Sentencia AC-189-12 — Registro 4786
Resumen
Resolución que revocó demanda de Tercería de Concurrencia de Pago declarada con lugar, promovida por recurrentes como opositores contra sociedades mercantiles, sosteniendo la Sala los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
9): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que lo contenido en el Titulo III, Capitulo I, artículo 64 de la Constitución de la República, es de observancia obligatoria, disposición que señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, ello en relación a lo establecido en el Capitulo V, del Titulo supra señalado, articulo 128.4 que a la letra dispone: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: … 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley;…”, en este mismo orden de ideas la Constitución declara que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, la dignidad del ser humano es inviolable, así mismo establece la Constitución de la República que todos los hondureños son iguales ante la ley y es conforme a estas declaraciones establecidas en la Constitución de la República como ley suprema de aplicación obligatoria a la que están supeditados los órganos judiciales y administrativos al momento de emitir sus respectivas resoluciones. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 4 del Código Civil que establece: “Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás leyes especiales, se aplicarán con preferencia a los de este código”, es por ello que la clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo alcance, importancia, fines o consecuencias; de allí la clasificación en leyes generales y especiales. Las primeras son concebidas y elaboradas para regir situaciones corrientes y aplicables a la generalidad de las personas y casos, las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir van dirigidas a resolver un hecho individual o particular, constituyen en definitiva un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a ocasiones específicas. Por ello el artículo 374 del Código del Trabajo conceptúa: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año, o por indemnizaciones en dinero a que tenga derecho a la terminación de sus contratos de trabajo, y las prestaciones sociales, se considerarán singularmente privilegiados. En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, succión u otros similares, el curador, sindico, depositario o ejecutor testamentario, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta (30) días siguientes al reconocimiento formal que el Juez de Trabajo haga de dichos créditos, o en el momento que hayan fondos , si al vencer este plazo no los hubiere del todo”, es por ello que la ley especial se aplicará con preferencia a las disposiciones establecidas en el Código Civil, precisamente por tratarse de leyes especiales, que rigen a sujetos y situaciones particulares de la convivencia humana. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso de autos se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 .4 (Rango Constitucional)
- Código Civil, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 374 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
9): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que lo contenido en el Titulo III, Capitulo I, artículo 64 de la Constitución de la República, es de observancia obligatoria, disposición que señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, ello en relación a lo establecido en el Capitulo V, del Titulo supra señalado, articulo 128.4 que a la letra dispone: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: … 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley;…”, en este mismo orden de ideas la Constitución declara que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, la dignidad del ser humano es inviolable, así mismo establece la Constitución de la República que todos los hondureños son iguales ante la ley y es conforme a estas declaraciones establecidas en la Constitución de la República como ley suprema de aplicación obligatoria a la que están supeditados los órganos judiciales y administrativos al momento de emitir sus respectivas resoluciones. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 4 del Código Civil que establece: “Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás leyes especiales, se aplicarán con preferencia a los de este código”, es por ello que la clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo alcance, importancia, fines o consecuencias; de allí la clasificación en leyes generales y especiales. Las primeras son concebidas y elaboradas para regir situaciones corrientes y aplicables a la generalidad de las personas y casos, las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir van dirigidas a resolver un hecho individual o particular, constituyen en definitiva un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a ocasiones específicas. Por ello el artículo 374 del Código del Trabajo conceptúa: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año, o por indemnizaciones en dinero a que tenga derecho a la terminación de sus contratos de trabajo, y las prestaciones sociales, se considerarán singularmente privilegiados. En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, succión u otros similares, el curador, sindico, depositario o ejecutor testamentario, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta (30) días siguientes al reconocimiento formal que el Juez de Trabajo haga de dichos créditos, o en el momento que hayan fondos , si al vencer este plazo no los hubiere del todo”, es por ello que la ley especial se aplicará con preferencia a las disposiciones establecidas en el Código Civil, precisamente por tratarse de leyes especiales, que rigen a sujetos y situaciones particulares de la convivencia humana. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso de autos se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 .4 (Rango Constitucional)
- Código Civil, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 374 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de Junio del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA a favor de los señores GINNIE WALESKA ÁVILA HERNÁNDEZ, LUIS GUSTAVO ÁVILA, JOSE EDILFONSO PÉREZ SALGADO, CARLOS ENRIQUE GARCIA, MARIA ARGENTINA OCHOA, ARNALDO LUIS RAMOS, GONZALO AMAYA TORRES, MARCO ANTONIO RAMOS MERCADO, FANNY SIREY VILLAFRANCA QUIOTO, BRENDA IDANIA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, HERNÁN APARICIO ORTEGA, BLANCA ARACELY MEZA, ALEJANDRO LEONEL ROSALES, MARIA EDELMIRA ENAMORADO CABALLERO, IVONNE XIOMARA GARCIA MURILLO, RAMÓN LEONEL LAZO ROMERO, LOANY BEATRIZ CHAMORRO GOTAY, CARLOS ULISES CRUZ CARCAMO, JUAN RAMÓN CRESPO HERNÁNDEZ, MARCOS MAURICIO SEVILLA BENITEZ, PAOLA GRACIBEL GOCHEZ RUIZ, GLORIA CRISTINA CASTILLO CRUZ, ANGEL ALBINO ARRIAGA LOPEZ, DENYS ARTURO SÁNCHEZ ARGEÑAL, HUGO JAVIER MARTINEZ POSAS, AMILCAR FLORES LAINEZ, MARIO ERNESTO MOLINA CONTRERAS (salvadoreño) y MARIO ALBERTO OCON PRAVIA (nicaragüense), contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, que declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de julio de dos mil nueve; con relación a la Demanda de Tercería de Concurrencia de Pago por Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos promovida por el abogado CECILIO SEVILLA LEIVA contra la empresa mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS S. de R. L. representada por el señor ROBERTO CARLOS ECHENIQUE SALGADO. Estima el recurrente que dicho fallo produce efectos negativos que lesiona el debido proceso, violentando los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 64, 90, 103, y 128 numeral 4) de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de marzo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado CECILIO SEVILLA LEIVA promoviendo Demanda de Tercería de Concurrencia de Pago por Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos, Suspensión de la Enajenación del Bien Embargado, contra los señores CARLOS ROBERTO ECHENIQUE SALGADO, en su condición de Apoderado Legal de la empresa mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS S. de R.L., y JOSE PASTOR en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil denominada BANCO HSBC HONDURAS S.A., en la Demanda Ejecutiva promovida por BANCO HSBC HONDURAS S.A. contra el señor LUIS AREVALO RAMIREZ en su doble condición como representante de la Sociedad Mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS S. de R. L. y como Aval personal y solidario. 2) Que en fecha dos de julio de dos mil nueve, el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia definitiva mediante la cual falla: “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la tercería de concurrencia promovida por el Licenciado Cecilio Sevilla Leiva, en su condición de apoderado legal de los señores: 1)Ginnie Waleska Ávila Hernández, 2)Luis Gustavo Ávila, 3)José Edilfonso Pérez Salgado, 4)Carlos Enrique García, 5)Maria Argentina Ochoa, 6)Arnaldo Luis Ramos, 7)Gonzalo Amaya Torres, 8)Marco Antonio Ramos Mercado, 9)Fanny Sirey Villafranca Quioto, 10)Brenda Idania Hernández Vásquez, 11)Hernán Aparicio Ortega, 12)Blanca Aracely Meza, 13) Alejandro Leonel Rosales, 14) Maria Edelmira Enamorado Caballero, 15)Ivonne Xiomara García Murillo, 16)Ramón Leonel Lazo Romero, 17)Loany Beatriz Chamorro Gotay, 18)Carlos Ulises Cruz Cárcamo, 19)Juan Ramón Crespo Hernández, 20)Marcos Mauricio Sevilla Benítez, 21)Paola Gracibel Gochez Ruiz, 22)Gloria Cristina Castillo Cruz, 23)Angel Albino Arriaga López, 24)Denys Arturo Sánchez Argeñal, 25)Hugo Javier Martínez Poza, 26) Amilcar Flores Lainez, 27)Mario ErnestO Molina Contreras y 28)Mario Alberto Ocón Pravia, contra el señor Luis Arévalo Ramírez, como representante de la sociedad Atlantic Airlines de Honduras S. de R.L. y en su condición personal como Aval Solidario, y contra Banco HSBC Honduras S. A., representada por el presidente del Consejo de Administración señor José Pastor, en consecuencia condena al pago de tres millones ciento nueve mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con trece centavos (L. 3,109,254.13) a favor del Tercerista.- SEGUNDO: Que se devuelva al Ejecutante la cantidad de un millón quinientos diez mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y siete centavos (L. 1,510,745.87), cantidad que corresponde al remanente de la garantía rendida en juicio, para efectos de escrituración.- …” (Folios 78 al 79 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE JOAQUIN LIZANO CASCO, en su condición de apoderado legal del BANCO HSBC HONDURAS S.A., contra la sentencia definitiva de fecha dos de julio de dos mil nueve, emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán (Sic) “ FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN; 2) REVOCANDO LA SENTENCIA APELADA……..”(Folios del 18 y 19 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA, compareció ante este Tribunal en fecha nueve de marzo de dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor de los señores GINNIE WALESKA ÁVILA HERNÁNDEZ, LUIS GUSTAVO ÁVILA, JOSE EDILFONSO PÉREZ SALGADO, CARLOS ENRIQUE GARCIA, MARIA ARGENTINA OCHOA, ARNALDO LUIS RAMOS, GONZALO AMAYA TORRES, MARCO ANTONIO RAMOS MERCADO, FANNY SIREY VILLAFRANCA QUIOTO, BRENDA IDANIA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, HERNÁN APARICIO ORTEGA, BLANCA ARACELY MEZA, ALEJANDRO LEONEL ROSALES, MARIA EDELMIRA ENAMORADO CABALLERO, IVONNE XIOMARA GARCIA MURILLO, RAMÓN LEONEL LAZO ROMERO, LOANY BEATRIZ CHAMORRO GOTAY, CARLOS ULISES CRUZ CARCAMO, JUAN RAMÓN CRESPO HERNÁNDEZ, MARCOS MAURICIO SEVILLA BENITEZ, PAOLA GRACIBEL GOCHEZ RUIZ, GLORIA CRISTINA CASTILLO CRUZ, ANGEL ALBINO ARRIAGA LOPEZ, DENYS ARTURO SÁNCHEZ ARGEÑAL, HUGO JAVIER MARTINEZ POSAS, AMILCAR FLORES LAINEZ, MARIO ERNESTO MOLINA CONTRERAS (salvadoreño) y MARIO ALBERTO OCON PRAVIA (nicaragüense), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, violenta los derechos y garantías contenidos en los artículos 64, 90 párrafo primero, 103 y 128 numeral 4) de la Constitución de la República. 5) Que en fecha uno de octubre del año dos mil doce, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. (Folio 24 de la pieza de amparo). 6) Que con fecha tres de diciembre de dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma el dictamen presentado por el abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que se sobresea sin más trámite el recurso de amparo interpuesto. (Folio 27, 28 y 29 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que en el recurrente Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, interponiendo acción de amparo a favor de los señores GINNIE WALESKA ÁVILA HERNÁNDEZ, LUIS GUSTAVO ÁVILA, JOSE EDILFONSO PÉREZ SALGADO, CARLOS ENRIQUE GARCIA, MARIA ARGENTINA OCHOA, ARNALDO LUIS RAMOS, GONZALO AMAYA TORRES, MARCO ANTONIO RAMOS MERCADO, FANNY SIREY VILLAFRANCA QUIOTO, BRENDA IDANIA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, HERNÁN APARICIO ORTEGA, BLANCA ARACELY MEZA, ALEJANDRO LEONEL ROSALES, MARIA EDELMIRA ENAMORADO CABALLERO, IVONNE XIOMARA GARCIA MURILLO, RAMÓN LEONEL LAZO ROMERO, LOANY BEATRIZ CHAMORRO GOTAY, CARLOS ULISES CRUZ CARCAMO, JUAN RAMÓN CRESPO HERNÁNDEZ, MARCOS MAURICIO SEVILLA BENITEZ, PAOLA GRACIBEL GOCHEZ RUIZ, GLORIA CRISTINA CASTILLO CRUZ, ANGEL ALBINO ARRIAGA LOPEZ, DENYS ARTURO SÁNCHEZ ARGEÑAL, HUGO JAVIER MARTINEZ POSAS, AMILCAR FLORES LAINEZ, MARIO ERNESTO MOLINA CONTRERAS y MARIO ALBERTO OCON PRAVIA, por considerar que la sentencia definitiva emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 90 y 128.4 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que el caso que nos ocupa tiene su génesis en fecha once de marzo del año dos mil nueve, fecha en que el Licenciado CECILIO SEVILLA LEIVA, en su condición de Apoderado Judicial de los señores indicados en el acápite anterior, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, interponiendo Demanda de Tercería de Concurrencia de Pago por Prestaciones Laborales y derechos Adquiridos, contra los señores CARLOS ROBERTO ECHENIQUE SALGADO, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil denominada ATLANTIC AIRLINES DE HONDURAS S. de R.L., y JOSE PASTOR en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil BANCO HSBC HONDURAS S.A. CONSIDERANDO (4): Que una vez agotado todo el proceso, y llegado el momento procesal para ello, se celebró Audiencia de Tercería de Concurrencia en fecha trece de mayo del año dos mil nueve, y en virtud de no haber hechos que probar el A-quo señalo fecha para dictar sentencia con citación a las partes, sentencia definitiva que se dictó el dos de julio del año dos mil nueve, en la cual el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, (sic) “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la tercería de concurrencia promovida por el Licenciado Cecilio Sevilla Leiva, en su condición de apoderado legal de los señores: 1)Ginnie Waleska Ávila Hernández, 2)Luis Gustavo Ávila, 3)José Edilfonso Pérez Salgado, 4)Carlos Enrique García, 5)Maria Argentina Ochoa, 6)Arnaldo Luis Ramos, 7)Gonzalo Amaya Torres, 8)Marco Antonio Ramos Mercado, 9)Fanny Sirey Villafranca Quioto, 10)Brenda Idania Hernández Vásquez, 11)Hernán Aparicio Ortega, 12)Blanca Aracely Meza, 13) Alejandro Leonel Rosales, 14) Maria Edelmira Enamorado Caballero, 15)Ivonne Xiomara García Murillo, 16)Ramón Leonel Lazo Romero, 17)Loany Beatriz Chamorro Gotay, 18)Carlos Ulises Cruz Cárcamo, 19)Juan Ramón Crespo Hernández, 20)Marcos Mauricio Sevilla Benítez, 21)Paola Gracibel Gochez Ruiz, 22)Gloria Cristina Castillo Cruz, 23)Angel Albino Arriaga López, 24)Denys Arturo Sánchez Argeñal, 25)Hugo Javier Martínez Poza, 26) Amilcar Flores Lainez, 27)Mario ErnestO Molina Contreras y 28)Mario Alberto Ocón Pravia, contra el señor Luis Arévalo Ramírez, como representante de la sociedad Atlantic Airlines de Honduras S. de R.L. y en su condición personal como Aval Solidario, y contra Banco HSBC Honduras S. A., representada por el presidente del Consejo de Administración señor José Pastor, en consecuencia condena al pago de tres millones ciento nueve mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con trece centavos (L. 3,109,254.13) a favor del Tercerista.- SEGUNDO: Que se devuelva al Ejecutante la cantidad de un millón quinientos diez mil setecientos cuarenta y cinco lempiras con ochenta y siete centavos (L. 1,510,745.87), cantidad que corresponde al remanente de la garantía rendida en juicio, para efectos de escrituración.- …” (Folios 78 y 79 de la primera pieza de los antecedentes). CONSIDERANDO (5): Que a folios ochenta y seis al noventa de la primera pieza de antecedentes, corre agregado el escrito de Recurso de Apelación y expresión de agravios, interpuesto por el Abogado JOSE JOAQUIN LIZANO CASCO, en su condición de apoderado Legal del BANCO HSBC HONDURAS S.A., como parte ejecutante en la Demanda de Tercería de Concurrencia de Pago, contra la resolución supra indicada y dictada por el A-quo, alegando el Ejecutante que en la audiencia celebrada se allanó parcialmente a los hechos alegados por el tercerista, así mismo expone que el deudor se encuentra en posesión de otros bienes que pueden perfectamente ser perseguidos por el Opositor a efecto de garantizar el pago de lo adeudado a sus representados, alega el Ejecutante que el A-quo no diferencio que el derecho privilegiado del Opositor no tiene características de Titulo de Crédito, ya que emana de una sentencia donde se le declara un derecho y el de su representada si es un Crédito Hipotecario, el cual consta en instrumento público, continúa argumentando el Ejecutante en los Agravios que causa a su representada la sentencia dictada por el A-quo, que el Opositor no debió incoar una Tercería de Concurrencia de Pagos, sino una Tercería de Preferencia o de Prelación de Créditos ya que el Juzgado que conoce de la causa debe declarar mediante el procedimiento ordinario la preferencia o prelación del crédito de un tercerista para ser pagado. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Ejecutante, contra la sentencia definitiva dictada por el A-quo en fecha dos de julio del año dos mil nueve, emitió sentencia mediante la cual falló: 1) DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION; 2) REVOCANDO LA SENTENCIA APELADA (Folios 18 y 19 de la segunda pieza de los antecedentes). CONSIDERANDO (7): Que el opositor Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA, en fecha nueve de marzo del año dos mil doce, interpuso recurso de amparo, alegando que la sentencia del Ad-quem produce efectos negativos que lesiona el derecho al debido proceso, dándole prioridad al Derecho Mercantil sobre el Derecho Social, derechos y garantías contenidos en el artículos 64, 90 y 128 numeral 4 de la Constitución de la República, principio que desconoció la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, como ser el obtener del órgano jurisdiccional competente una resolución de fondo y apegada a derecho. CONSIDERANDO (8): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho de obtener una resolución de fondo justa y apegada a derecho, establecida dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que lo contenido en el Titulo III, Capitulo I, artículo 64 de la Constitución de la República, es de observancia obligatoria, disposición que señala: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, ello en relación a lo establecido en el Capitulo V, del Titulo supra señalado, articulo 128.4 que a la letra dispone: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: … 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la Ley;…”, en este mismo orden de ideas la Constitución declara que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, la dignidad del ser humano es inviolable, así mismo establece la Constitución de la República que todos los hondureños son iguales ante la ley y es conforme a estas declaraciones establecidas en la Constitución de la República como ley suprema de aplicación obligatoria a la que están supeditados los órganos judiciales y administrativos al momento de emitir sus respectivas resoluciones. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 4 del Código Civil que establece: “Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería y demás leyes especiales, se aplicarán con preferencia a los de este código”, es por ello que la clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo alcance, importancia, fines o consecuencias; de allí la clasificación en leyes generales y especiales. Las primeras son concebidas y elaboradas para regir situaciones corrientes y aplicables a la generalidad de las personas y casos, las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir van dirigidas a resolver un hecho individual o particular, constituyen en definitiva un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a ocasiones específicas. Por ello el artículo 374 del Código del Trabajo conceptúa: “Los créditos a favor de los trabajadores por salarios devengados en el último año, o por indemnizaciones en dinero a que tenga derecho a la terminación de sus contratos de trabajo, y las prestaciones sociales, se considerarán singularmente privilegiados. En caso de insolvencia, concurso, quiebra, embargo, succión u otros similares, el curador, sindico, depositario o ejecutor testamentario, estarán obligados a pagarlos dentro de los treinta (30) días siguientes al reconocimiento formal que el Juez de Trabajo haga de dichos créditos, o en el momento que hayan fondos , si al vencer este plazo no los hubiere del todo”, es por ello que la ley especial se aplicará con preferencia a las disposiciones establecidas en el Código Civil, precisamente por tratarse de leyes especiales, que rigen a sujetos y situaciones particulares de la convivencia humana. CONSIDERANDO (11): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (12): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso de autos se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 64, 90, 128.4, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 y 17, 19 y 20 del Código Civil; 374 del Código del Trabajo; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, DICTADA POR LA CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de julio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 189-p383-p399=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIZ
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.