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Sentencia AA-323-12 — Registro 4770

Resumen

Acción de amparo interpuesto contra acciones de autoridades recurridas al haber retenido salarios de impetrantes , lo que ha criterio de ellos constituye una violación a sus derechos constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala entiende que los alegatos expuestos por la recurrente no son de recibo en vía constitucional, y ello se estila así puesto que la impetrante teniendo expedita la vía ordinaria para poder alegar todas y cada una de las razones que ha dejado expuestas; al no hacerlo así ha obviado el proceso ordinario, planteando por lo tanto en forma directa la presente acción de amparo, en ese sentido es menester recordar que la acción de amparo es reconocida en nuestra legislación como un recurso extraordinario para la protección y restitución de derechos fundamentales, entendemos entonces que la vía extraordinaria en ningún momento sustituye a la vía ordinaria tal y lo pretendido por la recurrente, por lo que en todo momento el acceso a esta vía extraordinaria indefectiblemente pasa por el previo agotamiento de la vía ordinaria. Por otra lado es menester señalar que ya el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y su sindicato el SITRAUNAH, establece de forma explicita el procedimiento interno para dilucidar aquellos conflictos que se pudiesen suscitar en la relación laboral entre patronos y trabajadores; ahora bien esta Sala entiende que una vez agotado tal procedimiento y si las partes no se avinieren a ningún acuerdo, la parte que se considere dañada podrá acudir directamente a la vía de la jurisdicción laboral a fin de que sea esa instancia la que dilucide el conflicto. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que los argumentos planteados por el recurrente no son mas que alegatos de mera legalidad, que hacen que la acción sea inadmisible al tenor de lo estipulado en el articulo 46 numeral 1), que preceptúa: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad” y el párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional, que deja establecido que: “El órgano jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del tramite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”; y es que entendemos que a través de esta disposición se establece una especie de filtro, para evitar que la Sala de lo Constitucional y los demás órganos que ejercen la justicia constitucional, se conviertan en otra instancia más, y se desnaturalice con ello su función primordial, como es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución, de éste modo, aquellas cuestiones de mera legalidad, y sin relevancia constitucional, deben ser resueltas por los Juzgados y Tribunales de instancia. En el caso de merito esta sala Constitucional, estima que los planteamientos hechos por la recurrente en esta vía constitucional, al versar sobre las situaciones que ya se dejan apuntadas en este fallo, no son mas que alegatos de mera legalidad, que bien pueden ser dilucidadas en la instancia ordinaria. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo anteriormente expuesto esta Sala estima que en el caso de merito es procedente sobreseer la presente causa al tenor del ya citado articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de febrero de dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada TULA HERNANDEZ, a favor de los señores ALONSO SARMIENTO CONTRERAS, CARLOS HUMBERTO RAMIREZ CASCO, CARLOS ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ, CLAUDIO EVARISTO VELASQUEZ AMADOR, CRISTIAN ADALID MURILLO, y CUARENTA Y CINCO (45) PERSONAS MAS, todos en su condición de guardias de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), contra actuaciones de las autoridades de la misma a través de la Rectora JULIETA CASTELLANOS y de la señora JACINTA RUIZ BONILLA, en su condición de Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la referida universidad, por considerar los recurrentes que las autoridades antes mencionadas han retenido sus salarios, lo que ha criterio de ellos constituye una violación a sus derechos constitucionales. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil doce (2012), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, la abogada TULA HERNANDEZ interponiendo recurso de amparo a favor de los señores: ALONSO SARMIENTO CONTRERAS, CARLOS HUMBERTO RAMIREZ CASCO, CARLOS ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ, CLAUDIO EVARISTO VELASQUEZ AMADOR, CRISTIAN ADALID MURILLO, CRISTOBAL LAGOS MARTINEZ, DAVID MONTOYA VELASQUEZ, DONATO DE JESUS RUIZ, EDWAR JEOVANY LOPEZ ESTRADA, ENIS RICARDO CARRASCO OYUELA, FEDERICO MARTINEZ, FREDYS SALUN LOPEZ ZAMBRANO, GENARO MARTIN PONCE MATAMOROS, GUSTAVO ADOLFO SALINAS HERNANDEZ, HECTOR ORLANDO GAITAN HERNANDEZ, ISABEL GOMEZ GOMEZ, JAVIER VASQUEZ RODRIGUEZ, JORGE FRANCISCO GALEAS MARADIAGA, JOSE LOPEZ COREA, JOSE MARIA MORENO, JOSE RIGOBERTO PINEDA RAMIREZ, JOSE SANTOS VARELA ROMERO, JUAN ANGEL ZERON GOMEZ, JUAN LINDOLFO AVILA PEREZ, JUAN PABLO GARCIA GONZALEZ, JUAN RAFAEL DURON ZERON, JULIAN REYES ESPINOZA, JULIO CESAR PINEDA EUCEDA, LUIS BELTRAND HERRERA ALVAREZ, LUIS RANDOLFO ESCOBER, MANUEL DE JESUS LOPEZ VASQUEZ, MARCELO ISSAI ORDOÑEZ VALENZUELA, MARIO ANTONIO HERNANDEZ LAINEZ, MARLON NAHUN PONCE ZELAYA, MAURICIO MARADIAGA, MELVIN YOEL SARMIENTO GARCIA, MAXIMILIANO BLANDIN VARELA, OLMAN ENRIQUE CABRERA RODRIGUEZ, OSCAR ARMANDO DURON VARELA, OSCAR DANILO GUTIERREZ FLORES, PEDRO PABLO MARTINEZ, SANTOS ALVARADO RAMOS, SANTOS AQUILINO MARTINEZ AVILA, SANTOS DOMINGO BARAHONA FUNEZ, SANTOS NICASIO CARRASCO, SANTOS ROMAN MARTINEZ, SANTOS SIXTO MORAN OSEGUERA, VICTOR JOVANY COCOY RODRIGUEZ, VICTOR POLICARPO MOLINA TORRES y WALTER EGBERTO OLIVA VACA, todos guardias de seguridad internos, en las jornadas diurnas y nocturnas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); contra actuaciones de las autoridades de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS(UNAH) a través de su Rectora la señora JULIETA CASTELLANOS y de la señora JACINTA RUIZ BONILLA, en su condición de Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la referida universidad, por considerar los recurrentes que las autoridades antes mencionadas han retenido sus salarios, lo que su criterio constituye una violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 59, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 80, 82, 90, 127, 128, 135, 136 y 142 de la Constitución de la República; 1, 3, 96 numerales 3, 5 y 9 del Código del Trabajo; 1, 2, 8 numeral 1, 24 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; cláusulas 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 20, 37 y 42 literal d) del Contrato Colectivo celebrado entre la UNAH y el SITRAUNAH; Decreto 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan la protección y libre sindicalización; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil doce (2012), esta Sala de lo Constitucional, admitió con suspensión del acto reclamado y bajo la responsabilidad de la recurrente, el recurso de amparo interpuesto y ordenó librar comunicación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a fin de que remitiera los antecedentes del caso o emitiera un informe circunstanciado sobre lo expuesto por la recurrente. (Folio 269 de la pieza de amparo). 3) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil doce (2012), esta Sala, tuvo por recibida la comunicación debidamente cumplimentada junto con el informe emitido por la señora JACINTA RUIZ BONILLA, en su condición de Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y ordenó dar vista a la recurrente por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que formalizara su petición por escrito. (Folio 273 al 276 y 285 de la pieza de amparo). 4) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil doce (2012), la abogada TULA HERNANDEZ, formalizo el recurso de amparo a favor de los señores ALONSO SARMIENTO CONTRERAS, CARLOS HUMBERTO RAMIREZ CASCO, CARLOS ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ, CLAUDIO EVARISTO VELASQUEZ AMADOR, CRISTIAN ADALID MURILLO, CRISTOBAL LAGOS MARTINEZ, DAVID MONTOYA VELASQUEZ, DONATO DE JESUS RUIZ, EDWAR JEOVANY LOPEZ ESTRADA, ENIS RICARDO CARRASCO OYUELA, FEDERICO MARTINEZ, FREDYS SALUN LOPEZ ZAMBRANO, GENARO MARTIN PONCE MATAMOROS, GUSTAVO ADOLFO SALINAS HERNANDEZ, HECTOR ORLANDO GAITAN HERNANDEZ, ISABEL GOMEZ GOMEZ, JAVIER VASQUEZ RODRIGUEZ, JORGE FRANCISCO GALEAS MARADIAGA, JOSE LOPEZ COREA, JOSE MARIA MORENO, JOSE RIGOBERTO PINEDA RAMIREZ, JOSE SANTOS VARELA ROMERO, JUAN ANGEL ZERON GOMEZ, JUAN LINDOLFO AVILA PEREZ, JUAN PABLO GARCIA GONZALEZ, JUAN RAFAEL DURON ZERON, JULIAN REYES ESPINOZA, JULIO CESAR PINEDA EUCEDA, LUIS BELTRAND HERRERA ALVAREZ, LUIS RANDOLFO ESCOBER, MANUEL DE JESUS LOPEZ VASQUEZ, MARCELO ISSAI ORDOÑEZ VALENZUELA, MARIO ANTONIO HERNANDEZ LAINEZ, MARLON NAHUN PONCE ZELAYA, MAURICIO MARADIAGA, MELVIN YOEL SARMIENTO GARCIA, MAXIMILIANO BLANDIN VARELA, OLMAN ENRIQUE CABRERA RODRIGUEZ, OSCAR ARMANDO DURON VARELA, OSCAR DANILO GUTIERREZ FLORES, PEDRO PABLO MARTINEZ, SANTOS ALVARADO RAMOS, SANTOS AQUILINO MARTINEZ AVILA, SANTOS DOMINGO BARAHONA FUNEZ, SANTOS NICASIO CARRASCO, SANTOS ROMAN MARTINEZ, SANTOS SIXTO MORAN OSEGUERA, VICTOR JOVANY COCOY RODRIGUEZ, VICTOR POLICARPO MOLINA TORRES y WALTER EGBERTO OLIVA VACA, todos guardias de seguridad internos, diurnos y nocturnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), contra actuaciones de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.(Folio 287 al 293 y 451 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil doce (2012), esta Sala dicto providencia mediante la cual tuvo por formalizado en tiempo la demanda de amparo por parte de la recurrente y dio vista de los antecedentes a la Fiscal del Despacho para que en el término de cuarenta y ocho horas, emitiera el respectivo dictamen, haciéndolo la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal Especial del Ministerio Público, en fecha nueve (9) de agosto del dos mil doce (2012), de la siguiente manera: “... III. OPINIÓN: Con fundamento en lo expuesto, el Ministerio Publico dictamina que la demanda de acción de amparo debió haberse declarado inadmisible desde su inicio, por encontrarse en la causa de inadmisibilidad instituida en el articulo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que es improcedente el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, por lo que es criterio de este Ministerio Público que se sobresea la acción impetrada en base al párrafo final del precitado articulo que establece que los jueces y tribunales sobreseerán las diligencias de amparo, dentro de su tramite, tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos”. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la acción de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; y lo preceptuado en la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que la persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo impetrada favor de los señores ALONSO SARMIENTO CONTRERAS, CARLOS HUMBERTO RAMIREZ CASCO, CARLOS ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ, CLAUDIO EVARISTO VELASQUEZ AMADOR, CRISTIAN ADALID MURILLO, y CUARENTA Y CINCO (45) personas mas, todos guardias de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), contra actuaciones llevadas a cabo por las autoridades de la misma, esto es la señora Rectora JULIETA CASTELLANOS y la señora JACINTA RUIZ BONILLA, en su condición de Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la referida Universidad. CONSIDERANDO (4): Que según expone la recurrente, la violación de los preceptos constitucionales invocados, así como lo establecido en Tratados Internacionales y lo que señala el contrato colectivo de trabajo celebrado entre las autoridades de la Universidad y el sindicato de la misma; se habrían producido, en tanto en cuanto el numeroso grupo de trabajadores ha sido objeto de violaciones de sus derechos humanos y laborales por parte de la patronal, vulneraciones que dice se extienden inclusive al núcleo familiar de cada uno de ellos, puesto que les acarrea daños morales, psicológicos, patrimoniales, de salud y de educación; explica la recurrente que desde hace muchos años los referidos trabajadores ha recibido su salario de forma continua sin sufrir retrasos, deducciones o retenciones ilegales, situación que dice ha cambiado a raíz de la toma de posesión de las nuevas autoridades universitarias, quienes han creado en detrimento de los trabajadores un ambiente de persecución, hostigamiento e incertidumbre, no solo en contra de los trabajadores que se desempañan como guardias internos en el turno de la noche, sino que en forma general en contra de todos los trabajadores de esa casa de estudios, acciones de represalia que dice la recurrente en la mayoría de las veces no son comunicadas al propio perjudicado ni mucho menos al sindicato, situación con la cual aduce se esta violentando el procedimiento ya establecido en el Contrato colectivo de trabajo vigente; manifiesta que existe malestar también por la implementación por parte de la patronal de mecanismos de control para lo cual ha instalado el registro de huellas dactilares, amenazando la patronal que si no se someten a tal control corren el riesgo de que aparezcan como que han abandonado su trabajo y con ello no hacerles efectivo su pago mensual, amenaza que dice ya se ha concretado al no pagárseles su salario completo del mes de marzo del año dos mil doce (2012), amen de que desde el mes de octubre del año dos mil once (2011), se les viene haciendo deducciones progresivas de su salario mensual. Dice la recurrente que a sus representados no solo se les pretende imponer el referido control de asistencia mediante el registro de huellas dactilares, sino que también se ha implementado la acreditación del pago mensual de cada uno de ellos en cuentas de banco, situación con la que no están de acuerdo pues ello supone que la patronal puede depositar en las referidas cuentas bancarias lo que les plazca y no lo que realmente les corresponde; dice que tales procederes contrarían lo señalado en el contrato colectivo de trabajo, al que las autoridades universitarias no quieren sujetarse, puesto que ellos saben bien que toda situación que involucre cualquier movimiento de personal, nombramientos, sanciones, despidos, traslados etc., deberá hacerse conforme lo estipulado en el referido contrato colectivo, esto es que debe haber consentimiento por parte de los trabajadores y de la organización sindical. Aduce que las acciones llevadas a cabo por parte de la patronal y que les causan atropello a sus derechos humanos y laborales, obedece únicamente al hecho de que los perjudicados están afiliados al SITRAUNAH. Señala que en el caso de autos la patronal ha ignorado lo preceptuado en la ley laboral, puesto que ya ha sido sancionada por la autoridad administrativa como lo es la Inspección General del Trabajo por desobedecer la ley, imponiéndosele varias multas. Dice la recurrente que las acciones de la patronal universitaria se traducen en una situación calamitosa para los trabajadores puesto que con la reducción de sus salarios, se propicia que no puedan hacer frente a las obligaciones prestatarias en concepto de vivienda, el pago de prestamos personales en cooperativas y bancos, pago de alquiler en otros casos, la compra de alimentos para sus familias, compra de vestuario, pago de educación, transporte y salud. Añade la recurrente a sus alegatos, que la patronal no obedece ni siquiera lo preceptuado en la Ley Orgánica de la Universidad y su reglamento (articulo 41), como tampoco las resoluciones que emanan por el Consejo Universitario, quien mediante resolución de fecha veintiséis (26) de agosto del año 2011 y que queda registrada en el Acta numero CU-0007-08-2011, ha dejado establecido que quedara en suspenso el registro de huella digital para efecto de control laboral hasta tanto no se aprobara el reglamento interno que incorpore mecanismos apropiados para la medición y control de trabajo docente en este caso; y que por analogía dice, puede ser aplicado a los demás trabajadores universitarios, esto es por razones de igualdad y en aplicación de la clausula 6ta del Contrato Colectivo vigente. Señala la recurrente que también se atropella los derechos fundamentales de sus representados cuando a los mismos por parte de la patronal se les cita y emplaza a fin de que acudan a las llamadas audiencias de defensa, que dice no es otro mas, que el nombre que se le da a las actas que levantan, dice que las autoridades universitarias al citar y emplazar a los trabajadores se arrogan funciones que no les corresponden, y que solo son potestad de los órganos jurisdiccionales, audiencias que por otro lado se llevan a cabo sin que exista un procedimiento de levantamiento de actas o audiencias de descargo en la normativa que rige la universidad, amen de que las mismas tampoco se contemplan en el contrato colectivo de trabajo, por lo que las referidas audiencias devienen en ser ilegales al no ser consensuadas con los representantes de la organización sindical. Finalmente la recurrente señala que en base a lo establecido en las clausulas 2 y 11 del contrato colectivo vigente, son varias las notas que se le han hecho llegar a la señora Rectora Julieta Castellanos y a la señora Jacinta Ruiz Bonilla, sin que las mismas hayan tenido respuesta alguna, con lo cual las referidas damas desconocen los procedimientos establecidos de antemano, lo que señala el contrato colectivo, las leyes laborales y la organización sindical, pero sobre todo las referidas señoras hacen caso omiso de su deber, por los cargos que ostentan, de supeditarse a la Constitución de la República y lo establecido en Convenios Internacionales. CONSIDERANDO (5): Que de la revisión de los antecedentes así como de lo señalado por la recurrente esta Sala constata en el caso de autos que los actos materiales o de hecho, llevados a cabo por parte de las autoridades universitarias y sobre las cuales fundamentalmente se ha interpuesto acción de amparo versan sobre los siguientes aspectos: a) Inconformidad del numeroso grupo de trabajadores del área de seguridad interna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente del turno de la noche por la retención o deducción de sus salarios, esto debido a la rotación de los mismos al turno del día; b) Inconformidad por la implementación por parte de las autoridades de la referida Universidad del sistema de control de asistencia mediante el registro de huellas dactilares; c) Inconformidad por la forma en que se les hace el pago de sus salarios mensuales, esto es mediante la acreditación del mismo en cuentas de banco; d) Inconformidad por que las autoridades de la Universidad no aplican analógicamente a favor de lo trabajadores la resolución del Consejo Universitario de fecha veintiséis (26) de agosto del año 2011 y que queda registrada en el Acta numero CU-0007-08-2011, la cual deja establecido que quedara en suspenso el registro de huella digital para efecto de control laboral hasta tanto no se aprobara el reglamento interno que incorpore mecanismos apropiados para la medición y control del trabajo de los docentes; e) Inconformidad por que las autoridades universitarias citan y emplazan a los trabajadores a las llamadas audiencias de defensa, mismas que manifiestan se llevan a cabo sin que exista un procedimiento de levantamiento de actas o audiencias de descargo en la normativa que rige la universidad, como tampoco están contempladas en el contrato colectivo de trabajo; y f) Inconformidad por que la señora Rectora de la Universidad señora Julieta Castellanos y a la señora Jacinta Ruiz Bonilla en su condición de Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la referida universidad; no dan respuesta a las diferentes notas que se les ha girado por parte del sindicato. CONSIDERANDO (6): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala entiende que los alegatos expuestos por la recurrente no son de recibo en vía constitucional, y ello se estila así puesto que la impetrante teniendo expedita la vía ordinaria para poder alegar todas y cada una de las razones que ha dejado expuestas; al no hacerlo así ha obviado el proceso ordinario, planteando por lo tanto en forma directa la presente acción de amparo, en ese sentido es menester recordar que la acción de amparo es reconocida en nuestra legislación como un recurso extraordinario para la protección y restitución de derechos fundamentales, entendemos entonces que la vía extraordinaria en ningún momento sustituye a la vía ordinaria tal y lo pretendido por la recurrente, por lo que en todo momento el acceso a esta vía extraordinaria indefectiblemente pasa por el previo agotamiento de la vía ordinaria. Por otra lado es menester señalar que ya el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y su sindicato el SITRAUNAH, establece de forma explicita el procedimiento interno para dilucidar aquellos conflictos que se pudiesen suscitar en la relación laboral entre patronos y trabajadores; ahora bien esta Sala entiende que una vez agotado tal procedimiento y si las partes no se avinieren a ningún acuerdo, la parte que se considere dañada podrá acudir directamente a la vía de la jurisdicción laboral a fin de que sea esa instancia la que dilucide el conflicto. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que los argumentos planteados por el recurrente no son mas que alegatos de mera legalidad, que hacen que la acción sea inadmisible al tenor de lo estipulado en el articulo 46 numeral 1), que preceptúa: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad” y el párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional, que deja establecido que: “El órgano jurisdiccional rechazara de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del tramite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”; y es que entendemos que a través de esta disposición se establece una especie de filtro, para evitar que la Sala de lo Constitucional y los demás órganos que ejercen la justicia constitucional, se conviertan en otra instancia más, y se desnaturalice con ello su función primordial, como es la de establecer la compatibilidad o no de los actos impugnados con la Constitución, de éste modo, aquellas cuestiones de mera legalidad, y sin relevancia constitucional, deben ser resueltas por los Juzgados y Tribunales de instancia. En el caso de merito esta sala Constitucional, estima que los planteamientos hechos por la recurrente en esta vía constitucional, al versar sobre las situaciones que ya se dejan apuntadas en este fallo, no son mas que alegatos de mera legalidad, que bien pueden ser dilucidadas en la instancia ordinaria. CONSIDERANDO (8): Que por todo lo anteriormente expuesto esta Sala estima que en el caso de merito es procedente sobreseer la presente causa al tenor del ya citado articulo 46 numeral 1) y párrafo final de la Ley de Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la señora Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta reformado., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2) y 6), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 46 Nº 1),63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: SOBRESEYENDO las presentes diligencias, en el recurso de amparo interpuesto por la abogada TULA HERNANDEZ, a favor de los señores ALONSO SARMIENTO CONTRERAS, CARLOS HUMBERTO RAMIREZ CASCO, CARLOS ORLANDO GONZALEZ MARTINEZ, CLAUDIO EVARISTO VELASQUEZ AMADOR, CRISTIAN ADALID MURILLO, y CUARENTA Y CINCO (45) PERSONAS MAS; ello en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad preceptuada en el articulo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional que señala que la misma será inadmisible: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”.- Y MANDA: Que se certifique el presente fallo y se envié a la autoridad recurrida para los efectos legales correspondientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha diez de febrero de dos mil quince, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 323-p481=12.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.