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Sentencia AAC-299-14 — Registro 4807

Resumen

Auto resolutivo de defensas previas en relación a la Demanda en materia personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada,reintegro al cargo en por lo menos igualdad de condiciones, salarios dejados de percibir promovida contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, en el fallo venido en consulta, ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, dejando establecido en su considerando cinco (5) SIC “…,el Juez desestimó correctamente la causa de inadmisibilidad ante él intentada vía defensas previas, esto porque no existe la causa de inadmisibilidad invocada por la parte demandada, ya que es evidente para el Tribunal que el demandante esta directamente legitimado para demandar ante los tribunales de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la nulidad de un acto administrativo que le afecta, y si el hecho que el término de tiempo por el que fue nombrado el demandante es vencido o no, ese precisamente es el objeto del proceso contencioso administrativo y es sobre lo que el Juez se pronunciará en sentencia definitiva, pero esto no es una falta de legitimación para comparecer en juicio, lo que es una apreciación totalmente equivocada por parte del defensor de los intereses del Estado de Honduras”. En su considerando seis (6) señala que como Tribunal ha observado la equivocación del Estado al interponer equivocadamente la falta de legitimación para poder demandar una nulidad de un acto administrativo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cinco, por lo que las defensas previas en ese sentido son totalmente desacertadas y correctamente desestimadas por el A-Quo. Por todo ello Denegó el Recurso de Amparo intentado. CONSIDERANDO (6): Que el representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil catorce (2014), en el que relaciona de manera detallada los antecedentes del amparo interpuesto, haciendo un análisis de cada uno de los hechos y garantías quebrantadas a criterio del recurrente, seguidamente expuso su opinión debidamente motivada concluyendo: “que comparte el pronunciamiento del Juez A-Quo, en el sentido que el reconocimiento o no de la situación jurídica individualizada deberá ser resuelta en la sentencia definitiva haciendo efectiva la Tutela Judicial y no en esta fase del proceso. Concluyendo que “no se ha vulnerado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso por lo que es de la opinión porque No se Otorgue el amparo solicitado”. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que la Defensa Previa invocada no es conforme a derecho en consecuencia el demandante está legitimado para ejercitar la acción de mérito por ser el afectado directamente con el Acto Administrativo Impugnado. Siendo así, resulta conforme a derecho el fallo del Ad-Quem, cuyo razonamiento y fundamentos de derecho garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo del dos mil quince. VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha trece de marzo de dos mil catorce, que deniega el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de apoderado legal sustituto del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, en relación a la Demanda en materia personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada promovida por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON en su condición de representante procesal del señor AUGUSTO ENRIQUE MEDINA PINEDA contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de junio de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON en su condición de representante procesal del señor AUGUSTO ENRIQUE MEDINA PINEDA, promoviendo Demanda en materia personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica y como medida para restablecerla se ordene el reintegro al cargo en por lo menos igualdad de condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha del acto ilegal hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la Procuradora General de la República ETHEL DERAS ENAMORADO por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, consistente en el Acuerdo No. 921 de fecha quince (15) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante el cual se cancela el nombramiento funcional al señor AUGUSTO ENRIQUE MEDINA PINEDA del cargo de Director Departamental de La Paz. 2) Que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado en referencia, la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de PROCURADURA GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, relacionada en el numeral que precede. (Folios 27 al 30 de la pieza de Defensas Previas). 3) Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, celebró audiencia de Defensas Previas, emitió auto resolutivo mediante el cual el Juez desestimó por improcedentes, las defensas previas planteadas por la parte incidentista por considerar que la parte demandante, el ciudadano Augusto Enrique Medina Pineda si se encuentra legitimado para comparecer ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que los demás alegatos deberán ser resueltos en el fondo del juicio en sentencia definitiva. (Folios 27 al 30 de la pieza de Defensas Previas). 4) Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, compareció ante la Receptora de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de apoderado legal sustituto del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra la resolución de defensas previas de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por considerar que dicha resolución viola las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 06 de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha trece de marzo de dos mil catorce, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió sentencia mediante la cual falló denegando el recurso de amparo interpuesto por el abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de apoderado legal sustituto del ESTADO DE HONDURAS. (Folios 31 al 33 de la pieza de segunda instancia). 6) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha trece de marzo del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, mediante la cual se DENEGÓ el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN CRUZ FLORES a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece, con relación a las Defensa previas alegadas en la demanda promovida por el señor AUGUSTO ENRIQUE MEDINA PINEDA contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Distrito Central, Francisco Morazán, en el fallo venido en consulta, ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, dejando establecido en su considerando cinco (5) SIC “…,el Juez desestimó correctamente la causa de inadmisibilidad ante él intentada vía defensas previas, esto porque no existe la causa de inadmisibilidad invocada por la parte demandada, ya que es evidente para el Tribunal que el demandante esta directamente legitimado para demandar ante los tribunales de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la nulidad de un acto administrativo que le afecta, y si el hecho que el término de tiempo por el que fue nombrado el demandante es vencido o no, ese precisamente es el objeto del proceso contencioso administrativo y es sobre lo que el Juez se pronunciará en sentencia definitiva, pero esto no es una falta de legitimación para comparecer en juicio, lo que es una apreciación totalmente equivocada por parte del defensor de los intereses del Estado de Honduras”. En su considerando seis (6) señala que como Tribunal ha observado la equivocación del Estado al interponer equivocadamente la falta de legitimación para poder demandar una nulidad de un acto administrativo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cinco, por lo que las defensas previas en ese sentido son totalmente desacertadas y correctamente desestimadas por el A-Quo. Por todo ello Denegó el Recurso de Amparo intentado. CONSIDERANDO (6): Que el representante del Ministerio Público emitió dictamen en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil catorce (2014), en el que relaciona de manera detallada los antecedentes del amparo interpuesto, haciendo un análisis de cada uno de los hechos y garantías quebrantadas a criterio del recurrente, seguidamente expuso su opinión debidamente motivada concluyendo: “que comparte el pronunciamiento del Juez A-Quo, en el sentido que el reconocimiento o no de la situación jurídica individualizada deberá ser resuelta en la sentencia definitiva haciendo efectiva la Tutela Judicial y no en esta fase del proceso. Concluyendo que “no se ha vulnerado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso por lo que es de la opinión porque No se Otorgue el amparo solicitado”. CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que la Defensa Previa invocada no es conforme a derecho en consecuencia el demandante está legitimado para ejercitar la acción de mérito por ser el afectado directamente con el Acto Administrativo Impugnado. Siendo así, resulta conforme a derecho el fallo del Ad-Quem, cuyo razonamiento y fundamentos de derecho garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha trece de marzo del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN CRUZ FLORES a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 0299-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.