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Sentencia AC-492-12 — Registro 4799

Resumen

Sentencia impugnada que revoca sentencia dictada en primera instancia que admitiò denuncia de violencia domestica,fundamentando como causal de la misma el incumplimiento de pago de deuda adquirida por denunciado a nombre de denunciante,siendo revocada en segunda instancia al considerar juzgador que esta causal no es competencia para la vía constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"8): Que una lectura armónica de la disposición legal antes trascrita, en relación con lo señalado en el artículo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: Que nuestro legislador ha dejado claramente establecido los diferentes tipos de violencia domestica que se podrán suscitar en las relaciones de pareja, ahora bien no sucintándose ninguna de las conductas expresamente señaladas por la ley, esta Sala entiende que no cabra entonces que se pretenda dilucidar por esa vía jurisdiccional, un asunto no contemplado en tal normativa, en otras palabras entendemos que en el caso subexamine, siendo que entre denunciante y denunciado han existido unas cordiales relaciones sentimentales, el hecho de que la señora SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, de voluntad propia, sin ningún tipo de coacción, fuerza o ejercicio desigual del Poder, haya adquirido un préstamo bancario con el fin de entregarle ese dinero a su pareja sentimental, en el entendido de que el mismo pagaría las respectivas cuotas mensuales; por lo que el impago del referido señor de las referidas cuotas, no es una conducta que pueda ser encuadrada en violencia patrimonial o psicológica en contra de la denunciante. CONSIDERANDO (9): Que dado que la recurrente ha invocado la vulneración de la garantía constitucional del derecho de defensa preceptuado en el artículo 82 de la Constitución de la República, menester es señalar que el derecho de defensa en juicio se traduce inter alía en el derecho de las parte demandada a la comunicación previa y detallada de la demanda o acusación formulada en su contra, la concesión al demandado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, la posibilidad de presentar pruebas y manifestar libremente sus pretensiones, contar con la asistencia de un profesional del derecho de su elección o nombrado por el Estado, y acceder mediante recurso a otra instancia. En el presente caso la Sala de lo Constitucional observa que las partes tuvieron acceso a los extremos apuntados, razón por la que debe desestimarse que hubo quebrantamiento del Derecho de defensa; amen de que en reiteradas ocasiones se ha dejado establecido que no se vulnera el derecho de defensa por decisiones adversas emitidas por los órganos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (10): Que en cuanto al Derecho al Debido Proceso es importante hacer algunas reflexiones de lo que debemos entender como tal, en general el Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, presunción de inocencia, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento ( non bis ídem) y de reforma en perjuicio (no reformatio in peius), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala deviene en señalar a la recurrente que la decisión del ad-quem no vulnera en su perjuicio ni el derecho defensa ni el debido proceso, toda vez que las razones por ella esgrimidas ante esta Sala no concitan discusión en materia constitucional, teniendo la recurrente, si así lo estimare procedente la vía de la jurisdicción civil, a fin de hacer valer su derecho respecto de la deuda económica que dice le adeuda el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto esta Sala estima que en el caso de merito es procedente denegar el recurso de amparo impetrado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de junio de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, a favor de SI MISMA contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; mediante la cual se declaró: 1.- Sin lugar el recurso de Apelación, interpuesto por la abogada SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, 2.- Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada ONIX JACKELINE MANZANARES MONTOYA, 3.- Revoca la sentencia apelada, dictada en fecha dieciséis de febrero del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y 4.- Declara sin lugar la denuncia de violencia domestica interpuesta por la señora SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, contra el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ. ANTECEDENTES 1)Que en fecha siete de febrero del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES en su condición Personal, promoviendo denuncia por violencia domestica contra el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ. (Folios uno al cuatro). 2) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil doce, una vez seguido el trámite de ley correspondiente el Juzgado de Letras Especial contra la Violencia Domestica de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia mediante la cual FALLA: “1) DECLARANDO CON LUGAR la Denuncia de Violencia Domestica, interpuesta por la señora SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, contra el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ, ambos de generales ya conocidas en el preámbulo de la sentencia, tipificándose los actos ejercidos como Violencia Psicológica y Patrimonial y/o Económica…”. (Folios diez al catorce). 3) Que en fecha veinticinco de mayo del año dos mil doce, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos dicto sentencia mediante la cual: (Sic.) “FALLA: PRIMERO:1.- DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA ABOGADA SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES; 2.- DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR LA ABOGADA ONIX JACKELINE MANZANARES MONTOYA; 3.- REVOCAR LA SENTENCIA APELADA; 4. DECLARAR SIN LUGAR LA DENUNCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA INTERPUESTA POR LA SEÑORA SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, CONTRA EL SEÑOR FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ; 5.- DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUTORIAS IMPUESTAS AL SEÑOR FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE: 6.- SIN CONDENA EN COSTAS …”. (Folios cincuenta y cinco al sesenta de la pieza de antecedentes). 4) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, la recurrente Abogada SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de SI MISMA, contra la sentencia dictada por el Tribunal ad-quem y que se deja relacionada en el numeral anterior, por estimar que la misma es violatoria de los dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha doce de noviembre del año dos mil doce, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la acción de amparo impetrada. 6) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil doce, el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONSO, fiscal del Ministerio Publico emitió su opinión en el caso de mérito, dictamen por el cual después de hacer el análisis jurídico respectivo, es del parecer por que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por no existir, a su criterio la vulneración de los artículos Constitucionales invocados. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, sentencia del ad-quem que en su parte conducente señala básicamente lo siguiente: (Sic) “… Que según se pudo analizar en el caso que nos ocupa, efectivamente se dio una relación sentimental entre los señores SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES y el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ, la que fue de cortesía y respeto, pues así lo ha dejado ver la denunciante, así mismo que dentro de esa relación la señora Fonseca Valladares sin ningún tipo de violencia, intimidación, ejercicio desigual de Poder u otra conducta tendiente a degradar o anular su voluntad, autodeterminación, consintió facilitarle una determinada cantidad de dinero al denunciado, conducta esta que constituye una acción de origen civil, mas nunca puede ser entendida como violencia psicológica y patrimonial. Que por las razones anteriormente expuestas, a criterio de este Tribunal, el fallo recurrido no se encuentra arreglado a derecho por lo que procede su revocación…..” CONSIDERANDO (3): Que la recurrente de amparo se muestra en descuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, para lo cual expone en la formalización de su recurso ante esta Sala, que la sentencia proferida por el Tribunal de Alzada vulnera en primer lugar, la declaración de la inaplicabilidad de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, preceptuado en el articulo 64 de la Constitución de la República, y ello lo estima así ya que aduce que en el caso de autos, ha quedado demostrado que el denunciado se valió de engaños para inducirla a ella a la obtención de un préstamo bancario, con el fin disque de desarrollar en la comunidad de Sabana Grande un proyecto denominado Monte Carmelo, cantidad que el denunciado recibió y que prometió pagar mensualmente en la institución bancaria en donde se le había otorgado a ella el extra financiamiento, considera que la conducta del denunciado posterior, de no cumplir con el pago de las mensualidades del referido préstamo, de un dinero que ella debe, es constitutivo de violencia patrimonial en contra de su persona y de su núcleo familiar compuesto por sus dos menores hijos y su anciana madre, en ese sentido aduce la impetrante que la decisión del ad-quem no es conforme a derecho, ya que en su caso ha sido agredida económicamente por el denunciado, puesto que le hizo contraer una deuda engañándola y aprovechándose de su condición de mujer y bajo la falsa promesa de que el iba a pagar la deuda, por lo que estima que no se pueden aplicar leyes de manera errónea en perjuicio de una de las partes en el litigio, ya que esto conlleva la vulneración de sus derechos que como litigante y ofendida le asisten a ella. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente aduce la vulneración del derecho de defensa consagrado en el artículo 82 de nuestra carta magna, al respecto expone que en su caso tal vulneración se habría suscitado en tanto en cuanto no es cierto que ella tenga libre acceso a los tribunales, al resultar evidente que en los órganos jurisdiccionales se restringe tal derecho al faltar a las formalidades procedimentales ya establecidas en la ley y que los errores en que ha incurrido el Tribunal ad-quem en su perjuicio como ofendida, es negarle a ella que entre en juicio con un verdadero procedimiento legal, es decir con una verdadera tutela judicial efectiva. Dice que la decisión del Tribunal de Alzada de aceptar un recurso de apelación y revocar la sentencia apelada, esgrimiendo para ello argumentos muy diferentes a los expuestos por el a-quo, implica que a ella no se le reconoce ningún derecho como ofendida, al estar en peligro su patrimonio amen de que se le causa perjuicios psicológicos por que la institución bancaria la asedia constantemente cobrándole y por el temor fundado que tiene de que le puedan embargar los pocos bienes que con grandes sacrificios ha obtenido, por lo que considera que no puede hacer defensa de sus propios intereses ni de sus menores hijos. CONSIDERANDO (5): Que también alega la impetrante la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso preceptuada en el párrafo primero del articulo 90 constitucional, para ello señala que tal garantía con lleva dos aspectos importantes, el primero esta referido a la prohibición de que nadie puede ser juzgado por juez o tribunal incompetente, y la segunda implica el mandato que cada uno de los habitantes de la república deben ser juzgados por jueces y Tribunales competentes; señala que tal garantía constitucional se ve vulnerada con la decisión del ad-quem, ya para ese órgano jurisdiccional ha estimado correcto que al denunciado, la denunciante no lo pueda hacer que cumpla su obligación de pagar, con lo que la referida Corte de Apelaciones violenta en su perjuicio lo preceptuado en el articulo 5 numeral 4 y 7 numeral 2 párrafo ultimo de la Ley Contra la Violencia Domestica, ello debido a que en su caso se le ha menoscabado sus derechos económicos al tener que estar pagando un dinero que ella no ha disfrutado, aun y cuando el denunciado en la audiencia acepto los hechos denunciados en su contra, amen de que su salud mental se ha visto afectada causándole depresión. CONSIDERANDO (6): Que del estudio del fallo censurado en esta vía constitucional, esta Sala observa que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, ha basado su decisión argumentando básicamente que en el caso de merito habiéndose suscitado una relación de orden sentimental entre el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ y la señora SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, no cabe entonces la denuncia de Violencia domestica planteada en el orden psicológico y patrimonial por la referida señora en contra del denunciado, y ello lo estima así el Tribunal de Alzada al desprenderse de autos que el caso de merito la denunciante por propia voluntad y sin ningún tipo de coacción o ejercicio desigual de poder, contrajo un préstamo con una institución bancaria, dinero que le entrego al denunciado, con el compromiso de que este se encargaría de pagar las cuotas mensuales al banco, en ese orden de ideas estima el ad-quem que en el caso de autos habiéndose atrasado el denunciado en el pago de las cuotas, no cabe entonces la denuncia formulada en su contra por violencia patrimonial y psicológica, ya que al tenor de lo preceptuado en la Ley Contra la Violencia Domestica, el denunciado en ningún momento ha ejercido ningún tipo de violencia en contra de la denunciante, y que lo que priva en el caso de autos es una deuda entre ambos que puede dilucidarse en la jurisdicción civil. CONSIDERANDO (7): Que de la lectura de la normativa contemplada en la Ley Contra la violencia Domestica, nos encontramos con que el artículo 5 señala; “Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 1. Violencia Doméstica: Todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifieste en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica y sexual; y, 2. Ejercicio Desigual de Poder: Toda conducta dirigida a afectar, comprometer o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer por razones de género. Se consideran formas de violencia doméstica: 1. Violencia Física: Toda acción u omisión que produce un daño o menoscabo a la integridad corporal de la mujer, no tipificada como delito en el Código Penal; 2. Violencia Psicológica: Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, o que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer, ejerciendo actos en descrédito de la mujer o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, aislamiento, insultos, el chantaje, degradación, ridiculizar, manipular, explotar o amenazar con el alejamiento de los(as) hijos(as), entre otras; 3. Violencia Sexual: Toda conducta que entrañe amenaza o intimidación que afecte la integridad o la autodeterminación sexual de la mujer, tal como las relaciones sexuales no deseadas, la negación a anticoncepción y protección, entre otras, siempre que dichas acciones no se encuentren tipificadas como delito en el Código Penal; y, 4. Violencia Patrimonial y/o Económica: Todo acto u omisión que implica pérdida, transformación, negación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes muebles y/e inmuebles, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o del grupo familiar, incluyendo el menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias”. CONSIDERANDO (8): Que una lectura armónica de la disposición legal antes trascrita, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite arribar a la siguiente conclusión: Que nuestro legislador ha dejado claramente establecido los diferentes tipos de violencia domestica que se podrán suscitar en las relaciones de pareja, ahora bien no sucintándose ninguna de las conductas expresamente señaladas por la ley, esta Sala entiende que no cabra entonces que se pretenda dilucidar por esa vía jurisdiccional, un asunto no contemplado en tal normativa, en otras palabras entendemos que en el caso subexamine, siendo que entre denunciante y denunciado han existido unas cordiales relaciones sentimentales, el hecho de que la señora SUYAPA LIZETH FONSECA VALLADARES, de voluntad propia, sin ningún tipo de coacción, fuerza o ejercicio desigual del Poder, haya adquirido un préstamo bancario con el fin de entregarle ese dinero a su pareja sentimental, en el entendido de que el mismo pagaría las respectivas cuotas mensuales; por lo que el impago del referido señor de las referidas cuotas, no es una conducta que pueda ser encuadrada en violencia patrimonial o psicológica en contra de la denunciante. CONSIDERANDO (9): Que dado que la recurrente ha invocado la vulneración de la garantía constitucional del derecho de defensa preceptuado en el artículo 82 de la Constitución de la República, menester es señalar que el derecho de defensa en juicio se traduce inter alía en el derecho de las parte demandada a la comunicación previa y detallada de la demanda o acusación formulada en su contra, la concesión al demandado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, la posibilidad de presentar pruebas y manifestar libremente sus pretensiones, contar con la asistencia de un profesional del derecho de su elección o nombrado por el Estado, y acceder mediante recurso a otra instancia. En el presente caso la Sala de lo Constitucional observa que las partes tuvieron acceso a los extremos apuntados, razón por la que debe desestimarse que hubo quebrantamiento del Derecho de defensa; amen de que en reiteradas ocasiones se ha dejado establecido que no se vulnera el derecho de defensa por decisiones adversas emitidas por los órganos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (10): Que en cuanto al Derecho al Debido Proceso es importante hacer algunas reflexiones de lo que debemos entender como tal, en general el Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, presunción de inocencia, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento ( non bis ídem) y de reforma en perjuicio (no reformatio in peius), motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala deviene en señalar a la recurrente que la decisión del ad-quem no vulnera en su perjuicio ni el derecho defensa ni el debido proceso, toda vez que las razones por ella esgrimidas ante esta Sala no concitan discusión en materia constitucional, teniendo la recurrente, si así lo estimare procedente la vía de la jurisdicción civil, a fin de hacer valer su derecho respecto de la deuda económica que dice le adeuda el señor FRANCISCO ASIS ALMENDAREZ. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto esta Sala estima que en el caso de merito es procedente denegar el recurso de amparo impetrado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS con fundamento en los artículos 1, 59, 62, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta reformado., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 13, 14, 19, 20 y 21 de Ley Contra la Violencia Domestica; 1, 2, 3 Nº 2) y 6), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 56, 63 y 72 de la Ley de Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada SUYAPA LIZETH FOSECA VALLADARES, a favor de SI MISMA contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. NOTIFIQUESE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete días del mes de julio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha uno de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo Civil, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0492=12.

CARLOS ALBERTO ALMEDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUIONAL.