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Sentencia AA-163-13 — Registro 4801

Resumen

Resolución que resuelve con lugar recurso de apelación en relación a ejecución totalmente ilegal e injusta de embargo por la vía de apremio,sin cumplir según impetrante con los requisitos establecidos en el Código de procedimientos civiles; el cual se hizo además por un Juez que no tenía asignado el presente asunto, dejando en completa indefensión a recurrente demandado,en virtud del viciado procedimiento,quién aprobó un cálculo de intereses comerciales y moratorios exorbitante, sin documentación alguna ni darle a recurrente derecho alguno de oponerse y no aplicando la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en lo referente al calculo de interese en caso de condena al Estado o sus entidades para el pago de cantidades liquidas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que para la Sala de lo Constitucional, el párrafo primero del artículo 90 párrafo primero, como norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permite, a quien pretenda hacer valer sus legítimos derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, a ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con tales exigencias fundamentales respecto a todo proceso, con atención especial al mantener la plena vigencia de los derechos fundamentales a todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (8): Que en tal sentido, se ha dicho que el principio de seguridad jurídica se basa en la certeza del respeto al derecho, tanto en su publicidad como en su aplicación, lo cual se tiene como una condición esencial del Estado de Derecho, dado que del imperio de la ley deriva la garantía a una serie de derechos reconocidos constitucionalmente, en el que descansa por cierto el Sistema de Administración de Justicia, siendo en consecuencia inherente al debido proceso; lo cual encuentra manifestación en el presente caso, al apreciarse que la resolución del Ad Quem, objeto del presente recurso, vulnera el derecho al debido proceso invocado por la parte recurrente, al dejar de aplicar lo prescrito legalmente, tanto en el referido Artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, [1] como en lo establecido por el Congreso Nacional en el Articulo 177 del Decreto No255-2011 que, para el ejercicio fiscal 2012 (y en aplicación del Artículo 100 de la Ley señalada), según el cual, para el cálculo del interés a pagar se aplicará la fórmula de interés simple, dejando definido también como interés moratorio el 2% anual, disposición que no constituye una modificación al Artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino su concreción legislativa a resultas de la atribución que ostenta el Congreso Nacional, de conformidad al Artículo 205 de la Constitución de la República, para aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, lo cual implica también dictar las directrices que aseguren su correcta ejecución. CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 177 del Decreto Legislativo Número 255-2011, que aprueba la estimación de los ingresos de la Administración Central para el ejercicio fiscal del año dos mil doce (2012), antes mencionado, establece literalmente: “Cuando el Estado o sus entidades sea condenado a reconocer cantidades líquidas mediante sentencias firmes el cálculo de intereses simples comerciales y moratorios que establece el Artículo 100 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para el cálculo de los intereses comerciales será calculado conforme a las tasas pasivas, aplicando las tasas promedio ponderada de los depósitos de ahorro y certificados de depósitos del sistema bancario nacional, es decir se aplicará la fórmula de interés simple. Respecto al cálculo de los intereses moratorios se aplicará la tasa del dos por ciento (2%) anual.” CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expresado, se declara que la resolución en estudio ha disminuido el derecho al debido proceso del que goza la parte procesal ejecutada recurrente, al tenor de lo establecido en los artículos 90 constitucional y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, en particular, la cual le garantiza, inter alia, el derecho a obtener una respuesta congruente y fundada en derecho en las peticiones formuladas ante las autoridades jurisdiccionales, así como al goce y disfrute del valor seguridad jurídica y de su aseguramiento mediante el principio fundacional del Estado de Derecho como es la primacía de la ley, al cual es inherente el debido proceso; por lo que la vulneración percibida en la resolución del Ad Quem, por inobservancia general de los requerimientos, requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, al dejar de aplicar una ley especial de orden público, cuyo cumplimiento resulta ineludible acorde a juridicidad, es decir, de conformidad a derecho. En consecuencia, procede el otorgamiento de la presente acción de Amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de mayo del año dos mil quince. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada IRIS WALDINA UCLÉS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha treinta y uno de enero del dos mil trece, que declara CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once de septiembre del dos mil doce, con relación a la demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada promovida por el señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado, en perjuicio de su representado, los derechos contemplados en los artículos 82 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil siete (2007), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, interponiendo demanda para que se declare LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR, EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA, QUE SE ANULE TOTALMENTE EL MISMO POR HABER SIDO ADOPTADO CON INFRACCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. 2) Que adelantado que fue el procedimiento, en fecha once (11) de septiembre del dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras citado resolvió: “PRIMERO: Decretar la Nulidad de Actuaciones a partir del folio 179 al 184 y del folio 194 al 196 de esta pieza de Autos por ser actuaciones que no se encuentran apegadas a derecho y han sido adoptadas por un Juez que no es el que tiene el presente asunto asignado. SEGUNDO: Dejar SIN VALOR NI EFECTO el contenido del Auto de fecha 3 de septiembre de 2012 ASÍ COMO LA DILIGENCIA DE EMBARGO REALIZADA Y LOS RECIBOS ERRÓNEAMENTE AUTORIZADOS. TERCERO: Librar atento oficio al Banco Central de Honduras a efecto de informar lo que se ha dejado sin efecto, para que se abstenga de entregar cantidad alguna proveniente de las actuaciones anuladas o en su defecto informe si ya ha entregado la misma. CUARTO: Despachar el escrito presentado que obra a folio 176 en el sentido de que previo a darle trámite al mismo, se le concede al demandante el plazo de 5 días hábiles para que acredite ante este Tribunal que no se le ha entregado cantidad alguna de la ejecución irregularmente realizada, para que una vez constatado ello, se le de el trámite correspondiente por la vía de apremio únicamente a la cantidad condenada en la sentencia definitiva de fecha 7 de mayo 2009 y darle el trámite incidental a la solicitud de Intereses Comerciales y Moratorios. QUINTO: En el caso de que el demandante haya retirado cantidad alguna de le ejecución irregularmente decretada debe, en el mismo plazo del resolutivo anterior, devolverla al Estado de Honduras o consignarla ante este Juzgado para iniciar nuevamente el trámite de ejecución de manera legal. SEXTO: Hacer un enérgico llamado de atención al Juez GERMAN ISAÍAS PLANAS para que en adelante se limite a despachar los asuntos que le han sido asignados según los controles oficiales del Tribunal y que se abstenga de conocer causas pendientes ante otros jueces. Artículos 8 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 80, 82, 303 y 304 de la Constitución de la República; 95, 96, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 6 y 42 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1589 del Código Civil. NOTIFÍQUESE.” (Ver folios doscientos uno (201) al doscientos tres (203) de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil trece (2013), la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, conociendo en apelación la sentencia para que se declare la nulidad de un acto administrativo particular y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada dictada en fecha once (11) de septiembre del dos mil doce (2012), falló: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de apoderado legal del señor JORGE ALBERTO HERRERA FLORES.- SEGUNDO: REVOCAR: totalmente la providencia de fecha 11 de septiembre del 2012, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número doscientos uno vuelto (201 v.) al folio doscientos tres frente (203f.) de esta segunda pieza de autos.- HASTA ESTA FECHA SE RESUELVE POR EXCESO DE ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.- Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se devuelva al Juzgado de su procedencia de conformidad con lo resuelto.- SIN COSTAS.-“ (Ver folios dieciocho (18) al veinte (20) de la segunda pieza de los antecedentes). 4) Que la Abogada IRIS WALDINA UCLÉS MOLINA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil trece (2013), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil trece (2013), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso la Sala, el uno (1) de agosto del dos mil trece (2013). 5) Que el diecinueve (19) de agosto del dos mil trece (2013), se tuvo por evacuado el dictamen del Ministerio Público a través de la Fiscal YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, quien fue del parecer porque SE OTORGUE, el presente amparo, sobre la base de las siguientes consideraciones: Que el procedimiento instado para ejecutar la sentencia firme de fecha siete (7) de mayo del dos mil nueve (2009), en el cual se condenó al Estado de Honduras a pagar a la parte demandante, se hizo con inobservancia del procedimiento establecido en la ley, a efectos de ejecutar un embargo por la vía de apremio; siendo que las actuaciones viciadas de nulidad que señala la amparista impiden que el acto jurídico surta sus efectos, por lesionar derechos susceptibles de amparo constitucional como el derecho de defensa y al debido proceso. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional, conoce de la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada IRIS WALDINA UCLÉS MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil trece (2013), misma que declara CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la providencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha once (11) de septiembre del dos mil doce (2012), con relación a la DEMANDA PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y EL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA promovida por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES contra el ESTADO DE HONDURAS, la cual se fundamenta jurídicamente, entre otras, en las siguientes consideraciones: Que al examinar el auto de fecha tres (3) de septiembre del dos mil doce (2012) que fue objeto de nulidad de actuaciones según la providencia que se conoce en apelaciones (de fecha once (11) de septiembre del dos mil doce (2012), se aprecia que el mismo era ya firme y consentido, o sea que había adquirido carácter de cosa juzgada; pero aun así, el Juez de instancia la revirtió, despojándola de la inmutabilidad que amerita, lo cual atenta contra el debido proceso y el principio de legalidad, ya que el Juez no puede asumir cualidades que solo les corresponden a las partes ejecutar por la vía de los recursos que la Ley ya le franquea, y al no haberlo hecho así, no debe el Juez suplir esa omisión, ni aun en interés de la ley. CONSIDERANDO (4): Que alega la Abogada recurrente en formalización de su acción de amparo, que la sentencia de apelaciones es violatoria de las garantías constitucionales de Defensa y al Debido Proceso contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, lo cual fundamenta en las siguientes aseveraciones: Que la sentencia de la cual se recurre no observó en los antecedentes del caso, que se traba ilegítima ejecución de embargo contra las cuentas bancarias que en el Banco Central de Honduras, se encuentran a nombre del Estado de Honduras. Tal procedimiento se ejecuta según pieza separada del expediente que se identifica con el número 253-07 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, donde se violentaron las garantías constitucionales que quedan expresadas. La decisión de la Corte Ad Quem es, en tal sentido, revocatoria de la providencia emitida por el Juez de instancia conocedor de la ejecución en fecha once (11) de septiembre del dos mil doce (2012), la cual sí tutela efectivamente el interés jurídico del Estado, al decretar nulidad de actuaciones a partir del folio 179 al 184, y del folio 194 al 196, en virtud del viciado procedimiento seguido por otro Juez, quien equivocadamente y fuera de su competencia aprobó un cálculo de intereses comerciales y moratorios exorbitante, sin documentación alguna ni darle a su representado derecho alguno de oponerse. Lo anterior, en directa contravención a lo estipulado en el artículo 177 de las Normas Generales de Ejecución Presupuestaria correspondientes al ejercicio 2012, el cual establece que el cálculo de dichos intereses, comerciales y moratorios a que hace alusión el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; “… será calculado conforme a las tasas pasivas… es decir se aplicará la formula de interés simple”. CONSIDERANDO (5): Que sigue manifestando la amparista en el plan de su formalización, que los denunciados no son problemas de carácter administrativo, como erróneamente plantea la parte demandante, sino que conllevan violación efectiva de derechos constitucionales, razón por la cual hizo bien el Juez de instancia en el auto revocado al anular las referidas actuaciones y censurar la actuación del Juez Germán Planas, quien en forma abusiva e ilegal aceptó dicho cálculo de intereses comerciales y moratorios, violentando el legítimo derecho a la defensa de su representado; resolución que resultara revocada en el fallo que se conoce ahora bajo la presente acción constitucional de amparo. CONSIDERANDO (6): Que abundando sobre el concepto de la violación, la Abogada Amparista refiere que la irregular asignación judicial que hizo posible la situación denunciada, lesiva a sus derechos constitucionales, involucra una completa contradicción a las previsiones establecidas legalmente, dado que el Código de Procedimientos Civiles ya establece los lineamientos a seguir en estos casos, los que contemplan como inicio el requerimiento del deudor (en este caso, la Secretaría de Salud) para que en el término de 24 horas pague o consigne la cantidad condenada, circunstancia