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Sentencia AA-39-13 — Registro 4763

Resumen

Resolución recurrida que impone una multa al recurrente, en su condición de Juez

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"6): Que esta Sala de lo Constitucional, vista que fue la demanda de amparo para sentencia, considera que la argumentación desarrollada por el garantista, está dirigida con preeminencia a atacar la ausencia de procedimientos con que se le impuso la sanción de mérito, dado que considera que la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), y particularmente el artículo 58 de la misma; si bien no han sido derogados, carecen de efecto legal, en virtud de haber sido tácitamente derogada por la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial,[3] por lo cual le sería inaplicable; correspondiendo aplicar, en cambio, lo que dispone esta última ley, en su Título II, Capítulo III, Sección III y Subsección tercera, donde obra ya un apartado sobre la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales, que ordena seguir los procedimientos establecidos en dicha ley, deviniendo todos los actos ejecutados fuera de la ley en referencia, nulos y con implicancia de responsabilidad, lo cual fue obviado por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán: “… más aun que no se cometió lo (Sic.) tal falta disciplinaria en contra de ese Tribunal de Alzada”. CONSIDERANDO (7): Que aprecia esta Sala que los motivos de amparo constitucional impetrados por el garantista, son redundantes en atacar el acto jurisdiccional, bajo argumentaciones jurídicas dirigidas a que la Sala de lo Constitucional aprecie la virtualidad de las siguientes aseveraciones; a) La inexistencia de falta disciplinaria alguna, confundiendo la Alzada la indisciplina, con la elaboración de conceptos propios de la motivación judicial. Lo anterior, se tiene típicamente por una alegación de instancia, más aun si la resolución disciplinaria surge de la corrección y aclaración de aspectos de mero derecho, los cuales han sido claramente expuestos y presentados por la Alzada, con fundamento legal y razonabilidad sustantiva, para el conocimiento del órgano jurisdiccional concernido, como de los demás intervinientes en el proceso laboral. b) Que la Corte de Apelaciones como autoridad reclamada ha aplicado indebidamente leyes derogadas tácitamente, como es - a juicio del amparista - la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), y particularmente la aplicación que ha hecho la Alzada del artículo 58 de la misma; los cuales si bien no han sido derogados, como reconoce la parte interesada, tampoco carecen de efecto legal, como era su pretensión; supuesto por el cual el amparista consideraba infundada la sanción a él impuesta, en el ejercicio de la potestad disciplinaria del Despacho, que la norma citada atribuye explícitamente al órgano judicial de alzada. CONSIDERANDO (8): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo, como es la resolución sancionatoria emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, no resulta violatoria de las garantías invocadas por el recurrente y; en particular, del derecho de defensa y el debido proceso. Lo anterior, en virtud de resolverse motivadamente, dentro de los márgenes que impone el principio de proporcionalidad e imponiendo sanción establecida y predeterminada en ley vigente de aplicación general; apreciándose que la resolución bajo estudio comprende tanto el supuesto de irrespeto al fallo que en su momento emitiera la Alzada, como la marcada inobservancia por el Juez A Quo respecto a la innovación procesal que significa el Principio de Vencimiento, según establecido en el artículo 221 del Código Procesal Civil, norma legal supletoria, autorizada por las leyes y de pertinente aplicación al caso. Por todo ello, el fallo de Alzada se tiene por plausible, dotado de razonabilidad, no incurso en violación, restricción o menoscabo a los derechos individuales del amparista, ni de afectación alguna al principio de independencia judicial, el cual permanece incólume. De todo ello se sigue el mérito de la sanción disciplinaria impuesta, correspondiendo en derecho dictar sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO ARTURO LÓPEZ GONZÁLEZ, quien actúa en su condición de Juez Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, Departamento de Copán a favor de SÍ MISMO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), mediante la cual el Ad-Quem impone una multa al recurrente y resuelve un recurso de apelación presentado contra el auto emitido en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil doce (2012) por el Juzgado de Letras de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, con relación a la tasación de costas en la Demanda Laboral promovida por el señor ORBIN DIMAS GUERRA MEJÍA contra la COOPERATIVA AGRÍCOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA, (COAGRICSAL). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado las garantías y derechos contemplados en los artículos 80, 82, 90, 303, 307 y 321 de la Constitución de la República, 47 y 62 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha cinco (5) de agosto del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Departamento de Copán, el señor ORBIN DIMAS GUERRA MEJÍA, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de derechos y prestaciones laborales en virtud de despido directo e injusto, contra la COOPERATIVA AGRÍCOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA (COAGRICSAL), a través de su Representante Legal, señor OSCAR SERRANO.2) Que en fecha quince (15) de febrero del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, celebró audiencia de juzgamiento en la cual falló: (sic) “PRIMERO) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA, promovida por ORBIN DIMAS GUERRA MEJÍA de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la COOPERATIVA AGRÍCOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA (COAGRICSAL), a través del Gerente y Representante Legal, el señor JOSÉ OSCAR SERRANO MEJÍA; para el Pago de Prestaciones Laborales y reajuste salarial, por despido Directo e Injusto, Salarios Dejados de Percibir y Costas del Juicio.- SEGUNDO: CONDENAR a la COOPERATIVA AGRÍCOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA (COAGRICSAL), a través del Gerente y Representante Legal, el señor JOSÉ OSCAR SERRANO MEJÍA; a pagar.- 1) A ORBIN DIMAS GUERRA MEJÍA, las cantidades siguientes: la Cantidad de Treinta y Nueve Mil Setenta y Ocho (Lps. 39,078.00) Lempiras, en concepto de Reajuste Salarial; Nueve Mil Ciento Noventa y Dos (Lps. 9,192.00) Lempiras, por dos meses de preaviso; Nueve Mil Ciento Noventa y Dos (Lps. 9,192.00) Lempiras, por Auxilio de Cesantía; Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés Lempiras con Doce Centavos (Lps. 4,623.12) por Auxilio de Cesantía Proporcional; Cinco Mil Trescientos Veintinueve Lempiras con Setenta y Dos Centavos (Lps. 5,329.72), en concepto de Vacaciones; Dos Mil Trescientos Once Lempiras con Cincuenta y Seis Centavos (Lps. 2,311.56) por Vacaciones Proporcionales; Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Uno (Lps. 8,651.00) Lempiras en concepto de catorceavo mes; Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Uno (Lps. 8,651.00) en concepto de aguinaldos; haciendo un total de prestaciones solicitadas y reajuste salarial a OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO LEMPIRA CON CUARENTA CENTAVOS (Lps. 87,028.40) LEMPIRAS.- 3) A pagarle ORBIN DIMAS GUERRA MEJÍA a título de daños y perjuicios los salarios que hubieren dejado de percibir desde la fecha de despido hasta que con arreglo a las normas procesales laborales, quede firme este fallo.- Tercero: Se Condena en Costas a la parte Demandada”. (Ver folios cuarenta y seis (46) al cincuenta (50) de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil doce (2012), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Denis Mauricio Córdova Pineda en su condición de Apoderado Legal del señor Orbin Dimas Guerra Mejía, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán en fecha quince (15) de febrero del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó resolución mediante la cual falló: (sic) “PRIMERO: DECLARA HABER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el Abogado Denis Mauricio Córdova Pineda; SEGUNDO: REFORMANDO LA SENTENCIA RECURRIDA, en consecuencia CONDENA: A la COOPERATIVA AGRÍCOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA (COAGRICSAL) a través del Gerente y Representante Legal el señor JOSÉ OSCAR SERRANO MEJIA, a pagar a ORBIN DIMAS GUERRA, las cantidades siguientes: Preaviso: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.14,535.60), Auxilio de Cesantía: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps. 14,535.60, Auxilio de Cesantía Proporcional: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L.4,623.12), Vacaciones: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L.5,329.72), Vacaciones Proporcionales: DOS MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.2,311.56), Treceavo Mes del Año: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (L.12,459.23), Decimocuarto mes del Año: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L.12,459.26), Reajuste Salarial: CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.56,041.80) que hacen un total de CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.122,295.92), mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento de la notificación del despido hasta la fecha con que sujeción a las normas procesales quede firme la Sentencia; TERCERO: SIN COSTAS”. (Ver folios sesenta y siete (67) al setenta y siete (77) de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, dictó auto mediante el cual tuvo por recibida la certificación de sentencia que antecede, teniendo por reformada la sentencia de fecha quince (15) de febrero del año dos mil doce (2012), emitida por dicho Juzgado; resolución en cuyo preámbulo expresa, entre otras consideraciones, que para proceder de tal manera, reformando la sentencia del Juzgado A Quo, la Corte Ad Quem se valió de prueba inexistente. (Ver folio setenta y nueve (79) de la primera pieza de los antecedentes).5) Que en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, dictó auto mediante el cual resolvió: (sic) “1.- Ordenar a la Secretaría del despacho, que realice la liquidación de salarios caídos, que dejó de percibir el señor ORBIN DIMAS GUERRA MEJIA desde el catorce de mayo del año dos mil once, hasta la fecha que quedó firme la sentencia definitiva, que fue el veintitrés de octubre del año dos mil doce, con el salario que le reconoció la Corte de Apelaciones. 2.- Declarar sin lugar la tasación de costas procesales reclamadas, en virtud que el Tribunal de Alzada, reformó la sentencia declarada por este Juzgado y en su parte resolutiva en el numeral Tercero, la declaró sin costas, y no hizo la reserva que fuera en la segunda instancia, con lo que habría dejado a salvo las costas de la primera instancia, sino que al reformar la sentencia impugnada, dictando la que consideró apegada a derecho falló sin costas, sin manifestar que solo era en esa instancia, para que procedieran las costas de la primera instancia, para que procedieran las costas de la primera instancia; ya que la sentencia del A-Quo, fue dejada sin valor ni efecto al ser reformada: por lo tanto este Juzgado no puede tasar costas procesales, cuando fue declarado sin lugar en sentencia por el Tribunal AD Quem, sin manifestar que solo era en esa instancia”. (Ver folio ochenta y tres (83) de la primera pieza de los antecedentes).6) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Denis Mauricio Córdova Pineda en su condición de Apoderado Legal del señor Orbin Dimas Guerra Mejía, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó resolución mediante la cual resolvió: (sic) 1: Declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DENIS MAURICIO CÓRDOVA PINEDA, en la condición conocida; 2.- Revocar la resolución apelada, y ordenar al A-quo, proceda de conformidad al procedimiento establecido, a pronunciarse si procede o no admitir a tramite la solicitud de tasación de costas planteada por el recurrente; 3.- Sin costas en ésta instancia en vista de no haber sido rechazadas las pretensiones del recurrente; 4.- Imponer al Juez Supernumerario el Juzgado de Letras seccional de La Entrada, Copán, una multa de Veinte Lempiras (L.20.00), la cual deberá ser enterada a favor del Estado de Honduras, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente ante este Tribunal”. (Ver folios dos (2) al ocho (8) de la segunda pieza de los antecedentes). 7) El recurrente Abogado FRANCISCO ARTURO LÓPEZ GONZÁLEZ, en su condición de Juez Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, Departamento de Copán, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de enero del año dos mil trece (2013), interponiendo acción de amparo a favor de SÍ MISMO, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012), es violatoria de los principios y derechos contemplados en los artículos 80, 82, 90, 303, 307 y 321 de la Constitución de la República, 47 y 62 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha diez (10) de junio del año dos mil trece (2013). 7) Que con fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil trece (2013), la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE el presente recurso de amparo, por considerar que no hay indicios de la existencia de un expediente de investigación disciplinario, de manera que la única evidencia que existe es la sanción que el Ad Quem ha impuesto en la sentencia. Por lo anterior estima la Censor, existe vulneración del derecho invocado por el recurrente, específicamente al debido proceso y derecho de defensa en cuyo marco pudiese hacerse uso de los medios de prueba necesarios a su favor, previo a imponerse la sanción respectiva. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Así mismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil doce (2012) la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, la cual impone una multa al recurrente, en su condición de Juez Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia y resuelve un recurso de apelación contra el auto emitido por el referido Juzgado, en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil doce (2012), con relación a la Tasación de Costas en la Demanda Laboral promovida por el señor ORBIN DIMAS GUERRA MEJÍA contra la COOPERATIVA AGRÍCOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA, (COAGRICSAL); resolutivo que tuvo copioso fundamento de actuaciones, según se desprende de los antecedentes, que en el caso concreto se remiten a poner de manifiesto la negligencia con que ha actuado el Juez de Instancia, al obviar la aplicación de disposiciones del Código Procesal Civil vinculantes por analogía a la Tasación de Costas, así como con falta del respeto debido para con el Tribunal de Alzada;[1] actitud que, según el Ad Quem, ha causado perjuicio al derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, particularmente hacia derechos ya concedidos en un fallo judicial, provocando un retardo en la Administración de Justicia, por lo que se debe imponer una multa como sanción; de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT);[2] recordando a la vez que, acorde a la legalidad vigente, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará en cuanto a las costas del recurso lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto al Principio de Vencimiento, según lo establece el artículo 221 del referido Código, norma utilizada supletoriamente para resolver dicho recurso, con la autorización del artículo 858 del Código del Trabajo y 931 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso de amparo promovido por el Abogado FRANCISCO ARTURO LÓPEZ GONZÁLEZ, quien actúa en su condición de Juez Supernumerario del Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, Departamento de Copán a favor de SÍ MISMO, recurre en amparo de la resolución que ha quedado descrita y circunstanciada en el considerando que antecede, la cual manifiesta que resulta violatoria de los derechos al debido proceso y el derecho de defensa, reconocidos en los artículos 82 y 90, así como de lo que prescriben los artículos 80, 303, 307 y 321, todos de la Constitución de la República, en adición a lo establecido en los artículos 47 y 62 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, según los cuales, si un Juez o Magistrado se considera inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones, como consecuencias de actos o manifestaciones vertidas por cualquier persona, autoridad civil o militar, pondrá sin tardanza el hecho en conocimiento del Consejo y que, la responsabilidad disciplinaria de los empleados judiciales se deducirá siguiendo los procedimientos establecidos. CONSIDERANDO (5): Que sigue manifestando el recurrente que la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de su persona se han visto violentados ante la ausencia de motivación y disposiciones de orden procesal en que incurrió la jurisdicción ordinaria, para imponer al recurrente la multa de VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L 20.00), a que se ha hecho extensa referencia; actuaciones contrarias a los principios de orden constitucional y a la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, específicamente a lo preceptuado en los artículos citados de la referida ley orgánica, las cuales supuestamente resultaron inobservados por la Corte Ad Quem; por todo lo cual, solicita de esta Corte de lo Constitucional se brinde amparo, revocando la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán y ordenando, en consecuencia, se deje sin valor ni efecto la infundada sanción disciplinaria impuesta, restituyendo los derechos conculcados y que se respete la independencia de los Jueces de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional, vista que fue la demanda de amparo para sentencia, considera que la argumentación desarrollada por el garantista, está dirigida con preeminencia a atacar la ausencia de procedimientos con que se le impuso la sanción de mérito, dado que considera que la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), y particularmente el artículo 58 de la misma; si bien no han sido derogados, carecen de efecto legal, en virtud de haber sido tácitamente derogada por la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial,[3] por lo cual le sería inaplicable; correspondiendo aplicar, en cambio, lo que dispone esta última ley, en su Título II, Capítulo III, Sección III y Subsección tercera, donde obra ya un apartado sobre la responsabilidad disciplinaria de los empleados y funcionarios judiciales, que ordena seguir los procedimientos establecidos en dicha ley, deviniendo todos los actos ejecutados fuera de la ley en referencia, nulos y con implicancia de responsabilidad, lo cual fue obviado por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán: “… más aun que no se cometió lo (Sic.) tal falta disciplinaria en contra de ese Tribunal de Alzada”. CONSIDERANDO (7): Que aprecia esta Sala que los motivos de amparo constitucional impetrados por el garantista, son redundantes en atacar el acto jurisdiccional, bajo argumentaciones jurídicas dirigidas a que la Sala de lo Constitucional aprecie la virtualidad de las siguientes aseveraciones; a) La inexistencia de falta disciplinaria alguna, confundiendo la Alzada la indisciplina, con la elaboración de conceptos propios de la motivación judicial. Lo anterior, se tiene típicamente por una alegación de instancia, más aun si la resolución disciplinaria surge de la corrección y aclaración de aspectos de mero derecho, los cuales han sido claramente expuestos y presentados por la Alzada, con fundamento legal y razonabilidad sustantiva, para el conocimiento del órgano jurisdiccional concernido, como de los demás intervinientes en el proceso laboral. b) Que la Corte de Apelaciones como autoridad reclamada ha aplicado indebidamente leyes derogadas tácitamente, como es - a juicio del amparista - la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), y particularmente la aplicación que ha hecho la Alzada del artículo 58 de la misma; los cuales si bien no han sido derogados, como reconoce la parte interesada, tampoco carecen de efecto legal, como era su pretensión; supuesto por el cual el amparista consideraba infundada la sanción a él impuesta, en el ejercicio de la potestad disciplinaria del Despacho, que la norma citada atribuye explícitamente al órgano judicial de alzada. CONSIDERANDO (8): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo, como es la resolución sancionatoria emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, no resulta violatoria de las garantías invocadas por el recurrente y; en particular, del derecho de defensa y el debido proceso. Lo anterior, en virtud de resolverse motivadamente, dentro de los márgenes que impone el principio de proporcionalidad e imponiendo sanción establecida y predeterminada en ley vigente de aplicación general; apreciándose que la resolución bajo estudio comprende tanto el supuesto de irrespeto al fallo que en su momento emitiera la Alzada, como la marcada inobservancia por el Juez A Quo respecto a la innovación procesal que significa el Principio de Vencimiento, según establecido en el artículo 221 del Código Procesal Civil, norma legal supletoria, autorizada por las leyes y de pertinente aplicación al caso. Por todo ello, el fallo de Alzada se tiene por plausible, dotado de razonabilidad, no incurso en violación, restricción o menoscabo a los derechos individuales del amparista, ni de afectación alguna al principio de independencia judicial, el cual permanece incólume. De todo ello se sigue el mérito de la sanción disciplinaria impuesta, correspondiendo en derecho dictar sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 307, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para que se continúe con el tramite del proceso. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil quince, certificación de fallo de fecha once de mayo de dos mil quince, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 39=13.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Cfr. folios seis (6) y siete (7) frente de la pieza de apelaciones.

[2] Artículo de la LOAT, que dice a la letra: “A las Cortes de Apelaciones corresponde inmediatamente mantener la disciplina judicial en su despacho y en la demarcación sujeta a su autoridad, y la observancia de todas las leyes relativas a la administración de justicia. – Podrán, al efecto, imponer las penas de amonestación verbal, censura por escrito o multa que no exceda de veinte (L 20.00) Lempiras”.

[3] Ver fundamento de derecho 3.-) de la Formalización del Recurso, a folio cuarenta y seis (46) vuelto de la pieza de amparo.