Sentencia AAC-51-14 — Registro 4805
Resumen
Denegatoria de amparo en consulta en relación a resolución que desestimo incidente de defensas previas de falta de competencia,haberse presentado la demanda contra un acto firme y consentido,no haberse recurrido en tiempo y forma, la demanda se presentó fuera de los plazos que establece la ley prescribiendo la acción y la defensa previa de cosa juzgada en relación a demanda interpuesta contra recurrente solicitando el reconocimiento de antigüedad y permanencia en el cargo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO (2): Que de la revisada de los antecedentes esta Sala observa que en el caso de autos el juzgado a-quo, en la sentencia incidental de defensas previas que dictara en fecha treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), entre otros ha expresado lo siguiente: (Sic.) ”….OCTAVO: Que con respecto a la causa de inadmisibilidad consistente en que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien el incidentista establece que no se deberá de conocer esta pretensión a través de este juzgado, en vista de que los ahora demandantes han elegido el agotamiento de la vía gubernativa en el que solicitan se les reconozcan la permanencia y la antigüedad en el puesto con todos sus derechos, ya que el competente serían los juzgados del trabajo, no es menos cierto, que la competencia objetiva de este tribunal esta claramente delimitada en el articulo 1 y 3 es decir, que esta es competente para conocer de aquellas pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de carácter particular o en general de la administración publica sujetos al derecho administrativo, entendiéndose que el Instituto Hondureño de Seguridad Social forma parte del Poder Ejecutivo, por tanto los actos administrativos que se impugnan se encuentran sujetos al derecho administrativo y son perfectamente revisado ante esta jurisdicción, lo que conlleva desestimar la presente defensa previa. NOVENO: Que respecto a la segunda causa de inadmisibilidad misma que consiste en que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso Administrativa por ser dicho acto firme, para determinar si los actos administrativos impugnados han adquirido el carácter de firme es necesario realizar un estudio de cada una de las acciones realizadas con dichos actos en vía administrativa, ante esa situación, observamos que el primer acto que impugnan los demandantes es la resolución 984-2011-DE-IHSS, emitida por la Dirección Ejecutiva del IHSS de fecha 27 de septiembre del 2011, a través de la cual se declara sin lugar el reclamo administrativo, si bien es cierto la mencionada resolución que notificada al demandante por medio de la tabla de avisos, no es menos cierto que la misma no se realizo con las formalidades establecidas en el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por tanto tal notificación se considera defectuosa y a producido sus efectos legales a partir del 13 de diciembre del 2012 que el apoderado legal de los demandantes ha interpuesto el recurso de apelación en contra de la resolución 984-2011-DE-IHSS, tal y como lo establece el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo; recurso este que al no haber sido resuelto dentro del plazo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, el demandante ha interpuesto en fecha 26 de enero del 2012 el respectivo recurso de reposición en contra de la resolución negativa presunta por silencio administrativo, mismo que fue declarado sin lugar, mediante resolución numero 09-07-02-2012 de la sesión ordinaria 04-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, emitida por la Junta Directiva del IHSS, la cual fue ratificada en la sesión ordinaria 05-2012 de fecha 21 de febrero del 2012 por parte de la misma Junta Directiva del IHSS, de la cual se notifico personalmente el apoderado legal de los demandantes en fecha 07 de marzo del 2012 (ver folio 18 de la pieza separada de defensa previa, siendo este el segundo acto administrativo impugnado), teniendo el plazo de treinta (30) días hábiles para presentar la demanda ante esta jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 numeral 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, habiéndose presentado dicha demanda en fecha 25 de abril del 2012, o sea dentro de los treinta días hábiles establecidos en la ley, lo que demuestra que los actos administrativos impugnados en ningún momento adquirieron le carácter de firme, por tanto se debe desestimar el presente alegato de defensa previa. DECIMO: Que respecto de tercera causa de inadmisibilidad consistente en que la demanda se a presentado fuera de los plazos respectivos, pues para determinar este alegato de defensa previa es necesario establecer la fecha que se la ha notificado al apoderado legal de la parte demandante el recurso de reposición y la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ante tal situación, se observa que el apoderado legal de la parte demandante ha aceptado por notificación la realizada personalmente en fecha 07 de marzo del 2012( ver folio 18 de la pieza separada de defensa previas), partiendo el día siguiente de dicha notificación y restándole a dicho conteo los cinco (5) días hábiles del asueto de semana santa otorgado por el titular del Poder judicial, la presente demanda ha sido presentada dentro del plazo de treinta (30) días hábiles que establece el articulo 48 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, demostrando que la demanda ha sido presentada dentro del plazo legal establecido, por tanto se debe desestimar dicho alegato de defensa previa. DECIMO PRIMERO: Que en cuanto al cuarto alegato de defensa previa y que consiste en la existencia de cosa Juzgada, pues para determinar la existencia del presente alegato de defensa previa, es necesario su comprobación a través de los parámetros establecidos en el articulo 210 del Código Procesal Civil, y que al ser analizados tanto con lo manifestado por la parte incidentista como incidentada y del estudio de los documentos acompañados al escrito de defensa previa y de los ya existentes en el presente juicio, este suscrito es del siguiente criterio: Que de conformidad a la certificación 5201-108 de fecha 08 de marzo del 2010, se ha podido establecer que lo que se dirimió en el Juzgado del Trabajo de Francisco Morazán fue el restablecimiento del derecho de antigüedad laboral y salario adquirido conforme al ingreso al trabajo de varios de los ahora demandantes; y que al ser confrontados con lo que se demanda en esta jurisdicción, se observa que también varios de ellos están solicitando sean nombrados por acuerdo por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que se les reconozca el estatus de empleados permanentes a partir de la fecha en cada uno de los demandantes firmo por primera vez un contrato de trabajo o que inicio la prestación de sus servicios a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de los derechohabientes. Constatándose que efectivamente concurre una unidad en cuanto al objeto y pretensiones, tanto de las realizadas por varios de los demandantes en el juzgado del trabajo de Francisco Morazán como de las entabladas ante este tribunal, ya que en ambas jurisdicciones lo que se esta solicitando es el reconocimiento de su antigüedad que iniciaría desde que se firmo el primer contrato con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A su vez se observa la identidad en las partes, ya que en ambas causas existe varios de los demandantes siendo estos Oneyda Albertina Sierra Rodríguez, Aixa López, Fany Yamileth Reyes, Karla Valkiria Flores, Oldrin Nahúm Mendoza, Isabel Osiris García Mencia, Misael Zelaya, Marco Tulio Rodríguez Osorto, Héctor Manuel Carranza, Mauricio Javier Paredes Rodríguez, Carlos Armando Ramos, Mario Rafael Cantarero, Ileana Araceli Eguiguren, Gisela Margarita Fonseca, Denis Francisco Velásquez Hernández y Mauricio Javier Paredes, y como parte demandada el Estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social.- De lo anterior se deduce que al existir identidad en cuanto al objeto, pretensiones y partes, se reúnen todas las características de la cosa juzgada material, haciendo que se declare con lugar el presente alegato de defensas previas.- A su vez con respecto al señor Mauricio Javier Paredes Rodríguez, existe identidad en cuanto al objeto, pretensiones y partes, pero con respecto a esta demanda en relación a la causa 682-2006 que también obra en este juzgado, a través de la cual le declaran con lugar la misma pretensión que esta solicitando en la presente causa y de la que actualmente se encuentra en tramite de ejecución. Se debe desestimar el alegato de defensa previa consistente en cosa juzgada en cuanto al resto de los demandantes, señores Alba Karina Vijil Tinoco; Ana Carolina Mejía Izaguirre; Beatriz Alejandra Sosa González; Belma Xiomara Gómez Moreno; Bessy Italia Turcios Gómez; Blanca Azucena Mendoza Larios; Brenda Sulay Quiroz Alcerro; Claudia Dolores Sierra Caballero; Daisy Geraldina Rodríguez Cruz; Delia Gertrudis Padilla Quintanilla; Doria Araceli Carrasco Cerrato; Ela Larissa Mejía Romero; Elia Leticia Venís Romero; Emeliza Carolina Rodríguez Martínez; Francis Ramona Echeverría Varela; Guadalupe Marcia Maria Martínez Salgado; Gracia Maria Sánchez Barrientos; Hilda Lizeth Reyes Bubón; Imelda Roxana Solórzano Vargas; Ivethe Starkman Morales; Jennifer Vanessa Awad Andino; Jessica Danira Flores Claudino; Karen Patricia Pineda Araya; Karina Jeannette Lara Romero; Laura Suyapa Izaguirre Herrera; Ligia del Carmen Ramos Zuniga; Linda Esperanza Zelaya Montes; Magdy