Sentencia AA-582-11 — Registro 4774
Resumen
Recurso de amparo interpuesto por impetrante en su condición de heredera de contribuyente,contra resolución de la DEI,que deniega recurso de reposición,por haber interpuesto dicho recurso un día despues,contra resolución que determino un impuesto por Tasación de Oficio ya que causahabiente,como contribuyente no cumplió con su obligación de retener y enterar impuesto a dicha institución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(6): Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional, es definir si el haber declarado sin lugar por improcedente el recurso se reposición interpuesto por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, en su condición de Apoderado Legal de la señora JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA quien es HEREDERA LEGAL de la señora ANA ROSA RIVERA GALINDO, contra la resolución DEI-3648-DA-ARCS-K-2010, dictada por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, acarrea la inaplicabilidad de los autos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “Artículo 24.Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. El objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible. Artículo 25.Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Artículo 26. La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el Artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimientos técnicos.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, en cuanto al recurso de reposición presentado DECLARÓ: “SIN LUGAR por improcedente, en virtud de que fue interpuesto el día tres de mayo de dos mil once, debiendo haber sido incoado el día dos de mayo de dos mil once”. Lo anterior conforme al articulo 77 del Código Tributario. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucede. CONSIDERANDO DOCE (12): El Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo alegado por el recurrente literalmente se lee: “Transcurrido un plazo a la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo.” Pero no consta que la recurrente haya solicitado prorroga alguna al plazo concedido para la impugnación. Que además de lo anterior, en el caso de autos el artículo 77 del Código Tributario tiene aplicación especial, respecto del recurso de reposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el numeral 9) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO CATORCE (14): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 y 9 (Decreto)
- Código Tributario, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, en su condición de apoderado legal de la señora JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA, quien es heredera legal de la señora ANA ROSA RIVERA GALINDO contra la resolución emitida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, en fecha veintiséis de mayo de dos mil once. Estima el recurrente que con el acto reclamado se consideran violentados los derechos constitucionales del derecho a la Defensa y el Debido Proceso, contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que según resulta de los antecedentes, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS dictó resolución No. DEI-3647-DA-ARCS-K-2010 en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, mediante la cual resuelve proceder a notificar el resultado del Informe de la auditoria practicada a las retenciones de enero a diciembre del año 2007 correspondiente al contribuyente ANA ROSA RIVERA GALINDO, por lo que se determinó un impuesto por Tasación de Oficio de Diez mil doce lempiras con cincuenta centavos (L.10,012.50) ya que el contribuyente no cumplió con su obligación de retener y enterar el Impuesto por este concepto. (Folios 10 y 11 de los antecedentes) 2) Que obra de autos en el informe rendido por la autoridad recurrida en amparo, que el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS interpuso recurso de Reposición en fecha tres de mayo de dos mil once, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, por estimar que su representada, por ser una persona natural no le aplica el Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Folios 01 y 02 de los antecedentes) 3) Que en fecha diez de agosto de dos mil once, compareció ante esta Sala, el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS interponiendo acción de amparo a favor la señora JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA, quien es heredera legal de la señora ANA ROSA RIVERA GALINDO, contra la resolución emitida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, que declara Sin Lugar el recurso de Reposición interpuesto por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS en su condición indicada, contra la resolución DEI-3647-DA-ARCS-K-2010, por considerar que la misma violenta los derechos constitucionales del derecho a la Defensa y el Debido Proceso, contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Resolución folio 16 de los antecedentes). 4) Que en fecha diez de febrero de dos mil doce, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de emitir su dictamen. 5) Que en fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que SE SOBRESEA el recurso de amparo interpuesto.(Folios 40 al 47 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, en su condición de apoderado legal de la señora JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA, quien es heredera legal de la señora ANA ROSA RIVERA GALINDO se dirige contra la resolución identificada como DEI-3647-DA-ARCS-K-2010 emitida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, en fecha veintiséis de mayo de dos mil once. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la Dirección Ejecutiva de Ingresos ha quebrantado el debido proceso porque dicha dirección ha declarado sin lugar el recurso de reposición solo por haber sido presentado un día después de finalizar el plazo, obviando totalmente el debido proceso establecido en los Artículos 9 del Código Tributario; y, 49 de la ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintitrés de febrero dos mil doce, en el sentido de que considera que la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos es arreglada a derecho, consecuentemente no es susceptible de violación a derecho o garantía constitucional alguna, ya que los argumentos expuestos por el recurrente son de mero derecho. En consecuencia, la presente acción constitucional encuadra en las causas de inadmisibilidad como las estipuladas en el Artículo 46, numerales 1, 3 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En tal razón procede en este momento procesal, el sobreseimiento de las diligencias, conforme a lo dispuesto en el ultimo párrafo del mismo Artículo 46. CONSIDERANDO SEIS (6): Que básicamente el asunto que se trae a consideración de la Sala de lo Constitucional, es definir si el haber declarado sin lugar por improcedente el recurso se reposición interpuesto por el Abogado MICHAEL ALEXANDER RASCOFF IRIAS, en su condición de Apoderado Legal de la señora JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA quien es HEREDERA LEGAL de la señora ANA ROSA RIVERA GALINDO, contra la resolución DEI-3648-DA-ARCS-K-2010, dictada por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez, acarrea la inaplicabilidad de los autos dictados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “Artículo 24.Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. El objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible. Artículo 25.Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Artículo 26. La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el Artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimientos técnicos.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, en cuanto al recurso de reposición presentado DECLARÓ: “SIN LUGAR por improcedente, en virtud de que fue interpuesto el día tres de mayo de dos mil once, debiendo haber sido incoado el día dos de mayo de dos mil once”. Lo anterior conforme al articulo 77 del Código Tributario. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucede. CONSIDERANDO DOCE (12): El Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo alegado por el recurrente literalmente se lee: “Transcurrido un plazo a la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo.” Pero no consta que la recurrente haya solicitado prorroga alguna al plazo concedido para la impugnación. Que además de lo anterior, en el caso de autos el artículo 77 del Código Tributario tiene aplicación especial, respecto del recurso de reposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el numeral 9) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9).- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO CATORCE (14): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad. Amén de que dichos alegatos son de mera legalidad, circunstancias que da pie a SOBRESEER el presente recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número 582-P825=11/P03=12(i).-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL