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Sentencia AAC-492-14 — Registro 4809

Resumen

Recurso de amparo en consulta que desestima defensas previas referente a la falta de legitimidad,extemporaneidad del acto impugnado con carácter de firme, interpuestas por impetrante en relación a demanda para que se declare la anulación de actos administrativos de carácter particular promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…."5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, en el fallo venido en consulta, ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, señalando en el considerando ocho (8) de su fallo SIC “Que del estudio y análisis del presente Amparo, así como de lo prescrito en el Ordenamiento Jurídico aplicable y por lo señalado en los considerandos que anteceden, se concluye que no existe violación a las Garantías Constitucionales del Derecho de Defensa y del Debido Proceso alegadas por el recurrente, en virtud que el A-Quo, le dio el trámite correspondiente a la solicitud con las formalidades exigidas por la ley aplicables, sin violentarle sus Derechos y Garantías establecidas en la Constitución de la República, emitiendo el Acto Recurrido, ya que al desestimar las Defensas previas interpuestas, lo hizo en aplicación a la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, por haberse agotado la vía administrativa, presentando la demanda dentro del término establecido al ser la misma en materia ordinaria, no adquiriendo el Acto impugnado el carácter de firme, estando legitimado el demandante para ejercer dicha acción y no existiendo un litigio pendiente sobre el mismo Acto, ya que el anterior no fue contra el Acto impugnado en la presente acción y no fue admitida a trámite. Por todo ello Denegó el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (6): Que el representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veinticinco de abril del año 2014, en el que relaciona de manera detallada los antecedentes del amparo interpuesto, haciendo un análisis de cada uno de los hechos y garantías quebrantadas a criterio del recurrente, seguidamente expuso su opinión debidamente motivada concluyendo: “que no se ha puesto en precario el Derecho de defensa y el Debido Proceso, con la resolución preferida por el ente jurisdiccional, en consecuencia el Ministerio Público es de la opinión QUE NO SE OTORGUE el amparo solicitado por el impetrante”. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que la demanda se presentó dentro del término que exige la ley, estando el demandante legitimado para ejercitar la acción de mérito por ser el afectado directamente con el Acto Administrativo Impugnado; resultando del estudio practicado en los antecedentes que tal como lo señala el Ad-Quem no existe litispendencia al no existir ningún litigio pendiente, ya que el referido por el demandado no fue ni siquiera admitido. Siendo así, resulta conforme a derecho el fallo del Ad-Quem, cuyo razonamiento y fundamentos de derecho garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente"

Legislación citada

  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80, literal d (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de febrero del dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de febrero del año dos mil catorce, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda ordinaria promovida por el Señor MEDARDO ANTONIO BARAHONA GARCIA contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) adscrita a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis de julio del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Señor MEDARDO ANTONIO BARAHONA GARCIA, interponiendo demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho y la anulación de unos actos administrativos de carácter particular, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA) adscrita a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 2) Que en fecha diez de enero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RICARDO RODRIGUEZ, actuando en su condición de Sub-Procurador General de la Republica y por ende Apoderado del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada. 3) Que en fecha diez de febrero del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto de Resolutivo en el cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR, las DEFENSAS PREVIAS que se refieren a: 1) Falta de agotamiento de la vía administrativa; 2) Que la Demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; 3) Que es un acto firme y consentido y confirmatorio de un acto firme; 4) que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 5) La litis pendencia. Por las razones expuestas en los fundamentos de derecho antes relacionados: SEGUNDO: Contra la resolución que desestime las defensas previas, no cabrá recurso alguno.” (Folios catorce (14) al dieciocho (18) de los antecedentes de la Pieza Separada de Defensas Previas). 4) Que en fecha doce de marzo del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha diez de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto Sentencia en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, actuado en su condición de Apoderado Delegado del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo.” (Folios treinta y ocho (38) al cuarenta y uno (41) de la pieza de amparo). 6) Que en fecha quince de mayo del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, mediante la cual se DENEGÓ el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez de febrero del año dos mil catorce, con relación a las Defensa previas alegadas en la demanda promovida por el señor MEDARDO ANTONIO BARAHONA GARCIA contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha trece de mayo del año dos mil catorce, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se DENIEGA el Recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, en el fallo venido en consulta, ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, señalando en el considerando ocho (8) de su fallo SIC “Que del estudio y análisis del presente Amparo, así como de lo prescrito en el Ordenamiento Jurídico aplicable y por lo señalado en los considerandos que anteceden, se concluye que no existe violación a las Garantías Constitucionales del Derecho de Defensa y del Debido Proceso alegadas por el recurrente, en virtud que el A-Quo, le dio el trámite correspondiente a la solicitud con las formalidades exigidas por la ley aplicables, sin violentarle sus Derechos y Garantías establecidas en la Constitución de la República, emitiendo el Acto Recurrido, ya que al desestimar las Defensas previas interpuestas, lo hizo en aplicación a la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, por haberse agotado la vía administrativa, presentando la demanda dentro del término establecido al ser la misma en materia ordinaria, no adquiriendo el Acto impugnado el carácter de firme, estando legitimado el demandante para ejercer dicha acción y no existiendo un litigio pendiente sobre el mismo Acto, ya que el anterior no fue contra el Acto impugnado en la presente acción y no fue admitida a trámite. Por todo ello Denegó el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (6): Que el representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veinticinco de abril del año 2014, en el que relaciona de manera detallada los antecedentes del amparo interpuesto, haciendo un análisis de cada uno de los hechos y garantías quebrantadas a criterio del recurrente, seguidamente expuso su opinión debidamente motivada concluyendo: “que no se ha puesto en precario el Derecho de defensa y el Debido Proceso, con la resolución preferida por el ente jurisdiccional, en consecuencia el Ministerio Público es de la opinión QUE NO SE OTORGUE el amparo solicitado por el impetrante”. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que la demanda se presentó dentro del término que exige la ley, estando el demandante legitimado para ejercitar la acción de mérito por ser el afectado directamente con el Acto Administrativo Impugnado; resultando del estudio practicado en los antecedentes que tal como lo señala el Ad-Quem no existe litispendencia al no existir ningún litigio pendiente, ya que el referido por el demandado no fue ni siquiera admitido. Siendo así, resulta conforme a derecho el fallo del Ad-Quem, cuyo razonamiento y fundamentos de derecho garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 12, 13, 14, 48, 82, 134, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de mayo del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta bajo el número SCO-0492-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL