Sentencia AA-57-14 — Registro 4764
Resumen
Resolución recurrida que declara la responsabilidad administrativa e impone la sanción disciplinaria de suspensión provisional del cargo de Juez
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que recapitulando lo hasta aquí expresado, la garantía del debido proceso en el orden administrativo, acorde a lo plasmado en nuestra Constitución, incumbe al conjunto de garantías, formalidades y derechos que asiste en procesos disciplinarios, laborales, gubernativos o análogos sustanciados ante la Administración Pública, en aras de obtener pronta y cumplida justicia. Teniendo en consecuencia el administrado el derecho a ser oído en la sustanciación de cualquier proceso, como queda dicho y explicitado, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro orden;[7] conservando - por ende - su derecho a proponer e instar la evacuación de pruebas ante Juez o autoridad competente, en un plazo razonable; así como también formular argumentos y alegaciones que tuviere a bien e interponer cuantos recursos estime oponibles, de conformidad a ley. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma la Sala de lo Constitucional, que resulta inadmisible sustraer infundadamente al Juez (a) del conocimiento de los casos que la Ley le atribuye en el ámbito de su competencia, perturbando inclusive la inamovilidad judicial en su amplio concepto,[8] al imponerse una suspensión provisional con la fórmula “IRRECURRIBLE”,[9] lo cual supone la denegación formal de su derecho al recurso, el cual expresamente le conceden las leyes. Se ha privado así a la referida servidora judicial, a que, oída que fuera su defensa, se revisare oportunamente por la instancia decisora la legalidad y procedencia de la medida de suspensión adoptada. Llama la atención el tenor de la infracción deducida, puesto que la inamovilidad judicial es un precepto orgánico que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se ve llamado no sólo a preservar, sino que a optimizar en la medida de las posibilidades, en tanto constituye la base objetiva de la independencia judicial integralmente considerada; así como no le corresponde suspender a los jueces y demás miembros de carrera judicial, sino con apego a estricta legalidad, en observancia de las debidas garantías procesales constitucionales y dentro de un plazo razonable; todo ello en función de los altos fines que la ley y la Constitución le ha confiado. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial objeto de estudio, no se ajusta a las normas jurídicas aplicables a los estándares constitucional ni convencional de debido proceso, en perjuicio de la integridad de las garantías procesales que asisten a la ciudadana Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, en su condición de miembro de la carrera judicial. Por todo ello y acorde a lo anteriormente expuesto, procede otorgar el amparo solicitado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 183 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 317 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 321 (Decreto)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 13 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA a favor de SÍ MISMA, contra la Resolución emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, contenida en el punto trece del acta número once de la sesión celebrada en fecha diez de diciembre del año dos mil trece, mediante la cual se suspendió de forma provisional a la Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, del cargo de Juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por tener tres denuncias declaradas con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los artículos 59, 63, 64, 65, 68, 80, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 numerales 3) párrafo segundo y 4), 142, 145, 178, 179 y 180 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S
- Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en el punto número TRECE del Acta número ONCE de la sesión llevada a cabo en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil trece (2013), resolvió: “… que se suspenda de forma provisional a los siguientes funcionarios judiciales:… KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, Juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán por tener tres denuncias que fueron declaradas con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales;…La presente resolución surtirá efectos a partir del día diez de diciembre del presente año. La misma es IRRECURRIBLE.” (Ver folios veinticuatro (24) y veinticinco (25) de la pieza de Amparo).
- Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil catorce (2014), la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, dictó Resolución Número 11-12-13-2014 mediante la cual recomendó: “PRIMERO: Declarar la responsabilidad administrativa de servidora judicial KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, respecto a los cargos atribuidos en las denuncias números 0801-2012-00576 y 0801-2012-00230, por incurrir en infracciones disciplinarias graves, contenidas en el artículo 4 literales a), k), l) del régimen disciplinario aprobado por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial en el acta numero 4 de fecha 29 de octubre del 2013. SEGUNDO: Suspender de su Cargo de Jueza del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, sin derecho a remuneración por el término de tres meses a la Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, haciendo las notificaciones y advertencias procesales del caso. TERCERO: Desestimar la denuncia número 0801-2012-00239, en su contra por haber desvanecido las faltas administrativas atribuídas CUARTO: Ordenar el trámite por separado de las diligencias relativas a las faltas administrativas atribuidos a la Jueza YESIKA DOLORES GRANADOS. QUINTO: y dejar en suspenso el trámite de las diligencias, así como el término de prescripción de la infracción, respecto a la Abogada LIDIA MARGARITA LÓPEZ, por encontrarse con incapacidad laboral por maternidad, debiendo sustanciarse hasta que se reincorpore nuevamente a su cargo.” (Ver folios cuatrocientos cuarenta y cinco (445) al cuatrocientos cincuenta (450) de la pieza de amparo). 3) Que la recurrente Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil catorce (2014), interponiendo Recurso de Amparo a favor de SÍ MISMA, contra la Resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, contenida en el punto trece del acta número once de la sesión celebrada en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil trece (2013), la cual considera violatoria de los dispuesto en los artículos 59, 63, 64, 65, 68, 80, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 127, 128 numerales 3) párrafo segundo y 4), 142, 145, 178, 179 y 180 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil catorce (2014), y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen. 4) Que en fecha siete (7) de marzo del año dos mil catorce (2014), el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, dictó resolución mediante la cual resolvió: “1) Declarar la responsabilidad disciplinaria de la servidora judicial KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, Jueza de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por incurrir en infracciones graves, contenidas en el artículo 4 literales a), k) y l) del Régimen Disciplinario vigente en el Poder Judicial; y, 2) Suspender de su cargo de Jueza del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, sin derecho a remuneración, por el plazo de tres (3) meses, a la abogada Romero Dávila. La presente resolución administrativa es susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.” (Ver folios cuatrocientos cincuenta y tres (453) al cuatrocientos cincuenta y cinco (455) de la pieza de amparo). 5) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que: “SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS del presente Recurso de Amparo”, por estimar que el acto reclamado está consumado de modo irreparable. (Ver folios cuatrocientos ochenta y cinco (485) al cuatrocientos ochenta y seis (486) del recurso de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Artículo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por la Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA a favor de SÍ MISMA, contra la Resolución emitida por el CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, contenida en el punto trece del acta número once de la sesión celebrada en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil trece (2013), mediante la cual se le suspendió de forma provisional del cargo de Juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por tener tres denuncias declaradas con mérito por parte de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, en su calidad de impetrante del recurso, lo ha formalizado en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil catorce (2014), explicando en la relación de hechos y de fundamentación jurídica la existencia de una múltiple transgresión a los derechos constitucionales al derecho al trabajo y al salario de la recurrente, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a su integridad personal, vida, reconocimiento de la dignidad que le es inherente; asimismo, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a las garantías judiciales en su consideración más amplia, que incluye el derecho a un recurso efectivo como parte de la protección judicial; al principio de inamovilidad como garantía y precondición de la independencia judicial, así como al principio de legalidad y no retroactividad en perjuicio; siendo que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, a través de la resolución contenida en el punto TRECE del acta número ONCE de la sesión celebrada en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil trece (2013), mediante la cual se le suspendió de forma provisional del cargo de Juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, le ha conllevado a que no se le pague sino en forma parcial los beneficios de vacaciones y salario del mes de diciembre y a que no se otorguen además sus salarios del mes de enero y sucesivos. Refiriendo la amparista, que contra dicha resolución interpuso el recurso de reposición sin contestársele hasta la fecha, emitiendo la resolución de suspensión sin haber sido escuchada en su defensa, notificándosele a la Coordinadora del Tribunal hasta el doce (12) de enero “del mismo mes y año” (Sic.), violentando nuevamente su derecho de defensa puesto que fue citada hasta dos (2) días después para atender la audiencia de descargo, por la Dirección de Personal sin que existiera previamente un reglamento a seguir que establezca un procedimiento, puesto que la circular disciplinaria que pretenden aplicar contiene íntegramente las disposiciones disciplinarias de la anterior Ley de Carrera Judicial que se encuentra derogada, sin que en la actualidad exista reglamento alguno ratificado y publicado que regule dicha materia, en atentado contra la seguridad jurídica y el principio de legalidad, propio de un Estado democrático de Derecho; anticipándose a aplicar una sanción de suspensión en el cargo, sin tener las facultades suficientes ni seguir el debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la supresión de sus derechos laborales constitucionales a que se ha hecho referencia, ha violentado inclusive el principio de Juez imparcial, puesto que es de público conocimiento, que la recurrente ha interpuesto el único recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, por lo cual sus miembros se han parcializado en su contra, no pudiendo actuar como Juez y parte contra su persona, lo cual violenta otros principios, derechos y garantías constitucionales y de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y otros instrumentos en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO SEIS (6): Que aunado a lo anterior, la amparista ha formalizado su amparo, sustentando que la recurrente se encuentra en la obligación, de conformidad al principio de legalidad como garantía de la independencia judicial, a finalizar todas aquellas causas que conoció y que se encuentran pendientes, así de audiencias de conciliación y sentencias de juicios celebrados; así como los recursos interpuestos ante resoluciones que no se encuentran firmes y que conoció como miembro del Tribunal, los cuales no pueden ser conocidos por otro Juez, en vinculación al principio de inmediación; de lo cual podrían originarse como consecuencias nulidades que sólo van en perjuicio de la Administración de Justicia y obstruyen la correcta actividad jurisdiccional propia de los órganos colegiados. CONSIDERANDO SIETE (7): Que en la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se establece el ámbito legal de su competencia, confiriéndole entre otras atribuciones, las siguientes: Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico; ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la Carrera Judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.[1] CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, establece a la vez, que los procesos de investigación iniciados con la Ley de la Carrera Judicial, la que deroga, se tramitarán por la nueva ley. Señalando además los medios y recursos que se tienen para impugnar tales decisiones.[2] CONSIDERANDO NUEVE (9): Que así también la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, manda en el primer párrafo del artículo trece, antes citado, que el Consejo garantizará en la adopción de sus resoluciones el respeto al debido proceso, salvaguardando el derecho a los principios de legalidad, de defensa, de audiencia y contradicción. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que debemos recordar, asimismo, lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO ONCE (11): Que resulta asimismo mandatorio, en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva en lo atinente a los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone para el Estado de Honduras la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma. Por lo cual se entiende que las garantías judiciales mínimas relacionadas forman parte esencial del denominado debido proceso, vinculando por tanto, en lo competente, a las autoridades legítimamente establecidas, así como también a los administrados en cuanto concierne a mantener la integridad de sus derechos fundamentales, relación jurídica que constituye verdadero eje transversal al ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en tal sentido se ha pronunciado, asimismo, lo más granado de la doctrina constitucional contemporánea, para el caso lo expuesto por Konrad Hesse, al establecer su teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”;[3] precisando el autor citado, más adelante, el alcance de tal implicancia en la teoría constitucional de los derechos: “Al significado de los derechos fundamentales como derechos subjetivos de defensa del individuo frente a intervenciones injustificadas del Estado corresponde su significado jurídico objetivo como preceptos negativos de competencia. Las competencias legislativas, administrativas y judiciales encuentran su límite siempre en los derechos fundamentales; éstos excluyen de la competencia estatal el ámbito que protegen, y en esa medida vedan su intervención”.[4] CONSIDERANDO TRECE (13): Que continuando con la vista del caso, si bien se aprecia, que en el derecho disciplinario, la suspensión provisional del cargo pareciera cumplir la misma función que cumplen las medidas cautelares privativas de la libertad en el derecho procesal penal: garantizar el cumplimiento de los fines del proceso, es decir, que el aseguramiento de que la persona procesada no interfiera en la investigación, evitando asimismo la posibilidad siga incurriendo en el mismo supuesto que dio pie a la investigación. Resulta claro también, para esta Sala de lo Constitucional, que como corolario de la presunción de inocencia, la suspensión provisional no equivaldría necesariamente a la imposición llana de una sanción disciplinaria de carácter definitivo, la cual obviamente se distingue por su carácter final y ejecutorio. De ello se sigue, que la suspensión provisional reúne un carácter netamente provisorio y cautelar, por lo cual no debería generar por si misma el levantamiento de antecedentes ni anotaciones en su hoja de vida; evitándose asimismo, toda laceración en la honorabilidad que se reputa de cada miembro de la carrera judicial, se encuentre o no sujeto a procedimiento de investigación en curso. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que aunado a lo anterior se significa, que las reglas del proceso disciplinario deberán aplicarse, en todo caso, con apego al principio derecho al debido proceso. También es cierto que, al igual ocurre con la imposición de las medidas cautelares penales, la medida de suspensión provisional en el ejercicio del cargo debe cumplir con una serie de supuestos para su imposición, entre los que se cuentan por principio asegurar la necesidad, proporcionalidad e idoneidad, restringiendo la discrecionalidad en la aplicación de la misma;[5] el deber de motivación, inexcusable para el órgano estatal encargado de adoptar la decisión pertinente, carga de argumentación que vincula a justificarla, probatoria y jurídicamente; asegurando al investigado (a) el derecho de controvertirla, incluso a través de los recursos efectivos que le franquee la ley, siempre con el debido respeto al estado o presunción de inocencia. Condiciones que en general no fueron tenidas en cuenta por la autoridad de la cual se ampara la recurrente, para decretar la suspensión provisional del cargo aplicada, de todo lo cual se ha hecho señalado mérito. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que el principio del debido proceso que garantiza nuestra Constitución y, en su conjunto, el sistema normativo que se plasma y configura en el denominado Bloque de Constitucionalidad, exige que previo a proceder a la afectación o intervención en la esfera de derechos de los particulares, debe salvaguardárseles un adecuado derecho de defensa, en todo procedimiento o proceso legalmente establecido y que, tal es la primacía de este derecho, que nuestra Constitución le conceptúa como inviolable. Lógicamente, esto conlleva un correlativo deber de respeto para el Estado, en su doble significación convencional de imponerle una obligación de respeto a los derechos y libertades, y, a contramano, exigirle una obligación de garante, misma que ya ha enmarcado la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 1 y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesta de manifiesto en los párrafos 165 al 167 de la sentencia Velásquez Rodríguez vs Estado de Honduras.[6]
- El derecho de defensa comprende pues, en concordancia y armonía con el derecho al debido proceso, de modo meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes elementos: El conocimiento de la imputación y/o disponibilidad o prestación que se le exige desde el Estado; el derecho a ser oído; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la facultad de probar y controlar la prueba ante un órgano previamente determinado en ley, imparcial y competente; así como la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, así como el derecho mismo a recurrir de lo desfavorable, todo ello de conformidad a ley. CONSIDERANDO DIECISÉIS (16): Que recapitulando lo hasta aquí expresado, la garantía del debido proceso en el orden administrativo, acorde a lo plasmado en nuestra Constitución, incumbe al conjunto de garantías, formalidades y derechos que asiste en procesos disciplinarios, laborales, gubernativos o análogos sustanciados ante la Administración Pública, en aras de obtener pronta y cumplida justicia. Teniendo en consecuencia el administrado el derecho a ser oído en la sustanciación de cualquier proceso, como queda dicho y explicitado, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro orden;[7] conservando - por ende - su derecho a proponer e instar la evacuación de pruebas ante Juez o autoridad competente, en un plazo razonable; así como también formular argumentos y alegaciones que tuviere a bien e interponer cuantos recursos estime oponibles, de conformidad a ley. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que en congruencia a lo antes expresado, reafirma la Sala de lo Constitucional, que resulta inadmisible sustraer infundadamente al Juez (a) del conocimiento de los casos que la Ley le atribuye en el ámbito de su competencia, perturbando inclusive la inamovilidad judicial en su amplio concepto,[8] al imponerse una suspensión provisional con la fórmula “IRRECURRIBLE”,[9] lo cual supone la denegación formal de su derecho al recurso, el cual expresamente le conceden las leyes. Se ha privado así a la referida servidora judicial, a que, oída que fuera su defensa, se revisare oportunamente por la instancia decisora la legalidad y procedencia de la medida de suspensión adoptada. Llama la atención el tenor de la infracción deducida, puesto que la inamovilidad judicial es un precepto orgánico que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial se ve llamado no sólo a preservar, sino que a optimizar en la medida de las posibilidades, en tanto constituye la base objetiva de la independencia judicial integralmente considerada; así como no le corresponde suspender a los jueces y demás miembros de carrera judicial, sino con apego a estricta legalidad, en observancia de las debidas garantías procesales constitucionales y dentro de un plazo razonable; todo ello en función de los altos fines que la ley y la Constitución le ha confiado. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Consejo de la Carrera Judicial objeto de estudio, no se ajusta a las normas jurídicas aplicables a los estándares constitucional ni convencional de debido proceso, en perjuicio de la integridad de las garantías procesales que asisten a la ciudadana Abogada KARLA LIZETH ROMERO DÁVILA, en su condición de miembro de la carrera judicial. Por todo ello y acorde a lo anteriormente expuesto, procede otorgar el amparo solicitado.
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 14, 16 y 18 del Estatuto del Juez Iberoamericano, adoptado por la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001; Artículos 1, 4, 59, 60, 64, 70, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 127, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 317 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 120 de la Ley sobre Justicia constitucional; 1, 17, 18, 19 y 20 del Código Civil; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales que se dejan relacionados en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA, PREDIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal con el número 0057-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONTITUCIONAL.
[1] Ver artículo 3 literales c) y e) de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011, del 28 de diciembre).
[2] Ver artículos 13 párrafo segundo con relación al artículo 69 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (Decreto No. 219-2011, del 28 de diciembre).
[3] Vid. Benda, Maihofer, Vogel, Hesse y Heyde, Manual de Derecho Constitucional, traducción de Antonio López Pina, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 90. Citado por: Castañeda Otsu, Susana, en: Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: Origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú (Con prólogo de Pablo Lucas Verdú). Editorial Alternativas, Lima, 2001, p. 31.
[4] Ibídem, p. 32.
[5] Al respecto, Bernal Pulido nos recuerda como ésta es jurisprudencia constante en diversos tribunales constitucionales de la Unión Europea, como son los de España y la República Federal de Alemania, la cual ha recapitulado al principio de proporcionalidad como “el principio propio del Estado de derecho”, puesto que no sólo exige que exista una relación adecuada entre los medios y las finalidades perseguidas por el Estado, sino que además prohíbe cualquier tipo de exceso. Al respecto concluye: “… el principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa. Destierra de ella la arbitrariedad y el exceso y la somete al respeto a los derechos fundamentales establecido por la Constitución”. Bernal Pulido, Carlos. El Derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 80-1. – En el mismo sentido: Barroso, Luis Roberto. El neoconstitucionalismo y la constitucionalización del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, p. 51.
[6] Ver sentencia de fondo Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 29 de julio de 1988.
[7] Ver el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
[8] Cabe recordar que el Estatuto del Juez Iberoamericano, adoptado por la VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001, reconoce a la inamovilidad en cuanto principio general en el artículo 14 del Estatuto, mientras establece también salvaguardas a la inamovilidad interna y la ad hoc. Sobre esta última prescribe el artículo 18: “La inamovilidad del juez garantiza también, como principio general y salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley que no podrá ser apartado del conocimiento de los asuntos que le estén encomendados”.
[9] Acorde al Antecedente 1) de la presente sentencia de amparo.