Sentencia AA-296-13 — Registro 4769
Resumen
Resolución recurrida contra actuaciones de recurrente por haberse negado a dar información pública solicitada , a través de su oficial de información para establecer la forma en que se manejan los impuestos que paga el pueblo hondureño y las exoneraciones de las que gozan algunos inversionistas argumentando éste ser información reservada, considerando la Sala Constitucional no ser información reservada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(13): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite afirmar: Que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y ello se estima así por parte de esta Sala, puesto que del examen de la misma se establece que al tenor de los antecedentes, tenemos que el acuerdo de clasificación de información publica como reservada numero 285-2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); y que fuera publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 15 de noviembre de 2010, no se encuadra en lo peticionado por la periodista WENDY CAROLINA FÚNEZ, esto es que la información solicitada no se encuentra expresamente clasificada como información reservada, por lo que se estima que la misma tiene el carácter de publica; en ese orden de ideas y siendo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica tiene como finalidad entre otros el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información publica, y así de esa manera fortalecer el Estado de Derecho y con ello consolidar el proceso democrático del país; en ese sentido tenemos entonces que la Resolución numero Nº 130-2012 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), es conforme a derecho. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente verifica que en el caso subexamine no se constata que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnere el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado
Legislación citada
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 27 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 17 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de abril de dos mil quince.VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesto por la abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, a favor de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra la Resolución No. 130-2012 dictada en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012) por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), con relación a la solicitud de información sobre pequeños, medianos y grandes contribuyentes insolvente y solventes con el Estado, empresas con exoneraciones fiscales y empresas que deberán pagar el 1% y que han venido reportando falta de utilidades al Estado, presentada por la periodista WENDY CAROLINA FUNEZ. ANTECEDE NTES 1) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil doce (2012), compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Publica, la periodista WENDY CAROLINA FUNEZ, interponiendo Recurso de Revisión en contra de las actuaciones de la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI), alegando la recurrente que la referida Dirección a través de su oficial de información pública negó los datos para establecer la forma en que se manejan los impuestos que paga el pueblo hondureño y las exoneraciones de las que gozan algunos inversionistas.2) Que en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012), una vez seguido el trámite de Ley correspondiente, el Instituto de Acceso a la Información Publica emitió la Resolución No. 130-2012, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por la señora WENDY CAROLINA FÚNEZ, actuando en su condición personal, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por habérsele denegado información pública solicitada como consta en autos a folio doce (12) del expediente de mérito.- SEGUNDO: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que en el plazo de cinco (5) días hábiles, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, entregue la información pública solicitada por la señora Wendy Carolina Fúnez, relativa a: 1) “Lista de pequeños y grandes contribuyentes insolventes con el Estado; 2) Lista de grandes, medianos y pequeños contribuyentes solventes con el Estado; 3) Lista de las empresas con exoneraciones fiscales y los montos de exoneraciones fiscales de los que gozan cada uno de los grandes contribuyentes; y 4)Lista de más de 30 empresas que deberán pagar el 1 por ciento y que han venido reportando falta de utilidades del Estado, según información divulgada por el Presidente de la República”.- TERCERO: La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los Artículos 183 de la Constitución de la Republica; 41, 44, 47 y 48 de la Ley de Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma quedará firme con los efectos pertinentes.-…” (Folios 92 al 94 de los antecedentes). 3) Que en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), la recurrente abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS(DEI), contra la Resolución No. 130-2012 dictada en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012), por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA(IAIP), y que se deja relacionada en el numeral que antecede, por estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República. En fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil trece (2013), se tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional impetrada.4) Que en fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil trece (2013), la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a través del abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, emitió el respectivo dictamen, siendo de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se impugna en esta vía constitucional la Resolución Nº 130-2012 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP); resolución mediante la cual el referido Instituto básicamente declara CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por la señora WENDY CAROLINA FÚNEZ, actuando en su condición personal, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por haberle denegado la referida Dirección, la información pública solicitada; y ordena a la referida Dirección que en el plazo de cinco (5) días hábiles, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, entregue la información pública solicitada por la periodista Wendy Carolina Fúnez, relativa a: 1) Lista de pequeños y grandes contribuyentes insolventes con el Estado; 2) Lista de grandes, medianos y pequeños contribuyentes solventes con el Estado; 3) Lista de las empresas con exoneraciones fiscales y los montos de exoneraciones fiscales de los que gozan cada uno de los grandes contribuyentes; y 4)Lista de más de 30 empresas que deberán pagar el 1% y que han venido reportando falta de utilidades al Estado, según información divulgada por el Presidente de la República.CONSIDERANDO (3): Que la recurrente abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, aduce que la Resolución que se deja relacionada en el acápite anterior, ha vulnerado en perjuicio de su representada la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), el derecho que le asiste al debido proceso, así como el principio de legalidad, preceptuados respectivamente en los artículos 90, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; para ello expone que tales vulneraciones constitucionales se habrían producido por que al tenor de lo preceptuado en el articulo 71 del Decreto Legislativo 17-2010, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), es una entidad desconcentrada, adscrita a la Secretaria de Finanzas y calificada como una entidad de SEGURIDAD NACIONAL, ya que es un órgano que esencialmente administra el sistema tributario y aduanero del país. Arguye la recurrente que en el caso de autos la periodista WENDY CAROLINA FÚNEZ, ha solicitado la información relativa a diferentes segmentos de contribuyentes; información que le fue denegada a la solicitante por tratarse de información que se encuentra clasificada como reservada; sigue señalando la recurrente que no obstante de la denegatoria de tal información, su representada mediante oficio UIO-091-2012, ha dado respuesta a la solicitante haciéndole allegar el listado general de grandes, medianos y pequeños contribuyentes insolventes con el Estado y la lista de las empresas con exoneraciones fiscales, indicándosele que en cuanto a los montos no se le proporciona los mismos por tratarse de información reservada, a su vez se le indica a la referida señora que esa información se encuentra disponible en la pagina web de la DEI., y que en cuanto a la lista de exoneraciones fiscales de contribuyentes para que puedan importar jet, automóviles de lujo u otros bienes, no es competencia de la DEI, por que estas son autorizadas por la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras de la Secretaria de Finanzas, y que en relación a las empresas que deberán hacer el pago del 1% y que han venido reportando perdidas, estas se encuentran en el listado de grandes, medianas y pequeños contribuyentes insolventes con el Estado. Sigue exponiendo la impetrante que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), solo de manera general puede suministrar información a quien se lo solicite, ya que legalmente se ve imposibilitada para suministrar información detallada de los contribuyentes, ello al tenor de lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 49 del Código Tributario, y que solo se podrá tal información salvo que se trate de casos puntuales cuando sea necesario para la prosecución de juicios o investigaciones en que el fisco tenga interés de recaudar impuestos que le sean debidos. En lo referente a la información sobre las empresas que deben pagar el 1% y que han venido reportando perdidas, dice que también la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), se ve imposibilitada para suministrar la misma, ello en razón de que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional declaro la inconstitucionalidad del Decreto 42-11, mediante el cual se establecía el pago del 1% sobre los ingresos brutos del periodo impositivo cuando declarasen perdidas. Aduce la impetrante que al tenor de lo señalado en el articulo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica esto es que: “Las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin mas restricciones que las contempladas en la ley y en las demás leyes de la República”; en el caso de autos la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), ha proporcionado la información solicitada dentro de los limites que permite la ley, por lo que estima que excederse de lo anteriormente apuntado haría incurrir al Director en responsabilidad legales, civiles, penales y administrativas. Finalmente estima que la resolución que hoy recurre en esta vía constitucional no ha tenido en cuenta lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, esto es en cuanto a las restricciones que privan para el acceso a la información. CONSIDERANDO (4): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es la garantía constitucional que está conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, la recurrente lo ha relacionado con el principio de legalidad, establecidas dentro de nuestro marco constitucional.CONSIDERANDO (5): Que para que exista Debido Proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesales, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La garantía del debido proceso es aplicable también en sede administrativa, o sea, en lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado ha tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo.CONSIDERANDO (6): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores es menester por parte de esta Sala de lo Constitucional considerar si la Resolución Nº 130-2012 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP); vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por el recurrente; en ese sentido se impone entonces revisar la normativa atiente al caso de autos.CONSIDERANDO (7): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en su artículo 3 da las siguientes definiciones: “1)…;2)…;3) Derecho de Acceso a la Información Publica: El derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma.4)…; 5) Información Publica: Todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, documento, registro impreso, óptico o electrónico u otro que no haya sido previamente clasificado como reservado que se encuentre en poder de las instituciones obligadas y que pueda ser reproducida. Dicha información incluirá la contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, decretos, acuerdos, directrices, estadísticas, licencias de todo tipo, personalidades jurídicas, presupuestos, liquidaciones presupuestarias, financiamientos, donaciones, adquisiciones de bienes, suministros y servicios, y todo registro que documente el ejercicio de facultades, derechos y obligaciones de las instituciones obligadas sin importar su fuente o fecha de elaboración; 6) Información Reservada: La información publica clasificada como tal por esta ley, la clasificada como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector publico;…”CONSIDERANDO (8): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica señala en el artículo 16 “RESTRICCION DE ACCESO A LA INFORMACION. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública estará restringido cuando: 1) Cuando lo establezca la Constitución, las leyes, los tratados o sea declarada como reservada con sujeción a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de esta ley; 2) Se reconozca como información reservada o confidencial de acuerdo con el artículo 3 numerales 7 y 9, de la presente ley; 3)……; y 4)….”.CONSIDERANDO (9): Que la citada ley señala en su artículo 17, “CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre secretividad de datos y procesos de confiabilidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información publica como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés publico de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1) La seguridad del Estado; 2)La vida, la seguridad y salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de habeas data; 3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia; 4) El interés protegido por la Constitución y las leyes; 5) La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y 6) La estabilidad económica, financiera o monetaria del país y la gobernabilidad.”CONSIDERANDO (10): Que el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica señala:”ACUERDO DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION COMO RESERVADA. Para clasificar la información como reservada, en base a cualquiera de las causales enumeradas en el articulo anterior, el titular de cualquier órgano publico deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información, debidamente motivado y sustentado. El titular respectivo debe remitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pública. Cuando este considere que la información cuya clasificación se solicita no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo anterior, lo hará del conocimiento del superior respectivo y este denegara la solicitud del inferior. Si contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de clasificación, éste será nulo de pleno derecho. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 22 de la citada ley establece: “ACCESO A LA INFORMACION POR PARTE DE LOS PERIODISTAS. Las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin mas restricciones que las contempladas en esta ley y en las demás leyes de la República”.CONSIDERANDO (12): Que el artículo 10 de Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, preceptúa: “Información Pública. Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.”CONSIDERANDO (13): Que una lectura armónica de las disposiciones legales antes trascritas, en relación con lo señalado en el articulo 17 del Código Civil que preceptúa “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”; nos permite afirmar: Que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y ello se estima así por parte de esta Sala, puesto que del examen de la misma se establece que al tenor de los antecedentes, tenemos que el acuerdo de clasificación de información publica como reservada numero 285-2010 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); y que fuera publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 15 de noviembre de 2010, no se encuadra en lo peticionado por la periodista WENDY CAROLINA FÚNEZ, esto es que la información solicitada no se encuentra expresamente clasificada como información reservada, por lo que se estima que la misma tiene el carácter de publica; en ese orden de ideas y siendo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica tiene como finalidad entre otros el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información publica, y así de esa manera fortalecer el Estado de Derecho y con ello consolidar el proceso democrático del país; en ese sentido tenemos entonces que la Resolución numero Nº 130-2012 de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce (2012), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), es conforme a derecho. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente verifica que en el caso subexamine no se constata que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnere el derecho al debido proceso y el principio de legalidad, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 10 de la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción; 1, 3, 4, 16, 17, 18, 22, 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 17 del Código Civil; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57 y 58 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE, a favor de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contra la Resolución No. 130-2012 dictada en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil doce(2012) por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Y a solicitud del Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVAEZ se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de abril del año dos mil quince (2015), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0296-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL