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Sentencia AAC-969-13 — Registro 4881

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo contra actuaciones ilegales de los Directores Departamentales de Educación de Yoro, Cortés y El Paraíso por no otorgar licencias con goce de sueldo por asuntos gremiales y despedir del cargo de docente a los recurrentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, constando en autos que existen causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 46 No.1 “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad” y el numeral 8 “Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso Administrativa”. Siendo así, cabe concluir que el recurrente, tiene expedita la vía Contencioso Administrativa, para interponer las acciones que considere oportunas. Si bien es cierto el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por otra parte esta Sala observa que el Ad-Quem ha dejado establecidas las causas de inadmisibilidad supra indicadas, sin embargo al emitir su fallo deniega el Amparo, cuando lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO, al quedar plenamente establecido la existencia de causales de inadmisibilidad de la Acción de amparo, por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho REFORMAR la sentencia venida en consulta solo en el numeral primero del fallo que deberá leerse: PRIMERO: SOBRESEE el Recurso de amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual absolvió al señor D. A. L. V., como autor del supuesto delito de POSESION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio del señor R. J. V..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. D. M., actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público.- INTERVIENE: La Abogado D. R., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Este Tribunal de sentencia, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica, estima y declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día dieciséis de enero del año dos mil ocho, el señor C. A. J. V., se conducía a bordo de un vehículo tipo taxi marca Toyota, modelo Corolla, color rojo, cuando a la altura del comercio conocido como MAHECO en el centro de esta ciudad, fue requerido por dos individuos que le solicitaron una carrera a la colonia Jardines del Valle, una vez en el lugar, procedieron a encañonarlo con armas de fuego, informándole que era un asalto, y conminándolo a que se trasladara a los asientos traseros del carro, enseguida partieron y lo llevaron a la colonia primavera en donde lo dejaron abandonado y sujetado de pies y manos, llevándose consigo el vehículo, por lo cual el señor J. V., interpuso denuncia el día diecisiete del mismo mes y año. SEGUNDO: El día siete de febrero del año dos mil ocho, a eso de las cinco con cuarenta minutos de la tarde, miembros de la Policía Nacional Preventiva, que se desplazaba por la colonia Venecia, sector R. H., observaron un vehículo tipo turismo que correspondía a las características del automotor sustraído al señor J. V., por lo que requirieron al señor D. A. L. V., quien se encontraba a la par del carro, y al requerirlo sobre la procedencia del carro, mostró un comprobante de tasa única de matrícula de vehículos que contenía las características del carro que conducía, no correspondiendo únicamente el número de placa, argumentando que el carro se lo habían prestado y que le pertenecía a un amigo y compañero de trabajo, en ese momento los policías pidieron información al número 199 y comprobaron que el carro presentaba reporte de robo, motivo por el cual, el señor L. V. fue detenido”. III.- El recurrente, Abogado M. D. M., formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valoración de la Prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Para efectuar un análisis de la valoración efectuada por el ente jurisdiccional veamos la probanza allegada al juicio por parte del Ministerio Público: 1) Las declaraciones de los señores S. G. y N. A. G. M.: S. G.: Agente de Policía, relató: que el siete de febrero del dos mil ocho, como a eso de las diecisiete con cuarenta y cinco horas de la tarde, se encontraban patrullando por el sector Venecia de la Rivera Hernández, junto con su compañero J. A. O. y de repente vieron un vehículo estacionado fuera de una casa, por lo que se bajaron de la patrulla, y requirieron al encausado, el clase Orellana le preguntó al señor V. de quien era el vehículo, y éste (imputado) le respondió que era de un amigo pero que andaba los documentos, y al revisarlos observaron que no concordaban con los datos del vehículo, por lo que procedieron a consultar a la base de datos que mantiene la policía, informándoles que dicho vehículo tenía reporte de robo, razón por la cual le solicitaron al señor Valle les llevara donde vivía el dueño del vehículo, y les contestó que no conocía. N. A. G. M.: quien es Agente de Policía, expuso: que el día siete de febrero del dos mil ocho, andaba patrullando con otros compañeros en la colonia Venecia sector de la Rivera Hernández y observaron un turismo estacionado al lado estaba D., los papeles concordaban con los datos del vehículo, pero andaba sin placas, y al consultar a la base de datos que mantiene la policía encontraron que dicho vehículo tenía reporte de robo, por lo que D., con una actitud normal les dijo que un amigo de él le había prestado el vehículo. Respecto a estas declaraciones el sentenciador ha establecido en el segundo párrafo del numeral primero del apartado de la valoración de la prueba, lo siguiente: “La prueba testifical relacionada, no resulta suficiente para confirmar la tesis acusatoria, en vista de que de las narraciones que dieran los agentes policiales solo se tiene por acreditado el hallazgo del vehículo objeto de robo, y la captura del señor D. A. L. V., con lo cual la prueba testifical ha resultado insuficiente para acreditar el grado de participación que pudiera tener en estos hechos el señor L. V., ya que los agentes policiales manifestaron que al ser requerido el acusado, para que les informara de quién era el vehículo, su actitud fue normal, aduciendo que un amigo suyo se lo había prestado, pero que andaba los papeles, lo cual él los mostró a la autoridad policial; por lo que si bien con ello se prueba que el señor L. V. andaba el carro, no menos cierto es que no se ha acreditado en juicio que él sabía que el carro era robado, pues los mismos agentes policiales manifestaron que al ser requerido les mostró el documento de circulación, presentando una actitud normal”. 2) Prueba Documental introducida por lectura al debate: a) Denuncia número 1318, de 17 de Enero del 2008, interpuesta por C. A. J. V. encargado del vehículo, tipo taxi, placas PCI 8989, marca Toyota, tipo Turismo, año 1999, color rojo, en la cual relata el denunciante la fecha, hora y forma en que lo despajaron del mismo. b) Boleta de Revisión color verde del vehículo marca toyota, modelo corolla, tipo turismo, color blanco, placa PCB 4273, año 1999, a nombre de AUTO LOTE E INVERSIONES MOTORES Y MAS S DE R. L . DE C. V. c) Permiso para circular sin placas color verde, a nombre de AUTO LOTE E INVERSIONES MOTORES Y MAS S. de R. L. DE C. V. del vehículo marca toyota, tipo turismo, color blanco, placa PCB 4273, año 1999. d) Oficio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de once de febrero del 2008 donde se establece que el número de placas: PCB 4273 le corresponden al vehículo que a continuación se describe: marca toyota, modelo corolla, año 1999, color blanco, cilindraje 1800, vin 2T1BR12E2XC218194, motor 1ZZ0266366 a nombre de AUTO LOTE E INVERSIONES MOTORES Y MAS S. DE R. L. DE C. V. e) Contrato de arrendamiento con promesa de venta del vehículo que a continuación se detalla: Toyota, modelo: corolla, tipo: turismo, motor: 1ZZ-0250325, vin: 1NXBR12E1XZ176924, chasis: IDEM, cilindraje: 1800cc. Año 1999, placas--- suscrito entre el señor D. A. E. A. en su condición de Gerente General de la empresa mercantil AUTO LOTE ESCOTO, S. DE R. L. (arrendador) y la señora M. DE J. V. (arrendataria). f) Acta de Decomiso o Secuestro de Objetos, de 7 de Febrero del 2008, donde se detallan los documentos que se decomisaron al señor D. A. L. V., al momento de ser requeridos por los agentes policiales, los cuales fueron los siguientes: Boleta de revisión color verde del vehículo decomisado marca toyota, tipo turismo, modelo corolla, placas PCB 4273, año 1999, color blanco, motor 1ZZ-0250325, chasis 1NXBR1XZ176924; boleta de permiso provisional para circular sin placas color verde del vehículo decomisado. g) Acta policial de siete de febrero del 2008, donde se describe el hecho ocurrido en la colonia Venecia sector Rivera Hernández y se hace constar que “el día jueves 7 de febrero del 2008 siendo las 17:45 horas se procedió a decomisar el vehículo marca toyota, tipo turismo, modelo corolla, año 1999, color blanco con las placas PCB 4273, en la colonia Venecia sector Rivera Hernández, por el motivo que se le comprobó que el vehículo tiene reporte de robo y éste será remitido a la DGIC. Respecto a los documentos señalados en los literales del a) al e) el sentenciador ha estimado en el párrafo segundo del numeral segundo del acápite de valoración probatoria: “Al análisis de la documentación que ha sido detallada, estos juzgadores advierten que con la información contenida, se da por acreditado la existencia cierta del vehículo y que el mismo en efecto fue robado al señor C. A. J. V., sin embargo no se puede determinar algún grado de participación que en el pudiera tener el señor D. A. L. V., pues no compareció a declarar el señor C. A. J. V. quien fue la persona a la que despojaron del vehículo automotor, tal como se acredita con la denuncia que interpusiera el señor J. V.; deposición que hubiese sido muy importante para poder establecer la posible participación del señor L. V. en los hechos fijados en la formulación de la acusación por el Ministerio Público, pues al concatenar toda la prueba evacuada en la vista pública, de ella no se obtiene la certeza absoluta para poder establecerlo”. Referente a los documentos de los literales f) y g) el juzgador consignó en el mismo apartado, párrafo segundo: “En tales documentos se recogen diligencias en las que se describe el vehículo como objeto material en este proceso, teniéndolos por creíbles, debido al carácter público de los mismos, sin que haya habido pronunciamiento, especialmente de la parte a la que podrían afectar, en el sentido a no darles credibilidad; si bien se desprende de dicha documentación, que la misma no corresponde a la del vehículo que fue robado al señor C. A. J. V.; advirtiéndose con ello, que sólo era utilizada para aparentar la legalidad del vehículo; sin embargo, no se pueden tener como una prueba suficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se han juzgado.” Expuesto lo anterior, veamos en que consisten los vicios de valoración de prueba en que ha incurrido el Sentenciador de instancia y que lo han llevado equivocadamente al dictado de una sentencia absolutoria: La apreciación que ha efectuado el juzgador en torno a la declaración testifical de cargo producida en el juicio oral y público, para acreditar la participación del imputado en el ilícito penal que se le atribuye, resulta totalmente desacertada, pues el Tribunal está eximiendo de responsabilidad al mismo, bajo una argumentación que carece de base legal y absolutamente subjetiva, ya que no basta que a un agente policial le parezca que una persona a la cual requiere, para una investigación presenta una actitud normal, para determinar con certeza que tal imputado desconoce que el vehículo que le fue decomisado era robado, en vista que una cuestión de comportamiento puede ser percibida de diferente manera por cada persona; además no fueron los dos policías los que expresaron tal circunstancia, sino únicamente el testigo N. A. G. De manera que este aspecto no es suficiente para que este juzgador concluya, que el encausado no tenía conocimiento de la condición del automotor que poseía en el momento de su detención, ya que los agentes policiales no tenían conocimientos de psicología que los faculte para valorar si un detenido se muestra nervioso ante una pregunta que se le formule o un interrogatorio, pues esta regla si bien forma parte del sistema de valoración de la sana crítica, vigente en nuestra ley penal adjetiva, es propia de los juzgadores. Asimismo, el propio Tribunal señala en el apartado de valoración probatoria, al describir las declaración del testigo S. G., propuesto y evacuado por este ente acusador que: Se encontraban patrullando en el sector Venecia de la Rivera Hernández, junto con su compañero J. A. O., y de repente vieron un vehículo estacionado fuera de una casa, por lo que se bajaron de la patrulla y requirieron al señor que está allí, (refiriéndose al acusado D. A. L. V.), pidiéndole los documentos del vehículo, manifestando que el clase O. le preguntó al señor V. de quien era el vehículo, respondiéndole él que era de un amigo, pero que andaba los papeles, manifestando el testigo que no concordaban los datos del vehículo, por lo que procedieron a consultar la base de datos que mantiene la policía, encontrando que dicho vehículo tenía reporte de robo, por lo que solicitaron al señor V., que les llevara donde vivía el dueño del vehículo, respondiéndoles Que no conocía donde él vivía. Esta afirmación y comportamiento por parte del imputado no hace más que evidenciar, que el mismo tenía conocimiento que el automotor que le fue decomisado por los agentes policiales era robado, en virtud que aplicando las reglas de la experiencia, que conoce el juzgador como hombre común, no resulta creíble que se olvide la dirección de un amigo que me ha prestado un vehículo, en consecuencia no puede arribarse a otra conclusión que no sea, que el procesado es responsable del delito que se le imputa, concurriendo por ende el elemento subjetivo que cuestiona el Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica y que no es más que el producto de una errónea valoración probatoria. En cuanto a la prueba documental, el juzgador está apreciando la misma de manera aislada, pues acepta que el imputado portaba una documentación que no corresponde a la del vehículo que fue robado al señor C. A. J. V. y que le fue decomisado a él, afirmando contradictoriamente que sólo era utilizada para aparentar la legalidad del vehículo, ¿Acaso esta conducta, no evidencia una vez más, que el encausado tenía conocimiento de que el vehículo que le fue decomisado por la policía era robado?; el juzgador al decidir de esta manera está desconociendo que no es sólo el hecho de portar la documentación adulterada, sino además que la policía fue con él a buscar al supuesto amigo, pero asombrosamente olvido su dirección. Igualmente cuestiona el Tribunal, que el señor C. A. J. V., que fue la persona a la que despojaron el vehículo no compareció a declarar y que tal deposición hubiera sido muy importante para poder establecer la posible participación del señor L. V. en los hechos fijados en la formulación de la acusación por el Ministerio Público, pues al concatenar toda la prueba evacuada en la vista pública, de ella no se obtiene certeza absoluta para poder establecerlo al respecto debemos señalar, que si bien es cierto el referido señor no compareció a declarar, tal omisión no exime de responsabilidad al imputado, ya que no se le está acusando por Robo de Vehículo, sino por el hecho de haber sido encontrado en posesión de un vehículo robado y con documentación adulterada cuya información corresponde a otro automotor, extremos que si están debidamente acreditados en el juicio. El Tribunal sentenciador ha fundamentado la totalidad de su fallo, absolviendo por el delito de POSESION DE VEHICULO ROBADO al señor D. A. L. V., bajo la siguiente argumentación: “El delito de POSESION DE UN VEHICULO ROBADO, se estructura alrededor de varios elementos, siendo uno de ellos tomar posesión de un automotor con conocimiento que dicho bien mueble es robado, con la intención de hacerlo.- En el caso que nos ocupa, pues si bien el acusado D. A. L. V. al momento de ser requerido por la policía se encontraba en posesión del vehículo marca: Toyota, tipo: Turismo; modelo: Corolla, placas: PCB4273, año: 1999, color: Blanco, motor: 1ZZ-0250325, chasis: 1NXBR12E1XZ176924, no menos cierto es, que no se acreditó en juicio que el señor L. V. poseyera dicho vehículo con conocimiento que era robado, por lo tanto no se cumplen los requisitos subjetivos del tipo como ser el conocimiento y la voluntad de la persona acusada de obtener con su accionar específico, el resultado que se logra alcanzar. Al hacer un análisis de la prueba antes descrita, claramente se evidencia, que las conclusiones a las que ha arribado el sentenciador violentan el principio de derivación, el cual exige que todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, es decir que la valoración debe de ser verdadera, al apoyarse en la exactitud de la probanza; en el caso sub-judice, el sentenciador ha afirmado que el imputado no tenía conocimiento que el vehículo que le fue decomisado era robado, a pesar de haberse encontrado en posesión del mismo según se desprende de las declaraciones de los agentes policiales, portando documentos cuyos datos no correspondían al vehículo robado sino a otro automotor, según constancia emitida por la DEI, probanza ésta, que no lo puede llevar a otra conclusión que no sea el dictado de una Sentencia Condenatoria; asimismo el Tribunal está fundamentando su ausencia de Dolo, en aspectos subjetivos expresados por los deponentes de cargo, que no están capacitados para efectuar este tipo de afirmaciones. Finalmente, reiteramos que el juzgador no está aplicando en la valoración de las pruebas, las reglas de la experiencia, ya que no toma en consideración lo expresado por el testigo Santos Gonzáles, en cuanto a que le solicitaron al señor Valle (imputado), que los llevara donde vivía el dueño del vehículo, respondiéndoles que no conocía donde el vivía; extremo que empleando el sentido común no resulta creíble, sino más bien evidencia que es una coartada del imputado que fue refutada probatoriamente en el juicio. En cuanto a las llamadas normas de la experiencia, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. La sentencia que razona en contra de esa máximas, o que se funda en pretendidas máximas de la experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación”[1]. Por otra parte, como categoriza de la Rúa, en el sistema de valoración de la sana crítica “El Juzgador no está sometido a reglas que prefijen el valor de las pruebas, sino que es libre de apreciarlas en su eficacia, con el único límite de que su juicio sea razonable, es decir que al apreciar los elementos de prueba incorporada al proceso, observe las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y de la experiencia”[2]. Con el análisis anterior concluimos, que los señalamientos efectuados logran demostrar la existencia del vicio In procedendo en que ha incurrido el Tribunal, y por ello carece de razones suficientes y fundadas en cuanto a la discusión de fondo, imponiéndose la procedencia del mismo conforme al párrafo segundo del artículo 369 del CPP. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO, ARGUYENDO QUE AL DICTAR SENTENCIA ABSOLUTORIA, EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: PARTE FINAL DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 362 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor cuestiona la valoración que ha concedido el Tribunal de instancia a las pruebas aportadas por el Ministerio Público consistes en las declaraciones testificales de los Agentes de Policía S. G. Y N. A. G. M., y la prueba documental siguiente: a) Denuncia número 1318, del 17 de Enero de 2008, interpuesta por C. A. J. V.; b) Boleta de Revisión color verde del vehículo decomisado; c) Permiso para circular sin placas, del vehículo decomisado; d) Oficio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) donde se establece que el número de placas: PCB 4273 le corresponde al vehículo decomisado; e) Contrato de arrendamiento con promesa de venta del vehículo decomisado; f) Acta de Decomiso o Secuestro; g) Acta policial, que describe el hecho ocurrido en la colonia Venecia sector Rivera Hernández. Respecto a los documentos enunciados en los literales del a) al e) cuestiona que el Juzgador haya estimado, en el párrafo segundo del numeral segundo del acápite de valoración probatoria que: “….estos juzgadores advierten que con la información contenida, se da por acreditado la existencia cierta del vehículo y que el mismo en efecto fue robado al señor C. A. J. V., sin embargo no se puede determinar algún grado de participación que en el pudiera tener el señor D. A. L. V., pues no compareció a declarar el señor C. A. J. V., persona a la que despojaron del vehículo automotor, tal como se acredita con la denuncia que interpusiera el señor J. V., deposición que hubiese sido muy importante para poder establecer la posible participación del señor L. V. en los hechos fijados en la formulación de la acusación por el Ministerio Público…”. Referente a los documentos enunciados en los literales f) y g) reprocha que el juzgador consigna en el mismo apartado, párrafo segundo, que: “En tales documentos se recogen diligencias en las que se describe el vehículo como objeto material en este proceso, teniéndolos por creíbles ….si bien se desprende de dicha documentación, que la misma no corresponde a la del vehículo que fue robado al señor C. A. J. V.…”. Cuestiona que el Tribunal de instancia haya declarado absuelto de responsabilidad al acusado D. A. L. V., apoyándose en una argumentación sin base legal y subjetiva, toda vez que del haz probatorio relacionado se desprende que el encartado tenía conocimiento de la condición del automotor que poseía en el momento de su detención. Por otro lado censura que se haya apreciado los testimonios rendidos por los agentes policiales como si tuvieran conocimientos especializados en psicología para interpretar que el acusado decía la verdad, al no mostrarse nervioso frente al interrogatorio que le formularon, recordando el sistema de valoración de la sana crítica, es propia de los juzgadores. Cuestiona el valor concedido a la declaración del testigo S. G., cuando éste expresó que: “ dicho vehículo tenía reporte de robo, por lo que solicitaron al señor V., que les llevara donde vivía el dueño del vehículo, respondiéndoles que no conocía donde él vivía”. Estima el recurrente que en aplicación de las máximas de la experiencia de un hombre común, no resulta creíble que un acusado encontrado en posesión de un vehículo ajeno olvide la dirección del amigo que se lo ha prestado, de ahí que el A Quo no ha debido arribar a otra conclusión que no sea, la de que el procesado D. A. L. V. es responsable del delito que se le imputa. En cuanto a la prueba documental, reprocha que el juzgador haya valorado ésta aisladamente, pues si bien acepta que el imputado D. A. L. V. portaba una documentación que no corresponde a la del vehículo que fue robado al señor C. A. J. V., decomisado al acusado, considere que sólo era utilizada para aparentar la legalidad del vehículo, desconociendo el hecho de que el acusado portaba documentación adulterada, y que cuando la policía busca al supuesto amigo, el acusado olvidó su dirección. El recurrente considera que si bien es cierto que el señor C. A. J. V. no compareció a declarar, tal omisión no exime de responsabilidad penal al imputado D. A. L. V., por considerar que no se le acusó de un Robo de Vehículo, sino de haber sido encontrado en POSESIÓN DE UN VEHÍCULO ROBADO, con documentación adulterada, extremos debidamente acreditados en juicio. Estima que un análisis de la prueba antes descrita, pone en evidencia que las conclusiones del Juzgador han violentado el principio de derivación, el cual exige que todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, es decir que la valoración debe ser verdadera, al apoyarse en la exactitud de la probanza evacuada en el debate. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[3], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. Para arribar a una sentencia que enerve la presunción de inocencia, el Juez debe alcanzar un estado de certeza o certidumbre, que es un estado subjetivo; sin embargo, no ha de ser una simple probabilidad o un mero juicio de verosimilitud, de ahí que la valoración del material probatorio ha de ser racional y lógico, de tal manera que la prueba se aprecie con cientificidad[4] Para que una presunción surta plenos efectos probatorios, es necesaria la conexión entre el hecho base y el hecho presunto, fundamentado en el principio de normalidad, conectado a una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia constituye el origen de toda presunción, en combinación con el hecho presunto, que es el punto de partida inverso, y a su vez el fundamento de la misma a través del principio de normalidad (id quod plerumque accidit). Un ejemplo puede contribuir a aclarar lo que se acaba de decir. Es una máxima de experiencia, o regla de vida, que nadie vende nada por debajo de su valor, sino por encima del precio de costo, con la finalidad de obtener un margen de ganancia. Sólo si concurre una razón de necesidad, o un afán de liberalidad, o cualquier otra causa razonable, se vende un objeto por debajo de su precio. Si alguien vende una cosa por debajo de su valor, sin justificación alguna, existe una razón para sospechar acerca de que el objeto que se trata de vender así no tiene un origen claro, y que probablemente es delictivo. Porque toda venta se hace para obtener el contravalor del objeto vendido, y en el ejemplo propuesto el vendedor sólo obtiene un valor inferior. Esto indica que un precio tan bajo no sólo favorece económicamente al comprador, sino también al vendedor (nadie da nada gratis, salvo causa justificada), para quien todo ese precio es beneficio, toda vez que no ha pagado nada por adquirirlo, a menos que se expliquen las razones de su proceder. Esta máxima de la experiencia permite fundamentar una norma de presunción, en la que el hecho básico es la adquisición de la cosa a precio vil, y el hecho presunto es el conocimiento de la ilícita procedencia de tal objeto. Entre el hecho básico y el hecho presunto concurre un enlace que se asienta en la referida máxima de la experiencia, conectada con el principio de normalidad. A su vez, toda máxima de experiencia se asienta en una clara idea de racionalidad, derivada de aplicar el juicio humano a la observación de casos concretos, para por vía de generalización procurar su aplicación a otros casos similares. La exigencia legal, plasmada en el artículo 1538 del Código Civil, relativa a que entre el indicio y el hecho presunto exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, está indicando que toda presunción ha de asentarse en una idea de racionalidad. De este modo, el Juez ha de realizar mentalmente el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia, y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes. Volviendo al ejemplo planteado líneas arriba, la norma de presunción queda enunciada de la siguiente manera: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es muy probable (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Más exactamente, el enunciado de la presunción es: si se adquiere un objeto a precio vil (hecho básico) es normal (enlace) que sepa que tal objeto tiene una procedencia delictiva (hecho presunto). Para conocer porque es normal o muy probable tal conocimiento habrá que ir al contenido de la máxima de la experiencia, que constituye el fundamento de tal presunción. Si la presunción abstracta establece el enlace entre el hecho básico y el presunto con la expresión “es normal” o “es muy probable”, en la presunción concreta el “es normal” se sustituye por el “es cierto”, una vez que se ha producido el proceso de depuración de la presunción abstracta. Así, a modo de ejemplo, quien posee varias bolsas con pequeñas cantidades de droga, junto con una balanza de precisión para pesar cantidades inferiores a un gramo, y además tiene glucosa para mezclar la droga y obtener más dosis, se presume que se dedica a la venta de drogas. Porque es máxima de la experiencia que los vendedores de drogas suelen actuar así, o sea, “es normal” o “es muy probable”, que con todos esos indicios su actividad sea la de vender drogas, a menos que justifique cumplidamente porque posee todos esos objetos. Si no logra tal justificación, el “es normal” se convierte en “es cierto”, y se convierte en prueba plena. En definitiva las máximas de la experiencia cumplen una doble función: fundamentan la creación de una norma de presunción, y sirven de indicador para valorar la racionalidad del enlace entre el hecho básico y el hecho presunto[5]. En el caso que ahora nos ocupa, esta Sala considera que el Juzgador de instancia ha inobservado las máximas de la experiencia, toda vez que el imputado D. A. L. V. estaba en posesión de un vehículo automotor que días atrás había sido objeto de robo, a lo que se añaden dos circunstancias de relevante importancia: a) se encontraba en posesión de documentación adulterada, misma que ordinariamente se utiliza para disponer de un vehículo automotor como si del legítimo poseedor o propietario se tratase, es decir para ocultar y poner fuera del alcance de la actividad revisora de los agentes de la autoridad los indicios que pueden llevarles a considerar que un vehículo ha sido objeto de un delito contra la propiedad y b) Ante el requerimiento de los agentes de la autoridad, el procesado manifestó en su descargo que se lo había prestado un amigo, sin embargo tal circunstancia no ha resultado acreditada en el proceso, constituyendo una máxima de la experiencia que los vehículos automotores siendo ordinariamente bienes muebles de un alto valor económico, no son objeto de préstamo sino entre personas que se conocen muy bien y que mantienen vínculos de confianza entre sí, de ahí que de haber observado las máximas de la experiencia y por tanto de la sana crítica el resultado podría haber sido distinto. Por todas las razones anteriormente expuestas y sin perjuicio del principio-derecho a la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra hasta este momento procesal a favor del imputado D. A. V. L., el motivo de casación formulado por la Representación del Ministerio Público debe ser estimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA: DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su motivo único; 2) Declarando la nulidad de la sentencia de fecha diecisiete(17) de junio de dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y del debate en que se pronunció.- Y MANDA:

  1. Que se repita el debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado. 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.

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  • FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-488-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Fernando de la Rúa, la Casación Penal. Pág. 163

[2] Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Pág. 426

[3] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.

[4] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 619.

[5] Vid. CLIMENT DURAN, CARLOS, en La Prueba Penal (Doctrina y Jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 643-646.