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Sentencia AAC-968-13 — Registro 4815

Resumen

Demanda de nulidad de acto administrativo,que se reconozca la situación jurídica individualizada, que se ordene el pago del contrato de servicios profesionales junto con los derechos derivados del mismo,a lo cual recurrente-demandado interpuso incidente de defensas previa argumentando impetrante haber sido presentada la demanda de merito extemporaneamente y por persona no legitimada,causales que fueron desestimadas,e interponiendo acción de amparo contra dicha resolución la cual fue denegada y confirmada la misma por la Sala Constitucional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, en el fallo venido en consulta, ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, señalando en el considerando cinco (5) de su fallo SIC “Que el recurrente estima que las Defensas Previas alegadas debieron ser declaradas con lugar en virtud que el demandante a partir del día siguiente de la notificación de la rescisión de su Contrato de Servicios Profesionales le empezó a correr el término para presentar la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud que, por ser en materia de personal, no es susceptible de Recurso previo de Reposición presentándola después del plazo establecido; sin embargo, consta en autos, que el caso de mérito no es en materia especial de personal, ya que no se enmarca dentro de los presupuestos señalados en el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino en lo establecido en el artículo 3 literal a) parte final de la misma ley, por lo cual es en materia ordinaria, siendo requisito indispensable para admitir la correspondiente demanda contencioso administrativo el agotamiento de la vía administrativa, tal como así lo realizó el demandante, poniendo fin a dicha vía con la interposición del Recurso de Reposición que la ley le otorga, no siendo resuelto dentro del plazo legalmente señalado entendiéndolo desestimado, quedándole expedita la vía contencioso administrativa, la cual fue instada dentro del plazo establecido. Concluyendo en el considerando seis (6) que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, en virtud que el A-Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud con las formalidades exigidas por la ley aplicables, sin violentarse sus derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, emitiendo el acto recurrido, ya que al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo ya que la demanda fue presentada dentro del plazo respectivo, en materia ordinaria previo el agotamiento de la vía administrativa, apreciando el A-Quo correctamente las causas de inadmisibilidad señalada”. En consecuencia Denegó la Acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (6): Que el representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veinticinco de abril del año 2014, en el que relaciona de manera detallada los antecedentes del amparo interpuesto, haciendo un análisis de cada uno de los hechos y garantías quebrantadas a criterio del recurrente, seguidamente expuso su opinión debidamente motivada concluyendo: “que no se ha puesto en precario el Derecho de defensa y el Debido Proceso, con la resolución preferida por el ente jurisdiccional, en consecuencia el Ministerio Público es de la opinión QUE NO SE OTORGUE el amparo solicitado por el impetrante”. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que la demanda se presentó dentro del término que exige la ley, estando el demandante legitimado para ejercitar la acción de mérito por ser el afectado directamente con el Acto Administrativo impugnado. Siendo así, resulta conforme a derecho el fallo del Ad-Quem, cuyo razonamiento y fundamentos de derecho garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de febrero del dos mil quince. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha seis (6) de noviembre del año dos mil trece (2013), que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil trece (2013), en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor FELIPE EDGARDO OYUELA SILVA, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Manifestando el recurrente que con el acto reclamado se violenta los derechos y garantías constitucionales estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el señor FELIPE EDGARDO OYUELA SILVA, promoviendo demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo, una vez declarada la nulidad e ilegalidad del acto que se reconozca la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno reestablecimiento que se ordene el pago del contrato de servicios profesionales junto con los derechos derivados del mismo, contra el Estado de Honduras por medio de su Representante Legal, la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2) Que en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando la cuestión incidental de defensas previas, por considerar que la demanda se ha presentado fuera de los plazos respectivos, que tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa por ser un acto firme y por haberse interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada. (Folios 1 al 4 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas). 3) Que en fecha treinta (30) de julio del año dos mil trece (2013), el referido Juzgado, dictó Auto Resolutivo, mediante el cual desestimó las defensas previas alegadas por la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, por inexistentes. (Folios 49 al 51 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas)).4) Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil trece (2013), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de fecha treinta (30) de julio del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, por considerar que el mismo es violatorio de los derechos constitucionales estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Corte por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil trece (2013), ordenando dar vista al Fiscal por el término de 48 horas a fin de que emita el dictamen respectivo. (Folios 1 al 6 y 19 de la tercera pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil trece (2013), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, rindió el dictamen correspondiente, siendo del parecer que no se otorgue el recurso de amparo solicitado. (Folios 20 al 23 de la tercera pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló denegando el recurso de amparo interpuesto. (Folios 27 al 29 de la tercera pieza de los antecedentes). 7) Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil trece (2013), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de noviembre del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, mediante la cual se DENEGÓ el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto Resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha Treinta de julio del año dos mil trece, con relación a las Defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor FELIPE EDGARDO OYUELA SILVA contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha once de noviembre del año dos mil trece, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, en el fallo venido en consulta, ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, señalando en el considerando cinco (5) de su fallo SIC “Que el recurrente estima que las Defensas Previas alegadas debieron ser declaradas con lugar en virtud que el demandante a partir del día siguiente de la notificación de la rescisión de su Contrato de Servicios Profesionales le empezó a correr el término para presentar la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud que, por ser en materia de personal, no es susceptible de Recurso previo de Reposición presentándola después del plazo establecido; sin embargo, consta en autos, que el caso de mérito no es en materia especial de personal, ya que no se enmarca dentro de los presupuestos señalados en el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino en lo establecido en el artículo 3 literal a) parte final de la misma ley, por lo cual es en materia ordinaria, siendo requisito indispensable para admitir la correspondiente demanda contencioso administrativo el agotamiento de la vía administrativa, tal como así lo realizó el demandante, poniendo fin a dicha vía con la interposición del Recurso de Reposición que la ley le otorga, no siendo resuelto dentro del plazo legalmente señalado entendiéndolo desestimado, quedándole expedita la vía contencioso administrativa, la cual fue instada dentro del plazo establecido. Concluyendo en el considerando seis (6) que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, en virtud que el A-Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud con las formalidades exigidas por la ley aplicables, sin violentarse sus derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, emitiendo el acto recurrido, ya que al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo ya que la demanda fue presentada dentro del plazo respectivo, en materia ordinaria previo el agotamiento de la vía administrativa, apreciando el A-Quo correctamente las causas de inadmisibilidad señalada”. En consecuencia Denegó la Acción de amparo intentada. CONSIDERANDO (6): Que el representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veinticinco de abril del año 2014, en el que relaciona de manera detallada los antecedentes del amparo interpuesto, haciendo un análisis de cada uno de los hechos y garantías quebrantadas a criterio del recurrente, seguidamente expuso su opinión debidamente motivada concluyendo: “que no se ha puesto en precario el Derecho de defensa y el Debido Proceso, con la resolución preferida por el ente jurisdiccional, en consecuencia el Ministerio Público es de la opinión QUE NO SE OTORGUE el amparo solicitado por el impetrante”. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que la demanda se presentó dentro del término que exige la ley, estando el demandante legitimado para ejercitar la acción de mérito por ser el afectado directamente con el Acto Administrativo impugnado. Siendo así, resulta conforme a derecho el fallo del Ad-Quem, cuyo razonamiento y fundamentos de derecho garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 12, 13, 14, 48, 82, 134, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha seis de noviembre del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta, registrado en este Tribunal con el número 0968-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.