Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-808-15 — Registro 6140

Resumen

La Resolución recurrida declaró responsabilidad administrativa al servidor judicial imponiendole la sanción disciplinaria de suspensión de su cargo sin derecho a remuneración por el término de (01) un mes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala advierte que asiste al impetrante, agotada que ha sido la instancia administrativa respectiva, el derecho de promover las acciones que estime oportunas en la vía ordinaria, para hacer valer los derechos que afirma asisten al mismo..."…"Que esta Sala ha sostenido en reiteradas decisiones que el inicio del juicio de garantías comporta el agotamiento previo de los recursos y medios ordinarios de defensa que puedan asistir al quejoso, en tal virtud, apreciándose que el recurrente tiene expedita aún la vía judicial ordinaria para hacer valer sus pretensiones, procede sobreseer la acción constitucional que nos ocupa, al tenor de lo que dispone el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido que es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa..."..."esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de abril de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados DARWIN LINDOLFO GARCIA y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, a favor del señor ROGER EFRAIN VARELA JUAREZ, hondureño, mayor de edad, casado, licenciado en economía y de este domicilio, contra la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho, que confirmó la resolución dictada en fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra señor ROGER EFRAIN VARELA JUAREZ, por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y ESTAFA en perjuicio de LA FE PUBLICA Y EL PROYECTO PRAF-SALUD. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de junio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado ANIBAL IZAGUIRRE MARADIAGA, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAUL BARNICA SOLORZANO y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por suponerlos responsables a título de autores de veintinueve (29) el primero y ciento seis (106) el segundo, delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS y FRAUDE en perjuicio de LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA; LUIS FERNANDO VARELA MONCADA y ROGER EFRAIN VARELA JUAREZ, por suponerlos responsables de ciento veintitrés (123) delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS y ESTAFA en perjuicio de LA FE PUBLICA y EL PROYECTO PRAF-SALUD; JOSE CRISTOBAL BREVE JUAREZ, por suponerlo responsable de ciento veintitrés (123) delitos de FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y EL PROYECTO PRAF-SALUD. 2) Que en fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho, el Juzgado instructor, en audiencia inicial, desestimó la excepción de Falta de Acción, planteada por el Abogado CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, en su condición de apoderado legal del señor ROGER EFRAIN VARELA JUAREZ, por considerar que es deber del Ministerio Público, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, por lo que éste está facultado para promover acciones como en el caso de mérito, y que no es necesario esperar una resolución administrativa o penal para hacerlo; citando como fundamento de su decisión el artículo 26 numeral 5 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que el Código Penal no exige como una condición procedimental, que previo a la interposición del requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, sea necesario que sean resueltas previamente por el Tribunal Superior de Cuentas, además que entre las atribuciones del Ministerio Público se encuentra la de promover las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad penal en que hubieren incurrido los funcionarios o empleados públicos, con ocasión del ejercicio de sus funciones y empleos, con excepción de las que competan a la Procuraduría General de la República; citando como fundamento para su decisión los artículos 25 y 92 del Código Procesal Penal; 1 numeral 4) y 16 numeral 6) de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 4) Los recurrentes abogados DARWIN LINDOLFO GARCIA y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, comparecieron ante este Tribunal, en fecha nueve de marzo del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor ROGER EFRAIN VARELA JUAREZ, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que los Abogados DARWIN LINDOLFO GARCIA y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, consideran agraviado el derecho de su representado, alegando la infracción por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales referentes a al Debido Proceso, consagrado en el Artículo 60 90 de la Constitución de la República; señalando que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto, no toma en cuenta una serie de Artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que no contradicen la ley Procesal Penal o la Ley del Ministerio Publico; sino que nos refieren y ordenan que hay una institución que debe investigar previamente la conducta oficial de los funcionarios públicos, y que producto de tal investigación se tomaran por parte de las autoridades respectivas las decisiones legales pertinentes. Por lo que es un requisito previo que el Tribunal Superior de cuentas, comunique al Ministerio Publico el hallazgo de la supuesta irregularidad. CONSIDERANDO: Que en base a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, se omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho. CONSIDERANDO: Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que el Artículo 25 del Código Procesal Penal manda: “Ejercicio de la acción pública. El Ejercicio de la acción publica le corresponderá al Ministerio Público, el cual podrá proceder de oficio o a instancia de parte interesada. En los asuntos de su competencia, tal acción será ejercitada por la Procuraduría General de la Republica, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. También podrá ser ejercida por las victimas del delito, en su caso. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, todos los delitos, excepto los comprendidos en los Artículos 26 y 27 de este Código.” CONSIDERANDO: Que el Artículo 92 del Código Procesal Penal establece: “Función. Corresponderá al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia. Con tal propósito, realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley y del presente Código.” CONSIDERANDO: Que en concordancia con los Artículos del Código Procesal Penal, antes citados, la Ley del Ministerio Publico, establece como uno de de los objetivos principales de la institución el combate e la corrupción en cualquiera de sus formas., (numeral 4) del Artículo 1)). Así también el numeral 6) del Artículo 16 de este mismo cuerpo legal le atribuye la tarea de promover las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o empleados públicos, civiles o militares con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y empleos, con excepción de las que competen a la Procuraduría General de la República conforme la Constitución. CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre del año dos mil ocho; se aprecia en la misma, se fundamenta en que los delitos por los cuales se acusa al imputado, el Código Penal, no exige como una condición procedimental, que previo a la interposición del requerimiento fiscal por el Ministerio Público sea menester que sean resueltas previamente o calificadas a través del Tribunal Superior de Cuentas; ya que la responsabilidad penal no es ventilada por este órgano contralor del Estado. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículos 1, numeral 4) y 16 del al Ley del Ministerio Público; Artículos 25, 92, 354, 356 y 358 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil once, certificación de la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil once, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 614–P308-P346=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL