Sentencia AA-818-14 — Registro 4779
Resumen
Negativa de la Secretaría de Salud de reconocer que ha operado la figura de la Afirmativa Ficta,en relación a reclamo administrativo para la indemnización de daños y perjuicios por mala praxis o negligencia médica
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(10): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 43 de la norma de Procedimiento Administrativo, es de observancia obligatoria, disposición que señala: “Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración pública”; ésta disposición está íntimamente relacionada con el articulo 84 de la misma norma legal que establece: “La resolución de todo procedimiento se notificará: a) En el plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito, cuando lo solicitado se puede resolver de plano, en el fondo; y, b)En el plazo máximo de sesenta (60) días, a partir del día siguiente de la notificación de la primera providencia, en los demás casos. No obstante lo anterior, las resoluciones podrán notificarse después de los plazos señalados por causas excepcionales debidamente justificadas, las cuales se consignaran en el expediente mediante diligencia firmada por el titular del órgano competente para resolver.”; es así que el legislador previendo las situaciones que pudiera suscitar el artículo antes citado en relación a emitir las resoluciones después de los plazos antes indicados, por causas excepcionales, pues el artículo 43 antes relacionado es enfático, en cuanto a establecer como regla general que los plazos serán de obligatorio cumplimiento y como excepción a la norma procedimental del articulo 84, el articulo 44 reza: “La Administración, salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prorroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que se pida antes de expirar el plazo; b) Que se alegue justa causa; y c) Que no se perjudique a terceros. No se concederá más de una prórroga del plazo respectivo. Contra la providencia que concede o deniegue la prórroga no será admisible recurso alguno”. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de los dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo los actos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, así mismo el objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible; se observa a folio 57 de la pieza de antecedentes, providencias de fecha nueve y dieciséis de diciembre del año dos mil trece y luego se observa a folios 58 y 59 los escritos presentados por el Abogado recurrente en Amparo, en los que solicita Certificación que ha operado la Afirmativa Ficta y presentando documento mediante el cual se acredita ha operado la Afirmativa Ficta, mismos que fueron recibidos por la Secretaría de Salud, según acuse, en fecha seis y veintinueve de noviembre del año dos mil trece, resolviendo entiende esta sala únicamente uno de ellos en fecha treinta de diciembre del mismo año dos mil trece, situación ésta que es imposible, cuando ya corre agregado en autos providencia a folio 57 de fecha dieciséis de diciembre, o sea un mes después de presentados las peticiones por el recurrente.CONSIDERANDO (12): Que del estudio de las diligencias se observa que el órgano encargado de emitir resolución en el caso subjudice, hizo caso omiso de los plazos y términos establecidos en la norma procesal aplicable al caso concreto, pues el reclamo administrativo fue presentado en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, y se le dio trámite a dicho reclamo en fecha tres de junio del mismo año, ordenando a las diferentes dependencias se emitieran los respectivos informes, señalando en dicha providencia los plazos en los cuales deberían ser presentados los mismos, plazos que fueron desconocidos no solo por la entidades a quienes se les requirió para presentar sus respectivos dictámenes, sino también por el órgano encargado de emitir resolución en el caso en estudio, pues se observa que los dictámenes e informes solicitados fueron presentados hasta nueve meses después de solicitados, sin emitir resolución el órgano respectivo, que pusiera fin al procedimiento administrativo, en franca violación a lo dispuesto en los artículos 19, 43, 44 y 84 de la Ley de procedimiento Administrativo.CONSIDERANDO (13): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite afirmar: Que el silencio administrativo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, impugnada en esta vía constitucional, fundamentalmente vulnera la garantía del debido proceso, y ello se estima así, puesto que el órgano encargado de emitir resolución que pusiera fin a la vía administrativa hizo caso omiso al procedimiento establecido en la norma jurídica, per se, haber realizado el impetrante todas las diligencias conducentes a obtener una respuesta a su petición, aún mas allá de los plazos establecidos en la ley, tal y como lo acredita con el acta notarial levantada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil trece y que acompañó a su petición a efecto que se otorgará afirmativa Ficta a favor de su mandante. (Folio del 61 al 64 de la pieza de antecedentes) CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que el silencio administrativo impugnado en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 59 (Decreto)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 29 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de Junio del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO a favor de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, conocida también como HAYDEE CHAVEZ, madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ, quien fue conocido también como ARLYN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ y ARLIN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ, contra un acto que constituye el silencio administrativo y la negativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de reconocer que ha operado la figura de la AFIRMATIVA FICTA, con relación al reclamo administrativo para la indemnización de daños y perjuicios por mala praxis o negligencia médica, promovida por la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, en su condición de madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su mandante los artículos 59, 64, 82, 90 párrafo primero y 145 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, compareció ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, el Abogado JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA, en su condición de apoderado legal de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, conocida como HAYDEE CHAVEZ, madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ, quien fue conocido también como ARLYN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ y ARLIN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ, presentando reclamo administrativo, para indemnización de daños y perjuicios por mala praxis o negligencia medica, en contra de esa secretaría de Estado, a fin de que previo los trámites legales correspondientes le sean pagados a su poderdante la cantidad de QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 15,000.000.00), por la muerte de su hijo el señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ, quien fue conocido también como ARLYN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ y ARLIN GEOVANNY RIVERA CHAVEZ.2) Que en fecha seis de noviembre del año dos mil trece, el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, en su condición de Apoderado Legal de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, compareció ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, solicitando certificación de que ha operado la Afirmativa Ficta a favor de su poderdante. (Folio 58 de la pieza de antecedentes) 3) Que en el mismo mes de noviembre y en fecha veintinueve del año dos mil trece, el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, compareció nuevamente ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, presentando documento consistente en fotocopia autenticada de un acta notarial levantada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil trece, a efecto de acreditar que ha operado la afirmativa ficta a favor de su poderdante. (Folios 59 y subsiguientes de la pieza de antecedentes) 4) Que en fecha treinta de diciembre de dos mil trece, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, a través del Secretario General, emitió resolución mediante la cual declara sin lugar la solicitud presentada por el Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, mediante la cual solicita certificación de que ha operado la afirmativa Ficta en el reclamo administrativo de mala praxis contra el señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ, argumentando que dicho reclamo requiere de informes y dictámenes obligatorios y facultativos de diferentes órganos consultivos, fundamentando su resolución en los artículos 72 y última parte del articulo 84 literal b) de la Ley de Procedimiento Administrativo. (Folio 65 de la pieza de antecedentes).5) Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su mandante los artículos 59, 64, 82, 90 párrafo primero y 145 de la Constitución de la República.6) En fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para que el recurrente formalizara su acción de Amparo, sin embargo al apreciar que en el escrito de interposición del recurso, éste desarrolló de manera puntual el concepto de la violación alegada, se procedió a continuar con el trámite ordenando dar vista de los antecedentes al fiscal del Despacho por el termino de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen.7) Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue de la opinión que “se SOBRESEA LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por concurrir causa de inadmisibilidad.” (Folios 55 al 57 de la pieza de amparo).CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de Amparo interpuesta por el recurrente Abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, en relación a un acto que constituye el silencio administrativo y la negativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de reconocer que ha operado la figura de la AFIRMATIVA FICTA, con relación al reclamo administrativo para la indemnización de daños y perjuicios por mala praxis o negligencia médica, promovida por la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, en su condición de madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, aduce que el silencio administrativo y la negativa de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud de reconocer que ha operado la AFIRMATIVA FICTA a favor de su mandante ha violado las garantías constitucionales de derechos humanos, derecho de defensa, garantía del debido proceso, establecidos en los artículos 59, 64, 82, 90 y 145 de la Constitución de la República; expone el recurrente en amparo que tales violaciones constitucionales se han producido pues han transcurrido mas de tres años, cinco meses, de haberse presentado el reclamo administrativo sin que la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud hubiera resuelto el mismo, argumenta el recurrente que de conformidad al segundo párrafo del articulo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Secretaria de Estado debe emitir resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y solo que éstos no contemplen un término específico deberán resolverse en cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud y han transcurrido mas de tres años, cinco meses desde la presentación del reclamo, en consecuencia, estima el recurrente, se entiende que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado la Afirmativa Ficta a favor de su mandante en todo lo que le favorece. CONSIDERANDO (4): Que respecto de la vulneración del derecho humano establecido en el articulo 59 constitucional, sostiene que éste se manifiesta, en el sentido que toda persona tiene derecho a ser atendido en los centros hospitalarios del Estado de manera digna y adecuada; en relación al derecho de defensa arguye que la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, al no resolver el escrito en que presenta el documento con que se acredita haber operado la Afirmativa Ficta, a favor de su mandante, la deja en estado de indefensión; así mismo refiere el recurrente en Amparo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, no esta aplicando en el caso de mérito las formalidades y garantías que la ley establece, desde el momento que ha guardado silencio administrativo, con lo cual en forma arbitraria e ilegal desconoce que en el caso de autos ha operado la Afirmativa Ficta, en abierta violación de la Ley de Procedimiento Administrativo y de los derechos y garantías establecidas en la constitución de la República y las leyes a favor de los particulares.CONSIDERANDO (5): Que considera el recurrente en amparo que las actuaciones materiales o de hecho ejecutadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el presente caso, violenta los derechos y garantías que la Constitución de la República y las Leyes otorgan a los ciudadanos, ya que la ley prevé que cuando por el silencio de la autoridad en los términos señalados, el interesado presuma que ha operado la Afirmativa Ficta, deberá solicitar para su plena eficacia del acto presunto en un término de hasta ocho días hábiles la Certificación que ha operado en su favor la Afirmativa Ficta y como dicha Secretaria de Estado no otorgó en el plazo establecido por la Ley, la correspondiente Certificación, se procedió a levantar el Acta Notarial correspondiente, con la cual se acredita haber operado la Afirmativa Ficta. CONSIDERANDO (6): Sostiene el reclamante que ha transcurrido un tiempo considerable desde que se presentó el reclamo objeto de esta acción de Amparo, el que a la fecha es mas de cuatro años, en perjuicio de su mandante, pues la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, no emitió la resolución correspondiente, que en forma positiva o negativa pusiera fin a la petición planteada, dentro del plazo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, que es de cuarenta días hábiles; por lo cual mediante escritos presentados en fecha seis y veintinueve de Noviembre del año dos mil trece, se hizo uso de la figura jurídica de la Afirmativa Ficta, siguiendo el procedimiento y requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A de la Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (7): Estima esta Sala que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es contra un acto que constituye el silencio administrativo y la negativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de reconocer que ha operado la figura de la AFIRMATIVA FICTA, con relación al reclamo administrativo para la indemnización de daños y perjuicios por mala praxis o negligencia médica, promovida por la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, en su condición de madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ, acto que sostiene el recurrente ha violentado en perjuicio de su mandante los artículos 59, 64, 82, 90 párrafo primero y 145 de la Constitución de la República CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (9): Que la lectura y análisis de la Ley de procedimiento Administrativo, serán aplicables al caso que hoy se examina los artículos siguientes: articulo 19 “Los órganos administrativos desarrollaran su actividad sujetándose a la jerarquía normativa establecida en el articulo 7 de la Ley General de la Administración Pública y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general…”, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; articulo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el derecho que asiste a los interesados a obtener una respuesta pronta a sus peticiones, ya sea por motivo de interés general o particular, cuando recurran ante cualquier autoridad competente. Articulo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo que preceptúa: “AFIRMATIVA FICTA. Es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, sino se contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas. Las Secretarias de Estado, organismos descentralizados y desconcentrados, deberán emitir resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por los ordenamientos jurídicos; y sólo que estos no contemplen un término específico, deberán resolverse en cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud. En estos casos, si la autoridad competente no emite su resolución, dentro de los plazos establecidos habiendo el peticionario cumplido los requisitos que prescriben las normas aplicables, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo y que ha operado la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca. Los daños que el silencio o la omisión irrogaren al estado, correrán a cuenta del funcionario negligente. Este procedimiento se aplicará a todos los que ventilen en la Administración Pública.” CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que el contenido del artículo 43 de la norma de Procedimiento Administrativo, es de observancia obligatoria, disposición que señala: “Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la administración pública”; ésta disposición está íntimamente relacionada con el articulo 84 de la misma norma legal que establece: “La resolución de todo procedimiento se notificará: a) En el plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito, cuando lo solicitado se puede resolver de plano, en el fondo; y, b)En el plazo máximo de sesenta (60) días, a partir del día siguiente de la notificación de la primera providencia, en los demás casos. No obstante lo anterior, las resoluciones podrán notificarse después de los plazos señalados por causas excepcionales debidamente justificadas, las cuales se consignaran en el expediente mediante diligencia firmada por el titular del órgano competente para resolver.”; es así que el legislador previendo las situaciones que pudiera suscitar el artículo antes citado en relación a emitir las resoluciones después de los plazos antes indicados, por causas excepcionales, pues el artículo 43 antes relacionado es enfático, en cuanto a establecer como regla general que los plazos serán de obligatorio cumplimiento y como excepción a la norma procedimental del articulo 84, el articulo 44 reza: “La Administración, salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados una prorroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que se pida antes de expirar el plazo; b) Que se alegue justa causa; y c) Que no se perjudique a terceros. No se concederá más de una prórroga del plazo respectivo. Contra la providencia que concede o deniegue la prórroga no será admisible recurso alguno”. CONSIDERANDO (11): Que al tenor de los dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo los actos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, así mismo el objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible; se observa a folio 57 de la pieza de antecedentes, providencias de fecha nueve y dieciséis de diciembre del año dos mil trece y luego se observa a folios 58 y 59 los escritos presentados por el Abogado recurrente en Amparo, en los que solicita Certificación que ha operado la Afirmativa Ficta y presentando documento mediante el cual se acredita ha operado la Afirmativa Ficta, mismos que fueron recibidos por la Secretaría de Salud, según acuse, en fecha seis y veintinueve de noviembre del año dos mil trece, resolviendo entiende esta sala únicamente uno de ellos en fecha treinta de diciembre del mismo año dos mil trece, situación ésta que es imposible, cuando ya corre agregado en autos providencia a folio 57 de fecha dieciséis de diciembre, o sea un mes después de presentados las peticiones por el recurrente.CONSIDERANDO (12): Que del estudio de las diligencias se observa que el órgano encargado de emitir resolución en el caso subjudice, hizo caso omiso de los plazos y términos establecidos en la norma procesal aplicable al caso concreto, pues el reclamo administrativo fue presentado en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, y se le dio trámite a dicho reclamo en fecha tres de junio del mismo año, ordenando a las diferentes dependencias se emitieran los respectivos informes, señalando en dicha providencia los plazos en los cuales deberían ser presentados los mismos, plazos que fueron desconocidos no solo por la entidades a quienes se les requirió para presentar sus respectivos dictámenes, sino también por el órgano encargado de emitir resolución en el caso en estudio, pues se observa que los dictámenes e informes solicitados fueron presentados hasta nueve meses después de solicitados, sin emitir resolución el órgano respectivo, que pusiera fin al procedimiento administrativo, en franca violación a lo dispuesto en los artículos 19, 43, 44 y 84 de la Ley de procedimiento Administrativo.CONSIDERANDO (13): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite afirmar: Que el silencio administrativo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, impugnada en esta vía constitucional, fundamentalmente vulnera la garantía del debido proceso, y ello se estima así, puesto que el órgano encargado de emitir resolución que pusiera fin a la vía administrativa hizo caso omiso al procedimiento establecido en la norma jurídica, per se, haber realizado el impetrante todas las diligencias conducentes a obtener una respuesta a su petición, aún mas allá de los plazos establecidos en la ley, tal y como lo acredita con el acta notarial levantada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil trece y que acompañó a su petición a efecto que se otorgará afirmativa Ficta a favor de su mandante. (Folio del 61 al 64 de la pieza de antecedentes) CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que el silencio administrativo impugnado en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 64, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; articulo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78.5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 19, 21, 24, 29, 29-A, 29-B, 43, 44, 72 y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 63, 65 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado JOSE ALMENDAREZ LIZARDO, a favor de la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, contra un acto que constituye el silencio administrativo y la negativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de reconocer que ha operado la figura de la AFIRMATIVA FICTA, con relación al reclamo administrativo para la indemnización de daños y perjuicios por mala praxis o negligencia médica, promovida por la señora HAIDEE CHAVEZ AMAYA, en su condición de madre del señor ARLIN JIOVANNY RIVERA CHAVEZ. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de julio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha nueve de junio de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0818=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL
NJB