Teresa Canales Beltrán; Maria Suyapa López Funez; Marjorie Yesenia Ponce Mendoza; Mary Janne Calix Brooks; Nixa Verónica Irías Gómez; Norma Lizeth Sarmiento Matute; Pastora Castillo Segura; Sandra Lizeth Salgado Cerna; Sara Carolina Paz Álvarez; Sayra Ercilia Rápalo Guevara; Sol Maria Caballero Hernández; Teresa Carolina Moncada; Jessica Azucena Ordóñez Rodezno; Zoila Maria Padilla Laínez; Alejandro Enrique Young Sarmiento; Álvaro Paz Castillo; Armando Sánchez Morazán; Carlos Alberto Rico Zelaya; Carlos Gerardo Aguilar Muñoz; Carlos Iván Pineda Agüero; Cesar Aníbal González Flores; Cesar Eduardo Henríquez Cáceres; Dagoberto Fajardo Sánchez; Elmer René Turcios Cadenas; Erwin Ernesto Ochoa Alcántara Maldonado; Evandro Ramón Valladares Castellanos; Fernando Antonio Mejía Santos; Gerardo Alejandro Mejía Reyes; Gerardo Alfredo Andino Chávez; Germán Edgar García López; Gonzalo Rafael Chávez Madisson; Héctor Javier Ortez Sánchez; Jader Riad Abumohor Poujol; Javier Octavio Molina Ortez; Javier Orlando Sabillón Ortega; Juan Ángel Bustillo Gómez; Juan Ramón Hasbun Mejía; Jorge Alberto Lorenzana García; Jorge Filiberto Amaya Mejía; Jorge Jesús Zablah Bendeck; Jose Bonifacio Avilés Irlas; Leonardo Ramsés Sierra Guevara; Luis Cesar Rodríguez Salinas; Manuel Antonio Cruz López; Mauricio Javier Paredes Rodríguez; Moisés Nazar Rodríguez; Oscar Armando Ramírez López; Otoniel Molina Villanueva; Pedro René Umanzor Suazo; Terencio Rubén Reyes Sequeiros; Tulio Enrique Velásquez Castellanos; Víctor Manuel Ramírez Aguirre y Wilfredo Salgado Valladares, en vista de que no se encuentran comprendidos dentro de los parámetros analizados de la cosa juzgada, establecidos en el articulo 210 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO(3): Que por su parte la sentencia venida en consulta, y que fuera proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013), sucintamente expresa lo siguiente: “Que de la revisión del acto, no se aprecia que se hayan infringido los artículos citados por el amparista, determinándose del análisis del expediente, que a la parte demandada, hoy recurrente, se le ha respetado su derecho de defensa pues ha tenido la oportunidad de defender sus posiciones, y que el debido proceso ha sido observado de conformidad a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. CONSIDERANDO(4): Que la sentencia que se conoce en consulta es conforme a derecho, ya que en el caso subjúdice, se estima que no concurren las vulneraciones constitucionales que en su oportunidad planteo el recurrente, y ello se estima así puesto que entendemos que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta ser la competente para dilucidar el caso de autos; en ese orden de ideas es menester señalar que al tenor de lo preceptuado en el articulo 1 y 2 literal b) de la referida ley, tratándose el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de un ente autónomo el mismo forma parte de la administración publica, por lo que estimamos que la demanda fue correctamente presentada ante la jurisdicción competente. Respecto del termino en que la referida demanda fue presentada es criterio de la Sala, que la misma se ha presentado dentro de los treinta (30) días que señala el articulo 48 numeral 1) de la referida ley, y no como en su oportunidad lo indico el recurrente al sostener que el termino había precluido al ser notificada la resolución 984-11-DE-IHSS, mediante la cual denegó la pretensión planteada; y si bien es cierto que se observa que existe notificación a través de la tabla de avisos el día 11 de octubre del 2011, no menos cierto es que la misma fue impugnada el día 13 de diciembre del 2012, por no haberse realizado con las formalidades que exige el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dando lugar con ello a un nuevo termino, puesto que tal notificación se torno defectuosa y deviene por lo tanto en no ser firme. CONSIDERANDO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia venida en consulta por estar apegada a derecho"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 210 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de febrero de dos mil quince. VISTO: En consulta la sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra el auto dictado en fecha treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación a la pieza separada de defensas previas alegadas en la demanda promovida por los señores AIXA YAMILETH LOPEZ TURCIOS, ALBA KARINA VIJIL TINOCO, ANA CAROLINA MEJIA IZAGUIRRE y OTROS contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). ANTECEDENTES
- Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado LAURENCE MARCELO SALGADO VALLADARES, en su condición de Apoderado Legal de los señores AIXA YAMILETH LOPEZ TURCIOS, ALBA KARINA VIJIL TINOCO, ANA CAROLINA MEJIA IZAGUIRRE, BEATRIZ ALEJANDRA SOSA GONZALEZ, BELMA XIOMARA GOMEZ MORENO, BESSY ITALIA TURCIOS GOMEZ, BLANCA AZUCENA MENDOZA LARIOS, BRENDA SULAY QUIROZ ALCERRO, CLAUDIA DOLORES SIERRA CABALLERO, DAISY GERALDINA RODRIGUEZ CRUZ, DELIA GERTRUDYS PADILLA QUINTANILLA, DORIA ARACELY CARRASCO CERRATO, ELA LARISA MEJIA ROMERO, ELIA LETICIA VENIS ROMERO, EMELIZA CAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ, FANNY YAMILETH REYES ALVAREZ, FRANCIS RAMONA ECHEVERRIA VARELA, GISELA MARGARITA FONTECHA GOMEZ, GUADALUPE MARCIA MARIA MARTINEZ SALGADO, GRAZIA MARIA SANCHEZ BARRIENTOS, HILDA LIZETH REYES DUBON, ILEANA ARACELY EGUIGUREMS ZAMORA, IMELDA ROXANA SOLORZANO VARGAS, ISABEL OSIRIS GARCIA MARCIA, IVETHE STARKMAN MORALES, JENNIFER VANESSA AWAD ANDINO, JESSICA DANHIRA FLORES CLAUDINO, KAREN PATRICIA PINEDA ARAYA, KARINA JEANETTE LARA ROMERO, KARLA WALKIRIA FLORES CASTRO, LAURA SUYAPA IZAGUIRRE HERRERA, LIGIA DEL CARMEN RAMOS ZUNIGA, LINDA ESPERANZA ZELAYA MONTES, MAGDY TERESA CANALES BELTRAN, MARIA SUYAPA LOPEZ FUNEZ, MARJORIE YESENIA PONCE MENDOZA, MARY JANNE CALIX BROOKS, NIXA VERONICA IRIAS GOMEZ, NORMA LIZETH SARMIENTO MATUTE, ONEYDA ALBERTINA SIERRA RODRIGUEZ, PASTORA CASTILLO SEGURA, SANDRA LIZETH SALGADO CERNA, SARA CAROLINA PAZ ALVAREZ, SAYRA ERCILIA RAPALO GUEVARA, SOL MARIA CABALLERO HERNANDEZ, TERESA CRISTINA CONTRERAS MONCADA, YESICA AZUCENA ORDOÑEZ RODEZNO, ZOILA MARIA PADILLA LAINEZ, ALEJANDRO ENRIQUE YOUNG SARMIENTO, ALVARO PAZ CASTILLO, ARMANDO SANCHEZ MORAZAN, CARLOS ALBERTO RICO ZELAYA, CARLOS ARMANDO RAMOS ESPINAL, CARLOS GERARDO AGUILAR MUÑOZ, CARLOS IVAN PINEDA GUERRERO, CESAR ANIBAL GONZALEZ FLORES, CESAR EDUARDO HENRIQUEZ CACERES, DAGOBERTO FAJARDO SANCHEZ, DENIS FRANCISCO VELASQUEZ HERNANDEZ, ELMER RENE TURCIOS CADENAS, ERWIN ERNESTO OCHOA ALCANTARA MALDONADO, EVANDRO RAMON VALLADARES CASTELLANOS, FERNANDO ANTONIO MEJIA SANTOS, GERARDO ALEJANDRO MEJIA REYES, GERARDO ALFREDO ANDINO CHAVEZ, GERMAN EDGAR GARCIA LOPEZ, GONZALO RAFAEL CHAVEZ MADISSON, HECTOR JAVIER ORTEZ SANCHEZ, HECTOR MANUEL CARRANZA COELLO, JADER RIAD ABUMOHOR POUJOL, JAVIER OCTAVIO MOLINA ORTEZ, JAVIER ORLANDO SABILLON ORTEGA, JUAN ANGEL BUSTILLO GOMEZ, JUAN RAMON HASBUN MEJIA, JORGE ALBERTO LORENZANA GARCIA, JORGE FILIBERTO AMAYA MEJIA, JORGE JESUS ZABLAH BENDECK, JOSE BONIFACIO AVILES IRIAS, LEONARDO RAMSES SIERRA GUEVARA, LUIS CARLOS GUILLEN LOBO, LUIS CESAR RODRIGUEZ SALINAS, MARCO TULIO RODRIGUEZ OSORTO, MARIO RAFAEL CASTILLO CANTARERO, MANUEL ANTONIO CRUZ LOPEZ, MAURICIO JAVIER PAREDES RODRIGUEZ, MISAEL ZELAYA MARADIAGA, MOISES NAZAR RODRIGUEZ, OLDRIN NAHUM ESPINOZA CANALES, OSCAR ARMANDO RAMIREZ LOPEZ, OTHONIEL MOLINA VILLANUEVA, PEDRO RENE UMANZOR SUAZO, TERENCIO RUBEN REYES SEQUEIROS, TULIO ENRIQUE VELASQUEZ CASTELLANOS, VICTOR MANUEL RAMIREZ AGUIRRE y WILFREDO SALGADO VALLADARES, promoviendo demanda ordinaria contencioso administrativa para que se declare no ser conforme a derecho y su consecuente anulación de unos actos administrativos de carácter particular por infringir el ordenamiento jurídico; contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su Representante Legal el Director Ejecutivo Doctor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. 2) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), alegando la cuestión incidental de defensas previas, por considerar que no le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo demandado, arguyendo para ello el haberse presentado la demanda contra un acto firme y consentido por no haberse recurrido en tiempo y forma, asimismo porque la demanda se presentó fuera de los plazos que establece la ley prescribiendo la acción, y la defensa previa de cosa juzgada contra los señores Oneyda Albertina Sierra Rodríguez, Aixa López, Fany Yamileth Reyes, teresa Cristina Contreras, Karla Walkiria Flores, Oldrin Nahúm Mendoza, Isabel Osiris García Mencia, Misael Zelaya, Marco Tulio Rodríguez, Héctor Manuel Carranza, Mauricio Javier Paredes Rodríguez, Carlos Armando Ramos, Mario Rafael Cantarero, Ileana Aracely Eguiguren, Gisela Margarita Fontecha, Denis Francisco Velásquez Hernandez y Marco Tulio Rodríguez Osorto, en virtud de que ya habían presentado demanda ordinaria laboral ante el Juzgado de Letras Primero del Trabajo, solicitando el reconocimiento de antigüedad y permanencia en el cargo, dictándose la correspondiente sentencia definitiva, confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo y habiendo sido declarado (sic) “No Ha Lugar” el recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 1 al 9 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas). 3) Que en fecha treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), una vez celebrada la audiencia de defensas previas el referido Juzgado, dictó resolución en mediante la cual resolvió: (Sic.) “PRIMERO: Desestimar las defensas previas consistentes en que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativa por ser dicho acto firme; Que la demanda se a presentado fuera de los plazos respectivos, establecidas en los artículos 80 letra a); 80 letra c) relacionado con el artículo 31 letra a); 80 letra d), respectivamente, todas de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por inexistentes. SEGUNDO: Desestimar la defensa previa consistente en cosa juzgada, con respecto a los demandantes; Alba Karina Vijil Tinoco; Ana Carolina Mejía Izaguirre; Beatriz Alejandra Sosa González; Belma Xiomara Gómez Moreno; Bessy Italia Turcios Gómez; Blanca Azucena Mendoza Larios; Brenda Sulay Quiroz Alcerro; Claudia Dolores Sierra Caballero; Daisy Geraldina Rodríguez Cruz; Delia Gertrudis Padilla Quintanilla; Doria Araceli Carrasco Cerrato; Ela Larissa Mejía Romero; Elia Leticia Venís Romero; Emeliza Carolina Rodríguez Martínez; Francis Ramona Echeverría Varela; Guadalupe Marcia Maria Martínez Salgado; Gracia Maria Sánchez Barrientos; Hilda Lizeth Reyes Bubón; Imelda Roxana Solórzano Vargas; Ivethe Starkman Morales; Jennifer Vanessa Awad Andino; Jessica Danira Flores Claudino; Karen Patricia Pineda Araya; Karina Jeannette Lara Romero; Laura Suyapa Izaguirre Herrera; Ligia del Carmen Ramos Zuniga; Linda Esperanza Zelaya Montes; Magdy Teresa Canales Beltrán; Maria Suyapa López Funez; Marjorie Yesenia Ponce Mendoza; Mary Janne Calix Brooks; Nixa Verónica Irías Gómez; Norma Lizeth Sarmiento Matute; Pastora Castillo Segura; Sandra Lizeth Salgado Cerna; Sara Carolina Paz Alvarez; Sayra Ercilia Rápalo Guevara; Sol Maria Caballero Hernandez; Teresa Carolina Moncada; Jessica Azucena Ordóñez Rodezno; Zoila Maria Padilla Laínez; Alejandro Enrique Young Sarmiento; Alvaro Paz Castillo; Armando Sánchez Morazán; Carlos Alberto Rico Zelaya; Carlos Gerardo Aguilar Muñoz; Carlos Iván Pineda Agüero; Cesar Aníbal González Flores; Cesar Eduardo Henríquez Cáceres; Dagoberto Fajardo Sánchez; Elmer Rene Turcios Cadenas; Erwin Ernesto Ochoa Alcántara Maldonado; Evandro Ramón Valladares Castellanos; Fernando Antonio Mejía Santos; Gerardo Alejandro Mejía Reyes; Gerardo Alfredo Andino Chávez; Germán Edgar García López; Gonzalo Rafael Chávez Madisson; Héctor Javier Ortez Sánchez; Jader Riad Abumohor Poujol; Javier Octavio Molina Ortez; Javier Orlando Sabillón Ortega; Juan Ángel Bustillo Gómez; Juan Ramón Hasbun Mejía; Jorge Alberto Lorenzana García; Jorge Filiberto Amaya Mejía; Jorge Jesús Zablah Bendeck; Jose Bonifacio Avilés Irlas; Leonardo Ramsés Sierra Guevara; Luis Cesar Rodríguez Salinas; Manuel Antonio Cruz López; Mauricio Javier Paredes Rodríguez; Moisés Nazar Rodríguez; Oscar Armando Ramírez López; Otoniel Molina Villanueva; Pedro Rene Umanzor Suazo; Terencio Rubén Reyes Sequeiros; Tulio Enrique Velásquez Castellanos; Víctor Manuel Ramírez Aguirre y Wilfredo Salgado Valladares, por inexistente.- TERCERO: Declarar Con Lugar la Defensa Previa de Cosa Juzgada con Respecto a los Demandantes Señores Oneyda Albertina Sierra Rodríguez, Aixa López; Fany Yamileth Reyes, Karla Valkiria Flores, Oldrin Nahum Mendoza, Isabel Osiris García Mencia, Misael Zelaya Maradiaga, Marco Tulio Rodríguez Osorto, Héctor Manuel Carranza, Mauricio Javier Paredes Rodríguez, Carlos Armando Ramos, Mario Rafael Cantarero, Ileana Araceli Eguiguren, Gisela Margarita Fontecha, Denis Francisco Velásquez Hernandez y Mauricio Javier Paredes Rodríguez, por los motivos señalados en el numeral décimo primero de los fundamentos de derecho antes señalados.- CUARTO: Declarar la Inadmisibilidad de la Presente Demanda en cuanto a los Señores Demandantes referidos en el numeral Tercero de la parte dispositiva de la presente resolución, quienes podrán hacer uso del Recurso de Apelación, mismo que se deberá de presentar ante este Juzgado dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo de expresar los respectivos agravios...”. (Folios 279 al 283 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas)). 4) Que en fecha seis (6) de agosto del año dos mil trece (2013), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra la resolución de fecha treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, por considerar que el mismo es violatorio de los derechos constitucionales estipulados en los artículos 82, 90, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República. En fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil trece (2013), esta Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional impetrada, ordenando dar vista al Fiscal por el término de 48 horas a fin de que emita el dictamen respectivo. (Folios 1 al 10 y 24 de la tercera pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil trece (2013), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, rindió el dictamen correspondiente, siendo del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo solicitado. (Folios 25 al 28 de la tercera pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló denegando el recurso de amparo interpuesto. (Folios 32 al 37 de la tercera pieza de los antecedentes). 7) Que en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil catorce (2014), esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta la sentencia que se deja relacionada en el numeral que antecede, ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO (2): Que de la revisada de los antecedentes esta Sala observa que en el caso de autos el juzgado a-quo, en la sentencia incidental de defensas previas que dictara en fecha treinta (30) de abril del año dos mil trece (2013), entre otros ha expresado lo siguiente: (Sic.) ”….OCTAVO: Que con respecto a la causa de inadmisibilidad consistente en que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien el incidentista establece que no se deberá de conocer esta pretensión a través de este juzgado, en vista de que los ahora demandantes han elegido el agotamiento de la vía gubernativa en el que solicitan se les reconozcan la permanencia y la antigüedad en el puesto con todos sus derechos, ya que el competente serían los juzgados del trabajo, no es menos cierto, que la competencia objetiva de este tribunal esta claramente delimitada en el articulo 1 y 3 es decir, que esta es competente para conocer de aquellas pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de carácter particular o en general de la administración publica sujetos al derecho administrativo, entendiéndose que el Instituto Hondureño de Seguridad Social forma parte del Poder Ejecutivo, por tanto los actos administrativos que se impugnan se encuentran sujetos al derecho administrativo y son perfectamente revisado ante esta jurisdicción, lo que conlleva desestimar la presente defensa previa. NOVENO: Que respecto a la segunda causa de inadmisibilidad misma que consiste en que la demanda tiene por objeto la impugnación de actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso Administrativa por ser dicho acto firme, para determinar si los actos administrativos impugnados han adquirido el carácter de firme es necesario realizar un estudio de cada una de las acciones realizadas con dichos actos en vía administrativa, ante esa situación, observamos que el primer acto que impugnan los demandantes es la resolución 984-2011-DE-IHSS, emitida por la Dirección Ejecutiva del IHSS de fecha 27 de septiembre del 2011, a través de la cual se declara sin lugar el reclamo administrativo, si bien es cierto la mencionada resolución que notificada al demandante por medio de la tabla de avisos, no es menos cierto que la misma no se realizo con las formalidades establecidas en el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por tanto tal notificación se considera defectuosa y a producido sus efectos legales a partir del 13 de diciembre del 2012 que el apoderado legal de los demandantes ha interpuesto el recurso de apelación en contra de la resolución 984-2011-DE-IHSS, tal y como lo establece el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo; recurso este que al no haber sido resuelto dentro del plazo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, el demandante ha interpuesto en fecha 26 de enero del 2012 el respectivo recurso de reposición en contra de la resolución negativa presunta por silencio administrativo, mismo que fue declarado sin lugar, mediante resolución numero 09-07-02-2012 de la sesión ordinaria 04-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, emitida por la Junta Directiva del IHSS, la cual fue ratificada en la sesión ordinaria 05-2012 de fecha 21 de febrero del 2012 por parte de la misma Junta Directiva del IHSS, de la cual se notifico personalmente el apoderado legal de los demandantes en fecha 07 de marzo del 2012 (ver folio 18 de la pieza separada de defensa previa, siendo este el segundo acto administrativo impugnado), teniendo el plazo de treinta (30) días hábiles para presentar la demanda ante esta jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 numeral 1 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, habiéndose presentado dicha demanda en fecha 25 de abril del 2012, o sea dentro de los treinta días hábiles establecidos en la ley, lo que demuestra que los actos administrativos impugnados en ningún momento adquirieron le carácter de firme, por tanto se debe desestimar el presente alegato de defensa previa. DECIMO: Que respecto de tercera causa de inadmisibilidad consistente en que la demanda se a presentado fuera de los plazos respectivos, pues para determinar este alegato de defensa previa es necesario establecer la fecha que se la ha notificado al apoderado legal de la parte demandante el recurso de reposición y la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ante tal situación, se observa que el apoderado legal de la parte demandante ha aceptado por notificación la realizada personalmente en fecha 07 de marzo del 2012( ver folio 18 de la pieza separada de defensa previas), partiendo el día siguiente de dicha notificación y restándole a dicho conteo los cinco (5) días hábiles del asueto de semana santa otorgado por el titular del Poder judicial, la presente demanda ha sido presentada dentro del plazo de treinta (30) días hábiles que establece el articulo 48 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, demostrando que la demanda ha sido presentada dentro del plazo legal establecido, por tanto se debe desestimar dicho alegato de defensa previa. DECIMO PRIMERO: Que en cuanto al cuarto alegato de defensa previa y que consiste en la existencia de cosa Juzgada, pues para determinar la existencia del presente alegato de defensa previa, es necesario su comprobación a través de los parámetros establecidos en el articulo 210 del Código Procesal Civil, y que al ser analizados tanto con lo manifestado por la parte incidentista como incidentada y del estudio de los documentos acompañados al escrito de defensa previa y de los ya existentes en el presente juicio, este suscrito es del siguiente criterio: Que de conformidad a la certificación 5201-108 de fecha 08 de marzo del 2010, se ha podido establecer que lo que se dirimió en el Juzgado del Trabajo de Francisco Morazán fue el restablecimiento del derecho de antigüedad laboral y salario adquirido conforme al ingreso al trabajo de varios de los ahora demandantes; y que al ser confrontados con lo que se demanda en esta jurisdicción, se observa que también varios de ellos están solicitando sean nombrados por acuerdo por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que se les reconozca el estatus de empleados permanentes a partir de la fecha en cada uno de los demandantes firmo por primera vez un contrato de trabajo o que inicio la prestación de sus servicios a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de los derechohabientes. Constatándose que efectivamente concurre una unidad en cuanto al objeto y pretensiones, tanto de las realizadas por varios de los demandantes en el juzgado del trabajo de Francisco Morazán como de las entabladas ante este tribunal, ya que en ambas jurisdicciones lo que se esta solicitando es el reconocimiento de su antigüedad que iniciaría desde que se firmo el primer contrato con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A su vez se observa la identidad en las partes, ya que en ambas causas existe varios de los demandantes siendo estos Oneyda Albertina Sierra Rodríguez, Aixa López, Fany Yamileth Reyes, Karla Valkiria Flores, Oldrin Nahúm Mendoza, Isabel Osiris García Mencia, Misael Zelaya, Marco Tulio Rodríguez Osorto, Héctor Manuel Carranza, Mauricio Javier Paredes Rodríguez, Carlos Armando Ramos, Mario Rafael Cantarero, Ileana Araceli Eguiguren, Gisela Margarita Fonseca, Denis Francisco Velásquez Hernández y Mauricio Javier Paredes, y como parte demandada el Estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social.- De lo anterior se deduce que al existir identidad en cuanto al objeto, pretensiones y partes, se reúnen todas las características de la cosa juzgada material, haciendo que se declare con lugar el presente alegato de defensas previas.- A su vez con respecto al señor Mauricio Javier Paredes Rodríguez, existe identidad en cuanto al objeto, pretensiones y partes, pero con respecto a esta demanda en relación a la causa 682-2006 que también obra en este juzgado, a través de la cual le declaran con lugar la misma pretensión que esta solicitando en la presente causa y de la que actualmente se encuentra en tramite de ejecución. Se debe desestimar el alegato de defensa previa consistente en cosa juzgada en cuanto al resto de los demandantes, señores Alba Karina Vijil Tinoco; Ana Carolina Mejía Izaguirre; Beatriz Alejandra Sosa González; Belma Xiomara Gómez Moreno; Bessy Italia Turcios Gómez; Blanca Azucena Mendoza Larios; Brenda Sulay Quiroz Alcerro; Claudia Dolores Sierra Caballero; Daisy Geraldina Rodríguez Cruz; Delia Gertrudis Padilla Quintanilla; Doria Araceli Carrasco Cerrato; Ela Larissa Mejía Romero; Elia Leticia Venís Romero; Emeliza Carolina Rodríguez Martínez; Francis Ramona Echeverría Varela; Guadalupe Marcia Maria Martínez Salgado; Gracia Maria Sánchez Barrientos; Hilda Lizeth Reyes Bubón; Imelda Roxana Solórzano Vargas; Ivethe Starkman Morales; Jennifer Vanessa Awad Andino; Jessica Danira Flores Claudino; Karen Patricia Pineda Araya; Karina Jeannette Lara Romero; Laura Suyapa Izaguirre Herrera; Ligia del Carmen Ramos Zuniga; Linda Esperanza Zelaya Montes; Magdy Teresa Canales Beltrán; Maria Suyapa López Funez; Marjorie Yesenia Ponce Mendoza; Mary Janne Calix Brooks; Nixa Verónica Irías Gómez; Norma Lizeth Sarmiento Matute; Pastora Castillo Segura; Sandra Lizeth Salgado Cerna; Sara Carolina Paz Álvarez; Sayra Ercilia Rápalo Guevara; Sol Maria Caballero Hernández; Teresa Carolina Moncada; Jessica Azucena Ordóñez Rodezno; Zoila Maria Padilla Laínez; Alejandro Enrique Young Sarmiento; Álvaro Paz Castillo; Armando Sánchez Morazán; Carlos Alberto Rico Zelaya; Carlos Gerardo Aguilar Muñoz; Carlos Iván Pineda Agüero; Cesar Aníbal González Flores; Cesar Eduardo Henríquez Cáceres; Dagoberto Fajardo Sánchez; Elmer René Turcios Cadenas; Erwin Ernesto Ochoa Alcántara Maldonado; Evandro Ramón Valladares Castellanos; Fernando Antonio Mejía Santos; Gerardo Alejandro Mejía Reyes; Gerardo Alfredo Andino Chávez; Germán Edgar García López; Gonzalo Rafael Chávez Madisson; Héctor Javier Ortez Sánchez; Jader Riad Abumohor Poujol; Javier Octavio Molina Ortez; Javier Orlando Sabillón Ortega; Juan Ángel Bustillo Gómez; Juan Ramón Hasbun Mejía; Jorge Alberto Lorenzana García; Jorge Filiberto Amaya Mejía; Jorge Jesús Zablah Bendeck; Jose Bonifacio Avilés Irlas; Leonardo Ramsés Sierra Guevara; Luis Cesar Rodríguez Salinas; Manuel Antonio Cruz López; Mauricio Javier Paredes Rodríguez; Moisés Nazar Rodríguez; Oscar Armando Ramírez López; Otoniel Molina Villanueva; Pedro René Umanzor Suazo; Terencio Rubén Reyes Sequeiros; Tulio Enrique Velásquez Castellanos; Víctor Manuel Ramírez Aguirre y Wilfredo Salgado Valladares, en vista de que no se encuentran comprendidos dentro de los parámetros analizados de la cosa juzgada, establecidos en el articulo 210 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO(3): Que por su parte la sentencia venida en consulta, y que fuera proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013), sucintamente expresa lo siguiente: “Que de la revisión del acto, no se aprecia que se hayan infringido los artículos citados por el amparista, determinándose del análisis del expediente, que a la parte demandada, hoy recurrente, se le ha respetado su derecho de defensa pues ha tenido la oportunidad de defender sus posiciones, y que el debido proceso ha sido observado de conformidad a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. CONSIDERANDO(4): Que la sentencia que se conoce en consulta es conforme a derecho, ya que en el caso subjúdice, se estima que no concurren las vulneraciones constitucionales que en su oportunidad planteo el recurrente, y ello se estima así puesto que entendemos que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta ser la competente para dilucidar el caso de autos; en ese orden de ideas es menester señalar que al tenor de lo preceptuado en el articulo 1 y 2 literal b) de la referida ley, tratándose el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de un ente autónomo el mismo forma parte de la administración publica, por lo que estimamos que la demanda fue correctamente presentada ante la jurisdicción competente. Respecto del termino en que la referida demanda fue presentada es criterio de la Sala, que la misma se ha presentado dentro de los treinta (30) días que señala el articulo 48 numeral 1) de la referida ley, y no como en su oportunidad lo indico el recurrente al sostener que el termino había precluido al ser notificada la resolución 984-11-DE-IHSS, mediante la cual denegó la pretensión planteada; y si bien es cierto que se observa que existe notificación a través de la tabla de avisos el día 11 de octubre del 2011, no menos cierto es que la misma fue impugnada el día 13 de diciembre del 2012, por no haberse realizado con las formalidades que exige el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dando lugar con ello a un nuevo termino, puesto que tal notificación se torno defectuosa y deviene por lo tanto en no ser firme. CONSIDERANDO (5): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia venida en consulta por estar apegada a derecho. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1,74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; artículos 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 7, 9 numeral 2), 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 7, 9, 88, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 8 y 25 de La Convención Americana de Sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013), proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y mediante la cual se deniega el recurso de amparo interpuesto por el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta, registrado en este Tribunal con el número 0051-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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