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Sentencia AC-19-15 — Registro 4789

Resumen

Resolución que confirma improcedencia de nulidad de actuaciones con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial promovida por la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., en contra de recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que examinado el escrito de la interposición del amparo se puede apreciar que el recurrente estima que con el acto reclamado se han quebrantado entre otros los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la resolución censurada, emitida por la Alzada, es considerada por el impetrante violatoria del Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por presumir no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Esta Sala aprecia sin embargo, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley adjetiva, indicándole al repitente que las pretensiones de anulación del traspaso deben ser objeto de otra acción, no siendo posible por tal pronunciarse sobre dicha petición. Por lo que del análisis anterior, esta Sala de lo Constitucional advierte que la decisión del Tribunal de segunda instancia, está acorde con la normativa legal que rige la materia y por consiguiente, no se estima violatoria de ninguna de las garantías constitucionales que invoca el impetrante. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., doce de mayo de dos mil quince. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OMAR FRANCISCO CANALES CILIEZAR, a favor de la señora CARMEN ELIZABETH TABORA CASTILLO; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que confirma el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce; con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial promovida por la sociedad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., en contra de la señora CARMEN ELIZABETH TABORA CASTILLO. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado el recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la procedencia o improcedencia de la Nulidad Absoluta de Actuaciones alegada. CONSIDERANDO: Que examinado el escrito de la interposición del amparo se puede apreciar que el recurrente estima que con el acto reclamado se han quebrantado entre otros los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la resolución censurada, emitida por la Alzada, es considerada por el impetrante violatoria del Derecho de Defensa y la Garantía del Debido Proceso, por presumir no ha sido juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Esta Sala aprecia sin embargo, que los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto en sus respectivas resoluciones, aplicaron correctamente lo dispuesto por la ley adjetiva, indicándole al repitente que las pretensiones de anulación del traspaso deben ser objeto de otra acción, no siendo posible por tal pronunciarse sobre dicha petición. Por lo que del análisis anterior, esta Sala de lo Constitucional advierte que la decisión del Tribunal de segunda instancia, está acorde con la normativa legal que rige la materia y por consiguiente, no se estima violatoria de ninguna de las garantías constitucionales que invoca el impetrante. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OMAR FRANCISCO CANALES CILIEZAR, a favor de la señora CARMEN ELIZABETH TABORA CASTILLO; contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; estimando además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la resolución de fecha doce de mes de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo civil, registrado en este Tribunal con el número 0019-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.