Sentencia AAC-450-14 — Registro 4804
Resumen
Sentencia de amparo en consulta que desestima las defensas previas interpuesta por impetrante en relación a demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo e injustificado,en contra del Hospital Militar,declarada incompetente en virtud de incidente de declinatoria opuesta tambien por recurrente ante la jurisdicción del trabajo y traslada a la jurisdicción Contencioso-administrativa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda promovida por el Señor MARVIN JOSE GUZMAN CABRERA contra el HOSPITAL MILITAR. CONSIDERANDO(4): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro del debido proceso, es el derecho que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada de sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer que en el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones, ha analizado y valorado suficientemente la respuesta brindada por el A quo, concluyendo que la resolución que se pretende anular, esta dictada conforme a derecho, puesto que motiva la alzada lo siguiente: “… como se manifiesta de las actuaciones, la parte demandante presentó su demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, pero que este se declaró incompetente de conocer de dicha demanda, procediendo a remitir a esta sección de la jurisdicción de lo Contencioso por medio de oficio, por lo que dicha demanda esta presentada en tiempo y forma, en virtud de ello no existe causa de inadmisibilidad como lo establece el artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo expuesto anteriormente ha quedado demostrado que no existe la causa de inadmisibilidad alegada por el incidentista.” CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones fundamenta su decisión en un segundo argumento mediante el cual manifiesta: “… que en cuanto a la segunda causa de admisibilidad, que tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción, que se refiere a los actos firmes es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducidos de otros anteriormente ya definitivos y firmes, por lo que se desestima dicha defensa previa y en cuanto a la tercera causa de inadmisibilidad, también esta se encuentra desestimada en vista de que en artículo 13 de la ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, en relación con el artículo 14 de la misma ley, habla que podrán demandar la declaración de ilegalidad y de inadmisibilidad de los actos de carácter general y particular, quienes tuvieren interés legitimo y directo”.” CONSIDERANDO(6): Que la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ en su condición de representante del ESTADO DE HONDURAS, señala que lo sostenido por la alzada vulnera a su representado el derecho a un debido proceso y el derecho fundamental a la defensa. Al respecto se debe mencionar que del examen de los antecedentes se concluye que la sentencia que se conoce en consulta esta dictada conforme a derecho, ello con base en las siguientes argumentaciones: El derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En ese sentido, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la garantía de una tutela judicial efectiva.- Así, se concibe el derecho a la defensa, entre otras manifestaciones del debido proceso, como el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo. Asimismo, se ha sostenido que la defensa tiene lugar cuando el administrado tiene la posibilidad de presentar pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. Del análisis y estudio de los antecedentes, esta Sala observa que el recurrente ha hecho uso del derecho a la defensa desde la utilización efectiva del derecho de acción, hasta el derecho al recurso como se demuestra al haber agotado los recursos que la ley le franquea. CONSIDERANDO (7): Que en el presente caso, ha quedado acreditada la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que la interposición de la demanda ha sido efectuada en tiempo y forma, lo que hace procedente confirmar la sentencia recaída el recurso de amparo venido en consulta."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 14 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 31 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80, literal d (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice, “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de Mayo del año dos mil quince. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda promovida por el Señor MARVIN JOSE GUZMAN CABRERA contra el HOSPITAL MILITAR.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de enero del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, el Señor MARVIN JOSE GUZMAN CABRERA, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo e injustificado en contra del HOSPITAL MILITAR, misma que fue declarada incompetente en virtud de la denuncia de declinatoria opuesta por la parte demandada, por lo cual fue remitida al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre del año dos mil doce. 2) Que en fecha nueve de septiembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la Republica y por ende Apoderada del ESTADO DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada. 3) Que en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto Resolutivo en el cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parta Incidentista (demandada), por no existir las causales de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas previas no procede recurso alguno.-” (Folios quince (15) al veinte (20) de los antecedentes de la Pieza Separada de Defensas Previas). 4) Que en fecha tres de diciembre del año dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto Sentencia en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, mediante la cual falló: “DENEGAR la acción de Amparo interpuesto la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ, en su condición de apoderado legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DEFENSA NACIONAL, contra la Resolución de fecha veintinueve de octubre del dos mil trece, que consta del folio número quince frente (15 f.) al folio número veinte vuelto (20 v.) la pieza separada de defensas previas.-” (Folios treinta y ocho (38) al cuarenta (40) de la pieza de amparo). 6) Que en fecha seis de mayo del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta las sentencias recaídas en los recursos de amparo interpuestos ante las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO(3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda promovida por el Señor MARVIN JOSE GUZMAN CABRERA contra el HOSPITAL MILITAR. CONSIDERANDO(4): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro del debido proceso, es el derecho que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada de sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer que en el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones, ha analizado y valorado suficientemente la respuesta brindada por el A quo, concluyendo que la resolución que se pretende anular, esta dictada conforme a derecho, puesto que motiva la alzada lo siguiente: “… como se manifiesta de las actuaciones, la parte demandante presentó su demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, pero que este se declaró incompetente de conocer de dicha demanda, procediendo a remitir a esta sección de la jurisdicción de lo Contencioso por medio de oficio, por lo que dicha demanda esta presentada en tiempo y forma, en virtud de ello no existe causa de inadmisibilidad como lo establece el artículo 80 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo expuesto anteriormente ha quedado demostrado que no existe la causa de inadmisibilidad alegada por el incidentista.” CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones fundamenta su decisión en un segundo argumento mediante el cual manifiesta: “… que en cuanto a la segunda causa de admisibilidad, que tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción, que se refiere a los actos firmes es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducidos de otros anteriormente ya definitivos y firmes, por lo que se desestima dicha defensa previa y en cuanto a la tercera causa de inadmisibilidad, también esta se encuentra desestimada en vista de que en artículo 13 de la ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, en relación con el artículo 14 de la misma ley, habla que podrán demandar la declaración de ilegalidad y de inadmisibilidad de los actos de carácter general y particular, quienes tuvieren interés legitimo y directo”.” CONSIDERANDO(6): Que la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHAVEZ en su condición de representante del ESTADO DE HONDURAS, señala que lo sostenido por la alzada vulnera a su representado el derecho a un debido proceso y el derecho fundamental a la defensa. Al respecto se debe mencionar que del examen de los antecedentes se concluye que la sentencia que se conoce en consulta esta dictada conforme a derecho, ello con base en las siguientes argumentaciones: El derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. En ese sentido, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la garantía de una tutela judicial efectiva.- Así, se concibe el derecho a la defensa, entre otras manifestaciones del debido proceso, como el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo. Asimismo, se ha sostenido que la defensa tiene lugar cuando el administrado tiene la posibilidad de presentar pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. Del análisis y estudio de los antecedentes, esta Sala observa que el recurrente ha hecho uso del derecho a la defensa desde la utilización efectiva del derecho de acción, hasta el derecho al recurso como se demuestra al haber agotado los recursos que la ley le franquea. CONSIDERANDO (7): Que en el presente caso, ha quedado acreditada la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, puesto que la interposición de la demanda ha sido efectuada en tiempo y forma, lo que hace procedente confirmar la sentencia recaída el recurso de amparo venido en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA GUADALUPE LIZARDO CHÁVEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo Contencioso Administrativo venido en consulta, registrado en este Tribunal con el número 0450-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.