Sentencia AAC-546-14 — Registro 4810
Resumen
otorgamiento de amparo en consulta en relación a resolución que desestimo defensas previas presentadas en demanda promovida contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad,para que se decrete la nulidad de Acto Administrativo consistente en resolución en Expediente Administrativo de Tránsito del Juzgado de Conciliación, de Jefatura Metropolitana de Tránsito donde demandante fue condenado a pagar daños materiales producto de accidente de transito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que esta Sala de lo Constitucional al realizar un análisis exhaustivo del Amparo interpuesto, comparte el criterio argüido en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de dejar plasmada en la misma que existe vulneración de Garantías Constitucionales, ya que consta en autos, que el A-Quo, no realizo una valoración conforme a derecho de las Defensas Previas planteadas por la ahora recurrente, existiendo por consiguiente causas de Inadmisibilidad consistentes en “La falta de agotamiento de la vía administrativa, y que la Demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos” consignadas en el articulo 63 literales a) y c) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues ha quedado demostrado en el caso de merito que este tiene su génesis en una Demanda Ordinaria para que se Decrete la Nulidad de un Acto Administrativo de Transito, donde resultó condenado el señor GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ por una Juez de Conciliación de la Jefatura Metropolitana de Tránsito de la ciudad de San Pedro Sula, a pagar daños materiales producto de dicho accidente, y en vista de los hechos plasmados en el caso que nos ocupa es importante soslayar lo que dispone la Norma Procesal Civil en su articulo 400 inciso h), misma que establece lo siguiente: se decidirán por los tramites del Proceso Abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las Demandas que pueden ocurrir entre Comuneros conforme al Código Civil, pago por Consignación, Derechos de Servidumbres y las relativas a las siguientes materias: a)……;h)Pretensiones derivadas de Accidentes de Transito; asimismo el articulo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo estipula lo siguiente: ”Las cuestiones de orden Civil, Mercantil, laboral y Penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración publica se atribuyen por una ley a otra jurisdicción……”; De acuerdo a lo antes citado esta Sala considera que la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo no es la competente para el conocimiento del caso subjúdice. CONSIDERANDO (7): Que en virtud de las razones fácticas y jurídicas expuestas, se puede colegir, que han sido vulneradas las Garantías Constitucionales del Derecho de Defensa, y el Debido Proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Carta Magna, en la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha siete de enero de dos mil catorce, que declaró sin lugar las Defensas Previas alegadas en la Demanda Promovida por el SEÑOR GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. Por consiguiente, es Procedente CONFIRMAR la Sentencia Proferida, por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, venida en consulta, de fecha Veintidós de mayo de Dos Mil Catorce, que OTORGO el Recurso interpuesto contra la Resolución Dictada por el A -Quo"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 400, inciso h (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 89, inciso c y d (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha siete de enero del año dos mil catorce, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda promovida por el abogado CESAR MILIAN PRADO en su condición de representante procesal del señor GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de Junio del año Dos mil Trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el abogado CESAR MILIAN PRADO en su condición de representante procesal del señor GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, interponiendo demanda para que se decrete la nulidad de un Acto Administrativo Ilegal consistente en Resolución en el Expediente Administrativo de Tránsito No. 0741-2013, del Juzgado de Conciliación, de la Jefatura Metropolitana de Tránsito No.02, San Pedro Sula, Cortés.- Que una vez se declare la nulidad, se reconozca la situación jurídica individualizada de mi poderdante por haber sido violentados sus derechos fundamentales, mediante un acto arbitrario e ilegal, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 2) Que en fecha Quince de Noviembre del año Dos Mil Trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada ANGELA MARÍA MADRID LÓPEZ, actuando en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la Republica, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada.3) Que en fecha siete de Enero del año Dos mil Catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Auto Resolutivo en el cual resolvió: “1) DESESTIMAR las Defensas Previas presentadas por la Abogada ANGELA MARÍA MADRID LOPEZ en su condición de Procuradora Judicial de la Procuraduría General de la República por considerar que la Demanda promovida SI reúne los requisitos legales que se exigen para su admisión.-” (Folios veintiuno (F-21) al veintiocho (F-28) de los antecedentes de la Pieza Separada de Defensas Previas).4) Que en fecha Diecisiete de Febrero del año Dos Mil Catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha siete de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República.5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto Sentencia en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “OTORGAR la acción de amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD, contra la resolución de fecha siete de enero de dos mil catorce, que consta del folio número veinticuatro frente (24 f.) al folio número veintisiete vuelto (27 v.) la pieza separada de defensas previas, por no ser competencia esta jurisdicción, en consecuencia, que el Juez A-quo proceda a dictar la resolución que en derecho corresponda, en las Defensas Previas relacionadas, de acuerdo a lo establecido en el presente fallo.-” (Folios treinta y cinco (F-35) al treinta y siete (F-37) de la pieza de Amparo). 6) Que en fecha tres de junio del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme la Constitución de la República la Acción de Amparo tiene como finalidad que a una Persona Agraviada se le mantenga o restituya en el Goce de los Derechos o Garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un Reglamento, Hecho, acto o Resolución de Autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de Amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de Consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que se conoce el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Seguridad, ante la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de la Sentencia de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, que otorgó el recurso interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha Siete de enero del año dos mil catorce, que declaró sin lugar las Defensas Previas alegadas en la Demanda Promovida por el señor GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. Considerando vulnerados el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, Garantizados por la Carta Magna en sus artículos 82 y 90 párrafos primero. CONSIDERANDO (3): Que la Recurrente en su escrito de la Acción de Amparo alega como causales de Inadmisibilidad de la Demanda lo preceptuado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 63 inciso a) y c); con relación al artículo 80, literal d) de la misma ley los cuales respectivamente establecen lo siguiente: “Los Demandados y coadyuvantes podrán alegar, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al emplazamiento, cualesquiera de las siguientes Defensas Previas: a) Las que se funden en los motivos que, con arreglo al artículo 80, de esta ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción;... c) La falta de agotamiento de la vía administrativa,” artículo 80: “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a) …b)…c)… Ch)… d) Que la Demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos.” Como segunda causa de inadmisibilidad se arguyó el hecho de que el conocimiento de la demanda que nos ocupa, no correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo que el Código Procesal Civil en su artículo 400 inciso h) relacionado con el artículo 627, establecen respectivamente lo siguiente: “Artículo 400 Se decidirán por los tramites del procedimiento abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandan que puedan ocurrir entre comuneros conforme al Código Civil, Pago por Consignación, Derechos de Servidumbres y las relativas a las materias siguientes: a).. h) Pretensiones derivadas de accidentes de tránsitos.” “ARTICULO 627.- 1. A través del Proceso Abreviado se conocerán las demandas que se funden en reclamación de daños y perjuicios personales y materiales civiles producidos con ocasión de la circulación de vehículos automotores. 2) Será competente para conocer de éste, el Juez del Lugar donde ocurrió el accidente o el domicilio del demandante, a elección de este”. Continua manifestando la impetrante que por tal razón presentó la causal de inadmisibilidad contenida en los artículos 4 literal a), con relación al artículo 51 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los cuales respectivamente establecen: a) Las cuestiones de orden Civil….” “Artículo 51 literal a) “El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualquiera de las siguientes causas: a) La falta de Jurisdicción o competencia del Juzgado con arreglo al capitulo I del titulo primero de esta ley”. Por lo que el Juez A -Quo, obviando lo que ordenan los artículos antes citados hizo caso omiso, violentando de esta manera los derechos Constitucionales invocados a mi mandante el Estado de Honduras”.CONSIDERANDO (4): Que el Ministerio Público en su dictamen concluye: “Que analizadas las actuaciones procesales y las consideraciones jurídicas planteadas en la resolución que Desestima las Defensas Previas, determina que no se han vulnerado los Derechos invocados por la recurrente, por ende es del criterio que no se otorgue el Amparo solicitado”.CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, profirió la Sentencia que en lo sustancial expresa lo siguiente: (Sic) ”Que la resolución recurrida en amparo es la que desestima las Defensas Previas interpuestas por la parte demandada por considerar el Juez A-Quo que las mismas son improcedentes, en virtud de que las Defensas Previas alegadas por el impetrante son las siguientes; a) Primera causa de inadmisibilidad, la falta de agotamiento de la vía administrativa, que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; b) Cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, como es el caso de autos, de conformidad al artículo 400 inciso h), del Código Procesal Civil. Que si bien es cierto el acto que se impugna es un acto administrativo pero no es menos cierto que no es competencia de esta jurisdicción, en vista de lo establecido en el artículo 400 inciso h) del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 4) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que establece que; No corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: La cuestiones de orden Civil, Mercantil, Laboral y Penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con los actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra Jurisdicción, por lo que esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es la competente para conocer del presente caso. Que el artículo 400 inciso h), del Código Procesal Civil, establece: 1.Se decidirá por los tramites del Proceso Abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pueden ocurrir entre comuneros conforme al Código Civil, pago por consignación y las relativas a las siguientes materias: h) Pretensiones derivadas de accidentes de transito. Que por lo anteriormente expuesto, así como por lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable, se concluye que existe violación a la garantía Constitucional del Debido Proceso alegadas ya que esta jurisdicción de lo Contencioso No es la competente, por lo que esta Corte es del Criterio de Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución de fecha siete de enero de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Primera Instancia, en vista que se han violentado las Garantías Constitucionales expresadas, y su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”:CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional al realizar un análisis exhaustivo del Amparo interpuesto, comparte el criterio argüido en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de dejar plasmada en la misma que existe vulneración de Garantías Constitucionales, ya que consta en autos, que el A-Quo, no realizo una valoración conforme a derecho de las Defensas Previas planteadas por la ahora recurrente, existiendo por consiguiente causas de Inadmisibilidad consistentes en “La falta de agotamiento de la vía administrativa, y que la Demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos” consignadas en el articulo 63 literales a) y c) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues ha quedado demostrado en el caso de merito que este tiene su génesis en una Demanda Ordinaria para que se Decrete la Nulidad de un Acto Administrativo de Transito, donde resultó condenado el señor GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ por una Juez de Conciliación de la Jefatura Metropolitana de Tránsito de la ciudad de San Pedro Sula, a pagar daños materiales producto de dicho accidente, y en vista de los hechos plasmados en el caso que nos ocupa es importante soslayar lo que dispone la Norma Procesal Civil en su articulo 400 inciso h), misma que establece lo siguiente: se decidirán por los tramites del Proceso Abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las Demandas que pueden ocurrir entre Comuneros conforme al Código Civil, pago por Consignación, Derechos de Servidumbres y las relativas a las siguientes materias: a)……;h)Pretensiones derivadas de Accidentes de Transito; asimismo el articulo 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo estipula lo siguiente: ”Las cuestiones de orden Civil, Mercantil, laboral y Penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración publica se atribuyen por una ley a otra jurisdicción……”; De acuerdo a lo antes citado esta Sala considera que la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo no es la competente para el conocimiento del caso subjúdice. CONSIDERANDO (7): Que en virtud de las razones fácticas y jurídicas expuestas, se puede colegir, que han sido vulneradas las Garantías Constitucionales del Derecho de Defensa, y el Debido Proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Carta Magna, en la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo con sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha siete de enero de dos mil catorce, que declaró sin lugar las Defensas Previas alegadas en la Demanda Promovida por el SEÑOR GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. Por consiguiente, es Procedente CONFIRMAR la Sentencia Proferida, por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, venida en consulta, de fecha Veintidós de mayo de Dos Mil Catorce, que OTORGO el Recurso interpuesto contra la Resolución Dictada por el A -Quo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303, 313 No.5, 316, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 51 inciso (a), 63, 80 incisos(c) y( d), de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; articulo 400 inciso h)del Código Procesal Civil; 1,3, numeral 2, 5, 7, 8, 41, 68, 69 de la ley sobre justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Venida en Consulta. Y MANDA: Que con certificación del presente Fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redacto el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un cuatro del mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha once de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0546=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL