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Sentencia AA-637-13 — Registro 4777

Resumen

Recurrido alega que forma de impugnar los avalúos no fueron invocadas por impetrantes con relación a la Solicitud de Garantía en la ocupación y uso temporal de un lote de terreno en un proceso de expropiación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

8): Que del análisis de la resolución recurrida, se observa que el Consejo Nacional Agrario, entre otros argumenta “Que hay disposiciones legales especiales en la materia, relacionadas con la forma de impugnar los avalúos contrarios a las pretensiones de las partes y que estas disposiciones norman la forma en que debe acudir ante el Instituto Agrario, según lo describe, el mismo Reglamento de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes del 22 de julio de 1975, los cuales no fueron invocados por el impetrante, por lo cual este tribunal no podría pronunciarse sobre el mismo, por no tener capacidad legal de modificar valores sobre pagos de justiprecio por efectos de expropiación agraria.” Al respecto de debe manifestar que los recurrentes SI hicieron uso de la oportunidad procesal de impugnación del avalúo en aplicación al artículo 28 del “Reglamento de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes”, que establece que: “En caso de que el propietario, poseedor u ocupante de un predio objeto de los avalúos contemplados en este Reglamento, no estuviera de acuerdo con alguno o todos los practicados, podrán impugnarlos únicamente después de que se les notifique el Acuerdo de Expropiación, al hacer uso de los recursos prescritos en el artículo 150, en relación al 58 de la Ley de Reforma Agraria.” CONSIDERANDO (9): Que habiéndose hecho uso del recurso de apelación que manda la Ley de Reforma Agraria, los recurrentes han evidenciado su desacuerdo con el avalúo realizado tal y como lo manda el artículo 28 antes referido, por lo que corresponde al Consejo Nacional Agrario, la aplicación del artículo 29 del reglamento supra-menciodado, que manda: “Si en el caso previsto en el anterior el INA admite el recurso de reposición, ordenará que se practique un nuevo avalúo, el que se realizará por peritos distintos de los que hicieron el primero. En caso contrario dará curso a la apelación,    para lo cual remitirá el respectivo expediente al Consejo Nacional Agrario. Los gastos que originen los nuevos avalúos que el INA practique como consecuencia de los recursos mencionados, correrán por cuenta del recurrente.” CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, estima que la no aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamentos de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes, trae como consecuencia la vulneración a un debido proceso, pues tanto los órganos administrativos como los jurisdiccionales, están en la obligación de resolver en aplicación de las normativas vigentes que regulan cada caso en particular, por lo que hacer caso omiso a determinadas normas de obligatoria aplicación es contrario a resolver con la formalidad derechos y garantías que la ley establece. En base a lo anterior, se estima procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto por haberse vulnerado el artículo 90 constitucional."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de Mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS a favor de los Señores EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, EPAMINONDAS MORENO ÁLVAREZ y THELMA ENAMORADO MORENO, contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha siete de mayo del año dos mil trece, que resolvió sin lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra las Resoluciones No. 210-2010 y 210-A-2010 emitidas por el Instituto Nacional Agrario ambas en fecha veintisiete de abril del año dos mil diez, con relación a la Solicitud de Garantía en la ocupación y uso temporal de un lote de terreno ubicado en la Aldea Mochito Arriba, Municipio de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, promovida por los Señores JOSE CUPERTINO MENDOZA, FRANCISCO GARCIA, LEANDRO GOMEZ Y OTROS constituidos como “EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN VEINTIUNO DE OCTUBRE” en la cual según el recurrente resultaron afectados los Señores EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, EPAMINONDAS MORENO ÁLVAREZ y THELMA ENAMORADO MORENO.