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Sentencia AC-150-13 — Registro 4792

Resumen

Sentencia impugnada que declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia que declara con lugar la demanda de Prescripción Adquisitiva de Servidumbre de Tránsito por la vía del Proceso Declarativo abreviado dispositivo,promovida contra impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (5): Que respecto de lo alegado por el recurrente, esta Sala deviene en el deber de considerar si efectivamente la sentencia pronunciada por el ad-quem ha concitado las vulneraciones constitucionales invocadas; en ese orden de ideas será menester entonces establecer si el Tribunal de alzada, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en fecha siete de noviembre de dos mil once por el a-quo, y a su vez confirmar la sentencia apelada, vulnera o no el derecho al debido proceso y las garantías constitucionales respecto de la propiedad privada.CONSIDERANDO (6): Que del análisis de la sentencia que se impugna en esta vía constitucional esta Sala considera que las razones factico jurídicas que ha expuesto el Tribunal de Alzada para decretar la referida resolución, son conforme a derecho, y por ende no se vulnera con la misma las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y ello se estima así puesto que el caso de autos se constata de los antecedentes lo siguiente: a) Que la parte demandante en el caso subexamine ha acreditado la necesidad que le asiste de tener acceso a la vía publica, mediante una servidumbre de transito a través del predio que corresponde a la parte demandada; y b) Que también de los antecedentes se constata que la parte solicitante de la servidumbre de transito cumple con el tiempo requerido para adquirir la misma por prescripción, por lo cual el Tribunal de Alzada ha confirmado la resolución dictada por el a-quo. En ese orden de ideas y por las razones anteriormente apuntadas esta Sala concluye que en el caso de autos no se han producido las vulneraciones constitucionales alegadas por el recurrente.CONSIDERANDO (7): Que al hilo del razonamiento expuesto esta Sala de lo Constitucional estima que la sentencia dictada por el Tribunal ad-quem esta apegada a derecho, consecuentemente el amparo interpuesto por el recurrente debe ser denegado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de febrero de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado OMAR ORLANDO PERAZA PERAZA, a favor de los señores JOSE MARIA SOSA BARAHONA, ALFONSO ALEMAN y CLAUDIA ALEMAN RAMOS, contra la sentencia dictada en fecha once (11) de diciembre del año dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha siete (7) de noviembre del año dos mil once (2011),por el Juzgado de Letras Civil de esa misma ciudad, con relación a la demanda para la prescripción adquisitiva de servidumbre de tránsito promovida por el señor JOSE RICARDO TREJO FUNEZ, contra los señores JOSE MARIA SOSA BARAHONA, ALFONSO ALEMAN y CLAUDIA ALEMAN RAMOS. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado ADELMO HERNANDEZ HERNANDEZ, en su condición de apoderado legal del señor JOSE RICARDO TREJO FUNEZ, interponiendo Demanda de Prescripción Adquisitiva de Servidumbre de Tránsito por la vía del Proceso Declarativo Abreviado Dispositivo contra los señores JOSE MARIA SOSA BARAHONA, ALFONSO ALEMAN y CLAUDIA ALEMAN RAMOS.2) Que en fecha siete (7) de noviembre del año dos mil once (2011), continuado que fue el proceso el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, profirió fallo: (Sic.) “I.- Estimando la demanda de prescripción adquisitiva de servidumbre de transito por la vía del proceso declarativo abreviado dispositivo. II.- ordenando que se proceda a medir y deslindar la parte del terreno en la cual se va imponer el gravamen que va a registrar a ser utilizado por las personas que tienen el justo titulo del predio dominante y otras, es decir el camino mas corto que fue constatado mediante el reconocimiento Judicial, misma que se reglara por un perito que se nombre al efecto por este Juzgado, pudiendo realizar el propietario del predio dominante todas las obras necesarias para poder hacer uso de la servidumbre de transito. III.- Que por medio de perito se valore los daños causados por el cierre de la servidumbre por el termino al que se decreto la media cautelar y se le sean calculados para el pago al señor Ricardo Trejo, mandando a quitar el portón de manera permanente dejando libre la servidumbre. IV.- Que se mantenga la medida cautelar adoptada una vez que sea firme y ejecutoria la presente sentencia, que consta en pieza separada a este Juicio, todo en virtud de que la ejecución de esta sentencia se lleve a cabo en el menor tiempo posible en virtud de estar declarado mediante esta resolución el derecho del demandante, así como de tener la calidad de título Judicial y de haber sido vencida en juicio la contraparte. Asimismo que se procede a librar mandamiento al Instituto de la Propiedad, a efecto de inscribir dicho gravamen en el asiento numero 2 del tomo 5555 a efecto de que quede el gravamen en el referido asiento, propiedad del señor Jose Maria Sosa, denominado predio sirviente, todo con el objeto de que el mismos surta efecto frente a terceros. VI.- que se proceda a dar publicación de la misma en base a la forma permitida y ordenada por la Constitución de la Republica y el Código Procesal Civil, a la secretaria del despacho. VII.- A.- Que esta Sentencia produce efecto ERGA OMNES, podrá transitar por la vía sujeta a la servidumbre toda la población de esa circunscripción con el objeto de beneficiar no solamente al demandante quedando como vía publica la que continuara con la prolongación de la calle que esta trazada en el terreno anterior al predio sirviente, con el mismo ancho, hasta llegar a la propiedad del señor Ricardo Trejo, en línea recta la que deberá amojonarse y delimitar como calle de uso publico por un perito que se nombrara para tal efecto. B.- esta sentencia se declara que surtirá todos los efectos procesales de manera ilimitados en el tiempo y uso el que será permanente y continuó. C.- La pretensión del demandante en cuanto a la medida de ancho y largo de la servidumbre son coherentes, con lo apreciado en la prueba evacuada, por lo que se deberá obtener la servidumbre bajo este criterio. D.- Que una vez firme esta sentencia se proceda a su ejecución de forma inmediata sin prorroga alguna, teniendo como consecuencia posterior la cesación de la medida cautelar decretada, en virtud de ser innecesario, debido a que ya ha sido declarado el derecho reclamado por el solicitante en este juicio.”. (Folios 96 al 100 de la primera pieza de los antecedentes).3) Que en fecha once (11) de diciembre del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación presentado por el abogado OMAR ORLANDO PERAZA PERAZA, en su condición de representante legal de los demandados, contra la sentencia de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil once (2011), que se deja relacionada en el numeral anterior de este fallo, declaró sin lugar el recurso interpuesto y confirmó la sentencia apelada. (Folios 11 y 12 de la segunda pieza de los antecedentes).4) Que en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil trece (2013), el recurrente abogado OMAR ORLANDO PERAZA PERAZA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de los señores JOSE MARIA SOSA BARAHONA, ALFONSO ALEMAN y CLAUDIA ALEMAN RAMOS, por considerar que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés en fecha once (11) de diciembre del año dos mil doce (2012), es violatoria de los artículos 1, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil trece (2013), la Sala tuvo por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción el recurrente de manera puntual, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil trece (2013), el abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen por el cual fue de la opinión que la resolución que se recurre en esta vía constitucional no vulnera los derechos, principios y garantías señaladas por el recurrente en los artículos 1, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República, por lo que estima NO SE OTORGUE el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia recurrida mediante esta vía constitucional, es la que fuera dictada en fecha once (11) de diciembre del año dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por medio de la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en fecha siete de noviembre de dos mil once por el a-quo, y a su vez confirma la sentencia apelada; sentencia del ad-quem que entre varios aspectos, expone básicamente que el caso de autos se constata que la acción entablada de Prescripción adquisitiva de servidumbre de transito, tiene su fundamentación jurídica en lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 861 del Código Civil, que dispone: “….Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por titulo, o por prescripción de diez (10) años, contados como para la adquisición del dominio de los fundos.”, por lo que para la adquisición de la servidumbres continuas y aparentes no es necesario titulo ni buena fe, bastara entonces la posesión continua por el referido periodo; que en el caso de autos con la prueba documental evacuada se ha acreditado el tiempo de utilización de la servidumbre por mas diez años, y que de la evacuación del medio de prueba reconocimiento judicial se ha logrado establecer la necesidad de la servidumbre de paso en el inmueble descrito en la demanda y la ubicación de la referida servidumbre, que en cuanto a los agravios expresados por la parte demandada, esto es lo referente a la existencia de un camino de mayor antigüedad el cual es utilizado por los vecinos del sector, situación que al tenor de lo preceptuado en el articulo 749 del Código Civil, que establece la prohibición de dos o mas usufructos; y aun cuando el a-quo ha hecho mención del referido camino antiguo en la relación del medio de prueba reconocimiento judicial, tal hecho no fue objeto de discusión en el juicio, por lo que se ignora si realmente el referido camino fue constituido como servidumbre de paso. Que la resolución vertida por el a-quo no violenta el derecho de propiedad privada de la demandada puesto que la servidumbre de transito se adquiere en lo indispensable para uso y beneficio del predio dominante, no se adquiere el dominio de la propiedad, por lo que no se esta ante un caso de despojo de propiedad; y que respecto de la admisión de documentos sin que los mismos llenaran los requisitos de autenticidad, tal hecho no fue alegado por la demandada en juicio y ya el articulo 700 del Código Procesal Civil establece, que el recurrente deberá acreditar en la interposición del recurso que procedió a denunciar dicho defecto en la instancia en que se produjo, situación que en el caso de autos no fue denunciada, pero que independientemente de ello la mayoría de la prueba incorporada en el juicio es original.CONSIDERANDO (3): Que el recurrente no está de acuerdo con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior por considerar que la misma vulnera en perjuicio de sus representados el derecho al debido proceso y a la propiedad privada, para ello explica que tales violaciones se habrían producido en tanto en cuanto el Tribunal ad-quem al confirmar la sentencia dictada por el a-quo, ha fundamentado la misma en los mismos parámetros de entuertos aberrantes de la primera instancia. Dice que tanto la primera como la segunda instancia en el caso de merito violentan garantías constitucionales, puesto que los mismos han obviado hacer aplicación de lo preceptuado en el articulo 749 del Código Civil, esto es en cuanto que la referida norma señala: “Se prohíbe constituir dos o mas usufructos sucesivos o alternativos….”; dice el recurrente que la citada normativa ha sido desde un inicio fundamento de los argumentos argüidos por parte de la demandada, y que tal posición ha recibido respuesta por parte de los citados órganos jurisdiccionales con argumentos totalmente contrarios a la ley, razonando los mismos que se accede a la solicitud de transito pretendida por la parte demandante por el solo hecho de constituir un camino mas corto que el existente con anterioridad; dice el recurrente que no comparte tal tesis del camino mas corto, pues la misma se formula con total desdén del derruido sistema judicial, que tan urgido esta de una profilaxis de carácter radical; explica que la servidumbre de transito que se ha solicitado no tenia razón de ser, puesto que ya existía una servidumbre mas antigua, y que amen de lo anterior no se ha cumplido en el caso de autos con el requisito de la posesión por un lapso de diez años; por lo que dice que las referidas resoluciones devienen en ser nulas, y que la ley no puede ser modificada por intereses ni convenciones de los particulares, por lo que es obligación de los juzgadores darle cumplimiento a la misma. Continua argumentando el recurrente en esta vía que la sentencia recurrida es incoherente a la ilegitimas pretensiones de la parte demandante, esto es lo referente a los daños y perjuicios, mismas que no fueron objeto de discusión en el juicio, con lo cual estima que se contradice lo señalado en el articulo 208 del Código Procesal Civil, por lo que el Tribunal ad-quem al confirmar la sentencia dictada por el a-quo ha concedido ultra Petita adversa al debido procedimiento en detrimento de la propiedad privada de su representado, excediéndose respecto de lo pretendido por la parte demandante, ya que la pretensión de la misma ha sido que se le conceda una servidumbre de transito, y lo que se le ha otorgado es una calle publica, situación que deviene en una nulla Petita, ya que tal facultad de la constitución de una vía publica le corresponde únicamente al Departamento de Urbanismo de la municipalidad. Finalmente el recurrente aduce que en el caso de autos se violenta el debido proceso por cuanto las copias fotostáticas para que ostenten la categoría de originales y puedan surtir plenos efectos en juicio deberán ser autenticadas, observando las formalidades preceptuadas en el articulo 26 del Código de Notariado, y que en el caso de autos no ha ocurrido así, puesto que la parte demandante ha incumplido las formalidades que se piden en la citada normativa, ya que las fotocopias autenticadas que acompaño con la demanda, ha fundamentado su autentica en un Decreto Legislativo derogado, como lo es el numero 1059 de fecha 15 de julio de 1980; por lo que estima que tales documentos carecen de todo valor procesal en juicio, debiéndose de tener como no presentados y sin ningún valor probatorio, pero que al no hacerse así se ha violentado las garantías constitucionales invocadas. CONSIDERANDO (4): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo invoca junto con la garantías constitucionales respecto del reconocimiento, fomento y garantía por parte del Estado de la existencia de la propiedad privada; y de que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés publico calificados por la ley o por resolución fundada en ley.CONSIDERANDO (5): Que respecto de lo alegado por el recurrente, esta Sala deviene en el deber de considerar si efectivamente la sentencia pronunciada por el ad-quem ha concitado las vulneraciones constitucionales invocadas; en ese orden de ideas será menester entonces establecer si el Tribunal de alzada, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en fecha siete de noviembre de dos mil once por el a-quo, y a su vez confirmar la sentencia apelada, vulnera o no el derecho al debido proceso y las garantías constitucionales respecto de la propiedad privada.CONSIDERANDO (6): Que del análisis de la sentencia que se impugna en esta vía constitucional esta Sala considera que las razones factico jurídicas que ha expuesto el Tribunal de Alzada para decretar la referida resolución, son conforme a derecho, y por ende no se vulnera con la misma las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y ello se estima así puesto que el caso de autos se constata de los antecedentes lo siguiente: a) Que la parte demandante en el caso subexamine ha acreditado la necesidad que le asiste de tener acceso a la vía publica, mediante una servidumbre de transito a través del predio que corresponde a la parte demandada; y b) Que también de los antecedentes se constata que la parte solicitante de la servidumbre de transito cumple con el tiempo requerido para adquirir la misma por prescripción, por lo cual el Tribunal de Alzada ha confirmado la resolución dictada por el a-quo. En ese orden de ideas y por las razones anteriormente apuntadas esta Sala concluye que en el caso de autos no se han producido las vulneraciones constitucionales alegadas por el recurrente.CONSIDERANDO (7): Que al hilo del razonamiento expuesto esta Sala de lo Constitucional estima que la sentencia dictada por el Tribunal ad-quem esta apegada a derecho, consecuentemente el amparo interpuesto por el recurrente debe ser denegado.POR TANTO: La Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta, 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 45, 56, 63, 72 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 820 y 861 del Código Civil; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado OMAR ORLANDO PERAZA PERAZA, a favor de los señores JOSE MARIA SOSA BARAHONA, ALFONSO ALEMAN y CLAUDIA ALEMAN RAMOS, contra la sentencia dictada en fecha once (11) de diciembre del año dos mil doce (2012), por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de fallo de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 150=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL