Sentencia AAC-333-14 — Registro 4808
Resumen
Sentencia de amparo en consulta que estimó defensa previas interpuestas por impetrante en relación a falta de competencia y legitimación para la interposición demanda contra recurrente,para que se declare la nulidad de un acto administrativo se ordene el reintegro al cargo, pago de salarios dejados de percibir y demas beneficios,siendo revocada dicha sentencia en consulta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(3): Que del examen de la sentencia venida en consulta se constata que tanto el acto reclamado en amparo ante la Corte Ad Quem como la sentencia que otorga la acción venida en consulta, efectivamente vulnera el derecho fundamental genérico al debido proceso, puesto que el declarar sin lugar las defensas previas interpuestas por el defensor del Estado, implica indefensión al actor demandante, ya que se le impide probar con claridad, si el puesto que desempeña constituye un puesto de confianza o no, y de esta decisión constituye el fondo del asunto, más aún cuando la jurisdicción ante la cual se interpuso la acción es la competente para conocer de ello. Desjudicializar el caso in limine, sin tener la certeza de la falta de legitimación para incoar la acción, constituye una vulneración al derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. La Sala de lo Constitucional estima señalar que la revocatoria de la sentencia venida en consulta garantiza una tutela judicial efectiva a ambas partes en el proceso, puesto que el Estado tiene la oportunidad de hacer valer su pretensión a lo largo del proceso administrativo que continúa, con la garantía de la observancia de los derechos fundamentales contenidos tanto en la Constitución de la República como en las leyes secundarias. CONSIDERANDO(4): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se REVOQUE la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, QUE SE DECLARE SIN LUGAR LAS DEFENSAS PREVIAS INTERPUESTAS POR EL ESTADO DE HONDURAS Y QUE SE ORDENE LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO"...
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de Marzo del año dos mil quince. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil catorce (2014), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil trece (2013), en relación a las defensas previas promovidas en la demanda interpuesta por el señor LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI). Manifestando el recurrente que con el acto reclamado se violenta los derechos y garantías constitucionales estipulados en los artículos 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (5) de agosto del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO en su condición personal, promoviendo demanda en materia personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento entre ellas se ordene el reintegro al cargo, pago de salarios dejados de percibir, así como otros aumentos o beneficios que reciban los demás servidores públicos en su ausencia, contra el Estado de Honduras por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2) Que en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando la cuestión incidental de defensas previas, por considerar que el conocimiento de la demanda no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que la demanda fue presentada por persona no legitimada. (Folios 1 al 3 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas). 3) Que en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil trece (2013), el referido Juzgado, dictó resolución, mediante el cual desestimó las defensas previas alegadas por la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, por improcedentes. (Folio 18 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas). 4) Que en fecha seis (6) de enero del año dos mil catorce (2014), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de la garantía y derecho constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, teniendo la Corte por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil catorce (2014), ordenando dar vista al Fiscal por el término de 48 horas a fin de que emita el dictamen respectivo. (Folios 1 y 2 y 14 de la tercera pieza de los antecedentes).5) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil catorce (2014), se tuvo por emitido el dictamen por la Abogada ELA PAREDES BROMFIELD, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, siendo del parecer que no se otorgue el amparo solicitado por el impetrante. (Folios 15 al 19 de la tercera pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, falló: (sic) “OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, apoderada legal del Estado de Honduras A TRAVES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra la RESOLUCION de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, que aparece a folio número dieciocho frente y vuelto (F-18 fyv.), de la pieza separada de defensas previas.- SEGUNDO: En consecuencia que el A-Quo proceda a dictar la sentencia que en derecho corresponda conforme al presente fallo en las Defensas Previas relacionadas.”. (Folios 23 al 25 de la tercera pieza de los antecedentes). 7) Que en fecha uno (1) de abril del año dos mil catorce (2014), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil catorce (2014), QUE OTORGÓ el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil trece (2013), en relación a las defensas previas promovidas en la demanda interpuesta por el señor LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI). El Tribunal de Alzada motiva su decisión manifestando que el señor LUIS SANABRIA CABALLERO, por desempeñar un cargo de confianza y por lo consiguiente un puesto excluido, (JEFE DE OFICINA REGIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DANLI, EL PARAISO) según Acuerdo de nombramiento 254/2006 de fecha 22 de junio de 2006, no esta sujeto al reglamento de la Ley de Servicio Civil, por tanto y como lo exime el artículo 14 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no se deriva de dicho ordenamiento jurídico un derecho sujetivo a su favor que lo legitime para demandar ante esta jurisdicción, por lo que procede la interposición de esta segunda causa de inadmisibilidad, al haber sido promovida la demanda por persona no legitimada, según lo establecido en el artículo 80 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, concluyendo que existe evidente causa de inadmisibilidad de la demanda ya que ésta no corresponde el conocimiento a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el mismo ha sido interpuesto por persona no legitimada por lo que resulta procedente que se declare con lugar las defensas previas y consecuentemente la inadmisibilidad de la demanda, en razón que el artículo 31 de la misma ley establece que no se admitirá la acción contencioso administrativo respecto de los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente lo excluya de esa vía contencioso administrativo. CONSIDERANDO (3): Que del examen de la sentencia venida en consulta se constata que tanto el acto reclamado en amparo ante la Corte Ad Quem como la sentencia que otorga la acción venida en consulta, efectivamente vulnera el derecho fundamental genérico al debido proceso, puesto que el declarar sin lugar las defensas previas interpuestas por el defensor del Estado, implica indefensión al actor demandante, ya que se le impide probar con claridad, si el puesto que desempeña constituye un puesto de confianza o no, y de esta decisión constituye el fondo del asunto, más aún cuando la jurisdicción ante la cual se interpuso la acción es la competente para conocer de ello. Desjudicializar el caso in limine, sin tener la certeza de la falta de legitimación para incoar la acción, constituye una vulneración al derecho de defensa y consecuentemente al derecho a un debido proceso. La Sala de lo Constitucional estima señalar que la revocatoria de la sentencia venida en consulta garantiza una tutela judicial efectiva a ambas partes en el proceso, puesto que el Estado tiene la oportunidad de hacer valer su pretensión a lo largo del proceso administrativo que continúa, con la garantía de la observancia de los derechos fundamentales contenidos tanto en la Constitución de la República como en las leyes secundarias. CONSIDERANDO(4): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se REVOQUE la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, QUE SE DECLARE SIN LUGAR LAS DEFENSAS PREVIAS INTERPUESTAS POR EL ESTADO DE HONDURAS Y QUE SE ORDENE LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 255, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 28, 64 y 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo 1, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil catorce (2014), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, 2) QUE SE DECLARE SIN LUGAR LAS DEFENSAS PREVIAS INTERPUESTAS POR EL ESTADO DE HONDURAS Y QUE SE ORDENE LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo administrativo venido en consulta, registrado en este Tribunal con el número 0333-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.