esta que no se practicó previo al embargo practicado, propiciando con ello una ejecución totalmente ilegal e injusta; lo cual se hizo además por un Juez que no tenía asignado el presente asunto, dejando en completa indefensión a su representado. - Por todo ello solicita, de estimarse acorde a derecho, el otorgamiento de la presente acción de amparo, declarándola ha lugar a favor de su representado, como un acto correctivo de tardía pero valedera justicia. CONSIDERANDO (7): Que para la Sala de lo Constitucional, el párrafo primero del artículo 90 párrafo primero, como norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permite, a quien pretenda hacer valer sus legítimos derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, a ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con tales exigencias fundamentales respecto a todo proceso, con atención especial al mantener la plena vigencia de los derechos fundamentales a todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (8): Que en tal sentido, se ha dicho que el principio de seguridad jurídica se basa en la certeza del respeto al derecho, tanto en su publicidad como en su aplicación, lo cual se tiene como una condición esencial del Estado de Derecho, dado que del imperio de la ley deriva la garantía a una serie de derechos reconocidos constitucionalmente, en el que descansa por cierto el Sistema de Administración de Justicia, siendo en consecuencia inherente al debido proceso; lo cual encuentra manifestación en el presente caso, al apreciarse que la resolución del Ad Quem, objeto del presente recurso, vulnera el derecho al debido proceso invocado por la parte recurrente, al dejar de aplicar lo prescrito legalmente, tanto en el referido Artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,[1] como en lo establecido por el Congreso Nacional en el Articulo 177 del Decreto No255-2011 que, para el ejercicio fiscal 2012 (y en aplicación del Artículo 100 de la Ley señalada), según el cual, para el cálculo del interés a pagar se aplicará la fórmula de interés simple, dejando definido también como interés moratorio el 2% anual, disposición que no constituye una modificación al Artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino su concreción legislativa a resultas de la atribución que ostenta el Congreso Nacional, de conformidad al Artículo 205 de la Constitución de la República, para aprobar anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos, lo cual implica también dictar las directrices que aseguren su correcta ejecución. CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 177 del Decreto Legislativo Número 255-2011, que aprueba la estimación de los ingresos de la Administración Central para el ejercicio fiscal del año dos mil doce (2012), antes mencionado, establece literalmente: “Cuando el Estado o sus entidades sea condenado a reconocer cantidades líquidas mediante sentencias firmes el cálculo de intereses simples comerciales y moratorios que establece el Artículo 100 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para el cálculo de los intereses comerciales será calculado conforme a las tasas pasivas, aplicando las tasas promedio ponderada de los depósitos de ahorro y certificados de depósitos del sistema bancario nacional, es decir se aplicará la fórmula de interés simple. Respecto al cálculo de los intereses moratorios se aplicará la tasa del dos por ciento (2%) anual.” CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expresado, se declara que la resolución en estudio ha disminuido el derecho al debido proceso del que goza la parte procesal ejecutada recurrente, al tenor de lo establecido en los artículos 90 constitucional y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, en particular, la cual le garantiza, inter alia, el derecho a obtener una respuesta congruente y fundada en derecho en las peticiones formuladas ante las autoridades jurisdiccionales, así como al goce y disfrute del valor seguridad jurídica y de su aseguramiento mediante el principio fundacional del Estado de Derecho como es la primacía de la ley, al cual es inherente el debido proceso; por lo que la vulneración percibida en la resolución del Ad Quem, por inobservancia general de los requerimientos, requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, al dejar de aplicar una ley especial de orden público, cuyo cumplimiento resulta ineludible acorde a juridicidad, es decir, de conformidad a derecho. En consecuencia, procede el otorgamiento de la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 39, 41, 89 y 134 de Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil quince, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número 0163-2013.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] El cual establece de forma general como se calcularan los intereses que serán devengados por las cantidades líquidas a que esté obligado a pagar el Estado o sus entidades, en la aplicación de intereses comerciales.