Sentencia AAC-80-14 — Registro 4806
Resumen
Denegatoria de amparo en consulta contra resolución que desestima defensas previas por presentación extemporanea de demanda y falta de legitimación interpuestas contra demanda de reintegro por despido indirecto e injusto interpuesta contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(5): Que el recurrente alegó dos defensas previas, en el momento procesal oportuno, consistentes en que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa por ser un acto firme y que se hubiera interpuesto por persona no legitimada por no haber interpuesto la demanda en tiempo y forma, las cuales fueron desestimadas por el a-quo, por estimar que la demanda de merito fue presentada en tiempo y forma y que al tener un interés legitimo la demandante esta legitimada para ejercer la acción correspondiente. CONSIDERANDO (6): Que en cuanto a la primera causa de inadmisibilidad alegada, es decir que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa por ser un acto firme, la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso administrativo estipula que los actos que tienen por objeto la cancelación de un servidor publico, como lo es el caso de autos, se interpondrán sin recurso previo de reposición, el cual según la Ley de Procedimiento Administrativo pone fin a la vía administrativa, estableciendo también dicha ley que se entenderá agotada la vía administrativa cuando la ley lo disponga expresamente. CONSIDERANDO (7): Que si bien es cierto, las normas de personal de la demandada, establecen que los problemas derivados de la relación de servicios que surjan entre la demandada y sus empleados se procurara resolverlos por arreglo directo y de no resolverse se recurrirá a las autoridades administrativas y finalmente a través de la vía judicial, estableciéndose también el termino de prescripción para reclamar a la Comisión contra los despidos, estipulando que una vez agotada la vía administrativa, los conflictos relativos a la aplicación de dichas normas de personal serán resueltos en los tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no es menos cierto que dichas normas fueron adoptadas por la demandada en virtud de sus atribuciones, a través de una resolución, no siendo por tanto una ley, por lo cual dicha resolución no se puede aplicar con preeminencia a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si dichas normas estuviesen establecidas en una ley especial, sí seria de aplicación primaria; en consecuencia, al haberse interpuesto la demanda dentro del termino que estipula la ley, el acto impugnado es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción por haber sido recurrido en tiempo y forma, en aplicación a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que en cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad alegada por el recurrente, ya la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establecen quienes están legitimados para ejercer la acción judicial correspondiente a dicha jurisdicción, encontrándose dentro de dichos presupuestos la demandante, habiéndose presentado la demanda dentro del termino establecido, por lo cual fue recurrida en tiempo y forma. CONSIDERANDO (9): Que del estudio y análisis del presente amparo, así como de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y por lo señalado en los considerandos que anteceden, se concluye que no existe violación a la garantía constitucional del debido Proceso alegada por el recurrente, en virtud de que el a-quo, le dio el tramite correspondiente a su solicitud con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentar sus derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, emitiendo el acto recurrido, ya que al desestimar las defensas previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la jurisdicción de la Contencioso Administrativo y de procedimiento administrativo, ya que para ejercer la acción contra el acto impugnado, se hará sin recurso previo de reposición, por así disponerlo la ley, ya que la resolución que contiene las normas de personal de la demandada, no es ley de la república, por lo cual no se puede aplicar con preeminencia a lo establecido en la ley, en consecuencia, el acto impugnado, es un acto susceptible de impugnación ante dicha jurisdicción, por haber sido recurrido en tiempo y forma…”. CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes se desprende, que la parte demandante ha interpuesto la demanda dentro del termino que estipula la ley, siendo el acto impugnado susceptible de impugnación ante esa jurisdicción por haber sido recurrido en tiempo y forma, en aplicación a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y en cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad alegada por el recurrente, la normativa aplicable, esto es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece quienes están legitimados para ejercer la acción judicial correspondiente a en dicha jurisdicción, por lo que la parte demandante sí se encuentra dentro de los presupuestos establecidos por la ley, de ahí que no se constata la existencia de los obstáculos procesales alegados por el recurrente, y que su opinión impedirían que el Juzgador pueda pronunciarse en su día, sobre el fondo de la cuestión controvertida. CONSIDERANDO (4): Que el rechazo de las defensas previas por parte del Juez a-quo, habiendo sido fundado en ley y con observancia de las normas procesales atinentes al caso, no ha vulnerado en perjuicio del recurrente en vía constitucional la garantía del debido proceso que consagra la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo constitucional estima procedente confirmar la sentencia venida en consulta por estar apegada a derecho"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero de dos mil quince. VISTO: En Consulta la sentencia dictada en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual se denegó la Acción de Amparo Contencioso Administrativo interpuesta por el abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS (CNBS), contra el auto resolutivo dictado en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013), por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación a la demanda promovida por la señora MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS(CNBS). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011), la abogada MARIA ERLINDA LANZA AMADOR, actuando en su condición personal, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, promoviendo demanda para el reintegro al trabajo por despido indirecto e injusto en contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS (CNBS). (F. 01 al 18 de los antecedentes). 2) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Resolvió: (Sic.) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista (demandada), por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno…” (Folios 44 al 53 de los autos). 3) Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil trece (2013), el abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, reclamando amparo a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS(CNBS), alegando que sentencia interlocutoria emitida en fecha de veintiocho de junio de dos mil trece, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo de la Constitución de la República. 4) Que en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), una vez que se hubo seguido el trámite que manda la Ley Sobre Justicia Constitucional la citada Corte de Apelaciones dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic.) “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por el Abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la COMISION NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS, contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo.” (Folios 25 al 27 de la segunda pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014), ésta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta la sentencia dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA, en su condición ya indicada; ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO (2): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en el fallo venido en consulta y que fuera dictado en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), expone que en el caso de merito no se ha violentado a la parte recurrente la garantía constitucional invocada, para lo cual exterioriza lo siguiente: (Sic) “……CONSIDERANDO (5): Que el recurrente alegó dos defensas previas, en el momento procesal oportuno, consistentes en que tuviera por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa por ser un acto firme y que se hubiera interpuesto por persona no legitimada por no haber interpuesto la demanda en tiempo y forma, las cuales fueron desestimadas por el a-quo, por estimar que la demanda de merito fue presentada en tiempo y forma y que al tener un interés legitimo la demandante esta legitimada para ejercer la acción correspondiente. CONSIDERANDO (6): Que en cuanto a la primera causa de inadmisibilidad alegada, es decir que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa por ser un acto firme, la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso administrativo estipula que los actos que tienen por objeto la cancelación de un servidor publico, como lo es el caso de autos, se interpondrán sin recurso previo de reposición, el cual según la Ley de Procedimiento Administrativo pone fin a la vía administrativa, estableciendo también dicha ley que se entenderá agotada la vía administrativa cuando la ley lo disponga expresamente. CONSIDERANDO (7): Que si bien es cierto, las normas de personal de la demandada, establecen que los problemas derivados de la relación de servicios que surjan entre la demandada y sus empleados se procurara resolverlos por arreglo directo y de no resolverse se recurrirá a las autoridades administrativas y finalmente a través de la vía judicial, estableciéndose también el termino de prescripción para reclamar a la Comisión contra los despidos, estipulando que una vez agotada la vía administrativa, los conflictos relativos a la aplicación de dichas normas de personal serán resueltos en los tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no es menos cierto que dichas normas fueron adoptadas por la demandada en virtud de sus atribuciones, a través de una resolución, no siendo por tanto una ley, por lo cual dicha resolución no se puede aplicar con preeminencia a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si dichas normas estuviesen establecidas en una ley especial, sí seria de aplicación primaria; en consecuencia, al haberse interpuesto la demanda dentro del termino que estipula la ley, el acto impugnado es susceptible de impugnación ante esta jurisdicción por haber sido recurrido en tiempo y forma, en aplicación a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que en cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad alegada por el recurrente, ya la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establecen quienes están legitimados para ejercer la acción judicial correspondiente a dicha jurisdicción, encontrándose dentro de dichos presupuestos la demandante, habiéndose presentado la demanda dentro del termino establecido, por lo cual fue recurrida en tiempo y forma. CONSIDERANDO (9): Que del estudio y análisis del presente amparo, así como de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y por lo señalado en los considerandos que anteceden, se concluye que no existe violación a la garantía constitucional del debido Proceso alegada por el recurrente, en virtud de que el a-quo, le dio el tramite correspondiente a su solicitud con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentar sus derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, emitiendo el acto recurrido, ya que al desestimar las defensas previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la jurisdicción de la Contencioso Administrativo y de procedimiento administrativo, ya que para ejercer la acción contra el acto impugnado, se hará sin recurso previo de reposición, por así disponerlo la ley, ya que la resolución que contiene las normas de personal de la demandada, no es ley de la república, por lo cual no se puede aplicar con preeminencia a lo establecido en la ley, en consecuencia, el acto impugnado, es un acto susceptible de impugnación ante dicha jurisdicción, por haber sido recurrido en tiempo y forma…”. CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes se desprende, que la parte demandante ha interpuesto la demanda dentro del termino que estipula la ley, siendo el acto impugnado susceptible de impugnación ante esa jurisdicción por haber sido recurrido en tiempo y forma, en aplicación a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y en cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad alegada por el recurrente, la normativa aplicable, esto es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece quienes están legitimados para ejercer la acción judicial correspondiente a en dicha jurisdicción, por lo que la parte demandante sí se encuentra dentro de los presupuestos establecidos por la ley, de ahí que no se constata la existencia de los obstáculos procesales alegados por el recurrente, y que su opinión impedirían que el Juzgador pueda pronunciarse en su día, sobre el fondo de la cuestión controvertida. CONSIDERANDO (4): Que el rechazo de las defensas previas por parte del Juez a-quo, habiendo sido fundado en ley y con observancia de las normas procesales atinentes al caso, no ha vulnerado en perjuicio del recurrente en vía constitucional la garantía del debido proceso que consagra la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo constitucional estima procedente confirmar la sentencia venida en consulta por estar apegada a derecho. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de La Convención Americana de Sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 28, 30, 41 último párrafo, 48, 63, 64, 66, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 1, 3 atribución 1ª, 2ª y 8ª, del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y mediante la cual deniega el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSE ALBERTO PRADAL MENDOZA, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS y SEGUROS (CNBS).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta bajo el número SCO-0080-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL