Sentencia AC-536-15 — Registro 6015
Resumen
Se argumenta que el título judicial que se pretende ejecutar no procede en vista de la oposición formulada al mandamiento de ejecución que se realizó por comunicación subsidiaria, por lo que la sentencia que sirve de fundamento a la demanda de tercería de prelación es irregular.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO: Que para esta Sala, la sentencia de la Alzada en cuestión, recae sobre las pretensiones planteadas por el impetrante, logrando advertirse que en ella se consignan las razones que tuvo el Ad-quem para emitir el pronunciamiento que ha sido censurado con la acción de amparo que nos ocupa y al no establecer el recurrente otro argumento que justifique la interposición de su recurso, esta Sala de lo Constitucional debe concluir que el objeto del presente recurso de amparo no es otro que la dilación del proceso principal, con lo cual resulta a todas luces inadmisible la acción constitucional que se ha sometido al conocimiento y decisión de este Supremo Tribunal. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra legislación adjetiva para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 numeral noveno, la acción de amparo es inadmisible cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso, extremo que ha sido advertido por esta Sala como queda dicho, razón por la cual se justifica en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, tal y como lo ordena la normativa reguladora del presente trámite.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.9 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por: el Abogado RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A.; recurso contra la providencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de abril de dos mil quince, que confirma el auto definitivo dictado en fecha veintidós (22) de enero de dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; con relación a la Demanda de Tercería de Prelación de Crédito interpuesta por los señores GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO, LOIDA ELOISA MEJIA ESPINAL, JOSÉ GUSTAVO FONSECA SIERRA y SANDRA MARIA RIVERA, contra las entidades mercantiles denominadas COMERCIAL E INVERSIONES GAD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y BANCO ATLANTIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, como acreedor hipotecario. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recuso de amparo se desprende la disconformidad del recurrente con la decisión de la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de fecha veinte (20) de abril de dos mil quince, basando sus alegatos en que el Titulo Judicial que se pretende ejecutar y que nace de la Sentencia Condenatoria recaída en la demanda de tercería de prelación promovida contra su representada (sic) “no procede en vista que formulé OPOSICIÓN al mandamiento de ejecución que se realizó por comunicación subsidiaria el día 30 de septiembre de 2014, a mi representada”, agrega quejoso que aun cuando fijo, alegó y probó que la sentencia que sirve de fundamento a la Demanda de Tercería de prelación fue dictada irregularmente. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con el acto reclamado le fueron vulnerados entre otras las declaraciones establecidas en los artículos 61 y 64 así como la garantía del debido proceso y el derecho de defensa reconocidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de la resolución reclamada, se desprende que la autoridad recurrida dispuso confirmar el auto definitivo de fecha veintidós (22) de enero de dos mil quince, en vista que estimó que la decisión del A-quo está apegada a derecho, refiriendo la Alzada que el titulo en que se basa la ejecución llena los requisitos de titulo ejecutivo, estableciendo que es liquido, actualmente exigible y lleva aparejada ejecución, asimismo establece que al no acreditarse la existencia de un proceso penal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva, que determine la falsedad de titulo o la invalidez o ilicitud del mandamiento de ejecución no procede la suspensión de la ejecución.CONSIDERANDO: Que el artículo 82 de la Constitución de la República consagra el "Derecho de Defensa", en el caso de autos se observa que no se ha afectado de ninguna manera ese derecho; hay suficientes actuaciones que dejan al descubierto que el derecho de defensa ha estado presente en la secuela del juicio, lo que conduce a afirmar que el recurrente ha tenido libre acceso a los tribunales y que sus acciones las ha desarrollado en la forma que la ley señala, y el ha tenido la posibilidad de recurrir de los proveídos que estima le causan agravios. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, abarca una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que para esta Sala, la sentencia de la Alzada en cuestión, recae sobre las pretensiones planteadas por el impetrante, logrando advertirse que en ella se consignan las razones que tuvo el Ad-quem para emitir el pronunciamiento que ha sido censurado con la acción de amparo que nos ocupa y al no establecer el recurrente otro argumento que justifique la interposición de su recurso, esta Sala de lo Constitucional debe concluir que el objeto del presente recurso de amparo no es otro que la dilación del proceso principal, con lo cual resulta a todas luces inadmisible la acción constitucional que se ha sometido al conocimiento y decisión de este Supremo Tribunal. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra legislación adjetiva para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 numeral noveno, la acción de amparo es inadmisible cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso, extremo que ha sido advertido por esta Sala como queda dicho, razón por la cual se justifica en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, tal y como lo ordena la normativa reguladora del presente trámite. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL DE JESUS ZUNIGA AGUILAR, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A.; recurso contra la providencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de abril de dos mil quince; por apreciar esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO.- VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil quince, certificación de la resolución de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil quince, recaído en el Recurso de Amparo Civil No.0536=2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
SOQ.