Sentencia AAC-49-14 — Registro 4880
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra auto que declaró sin lugar defensas previas en primera instancia en relación a la demanda ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter general para la anulación e inaplicabilidad futura promovida contra el recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte demandada tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él y específicamente en las defensas previas planteadas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo en el incidente planteado una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."la Sala es del criterio porque se reforme la sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha nueve de enero de dos mil catorce, que deniega la acción de amparo interpuesta por el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, en relación a la Demanda ordinaria contraída a pedir la declaración de no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter general para su anulación e inaplicabilidad futura, promovida por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, accionando en su condición de de representante procesal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS y de ELMER SADY MAYES CISNEROS; CARLOS RENE MALDONADO; SANDRA CAROLINA AYESTAS ARGUETA; XENIA JACQUELINE VELÁSQUEZ MONTOYA; ANA RAQUEL GÓMEZ MONTES; DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS; SUYAPA MARÍA FIGUEROA EGUIGUREMS; ELMER ALFREDO LOPEZ LUTZ Y JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ, todos doctores (as) en Ciencias Médicas con sus respectivas especialidades, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO. Manifestando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de los derechos contenidos en los Artículos 82 que consagra el Derecho de Defensa y 90 que consagra el Derecho Debido Proceso, 321 y 323 todos de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, accionando en su condición de representante procesal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS y de ELMER SADY MAYES CISNEROS; CARLOS RENE MALDONADO; SANDRA CAROLINA AYESTAS ARGUETA; XENIA JACQUELINE VELÁSQUEZ MONTOYA; ANA RAQUEL GÓMEZ MONTES; DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS; SUYAPA MARÍA FIGUEROA EGUIGUREMS; ELMER ALFREDO LOPEZ LUTZ Y JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ, todos doctores (as) en Ciencias Médicas con sus respectivas especialidades, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO promoviendo Demanda ordinaria contraída a pedir la declaración de no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter general para su anulación e inaplicabilidad futura, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, consistente en el Decreto Ejecutivo número PCM-024-2012, emitido el diez de julio de dos mil doce, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, publicado en el diario oficial la Gaceta No. 32,871 de fecha trece de julio de dos mil doce, mediante el cual se aprueba el “CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL ESCUELA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)”, celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), suscrito a su vez por el Presidente de la República en condición de testigo de honor en fecha diez de julio de dos mil diez y donde también se reforma el literal b) del Articulo 67 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, de los cuales se pide su anulación para su inaplicabilidad futura, por ser nulos de pleno derecho e infringir el ordenamiento jurídico establecido. 2) Que en fecha catorce de enero de dos mil trece, compareció ante el Juzgado antes citado, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de PROCURADURA GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la Presidencia de la República, relacionada en el numeral que precede, quien delega Poder Especial para el ejercicio de la Procuración Judicial en el abogado OMAR ARTURO CARRANZA. (Folios 01 al 03 de la pieza de Defensas Previas). 3) Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, que en su parte dispositiva resuelve DESESTIMAR las defensas previas alegadas por la parte Incidentista (demandada), por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas. (Folios 30 al 38 de la pieza de Defensas Previas) 4) Que en fecha doce de septiembre de dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado OMAR ARTURO CARRANZA, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, por considerar que el acto reclamado es violatorio de los derechos contenidos en los Artículos 82 que consagra el Derecho de Defensa y 90 que consagra el Derecho Debido Proceso, 321 y 323 todos de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha nueve de enero de dos mil catorce, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones referida, falló denegando la acción de amparo interpuesta por el abogado OMAR ARTURO CARRANZA, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece. (Folios 33 al 35 de la pieza de segunda instancia). 6) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha nueve de enero de dos mil catorce, que deniega la acción de amparo interpuesta por el Abogado OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO, en su condición de Apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, en relación a la Demanda ordinaria contraída a pedir la declaración de no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter general para su anulación e inaplicabilidad futura, promovida por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, accionando en su condición de representante procesal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS y de ELMER SADY MAYES CISNEROS; CARLOS RENE MALDONADO; SANDRA CAROLINA AYESTAS ARGUETA; XENIA JACQUELINE VELÁSQUEZ MONTOYA; ANA RAQUEL GÓMEZ MONTES; DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS; SUYAPA MARÍA FIGUEROA EGUIGUREMS; ELMER ALFREDO LOPEZ LUTZ Y JOSE MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; manifestando básicamente que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo sin observar lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial ni en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la inadmisibilidad de la demanda, dictó auto resolutivo declarando sin lugar las defensas previas presentadas, lo que considera absolutamente improcedente, además de violatorio de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa que le corresponde tutelar a su representado, por medio de los órganos jurisdiccionales, debido a que la acción contenciosa administrativa promovida por la demandante adolece de evidentes causas de inadmisibilidad, en virtud que los demandantes no están legitimados para ejercitar tal acción; ni mucho menos tienen un interés particular ni legitimo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional observa el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, al señalar en la sentencia; que del análisis y del estudio de las presentes diligencias, así como el ordenamiento jurídico aplicable, se concluye que el Colegio Medico de Honduras se encuentra dentro de los presupuestos exigidos por la Ley para demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de actos de carácter general de la Administración Publica; por ser una entidad de Derecho Publico, siendo uno de sus fines la defensa y protección de sus agremiados, afectándoles directamente el acto impugnado a estos; ya, que tanto en el Hospital Escuela como en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud laboran médicos que son miembros de dicho Colegio Profesional, situación y afectación que resulta simplemente de la profesión de los agremiados en la entidad referida. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte demandada tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él y específicamente en las defensas previas planteadas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo en el incidente planteado una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10):Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales; Para que, en casos concretos, se declare que una ley, un reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitucional. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto de mera legalidad teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el tramite del mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se reforme la sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMA la sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y se SOBRESEE el recurso de amparo que se ha merito; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCÍA GARCÍA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto de dos mil quince, certificación del fallo de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaído en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado No. 0049=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL