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Sentencia AC-312-14 — Registro 4798

Resumen

Sentencia impugnada que declaró con lugar el Recurso de Apelación y revocó la Sentencia de primera instancia,declarando con lugar la demanda de desahucio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece; se aprecia que la Corte recurrida basa principalmente su sentencia que al haber un contrato, se le debe dar cumplimiento al mismo, de todo lo cual deriva que al demandante no se le puede violentar bajo los argumentos utilizados por la demandada el constitucional derecho a la propiedad privada, que legítimamente le asiste, luego también que el contrato de arrendamiento tiene valor al no impugnarse el mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar con lugar el Recurso de Apelación y revocar la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo del año dos mil trece, con relación a la demanda de desahucio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida por el Señor ONAN PORTILLO contra la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO ISIDRO a favor de la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil trece, que declaró con lugar el Recurso de Apelación y revocó la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo del año dos mil trece, con relación a la demanda de desahucio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida por el Señor ONAN PORTILLO contra la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EMETERIO ERNESTO RODRIGUEZ MEJIA en su condición de Apoderado Legal del Señor ONAN PORTILLO, promoviendo demanda de desahucio por la vía del proceso abreviado no dispositivo y pago de mensualidades no pagadas en concepto de mora, en contra de la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo del año dos mil trece, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la Demanda de Desahucio, en materia de Inquilinato mediante el proceso abreviado pago de mensualidades no pagadas en concepto de mora. SEGUNDO: Contra esta resolución cabe el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante el Juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el día siguiente a la notificación de aquella.-” (Folios ciento treinta y ocho (138) al ciento cuarenta (140) de la pieza de primera instancia). 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado EMETERIO ERNESTO RODRIGUEZ MEJIA en su condición de Apoderado Legal del Señor ONAN PORTILLO, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil trece, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación del que se ha hecho mérito.- SEGUNDO: REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, de fecha nueve de Mayo del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en la DEMANDA DE DESAHUCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, PAGO DE MENSUALIDADES NO PAGADAS EN CONCEPTO DE MORA, promovida por el Abogado EMETERIO ERNESTO RODRIGUEZ MEJIA, en su condición de Apoderado Legal del Señor ONAN PORTILLO, contra la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; TERCERO: DECLARADO CON LUGAR la DEMANDA DE DESAHUCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, PAGO DE MENSUALIDADES NO PAGADAS EN CONCEPTO DE MORA, promovida por el Abogado EMETERIO ERNESTO RODRIGUEZ MEJIA, en su condición de Apoderado Legal del Señor ONAN PORTILLO, contra la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA.” (Folios nueve (09) al trece (13) de la pieza de segunda instancia). 4) Que el recurrente Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO I., compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós de noviembre del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción el recurrente de manera puntual, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que con fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES(3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil trece, que declaró con lugar el Recurso de Apelación y revocó la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo del año dos mil trece, con relación a la demanda de desahucio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida por el Señor ONAN PORTILLO contra la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ; con la que el recurrente Abogado ALEX DAGOBERTO MALDONADO ISIDRO, expone su disconformidad por estimar que la misma es violatoria de varias garantías constitucionales, ya que en el caso que nos ocupa la Corte de Apelaciones, al expresar “que no existe ninguna sentencia dictada por Juzgado competente mediante la que se declare la nulidad del contrato de arrendamiento que presentó el demandante”, dejando por fuera los hechos controvertidos de la demanda, cuando la señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ, siempre ha rechazado los hechos, aduciendo de la demanda aduciendo que el contrato de arrendamiento que el señor ONAN PORTILLO ha logrado acreditar en juicio, el mismo se obtuvo sin cumplir los requisitos esenciales para su validez. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, es de la opinión que no encuentra el fundamento para sostener que el Artículo 90 Constitucional se ha infringido; ya que en la diligencias se observa el Ad-Quem considero que durante el proceso quedó demostrado la propiedad del inmueble de parte del demandante, al igual que la relación contractual nacida del arrendamiento entre la demandada y el demandado, que ha sido quebrantado por parte de la demandada por incumplimiento. Señalando además que si bien es cierto en los argumentos de la defensa manifestó que no había firmado ningún contrato, el amparista debió seguir el procedimiento que establece el Artículo 439 del Código Procesal Civil; y, solicitar la nulidad del contrato presentado. En tal razón sugiere respetuosamente, que en este caso se deniegue la demanda. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción civill, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil trece; se aprecia que la Corte recurrida basa principalmente su sentencia que al haber un contrato, se le debe dar cumplimiento al mismo, de todo lo cual deriva que al demandante no se le puede violentar bajo los argumentos utilizados por la demandada el constitucional derecho a la propiedad privada, que legítimamente le asiste, luego también que el contrato de arrendamiento tiene valor al no impugnarse el mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico-jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar con lugar el Recurso de Apelación y revocar la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo del año dos mil trece, con relación a la demanda de desahucio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida por el Señor ONAN PORTILLO contra la Señora LESLIN LABINIA MIRALDA MARTINEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto el Magistrado GARCIA GARCÍA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado bajo el número SCO-0312-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL