,561.87), ya este concepto fue reclamados en demanda incoada ante ese juzgado por La Procuraduría General de la República, en contra de la señora MARLEN YESSENIA RODRÍGUEZ GUIFARRO, quien según resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas es responsable solidaria con la ejecutada JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO.- 3.- Se declara sin lugar el procedimiento de ejecución de titulo extrajudicial incoado por Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, contra la señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO.- 4.- Contra esta sentencia procede el recurso de apelación.-” (Folios cuarenta (40) al cuarenta y dos (42) de la pieza de primera instancia). 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado MARCO ANTONIO ERAZO en su condición de Apoderado Sustituto del ESTADO DE HONDURAS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ERAZO, en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS, en la demanda de ejecución de título extrajudicial, que interpusiera la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República de Honduras y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS contra la señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO.- SEGUNDO: Confirmando parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto a que estima el motivo de oposición por pluspetición, por la cantidad de L.287,078.31.- TERCERO: Revocando parcialmente la sentencia recurrida dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el treinta de abril de dos mil trece únicamente en cuanto a que estima de oficio la litispendencia respecto de la cantidad de L.52,561.87, y en cuanto a que declara sin lugar el proceso de ejecución de título extrajudicial incoado por el Estado de Honduras contra la señora Josefa Margarita Hernández Aceituno.- CUARTO: Declara parcialmente con lugar la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República de Honduras y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS contra la señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO, en consecuencia condena a la ejecutada al pago de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.52,561.87) más los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que indique el Sistema Financiero Nacional vigente, desde que quedó firme la resolución que sirve de título de ejecución hasta el momento que se efectúe el pago, sin perjuicio de que cualquiera de las partes acredite disminución de la cuantía establecida, en virtud de pagos parciales realizados por la codeudora Marlene Yessenia Rodríguez Guifarro.- Sígase adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes de la deudora hasta obtener la cantidad arriba señalada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias.- QUINTO: Sin costas en ambas instancias.-” (Folios veinticuatro (24) al veintisiete (27) de la pieza de segunda instancia). 5) Que el recurrente Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintidós de enero del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce. 6) Que con fecha catorce de mayo del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada TANIA FIALLOS RIVERA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES(3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece, que revocó parcialmente la Sentencia emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del año dos mil trece, con relación a la demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial promovida por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la Señora JOSEFA MARGARITA HERNANDEZ ACEITUNO; con la que el recurrente Abogado IVIS ALEXIS VENTURA AYALA, expone su disconformidad por estimar que la misma es violatoria de varias garantías constitucionales, ya que en el caso que nos ocupa la Corte de Apelaciones, ha revocado parcialmente una sentencia de primera instancia, que determinó correctamente la Plus Petición y la Litis Pendencia, esta ultima figura jurídica, por haber en los registros del Juzgado Instructor un juicio contra la señora Marlene Yessenia Rodríguez Guifarro o Marlen Yesenia Rodríguez Guifarro, vinculante con la demanda que dos años después se interpuso contra su representada, a quien la Corte mencionada condena a pagar un dinero cobrado personalmente por Marlene Yessenia Rodríguez Guifarro o Marlen Yesenia Rodríguez Guifarro; y que solo ella aprovecho, y que en consecuencia lo justo y legal es eximir de toda responsabilidad civil a la señora Josefa Margarita Hernández Aceituno. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, es de la opinión que no encuentra el fundamento para sostener que el Artículo 90 Constitucional se ha infringido; ya que en la diligencias se observa que la representante del Estado de Honduras, reclama que se haga efectivo por parte de la demandada la cantidad de L52,561.87, existiendo así mismo otra causa de pedir entablada también por el Estado de Honduras por la cantidad de L121,236.99, pero en contra de la señora Marlene Yessenia Rodríguez Guifarro o Marlen Yesenia Rodríguez Guifarro, quien ha cancelado cierta cantidad de dinero, que no satisface la totalidad de la cuantía reclamada; por ende el fallo en que se le condena a la señora Hernández Aceituno a pagar, no vulnera el debido proceso, pues en el mismo se establece taxativamente que la ejecutada efectuará el pago, sin perjuicio de que cualquiera de las partes acredite la disminución de la cuantía establecida, en virtud de pagos parciales realizados por la codeudora Marlene Yessenia Rodríguez Guifarro o Marlen Yesenia Rodríguez. En tal razón sugiere respetuosamente, que en este caso se deniegue la demanda. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece; se aprecia que la Corte recurrida basa principalmente su sentencia en el derecho que tiene el acreedor, en este caso el Estado de Honduras, de reclamar íntegramente su crédito de todos y cada uno de los deudores; y el derecho de los deudores a su vez de acreditar en cualquier momento del proceso, el pago total o parcial que realice cualquiera de los codeudores, sin que esto permita al acreedor enriquecerse injustamente cobrando dos veces por la misma causa. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es de revoccar parcialmente la Sentencia emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del año dos mil trece, con relación a la demanda de Ejecución de un Título Extrajudicial promovida por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado bajo el número SCO-0074-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL