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Sentencia AC-441-12 — Registro 4853

Resumen

Resolución que estima oposición consistente en nulidad del mandamiento de ejecución, por no ser vencida y exigible la obligación (titulo)en que se fundamenta demanda de merito promovida por impetrante a través de la Procuraduría General de la República de ejecución de título ejecutivo extrajudicial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veintiocho de febrero de dos mil doce; se aprecia que la Corte recurrida concluye que al analizar el caso de merito el Artículo 94 de la misma Ley Orgánica, refiriéndose al Tribunal Superior de Cuentas, preceptúa que se entenderá firme o ejecutoriada la Resolución, cuando el o los afectados se confirmaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal. En el presente caso, esta acreditado que se encuentra pendiente de resolución, el recurso de reposición interpuesto por una de las personas a quienes afecta la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, de donde resulta que esta no ha adquirido firmeza y por lo tanto no tiene el carácter de titulo ejecutivo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmó resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, con relación a la demanda de ejecución de un título ejecutivo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA. La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALVA GLADIS AGUILAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, con relación a la demanda de ejecución de un título ejecutivo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S

  1. Que en fecha once de febrero del año dos mil once, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República de Honduras y por ende Representante legal del ESTADO DE HONDURAS, presentado demanda de ejecución de un título ejecutivo extrajudicial contra la señora ALEX SANDRA OSORTO RAMOS. (Folios 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes).

  2. Que en fecha cuatro de octubre de dos mil once, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, RESOLVIÓ: “PRIMERO: Estimar la oposición consistente en nulidad del mandamiento de ejecución, por no ser vencida y exigible la obligación en que se fundamenta esta demanda, es decir el pliego de responsabilidad civil, por un valor de Doscientos dos mil ochocientos noventa y dos lempiras con ochenta centavos, por no existir documentación soporte que justifique un faltante de efectivo al efectuar la revisión del movimiento de ingresos y egresos de los fondos obtenidos por la Municipalidad de Reitoca, interpuesta por la ejecutada señora Alex Sandra Osorto Ramos, en la demanda de ejecución de título extrajudicial que le promoviera el Estado de Honduras a través de la Procuradora General de la República.- SEGUNDO: Declárese sin lugar el procedimiento de ejecución, por no estar aun vencido y exigible el titulo de ejecución en que se fundamenta la demanda.- TERCERO: Sin costas a la parte ejecutante porque su acción se fundamenta en la resolución número 237/2008-SG-TSC y contra la ejecutada Alex Sandra Osorto Ramos, no interpuso recurso alguno.” (Folio 70 a 72 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por la Abogada ALVA GLADIS AGUILAR, en su condición de Representante Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra sentencia relacionada en el inciso que antecede, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, dictó sentencia mediante la cual FALLÒ:”1. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION.- 2.- CONFIRMAR LA RESOLUCION APELADA.” (Folio 08 al 10 de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que la recurrente Abogada ALVA GLADIS AGUILAR compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de junio del año dos mil doce, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veintiocho de febrero del dos mil doce, la cual considera violatorio de los dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis de octubre del año dos mil doce. 5) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, el Ministerio Público a través del fiscal Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, emitió dictamen siendo del parecer porque SE SOBRESEA el recurso de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES(3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veintiocho de febrero de dos mil doce, que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, con relación a la demanda de ejecución de un título ejecutivo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, con la que la recurrente Abogada ALVA GLADIS AGUILAR, expone su disconformidad por estimar que la misma es violatoria de varias garantías constitucionales, ya que en el caso que nos ocupa el desvanecimiento para aun responsable, no necesariamente conlleva el desvanecimiento para otro responsable. Por tal razón la responsabilidad civil de la señora Sandra Osorto Ramos, es individual y la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas es firme; y, en consecuencia su carácter es indubitado y titulo ejecutivo en la demanda que nos ocupa. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha ocho de noviembre de dos mil doce, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, es de la opinión que no encuentra el fundamento para sostener que el Artículo 90 Constitucional se ha infringido; ya que en la diligencias se observa que los funcionarios intervinientes son los naturales que para ello se han establecido; que son ellos los que la organización judicial del Estado ha encomendado para resolver litis como la presente y todas aquellas contiendas que en su jurisdicción y competencia se presenten. Los funcionarios de los órganos jurisdiccionales al hacer uso de sus facultades han observado las formalidades y derechos que no sólo la Magna Carta establece, sino también la ley secundaria que regula la materia. En tal razón sugiere respetuosamente, que en este caso se sobresea la demanda. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha veintiocho de febrero de dos mil doce; se aprecia que la Corte recurrida concluye que al analizar el caso de merito el Artículo 94 de la misma Ley Orgánica, refiriéndose al Tribunal Superior de Cuentas, preceptúa que se entenderá firme o ejecutoriada la Resolución, cuando el o los afectados se confirmaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal. En el presente caso, esta acreditado que se encuentra pendiente de resolución, el recurso de reposición interpuesto por una de las personas a quienes afecta la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, de donde resulta que esta no ha adquirido firmeza y por lo tanto no tiene el carácter de titulo ejecutivo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmó resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta Sección Judicial, en fecha cuatro de octubre del año dos mil once, con relación a la demanda de ejecución de un título ejecutivo extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 441-p657-p670=12.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.