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Sentencia AA-403-12 — Registro 4802

Resumen

Sentencia impugnada en relación a un recurso de queja y oposición a solicitud de Tasación de Costas de sentencia incidental condenatoria en relación a demanda contra impetrante declarada con lugar y confirmada en segunda instancia,para que se declare la nulidad de un acto administrativo por competencia desleal,consistente en la emisión del certificado de operación y permiso de explotación de la ruta de transporte emitida por recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"CONSIDERANDO (4): Que sometida a estudio la presente acción de amparo, se ha denotado que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos y declaraciones constitucionales aludidas, guarda relación con la oposición al nombramiento de un perito, según consta expresamente en el folio veintidós (22) frente de la pieza de antecedentes denominada “Tasación de Costas”; la cual fue objeto de otro recurso de amparo promovido con anterioridad ante esta Alta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, resultaría inoficioso e improcedente continuar en el conocimiento de la presente garantía constitucional sin que se resuelva de previo la cuestión antecedente. Lo anterior se subsume de pleno derecho en lo preceptuado en el artículo 46 numeral 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que es inadmisible el recurso de amparo, en los asuntos puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenidos en ellos: “… y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio (…)”.CONSIDERANDO (5): Que de igual manera, y asistiendo igual disposición, debe también rechazarse de plano la presente demanda de amparo por incurrir en otra causal de inadmisibilidad, como es la preceptuada en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que es inadmisible el recurso de amparo, cuando se intente contra los actos consumados de manera irreparable; todo ello en vista que el acto recurrido se consumó al concederse el término de tres (3) días al recurrente para que se pronunciare sobre la oposición a la tasación de costas presentada por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; pronunciamiento que efectuara en forma su contraparte, el Abogado CARLOS ALBERTO MEJÍA BANEGAS, mas no en tiempo; según consta en el auto de fecha siete (7) de marzo del dos mil doce (2012), visto a folio veintiuno (21), frente, de la pieza de “Tasación de Costas”.CONSIDERANDO (6): Que en continencia a lo antes expresado, concurriendo al presente caso las expresadas causales de inadmisibilidad, previstas en el artículo 46 numerales 5) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); resulta de mérito declarar la inadmisibilidad del presente recurso de Amparo; ordenando por consiguiente, el sobreseimiento de las presentes diligencias."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra auto emitido por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN ESTA SECCIÓN JUDICIAL, en fecha veintiocho de febrero del dos mil doce, mediante el cual se concede el término de tres días a la recurrente para que se pronuncie sobre una oposición a la tasación en el recurso de apelación presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en relación a la solicitud de Tasación de Costas en sentencia incidental de un recurso de queja promovido por la señora ZOILA REYNA ÁVILA MARADIAGA contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado los derechos contemplados en los artículos 90, párrafo primero y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de junio del dos mil seis (2006), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la señora ZOILA REYNA ÁVILA MARADIAGA, interponiendo DEMANDA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE EN LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE LA RUTA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DANLÍ-ARAULÍ EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS ELIO RIVERA ARDÓN, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). 2) Que adelantado que fue el proceso, en fecha nueve (9) de abril del dos mil ocho (2008), el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la demanda de mérito, declarando procedente la acción ejercitada por la señora ZOILA REYNA ÁVILA MARADIAGA, por no ajustarse a derecho el acto impugnado y reconociendo la situación jurídica individualizada de la reclamante y para su pleno restablecimiento tomó como única medida el reconocimiento a favor de la demandante de una indemnización por daños y perjuicios causados a su persona por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, cuantificación que deberá establecerse o liquidarse al momento de la ejecución del fallo. (Ver folios doscientos sesenta y cuatro (264) al doscientos sesenta y ocho (268) de la primera pieza de antecedentes).3) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del dos mil diez (2010) el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA a fin de determinar el valor exacto que en concepto de indemnización por daños y perjuicios por competencia desleal en la explotación de una ruta de transporte interurbana, le corresponde a la señora ZOILA REYNA ÁVILA MARADIAGA, fijando dicha cantidad en un total de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 20,672,728.88) como valor correspondiente a la indemnización a pagar. (Ver folios sesenta (60) y sesenta y uno (61) de la pieza separada denominada: “Extracto de Oposición al Nombramiento de Perito”).4) Que en fechas ocho (8) y dieciséis (16) de diciembre del dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado antes mencionado, la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, actuando en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, interponiendo recurso de apelación con fundamento en el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contra la sentencia interlocutoria de fecha veintiséis (26) de noviembre del dos mil diez (2010), relacionada en el inciso anterior, peticiones que mediante providencias de fechas quince (15) de diciembre del dos mil diez (2010) y once (11) de enero del dos mil once (2011), fueron rechazadas de plano, interponiéndose posteriormente recurso de queja por parte de la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de ésta ciudad. (Ver folios sesenta y siete (67) al ochenta (80) de la pieza separada “Extracto de Oposición al Nombramiento de Perito”).5) Que en fecha veintidós (22) de febrero del dos mil once (2011), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, conociendo del RECURSO DE QUEJA interpuesto por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, contra el auto de fecha once (11) de enero del dos mil once (2011), dictado por el a-quo, declaró infundado dicho recurso, condenando en costas a la recurrente en esa instancia. (Ver certificación que consta en folio noventa y ocho (98) de la pieza separada “Extracto de Oposición al Nombramiento de Perito”) 6) Que en fecha seis (6) de enero del dos mil doce (2012), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el abogado CARLOS ALBERTO MEJÍA BANEGAS, en su condición de Apoderado Legal de la señora ZOILA REYNA ÁVILA MARADIAGA, solicitando la TASACIÓN DE COSTAS POR LA CONDENA EN LA SENTENCIA INCIDENTAL DEL RECURSO DE QUEJA, relacionado en incisos anteriores, solicitud que fue impugnada por la parte condenada mediante escrito de fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil doce (2012), y que mediante auto de la misma fecha se tuvo por presentado en tiempo y forma. (Ver folio uno (01) de la pieza de antecedentes denominada “Tasación de Costas”).7) Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante auto de fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil doce (2012), DE OFICIO, amplió el auto de fecha dieciséis (16) de febrero del mismo año, en el único sentido de CONCEDER EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS AL RECURRENTE PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA OPOSICIÓN a la tasación de costas presentada por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA. (Ver folio trece (13) de la pieza de antecedentes denominada “Tasación de Costas”).8) Que la recurrente abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil doce (2012), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que el auto dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), es violatorio de los derechos señalados en los artículos 60, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. Teniéndose por formalizado el recurso en la Sala, en fecha veintidós (22) de octubre del dos mil doce (2012).9) Que en fecha veinte (20) de noviembre del dos mil doce (2012), se tuvo por evacuada la vista al Fiscal del Despacho Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ y por emitido su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE, el recurso de amparo interpuesto, en virtud de no constar en autos que ninguna sentencia haya sido dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, siendo evidente que se presentó un recurso de amparo, el cual está pendiente de resolución; por lo que estima cualquier debate al respecto carecería de sentido, en tanto no exista sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; ya que como lo señala la Corte de Apelaciones en dicho auto de fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil doce (2012), su pronunciamiento en lo referente a la solicitada tasación de costas, será hasta que se resuelva dicho amparo. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que estando visto para sentencia el presente recurso y oído el parecer del Fiscal, resulta que la Ley Sobre Justicia Constitucional prevé en su letra una restricción explicita para el conocimiento y admisión cuando se presenta una acción de amparo contra una resolución o acto que resulte consumado de manera irreparable, así como cuando se encuentre pendiente de resolución recurso o acción legal; tratándose en este caso de la formulación previa de un recurso de amparo directo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (4): Que sometida a estudio la presente acción de amparo, se ha denotado que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos y declaraciones constitucionales aludidas, guarda relación con la oposición al nombramiento de un perito, según consta expresamente en el folio veintidós (22) frente de la pieza de antecedentes denominada “Tasación de Costas”; la cual fue objeto de otro recurso de amparo promovido con anterioridad ante esta Alta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, resultaría inoficioso e improcedente continuar en el conocimiento de la presente garantía constitucional sin que se resuelva de previo la cuestión antecedente. Lo anterior se subsume de pleno derecho en lo preceptuado en el artículo 46 numeral 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que es inadmisible el recurso de amparo, en los asuntos puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenidos en ellos: “… y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio (…)”.CONSIDERANDO (5): Que de igual manera, y asistiendo igual disposición, debe también rechazarse de plano la presente demanda de amparo por incurrir en otra causal de inadmisibilidad, como es la preceptuada en el artículo 46 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que es inadmisible el recurso de amparo, cuando se intente contra los actos consumados de manera irreparable; todo ello en vista que el acto recurrido se consumó al concederse el término de tres (3) días al recurrente para que se pronunciare sobre la oposición a la tasación de costas presentada por la Abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, a favor del ESTADO DE HONDURAS; pronunciamiento que efectuara en forma su contraparte, el Abogado CARLOS ALBERTO MEJÍA BANEGAS, mas no en tiempo; según consta en el auto de fecha siete (7) de marzo del dos mil doce (2012), visto a folio veintiuno (21), frente, de la pieza de “Tasación de Costas”.CONSIDERANDO (6): Que en continencia a lo antes expresado, concurriendo al presente caso las expresadas causales de inadmisibilidad, previstas en el artículo 46 numerales 5) y 7) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); resulta de mérito declarar la inadmisibilidad del presente recurso de Amparo; ordenando por consiguiente, el sobreseimiento de las presentes diligencias. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 5), 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince el mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 403=12.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL