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Sentencia AAC-875-13 — Registro 4812

Resumen

Denegatoria de acción de amparo en consulta en relación resolución que desestimo defensas previas interpuestas en demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo, promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que del examen de las diligencias se constata que la resolución reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no resulta en modo alguno violatorio de las garantías invocadas por la Recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Lo anterior en función de no apreciarse como de merito constitucional la pretensión alegada por la garantista, referida a establecer una supuesta extemporaneidad en la presentación de la acción promovida por la parte demandante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; pretensión que fue resuelta fundadamente en sentido denegatorio tanto por la jurisdicción ordinaria, como por la jurisdicción constitucional, la cual ha confirmado en vías de Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (4): Que lo anterior se sustenta en que se ha declarado y motivado suficientemente en la sentencia bajo estudio, que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo [1] autoriza al Administrado a activar dicha Jurisdicción cuando el recurso de reposición, por el cual se le pone fin a la vía administrativa, no se hubiere resuelto por la Administración dentro del término legalmente fijado; no siéndole exigible al administrado - como lógico corolario de la proclamación de Honduras como Estado de Derecho –, [2] esperar indefinidamente a que aquella se sirviere resolver la pretensión planteada en sede administrativa y aun fuera de los términos fijados en la Ley. Por lo tanto, se tiene por operada en tiempo y forma la desestimación tácita al recurso de reposición planteado en tiempo y forma, lo cual deja expedita la vía contencioso-administrativa. CONSIDERANDO (5): Que para esta Sala de lo Constitucional, la fundamentación expresada se encuentra asimismo dotada de juridicidad y de sentido teleológico constitucional por otros motivos, entre los cuales destacamos el principio pro sentencia, de recibo en nuestra jurisprudencia y según el cual, las normas procesales existen y deben interpretarse para coadyuvar a la Administración de Justicia, no como obstáculos para alcanzarla; “… lo cual obliga a considerar los requisitos procesales, especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello que conduzca a la decisión de cuestiones de fondo en sentencia (…)” [3]. CONSIDERANDO (6): Que por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad a los antecedentes del caso, cabe establecer que no se ha infringido en ningún momento el debido proceso, ni el derecho de defensa, de la institución pública que se presenta como agraviada en el presente caso, dado que los artículos constitucionales citados como derecho aplicable, no resultan infringidos con la resolución jurisdiccional bajo estudio, por lo cual resulta procedente dictar confirmatoria de la sentencia venida en consulta, en todas y cada una de sus partes"

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 51, inciso Ch (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80, inciso b,c,d (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de febrero del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha tres de octubre de dos mil trece, que denegó el Recurso interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero de dos mil trece, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo, promovida por la señora BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Estimando la Recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; relacionados con los artículos 31 literal a), 51 literal ch), 63 literal a) y 80 literales b), c) y d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. A N T E C E D E N T E S

  1. Que en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la Republica y, por ende, Apoderada del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. 2) Que con fecha cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto Resolutivo, por el cual resolvió: “1) PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas consistentes en a) Que la demanda se presento fuera de los plazos respectivos. b) Que es un acto firme, es decir aquellos que no fueron recurridos en tiempo y forma c) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada por las razones expuestas en la presente resolución.- SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo no cabe recurso alguno tal como lo establece el articulo 64 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo TERCERO: Que la Secretaria del despacho notifique en legal y debida forma el presente auto resolutivo asimismo que haga costar las incidencias en la pieza principal de autos.- Por haber motivos suficientes para litigar se exime de costas a la parte vencida en juicio…” (Ver folios setenta y seis (76) al setenta y nueve (79) de los antecedentes de la pieza de defensas previas). 3) Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo de fecha (sic) “seis” (6) de febrero de dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al cual se ha hecho referencia en el numeral que antecede; por considerar la garantista que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; relacionados con lo establecido en los artículos 31 literal a), 51 literal ch), 63 literal a) y 80 literales b), c) y d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 4) Que en esa misma fecha, esta Sala de lo Constitucional, resolvió: “1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD; 2º Remitir los antecedentes a la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para efectos de que se le de el curso de ley correspondiente al presente amparo…” (Ver folio nueve (9) de los antecedentes de la pieza de Amparo) 5) Que seguido el trámite de ley correspondiente, la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha tres (3) de octubre de dos mil trece (2013), resolvió: “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras.-”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones, que oído el parecer de la Fiscal del Despacho porque no se otorgue el recurso de amparo solicitado, se considera que el Juzgado desestimó correctamente las causas de inadmisibilidad intentadas vía defensas previas por constatarse de autos que la Administración no emitió la resolución administrativa dentro del plazo legal que le conceden las leyes, lo cual provocó el agotamiento de la vía administrativa ante el silencio administrativo en que incurriera el demandado, motivo por el cual se tiene por enderezada la acción contra un acto administrativo de carácter definitivo, directamente impugnable ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, acción la cual se ha promovido en efecto dentro del plazo legal de treinta (30) días hábiles que ordena la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, se rechazan las defensas previas presentadas, por constatarse que la persona que demanda justicia ante estrados judiciales se encuentra legitimada para pretender la nulidad del acto administrativo que se solicita y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, al tenor de lo estipulado en los artículos 12 y 13 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Ver folios cuarenta y uno (41) y cuarenta y dos (42) de los antecedentes de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha catorce (14) de octubre de dos mil trece (2013), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha tres (3) de octubre de dos mil trece (2013) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013); misma que desestimó las Defensas Previas interpuestas por la parte demandada incidentista en la demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo, promovida por la señora BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, cuyas motivaciones obran expuestas en el antecedente número 5) de la presente sentencia; por considerar el Ad Quem no haberse acreditado la existencia de violación alguna a las garantías constitucionales alegadas por la parte Recurrente. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que la resolución reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no resulta en modo alguno violatorio de las garantías invocadas por la Recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Lo anterior en función de no apreciarse como de merito constitucional la pretensión alegada por la garantista, referida a establecer una supuesta extemporaneidad en la presentación de la acción promovida por la parte demandante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; pretensión que fue resuelta fundadamente en sentido denegatorio tanto por la jurisdicción ordinaria, como por la jurisdicción constitucional, la cual ha confirmado en vías de Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (4): Que lo anterior se sustenta en que se ha declarado y motivado suficientemente en la sentencia bajo estudio, que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[1] autoriza al Administrado a activar dicha Jurisdicción cuando el recurso de reposición, por el cual se le pone fin a la vía administrativa, no se hubiere resuelto por la Administración dentro del término legalmente fijado; no siéndole exigible al administrado - como lógico corolario de la proclamación de Honduras como Estado de Derecho –,[2] esperar indefinidamente a que aquella se sirviere resolver la pretensión planteada en sede administrativa y aun fuera de los términos fijados en la Ley. Por lo tanto, se tiene por operada en tiempo y forma la desestimación tácita al recurso de reposición planteado en tiempo y forma, lo cual deja expedita la vía contencioso-administrativa. CONSIDERANDO (5): Que para esta Sala de lo Constitucional, la fundamentación expresada se encuentra asimismo dotada de juridicidad y de sentido teleológico constitucional por otros motivos, entre los cuales destacamos el principio pro sentencia, de recibo en nuestra jurisprudencia y según el cual, las normas procesales existen y deben interpretarse para coadyuvar a la Administración de Justicia, no como obstáculos para alcanzarla; “… lo cual obliga a considerar los requisitos procesales, especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor formalismo posible todo aquello que conduzca a la decisión de cuestiones de fondo en sentencia (…)”[3]. CONSIDERANDO (6): Que por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad a los antecedentes del caso, cabe establecer que no se ha infringido en ningún momento el debido proceso, ni el derecho de defensa, de la institución pública que se presenta como agraviada en el presente caso, dado que los artículos constitucionales citados como derecho aplicable, no resultan infringidos con la resolución jurisdiccional bajo estudio, por lo cual resulta procedente dictar confirmatoria de la sentencia venida en consulta, en todas y cada una de sus partes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 19 y 20 del Código Civil, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha tres de octubre de dos mil trece, de la cual se ha hecho debido merito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta bajo el número SCO-0875-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Específicamente en lo que prescrito en los artículos 42 literal a) y 43 último párrafo de la citada ley.

[2] Aceptado que sea que esta forma de organización política se rige por la ley como expresión de la voluntad general expresada en la forma prescrita en la Constitución, lo cual legitimaría la sujeción tanto de gobernantes como de gobernados a la misma, compatibilizada que ésta sea con la observancia debida a los derechos fundamentales, por imperativo del principio de dignidad de la persona humana, reconocida como eje axiológico del ordenamiento jurídico hondureño en nuestro texto constitucional.

[3] A título ilustrativo y con carácter analógico, se cita el Voto 1739-92 de la Sala de lo Constitucional de la República de Costa Rica. Vid. Jurisprudencia Constitucional sobre Principios del Debido Proceso Penal (Herrera Fonseca, Rodrigo. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, C.R., 2001, p. 342.)