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Sentencia AAC-885-13 — Registro 4813

Resumen

Denegatoria de amparo en consulta en relación a resolución que desestimo defensas previas en relación a Demanda Ordinaria para La Nulidad De Actos Administrativos De Carácter Particular Por Ser Violatorios Preceptos Legales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), por la cual la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO a favor de EL ESTADO DE HONDURAS contra auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), con relación a la demanda, promovida por el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON contra EL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva no resulta violatorio del debido proceso ni del derecho de defensa, como fue la pretensión del demandante de amparo; pues se ha constatado que el Juzgado A quo se ha limitado a aplicar la legalidad correspondiente, razonando y motivando en derecho congruente la respuesta jurisdiccional apropiada ante las defensas previas promovidas por la partes Recurrente, en este caso la parte incidentista, con relación a la presentación por la parte incidentada de una demanda que tendría supuestamente por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por ser un acto dictado en virtud de una ley que expresamente les excluye de la vía contenciosa administrativa y haberse interpuesto – asimismo - por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; defensas que fueron correctamente denegadas por considerarse inexistentes y no haberse comprobado las violaciones a las garantías constitucionales que alega el impetrante, según se fundamenta el Ad Quem a la vista del Antecedente 6) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que del examen exhaustivo de las presentes diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no resulta violatorio de las garantías invocadas por la Recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, alegadas por el impetrante; puesto que la fundamentación que ha efectuado la Corte de Apelaciones en la resolución bajo estudio resulta suficiente y acordada a derecho, al explicar concisamente porque el Decreto No. 89-2012 no excluye expresamente esta clase de actos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; siendo por lo tanto, un Acto perfectamente susceptible de impugnación ante dicha Jurisdicción: “… estando legitimado el miembro de la carrera policial cancelado para recurrir al mismo”. Considera la Sala de lo Constitucional que la fundamentación jurídica en mención no riñe con los parámetros establecidos para el debido proceso, garantiza el derecho a la inviolabilidad de la defensa para ambas partes constituidas en el proceso, lo cual se traduce en el aseguramiento del derecho de acción que les asiste, en tanto derecho fundamental del ordenamiento; dando respuesta precisa y concisa a las presuntas violaciones de derechos percibidas por el amparista, según plasmadas en el recurso de amparo que ha interpuesto a favor del Estado de Honduras. - Por las razones antes expuestas, procede dictar confirmatoria a la resolución que es venida en consulta"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero del dos mil quince. VISTO: En Consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres de octubre de dos mil trece, que denegó el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO a favor de EL ESTADO DE HONDURAS contra auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, con relación a la demanda, promovida por el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON contra EL ESTADO DE HONDURAS. Estima el Recurrente que con el acto reclamado se ha quebrantado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 82 párrafo primero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, actuando en su condición personal, compareció en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012) ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, promoviendo DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR POR SER VIOLATORIOS PRECEPTOS LEGALES contra EL ESTADO DE HONDURAS POR ACTUACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD a través de su Representante legal, Abogada ETHEL MARIA DERAS, en su condición de Procuradora General de la República. (Ver folios uno (01) al siete (07) de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que el Abogado RICARDO RODRIGUEZ, actuando en su condición de Sub Procurador General de la República, compareció en fecha siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) ante el Juzgado de Letras citado, oponiendo defensas previas en la demanda relacionada en el inciso que antecede. (Ver folios uno (01) al tres (03) de la pieza separada de defensas previas) 3) Que en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual FALLÓ: “PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas consistentes en a) Primero: QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACION MEDIANTE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA POR SER UN ACTO QUE SE DICTO EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LE S EXCLUYA DE LA VIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Segundo: QUE SE HUBIERA INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA.- SEGUNDO: Contra el auto que se desestime las defensas previas no cabe recurso alguno…”. (Ver folios treinta y seis (36) al cuarenta (40) de la pieza de defensas previas) 4) Que en fecha once (11) de junio de dos mil trece (2013) el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO compareció ante esta Sala de lo Constitucional reclamando amparo a favor de EL ESTADO DE HONDURAS alegando que la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil trece (2013), a la cual se ha hecho referencia, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82 párrafo primero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.5) Que en fecha once (11) de junio de dos mil trece (2013), la Sala mediante oficio Nº 156-SSC-2013 RESOLVIÓ: “1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO a favor del ESTADO DE HONDURAS; 2º Remitir los antecedentes a la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para efectos de que le de el curso de ley correspondiente al presente amparo…”.(Ver folio diez (10) de la pieza de amparo)6) Que seguido el tramite correspondiente la citada Corte de Apelaciones en fecha tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: “PRIMERO: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, actuando en su condición de Procurador Judicial del ESTADO DE HONDURAS”; tomando en consideración, que del análisis del Decreto No. 89-2012 se concluye que éste no excluye expresamente esta clase de actos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni excluye o deroga normas, más aun en infracción al derecho a la defensa establecido en la Constitución de la República, siendo por tanto el acto repelido por medio de las defensas previas, un acto susceptible de impugnación ante dicha Jurisdicción, de conformidad a ley; estando legitimado el miembro de la carrera judicial cancelado para recurrir a la misma. Por todo ello, no existiendo violación a las Garantías Constitucionales invocadas por el representante legal del Estado, resulta procedente la denegatoria del recurso de amparo en referencia. (Ver folios treinta y nueve (39) al cuarenta y uno (41) de la segunda pieza de los antecedentes). 7) Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil trece (2013), la Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en su condición ya indicada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda, que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68 de la referida Ley, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, tal como ocurre en el presente caso. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), por la cual la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO a favor de EL ESTADO DE HONDURAS contra auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013), con relación a la demanda, promovida por el señor ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON contra EL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva no resulta violatorio del debido proceso ni del derecho de defensa, como fue la pretensión del demandante de amparo; pues se ha constatado que el Juzgado A quo se ha limitado a aplicar la legalidad correspondiente, razonando y motivando en derecho congruente la respuesta jurisdiccional apropiada ante las defensas previas promovidas por la partes Recurrente, en este caso la parte incidentista, con relación a la presentación por la parte incidentada de una demanda que tendría supuestamente por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, por ser un acto dictado en virtud de una ley que expresamente les excluye de la vía contenciosa administrativa y haberse interpuesto – asimismo - por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; defensas que fueron correctamente denegadas por considerarse inexistentes y no haberse comprobado las violaciones a las garantías constitucionales que alega el impetrante, según se fundamenta el Ad Quem a la vista del Antecedente 6) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que del examen exhaustivo de las presentes diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no resulta violatorio de las garantías invocadas por la Recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, alegadas por el impetrante; puesto que la fundamentación que ha efectuado la Corte de Apelaciones en la resolución bajo estudio resulta suficiente y acordada a derecho, al explicar concisamente porque el Decreto No. 89-2012 no excluye expresamente esta clase de actos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; siendo por lo tanto, un Acto perfectamente susceptible de impugnación ante dicha Jurisdicción: “… estando legitimado el miembro de la carrera policial cancelado para recurrir al mismo”. Considera la Sala de lo Constitucional que la fundamentación jurídica en mención no riñe con los parámetros establecidos para el debido proceso, garantiza el derecho a la inviolabilidad de la defensa para ambas partes constituidas en el proceso, lo cual se traduce en el aseguramiento del derecho de acción que les asiste, en tanto derecho fundamental del ordenamiento; dando respuesta precisa y concisa a las presuntas violaciones de derechos percibidas por el amparista, según plasmadas en el recurso de amparo que ha interpuesto a favor del Estado de Honduras. - Por las razones antes expuestas, procede dictar confirmatoria a la resolución que es venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha tres de octubre del año dos mil trece, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO a favor del ESTADO DE HONDURAS y del cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de fallo de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0885=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL