Sentencia AAC-833-13 — Registro 4811
Resumen
Acción de amparo interpuesta contra Denegatoria de defensas previas alegadas en la demanda promovida contra recurrente para la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo presunto en el Reclamo Patrimonial e indemnización de Daños y Perjuicios promovido contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."septiembre de dos mil trece (2013) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANKLIN YOVANY SÁNCHEZ AMADOR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de febrero del dos mil trece (2013); misma que desestimó las Defensas Previas interpuestas contra la Demanda Ordinaria incoada contra el ESTADO DE HONDURAS para que se Declare la Nulidad e Ilegalidad de un Acto Administrativo Presunto de Carácter Particular en el Reclamo Patrimonial e indemnización de Daños y Perjuicios promovido contra su representado; fallo cuyas motivaciones obran sucintamente expuestas en el antecedente número 5) de la presente sentencia, reconduciéndose las mismas a considerar el Ad Quem no haberse acreditado la existencia de violación alguna a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que la resolución reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no resulta en modo alguno violatorio de las garantías invocadas por el recurrente; como son las de derecho de defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Lo anterior en función de no apreciarse como de merito constitucional la pretensión alegada por el garantista, la cual fue básicamente referida a establecer una supuesta extemporaneidad en la presentación de la acción promovida por la parte demandante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; la cual se le denegó tanto en la jurisdicción ordinaria, como ante la jurisdicción constitucional competente. CONSIDERANDO (4): Que lo anterior se sustenta en lo declarado y motivado en la sentencia bajo estudio, comprobándose que efectivamente la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo autoriza al Administrado a activar dicha Jurisdicción por la modalidad de acto presunto negativo y con el recurso que la ley le prevé cuando el recurso de reposición, por el cual se le pone fin a la vía administrativa, no se hubiera resuelto por la Administración dentro del término legalmente fijado; [1] no siéndole exigible desde una perspectiva constitucional, que atienda en su amplitud el principio derecho al debido proceso; que le sea exigible a los peticionarios esperar indefinidamente a que la Administración se sirva resolver en forma expresa, un recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma. CONSIDERANDO (5): Más aun, que resulta una pretensión irrazonable se faculte a la Administración a resolver lo pedido, para el caso, un recurso de reposición, fuera de los términos fijados taxativamente en la Ley para habilitar o hacer valer la denegatoria presunta al mismo. Lo anterior como un paso previo, sin el cual no se pueda autorizar al administrado a ejercer su derecho de acción mediante la oportuna judicialización de lo pretendido. Por tanto, se considera la jurisdicción constitucional ha fundamentado plausiblemente este respecto y ha motivado de conformidad a derecho, la resolución que es venida en consulta.CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, la fundamentación expresada se encuentra así mismo dotada de juridicidad y de sentido teleológico constitucional por apegarse al principio pro sentencia - de recibo en nuestro derecho público – y según el cual las normas procesales deben interpretarse para facilitar la adecuada Administración de Justicia y no como obstáculos para alcanzarla. Lo anterior, conllevaría a considerar los requisitos procesales y especialmente las inadmisiones con motivo en defensa previa, restrictivamente y sólo a texto expreso; procurando, a contrario sensu, interpretar extensivamente todo aquello que conduzca al conocimiento y resolución en el fondo de los derechos e intereses legítimos promovidos por las partes constituidas en juicio, mediante la emisión de la sentencia de fondo que corresponda en derecho.CONSIDERANDO (7): Que por todo ello, de conformidad a los antecedentes del caso, cabe establecer que no se han infringido los derechos constitucionales a un debido proceso, ni a la inviolabilidad del derecho de defensa, del Estado de Honduras, como parte demandada en el proceso contencioso-administrativo, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Por lo cual resulta procedente confirmar la sentencia venida en consulta, en todas y cada una de sus partes
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 51, inciso Ch (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80, inciso b,c,d, (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: EL fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del año dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de fecha doce de septiembre de dos mil trece, que denegó el recurso de amparo presentado por el Abogado FRANKLIN YOVANY SÁNCHEZ AMADOR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN en fecha ocho de febrero del dos mil trece, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por el señor ELMER EULICES VALDEZ BENITEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio su representada, los artículos 82 y 90, párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el señor ELMER EULICES VALDEZ BENITEZ, actuando en su condición personal, interponiendo DEMANDA ORDINARIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PARA LA NULIDAD E ILEGALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO DE CARÁCTER PARTICULAR EXPRESADO A TRAVÉS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y QUEBRANTAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES ESTABLECIDAS EN LA LEY, EN EL RECLAMO PATRIMONIAL EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CUANTIFICADOS EN CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 49, 820, 335. 59) contra el ESTADO DE HONDURAS a través de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD. (Ver folios ciento cincuenta y nueve (159) al ciento setenta (170) de la primera pieza de los antecedentes)2) Que la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del Estado, compareció ante el citado Juzgado en fecha diecisiete (17) de enero del dos mil trece (2013), oponiendo defensas previas en la demanda relacionada en el numeral que precede. (Ver folios uno (01) al cinco (05) de la pieza separada de defensas previas).3) Que en fecha ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual falló: “PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas consistentes en a) Falta de agotamiento de la vía administrativa. b) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos c) Que tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa al tenor del articulo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo d) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada.- SEGUNDO: Contra el presente auto resolutivo no cabe recurso alguno tal como lo establece el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…”. (Ver folios setenta (70) al setenta y cuatro (74) de la pieza separada de defensas previas)4) Que en fecha nueve (9) de abril del dos mil trece (2013), el Abogado FRANKLIN YOVANY SÁNCHEZ AMADOR, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, alegando que la sentencia interlocutoria de fecha ocho (8) de febrero del dos mil trece (2013), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha doce (12) de septiembre del dos mil trece (2013), en la cual falló: “DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR, en su condición de Apoderado Legal del Estado de Honduras a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, contra el auto dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho (08) de febrero del dos mil trece (2013) …”; lo cual tuvo como fundamento que el Juzgado desestimó correctamente las causas de inadmisibilidad intentadas vía defensas previas por no constatarse su alegato de que el Juzgador no observó los artículos contentivos de las garantías constitucionales de derecho a la defensa y al debido proceso, con relación a lo estipulado en los artículos 51 inciso ch), 63 inciso a) y 80 incisos b), c) y d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo); observándose que el Juzgador ha resuelto en observancia estricta de las normas constitucionales invocadas por el recurrente, determinándose que la demanda fue interpuesta dentro del plazo legal, al haberse agotado la vía administrativa, en la modalidad de acto presunto negativo y con el recurso que la ley prevé; estableciéndose en consecuencia que el acto impugnado es susceptible de impugnación, e interponiendo la demanda la persona legitimada para hacerlo; por todo lo cual se tienen por bien desestimadas las defensas previas alegadas y por no infringidos los artículos constitucionales citados. (Ver folios treinta y cuatro (34) al treinta y seis (36) de la pieza de amparo).6) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del dos mil trece (2013), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Así mismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013) por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANKLIN YOVANY SÁNCHEZ AMADOR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho (8) de febrero del dos mil trece (2013); misma que desestimó las Defensas Previas interpuestas contra la Demanda Ordinaria incoada contra el ESTADO DE HONDURAS para que se Declare la Nulidad e Ilegalidad de un Acto Administrativo Presunto de Carácter Particular en el Reclamo Patrimonial e indemnización de Daños y Perjuicios promovido contra su representado; fallo cuyas motivaciones obran sucintamente expuestas en el antecedente número 5) de la presente sentencia, reconduciéndose las mismas a considerar el Ad Quem no haberse acreditado la existencia de violación alguna a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que la resolución reclamada en amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no resulta en modo alguno violatorio de las garantías invocadas por el recurrente; como son las de derecho de defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Lo anterior en función de no apreciarse como de merito constitucional la pretensión alegada por el garantista, la cual fue básicamente referida a establecer una supuesta extemporaneidad en la presentación de la acción promovida por la parte demandante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; la cual se le denegó tanto en la jurisdicción ordinaria, como ante la jurisdicción constitucional competente. CONSIDERANDO (4): Que lo anterior se sustenta en lo declarado y motivado en la sentencia bajo estudio, comprobándose que efectivamente la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo autoriza al Administrado a activar dicha Jurisdicción por la modalidad de acto presunto negativo y con el recurso que la ley le prevé cuando el recurso de reposición, por el cual se le pone fin a la vía administrativa, no se hubiera resuelto por la Administración dentro del término legalmente fijado; [1] no siéndole exigible desde una perspectiva constitucional, que atienda en su amplitud el principio derecho al debido proceso; que le sea exigible a los peticionarios esperar indefinidamente a que la Administración se sirva resolver en forma expresa, un recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma. CONSIDERANDO (5): Más aun, que resulta una pretensión irrazonable se faculte a la Administración a resolver lo pedido, para el caso, un recurso de reposición, fuera de los términos fijados taxativamente en la Ley para habilitar o hacer valer la denegatoria presunta al mismo. Lo anterior como un paso previo, sin el cual no se pueda autorizar al administrado a ejercer su derecho de acción mediante la oportuna judicialización de lo pretendido. Por tanto, se considera la jurisdicción constitucional ha fundamentado plausiblemente este respecto y ha motivado de conformidad a derecho, la resolución que es venida en consulta.CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, la fundamentación expresada se encuentra así mismo dotada de juridicidad y de sentido teleológico constitucional por apegarse al principio pro sentencia - de recibo en nuestro derecho público – y según el cual las normas procesales deben interpretarse para facilitar la adecuada Administración de Justicia y no como obstáculos para alcanzarla. Lo anterior, conllevaría a considerar los requisitos procesales y especialmente las inadmisiones con motivo en defensa previa, restrictivamente y sólo a texto expreso; procurando, a contrario sensu, interpretar extensivamente todo aquello que conduzca al conocimiento y resolución en el fondo de los derechos e intereses legítimos promovidos por las partes constituidas en juicio, mediante la emisión de la sentencia de fondo que corresponda en derecho.CONSIDERANDO (7): Que por todo ello, de conformidad a los antecedentes del caso, cabe establecer que no se han infringido los derechos constitucionales a un debido proceso, ni a la inviolabilidad del derecho de defensa, del Estado de Honduras, como parte demandada en el proceso contencioso-administrativo, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Por lo cual resulta procedente confirmar la sentencia venida en consulta, en todas y cada una de sus partes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 19 y 20 del Código Civil, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en fecha doce de septiembre del dos mil trece, de la cual se ha hecho debido mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0833=13.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Específicamente en lo que prescrito en los artículos 42 literal a) y 43 último párrafo de la citada ley.