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, comparecieron ante la Oficina Regional Agraria Nor-Occidental del Instituto Nacional Agrario, los Señores JOSE CUPERTINO MENDOZA, BAUDILIA RAMOS, FRANCISCO GARCIA, LEANDRO GOMEZ, MANUEL DE JESÚS RAMOS, MARCOS GONZALES, FAUSTO FIGUEROA CHEVEZ, DANIEL EUCEDA, PEDRO GUSTAVO LOPEZ, POMPILIO DE JESÚS LOPEZ Y LOPEZ, JOSE EFRÉN GONZALES, ESTEBAN PADILLA ORELLANA, ADOLFO CRUZ, PETRONA QUINTANILLA ACOSTA, FLORENTINO EDUARDO MARTINEZ, HECTOR MANUEL MURCIA GONZALES, JOSE ANTONIO MURCIA GONZALES, ROSA ELVIA MURCIA AGUILAR, MARIA DELIA SUAZO, LUIS MOLINA, MANUEL DE JESÚS CASTELLANO RAMOS, ISABEL OGEL SARMIENTO, PURIFICACIÓN GUZMAN LOPEZ, MARIA FELIZ CRUZ, MANUEL DE JESÚS ZELAYA AVILA, ANSELMA MARTINEZ, HECTOR CASTELLANOS, EMILIO ORTIZ, JOSE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCIA EUCEDA, SEGISMUNDO GALVEZ, SEBASTIÁN CLAROS Y EMELINA MENDEZ CASTRO constituidos como “EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN VEINTIUNO DE OCTUBRE”, a solicitar Garantía en la ocupación y uso temporal de un lote de terreno ubicado en la Aldea Mochito Arriba, Municipio de San Pedro de Zacapa, Departamento de Santa Bárbara. 2) Que en fecha trece de diciembre del año mil novecientos setenta y cuatro, la Oficina Regional Agraria del Instituto Nacional Agrario dictó resolución en la cual DECLARÓ LA AFECTACIÓN de un área de DOSCIENTAS MANZANAS, en aplicación del Decreto Ley No. 8 de fecha veintiséis de diciembre del año de mil novecientos setenta y dos, y asimismo nombró al Ingeniero DOMINGO CASTRO DURON para que delimitara el área y al Agrónomo CARLOS A. VELÁSQUEZ para que ponga en posesión de las tierras afectadas a los solicitantes. (Folio veinte (20) de la pieza principal de los antecedentes). 3) Que en fecha veintisiete de abril del año dos mil diez, el Instituto Nacional Agrario, dictó la Resolución No. 210-2010 mediante la cual resolvió determinar el justiprecio a pagar al Señor EPAMINONDAS MORENO y de igual manera, en fecha veintisiete de abril del año dos mil diez, el Instituto Nacional Agrario, dictó la Resolución No. 210-A-2010 mediante la cual determinó el justiprecio a pagar al Señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES. 5) Que conociendo de los Recursos de Apelación promovidos por los Abogados AMILCAR UMANZOR CONTRERAS y KENIA FELISA UMANZOR PINEDA, en su condición de Apoderados Legales de los Señores EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, THELMA ENAMORADO MORENO Y EPAMINONDAS MORENO ÁLVAREZ, el Consejo Nacional Agrario, en fecha siete de mayo del año dos mil trece, dicto Resolución Definitiva mediante la cual resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos en forma separada, contra las resoluciones números 210-2010 y 210-A-2010 ambas de fechas 27 de Abril de 2010 por las consideraciones anteriores, confirmando las mismas. 2) Que estando firma la presente resolución se remitan los antecedentes al lugar de su procedencia junto a la certificaron correspondiente.” (Folio seiscientos dos (602) al seiscientos cuatro (604) de la pieza principal de los antecedentes). 6) Que el Abogado AMILCAR UMANZOR CONTRERAS compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve de agosto del año dos mil trece, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los Señores EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, EPAMINONDAS MORENO ÁLVAREZ Y THELMA ENAMORADO MORENO, contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha siete de mayo del año dos mil trece, alegando que con dicha resolución se esta violentando a sus representados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha doce de diciembre del año dos mil trece. 7) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, se tuvo por abstenida de emitir dictamen en el Recurso de Amparo de mérito, y de conformidad a lo solicitado por la misma, la Sala Constitucional ordenó librar comunicación al Instituto Nacional Agrario a efecto que remita o informe si existe el avalúo que manifiesta el recurrente que declara un justiprecio por la cantidad de veintisiete mil lempiras (L. 27,000.00) por hectárea, asimismo que informe si se conformó la comisión para la realización del avaluó que sirvió como base a dicho Instituto para dictar las resoluciones definitivas No. 210-2012 y 210-A-2012, que manda en su artículo 6 el Decreto Legislativo 18-2008, y si en este proceso participaron los Señores EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, EPAMINONDAS MORENO ÁLVAREZ Y THELMA ENAMORADO MORENO.

  1. Que en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, esta Sala de lo Constitucional, tuvo por cumplimentada las comunicaciones libradas al Instituto Nacional Agrario y asimismo dio nueva vista al Fiscal del Ministerio Público para que dentro del término de cuarenta y ocho horas emitiere dictamen en las presentes diligencias. 9) Que en fecha catorce de mayo del año dos mil catorce, la Abogada YULIBETH GARAY HRNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo por existir vulneración de las garantías invocadas por el amparita. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que el génesis de la presente acción se encuentra en la comparecencia que en fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, realizaron los Señores JOSE CUPERTINO MENDOZA, BAUDILIA RAMOS, FRANCISCO GARCIA, LEANDRO GOMEZ, MANUEL DE JESÚS RAMOS, MARCOS GONZALES, FAUSTO FIGUEROA CHEVEZ, DANIEL EUCEDA, PEDRO GUSTAVO LOPEZ, POMPILIO DE JESÚS LOPEZ Y LOPEZ, JOSE EFRÉN GONZALES, ESTEBAN PADILLA ORELLANA, ADOLFO CRUZ, PETRONA QUINTANILLA ACOSTA, FLORENTINO EDUARDO MARTINEZ, HECTOR MANUEL MURCIA GONZALES, JOSE ANTONIO MURCIA GONZALES, ROSA ELVIA MURCIA AGUILAR, MARIA DELIA SUAZO, LUIS MOLINA, MANUEL DE JESÚS CASTELLANO RAMOS, ISABEL OGEL SARMIENTO, PURIFICACIÓN GUZMAN LOPEZ, MARIA FELIZ CRUZ, MANUEL DE JESÚS ZELAYA AVILA, ANSELMA MARTINEZ, HECTOR CASTELLANOS, EMILIO ORTIZ, JOSE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCIA EUCEDA, SEGISMUNDO GALVEZ, SEBASTIÁN CLAROS Y EMELINA MENDEZ CASTRO constituidos como “EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN VEINTIUNO DE OCTUBRE”, ante la Oficina Regional Agraria Nor-Occidental del Instituto Nacional Agrario, donde solicitaron una Garantía en la ocupación y uso temporal de un lote de terreno ubicado en la Aldea Mochito Arriba, Municipio de San Pedro de Zacapa, Departamento de Santa Bárbara. CONSIDERANDO (3): Que a folio veinte de la primera pieza consta que la Oficina Regional Agraria del Instituto Nacional Agrario en fecha trece de diciembre del año mil novecientos setenta y cuatro, declaró CON LUGAR la petición antes relacionada y dictó resolución en la cual DECLARÓ LA AFECTACIÓN de un área de DOSCIENTAS MANZANAS, en aplicación del Decreto Ley No. 8 de fecha veintiséis de diciembre del año de mil novecientos setenta y dos, y asimismo nombró al Ingeniero DOMINGO CASTRO DURON para que delimitara el área y al Agrónomo CARLOS A. VELÁSQUEZ para que ponga en posesión de las tierras afectadas a los solicitantes. CONSIDERANDO (4): Que sobre el terreno afectable antes aludido, se realizaron dos avalúos, y en base a estos se dictaron las resoluciones siguientes: una de fecha veintisiete de abril del año dos mil diez, el Instituto Nacional Agrario, dictó la Resolución No. 210-2010 mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar al Señor EPAMINONDAS MORENO la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 339,982.72) a razón de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 9,725.69) por hectárea, como indemnización justipreciada por el predio expropiado ubicado en jurisdicción del municipio de Zacapa, departamento de Santa Bárbara, que tiene una extensión superficial de TREINTA Y CUATRO HECTÁREAS MAS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS (34 Has. + 9,571.82 Mts2) equivalente a CINCUENTA MANZANAS MAS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y TRES VARAS CUADRADAS (50 Mzs. + 1,375.83 Vrs2) con las colindancias siguientes: AL NORTE: Compañía American Pacific, antes Rosario Resource Corporation; AL SUR: Eduardo Arcenio Pacheco Flores antes zona agrícola del municipio de Zacapa; AL ESTE: Compañía Rosario y Cementerio antes Rosario Resource Corporation; y, AL OESTE: Eduardo Arcenio Pacheco Flores; que se desprende de otros de mayor cabida; cuyo domino se encuentra inscrito a favor del señor EPAMINONDAS MORENO en el Asiento No. 90 Tomo 534 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara; la que se pagará así: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 339,000.00) en Bonos de Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria, que devengarán el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortización cada cinco (5) años, en cuotas similares por periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 982.72) en efectivo. SEGUNDO: Entregar al Señor EPAMINONDAS MORENO los valores en efectivo y Bonos Especiales clase “A” de la Deuda Agraria mencionados en el numeral anterior.” (Folio cuatrocientos ochenta y nueve (489) al cuatrocientos noventa y uno (491) la pieza principal de los antecedentes). CONSIDERANDO (5): Que la segunda resolución se realizó en fecha veintisiete de abril del año dos mil diez, en el que el Instituto Nacional Agrario, dictó Resolución No. 210-A-2010 mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Determinar como justiprecio a pagar al Señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 156,818.59) a razón de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 9,725.69) por hectárea, como indemnización justipreciada por el predio expropiado, ubicado en la jurisdicción del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, que tiene una extensión superficial de DIECISÉIS HECTÁREAS MAS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PUNTO SESENTA Y UN METROS CUADRADOS (16 Has. + 1,241.61 Mts2) equivalente a VEINTITRÉS MANZANAS MAS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UNA PUNTO NOVENTA Y UNA VARAS CUADRADAS (23 Mzs. + 1,261.91 Vrs2) con las colindancias siguientes: AL NORTE: Compañía American Pacific; AL SUR: Eduardo Arcenio Pacheco Flores; AL ESTE: Epaminondas Moreno; y, AL OESTE: Eva de Jesús Moreno Enarmonado; que se desprende de otro de mayor cabida descrito en el inciso a), cuyo domino se encuentra inscrito a favor del señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES en el Asiento No. 43 Tomo 351 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Santa Bárbara; la que se pagará así: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 156,000.00) en Bonos de Especiales Clase “A” de la Deuda Agraria, que devengarán el cinco por ciento (5%) de interés anual redimibles en amortización cada cinco (5) años, en cuotas similares por periodo de diez (10) años a partir de la fecha de su colocación y OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 818.59) en efectivo. SEGUNDO: Entregar al Señor EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES los valores en efectivo y Bonos Especiales clase “A” de la Deuda Agraria mencionados en el numeral anterior.” (Folio cuatrocientos noventa y dos (492) al cuatrocientos noventa y cuatro (494) la pieza principal de los antecedentes). CONSIDERANDO (6): Que no conforme con las resoluciones antes transcritas, los Abogados AMILCAR UMANZOR CONTRERAS y KENIA FELISA UMANZOR PINEDA, en su condición de Apoderados Legales de los Señores EDUARDO ARCENIO PACHECO FLORES, THELMA ENAMORADO MORENO Y EPAMINONDAS MORENO ÁLVAREZ, interpusieron Recursos de Apelación promovidos ante el Consejo Nacional Agrario, exponiendo la situación anómala creada, con relación a la diferencia abismal del justiprecio dado por dos dictámenes distintos, instancia que, sin analizar los agravios expuestos, en fecha siete de mayo del año dos mil trece, dicto Resolución Definitiva mediante la cual resolvió: “1) Declarar SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos en forma separada, contra las resoluciones números 210-2010 y 210-A-2010 ambas de fechas 27 de Abril de 2010 por las consideraciones anteriores, confirmando las mismas. 2) Que estando firme la presente resolución se remitan los antecedentes al lugar de su procedencia junto a la certificaron correspondiente.” (Folio seiscientos dos (602) al seiscientos cuatro (604) de la pieza principal de los antecedentes). CONSIDERANDO (7): Que el recurrente señala que se le han violentado a sus representados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero y 186 de la Constitución de la República. Exponen los recurrentes a folio 52 de la pieza del amparo, que “con base a los avalúos anteriores, INEXPLICABLEMENTE se emitieron dos resoluciones, la primera dando por bien hecho el precio de VEINTISIETE MIL LEMPIRAS POR HECTAREA (L27,000.00), de fecha 18 de junio del año dos mil nueve, y la otra estableciendo el justiprecio en la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SESETA Y NUEVE CENTAVOS POR HECTAREA (L.9,725,69), de fecha 27 de abril del año de dos mil diez.” sin justificar este calculo distinto, cuando se trata de una misma solicitud, con relación a un mismo predio, creando con este trato diferente una vulneración al derecho a la igualdad y a la defensa. El segundo agravio consiste en la vulneración al derecho a la defensa, en tanto sus defendidos no participaron en el decurso del procedimiento específicamente al momento de realizar los avalúos, por lo que no haber tenido la oportunidad de ser oídos les vulnera el derecho de defensa. CONSIDERANDO (8): Que del análisis de la resolución recurrida, se observa que el Consejo Nacional Agrario, entre otros argumenta “Que hay disposiciones legales especiales en la materia, relacionadas con la forma de impugnar los avalúos contrarios a las pretensiones de las partes y que estas disposiciones norman la forma en que debe acudir ante el Instituto Agrario, según lo describe, el mismo Reglamento de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes del 22 de julio de 1975, los cuales no fueron invocados por el impetrante, por lo cual este tribunal no podría pronunciarse sobre el mismo, por no tener capacidad legal de modificar valores sobre pagos de justiprecio por efectos de expropiación agraria.” Al respecto de debe manifestar que los recurrentes SI hicieron uso de la oportunidad procesal de impugnación del avalúo en aplicación al artículo 28 del “Reglamento de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes”, que establece que: “En caso de que el propietario, poseedor u ocupante de un predio objeto de los avalúos contemplados en este Reglamento, no estuviera de acuerdo con alguno o todos los practicados, podrán impugnarlos únicamente después de que se les notifique el Acuerdo de Expropiación, al hacer uso de los recursos prescritos en el artículo 150, en relación al 58 de la Ley de Reforma Agraria.” CONSIDERANDO (9): Que habiéndose hecho uso del recurso de apelación que manda la Ley de Reforma Agraria, los recurrentes han evidenciado su desacuerdo con el avalúo realizado tal y como lo manda el artículo 28 antes referido, por lo que corresponde al Consejo Nacional Agrario, la aplicación del artículo 29 del reglamento supra-menciodado, que manda: “Si en el caso previsto en el anterior el INA admite el recurso de reposición, ordenará que se practique un nuevo avalúo, el que se realizará por peritos distintos de los que hicieron el primero. En caso contrario dará curso a la apelación, para lo cual remitirá el respectivo expediente al Consejo Nacional Agrario. Los gastos que originen los nuevos avalúos que el INA practique como consecuencia de los recursos mencionados, correrán por cuenta del recurrente.” CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional, estima que la no aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamentos de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes, trae como consecuencia la vulneración a un debido proceso, pues tanto los órganos administrativos como los jurisdiccionales, están en la obligación de resolver en aplicación de las normativas vigentes que regulan cada caso en particular, por lo que hacer caso omiso a determinadas normas de obligatoria aplicación es contrario a resolver con la formalidad derechos y garantías que la ley establece. En base a lo anterior, se estima procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto por haberse vulnerado el artículo 90 constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 344 de la Constitución de la República, 58 Y 150 de la Ley de Reforma Agraria, 28 Y 29 del Reglamento de Avalúos de Mejoras Útiles y Necesarias, Construcciones y Plantaciones Permanentes 21, 3 No. 2), 5, 42, 56, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA : OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha siete de mayo del año dos mil trece, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Señor Presidente del Consejo Nacional Agrario, para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince, y para ser enviada al SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL AGRARIO, certificación de la Sentencia de fecha once de mayo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Agrario) bajo el número SCO-0637-2013.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL