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Sentencia AA-1234-14 — Registro 8273

Resumen

Resoluciòn mediante la cual se pretende dar vigencia inmediata al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia(IHNFA)y el Sindicato de Trabajadores Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia(SITRAINHNFA)e Infracción por parte de la autoridad denunciada( Secretaria del Trabajo) a lo establecido en ley en cuanto al trámite de registro de los contratos colectivos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que el debido proceso es aquel que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, como lo señala el Artículo 90 de la Carta Magna: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. - Por otra parte la Seguridad Jurídica se basa en la certeza del respeto al derecho, tanto en su publicidad como en su aplicación, siendo una condición esencial del Estado de Derecho que deriva de una serie de principios, derechos reconocidos constitucionalmente, en los cuales descansa la debida aplicación de justicia y el debido funcionamiento de la Administración; resultando en consecuencia inherente al debido proceso su cumplimiento, derivándose de su vulneración, atentado a la seguridad jurídica y en definitiva a la justicia; lo cual acaece en el caso de mérito, como ha quedado expresamente motivado. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio a los antecedentes y la formalización de la demanda de amparo observa que la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social ha vulnerado, a través de la resolución administrativa Nº 194/DGT/NC/2013, fechada tres (3) de junio del año dos mil trece (2013); el debido proceso que incumbe a las partes procesales, al inobservar los requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar leyes de orden público, cuyo cumplimiento es ineludible y obligatorio, lo que trae como consecuencia nulidad de pleno derecho a lo actuado por la referida instancia gubernativa, dada la incidencia de la lesión al debido proceso e intereses generales de protección a la infancia que vinculan a la parte que recurre en amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de septiembre del año dos mil quince. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA), contra la resolución Nº 194/DGT/NC/2013 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL, de fecha tres de junio de dos mil trece y que consta a Nº 2312 del folio 77 del Tomo VII del Libro Registro de Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, mediante la cual se pretende dar vigencia inmediata al VII CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO celebrado entre el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (SITRAINHNFA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado los derechos contenidos en los artículos 94, 96, 119, 183, 321, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que con fecha cinco (5) de marzo del año dos mil trece (2013), compareció ante LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL, el señor JOSÉ DE LOS SANTOS ROMERO actuando en su condición de Presidente del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (SITRAINHNFA), depositando y solicitando el Registro del Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo firmado entre el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (SITRAINHNFA). (Ver folio uno (1) Pieza Expediente NC-DGT-006-2013 Tomo I). 2) Que en fecha tres (3) de junio de dos mil trece (2013), LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL, mediante resolución Nº 194/DGT/NC/2013 resolvió: …“PRIMERO: Tener por efectuado el depósito del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito por el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA)(Sic.) y el SINDICATO DE TRABAJADORES del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (SITRAIHNFA), el que consta de ciento seis (106) Cláusulas y un anexo; de acuerdo a la Cláusula ochenta y cuatro (84), entrará en vigencia a partir del primero de junio del año dos mil doce, con una duración de dos (02) años, con lo cual queda bajo la vigilancia de este órgano; SEGUNDO: Ordenar el Registro del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, anteriormente relacionado, en el libro que al efecto lleva el departamento de Contratos Colectivos de ésta Dirección General.” (Ver folio cuarenta y tres (43) de la pieza principal). 3) Que el recurrente Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014) reclamando amparo a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA), contra la resolución Nº 194/DGT/NC/2013 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL de fecha tres (3) de junio de dos mil trece (2013), al cual se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 94, 96, 119, 183, 321, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015).4) Que en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil quince (2015), se tuvo por emitido el dictamen del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado, en virtud de haberse acreditado infracción a las garantías reclamadas por el amparista como infringidas con la resolución No. 194/DGT/NC/2013 dictada por la Dirección General del Trabajo, dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; sobre todo del debido proceso y derecho a la defensa de la Institución amparista, en virtud, entre otros aspectos de particular relieve; de la infracción por parte de la autoridad denunciada a lo establecido en ley en cuanto al trámite de registro de los contratos colectivos, mismo que ya regulan los artículos 53 y 78 del Código del Trabajo, el último de los cuales reza a la letra: “Todo contrato colectivo deberá ser registrado en la Dirección General del Trabajo, mediante depósito del ejemplar a que refiere el artículo 58, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes. Cualquiera de las partes puede ser encargada de efectuar el depósito. Si la parte encargada no efectuare el depósito, la otra tendrá derecho a hacerlo en cualquier tiempo, haciendo entrega de su ejemplar, a la Dirección General del Trabajo, que le expedirá copia auténtica del convenio y constancia de registro y notificará a la otra parte”;[1] resultando que dicho procedimiento resultó incumplido, pese a lo cual se procedió por la autoridad denunciada a su depósito y registro. Lo anterior, puesto que las negociaciones habrían concluido, según la autoridad administrativa, en fecha 27 de febrero de 2013.[2] Sin embargo, se estaba a la espera de la opinión de la Secretaría de Finanzas en relación al impacto económico de la suscripción del mismo, a tal grado que no se indica cuál de las partes será la encargada de realizar el trámite administrativo de depósito y registro. Finalmente, que resulta violatorio al debido proceso que la resolución No. 194/DGT/NC/2013 dictada por la Dirección General del Trabajo, no fuera notificada al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), como se establece en el trámite de registro y publicidad de los contratos respectivos; observándose a la vez que en ambos expedientes se realizaron trámites de procuración administrativa por parte del señor José de los Santos Romero, en su condición de Presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA), sin embargo, haberse constatado que dicho representante no es profesional del derecho, por lo que sólo se encuentra facultado para presentar la solicitud inicial, acorde los artículos 1, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución administrativa Nº 194/DGT/NC/2013 de fecha tres (3) de junio del año dos mil trece (2013) dictada por LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL, mediante la cual resolvió: …“PRIMERO: Tener por efectuado el depósito del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito por el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA)(Sic.) y el SINDICATO DE TRABAJADORES del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (SITRAIHNFA), el que consta de ciento seis (106) Cláusulas y un anexo; de acuerdo a la Cláusula ochenta y cuatro (84), entrará en vigencia a partir del primero de junio del año dos mil doce, con una duración de dos (02) años, con lo cual queda bajo la vigilancia de este órgano; SEGUNDO: Ordenar el Registro del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, anteriormente relacionado, en el libro que al efecto lleva el departamento de Contratos Colectivos de ésta Dirección General.” CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del Recurso, considera el impetrante se le han vulnerado a su representada los derechos constitucionales ínsitos en los artículos 90, 94, 96, 119, 183, 321, 323, 324, 325, 326 y 327 de la Constitución de la República, contentivos de una pluralidad de valores, principios y derechos constitucionales, que amparan el debido proceso legal; el derecho de audiencia en la adopción de medidas de apremio o análogas en materia laboral; la no retroactividad de las leyes, salvo en caso de favorabilidad al reo; la obligación constitucional de protección a la infancia; el reconocimiento de la garantía de amparo y las disposiciones constitucionales de atribución de responsabilidad y expresa reserva legal en las actuaciones de los servidores públicos. Asimismo, considera el garantista, se ha contravenido gravemente con la resolución bajo estudio, una multiplicidad de disposiciones legales, pertinentes a la colegiación profesional obligatoria y en particular de la colegiación obligatoria para quienes ejerzan actos de procuración (Ley del Colegio de Abogados de Honduras); a la Ley General de Administración Pública y la de Procedimiento Administrativo, así como leyes especiales en materia administrativa, como ser la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera (Ejercicio 2013),[3] entre otras. CONSIDERANDO (5): Sigue manifestando el amparista en motivación de su formalización de amparo, que el órgano administrativo denunciado ha obrado con notoria mala fe en su resolución de supuesto reconocimiento de derechos, lo cual se denota, entre otras consideraciones de irregularidades en la notificación, trámite del recurso en dos (2) distintos expedientes (señala en concreto, los registrados bajo los números NC-DGT-014-2013 y el NC/DGT/006/2013), los cuales fueron evacuados en las mismas fechas, mandando a archivar el primero y dándole curso al segundo, en burdo atentado contra la legalidad, el debido proceso y los altos intereses del pueblo hondureño. Encuentra el amparista – y así lo ha puesto de manifiesto – que el supuesto Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre su representada y el SINDICATO DE TRABAJADORES del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (SITRAIHNFA) contrae un neto agravio material a las finanzas del Estado, en particular las destinadas para la protección y cuidado de la niñez hondureña, pues en una de sus disposiciones contempla la posibilidad de duplicar los montos que por prestaciones e indemnizaciones laborales que corresponden a los trabajadores, lo cual entraña notorio exceso de poder por parte de la autoridad constituida, la cual ha interpuesto una inscripción administrativa anómala a lo que ya establece la Constitución de la República.CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, conviene de inicio dejar por sentado que la representación legal es una institución jurídica por medio de la cual una persona actúa en interés del representado sobre quien recaen los efectos jurídicos de su gestión, instituida para garantizar la tutela de los intereses, ya sea del Estado o de particulares, lo cual es válido también para legitimación en materia de contratación colectiva. Para MONTERO AROCA: “Tener legitimidad para obrar se refiere a ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular (legitimación activa) o contradecir (legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda”. - En el presente caso, al analizar la resolución subjudice, se aprecia que lleva razón el Dictamen Fiscal, al exponer el impedimento legal[4] existente para la actuación ejercida por el representante sindical, quien llega inclusive su representación hasta atender la resolución y notificación de lo actuado en sede administrativa, sin constar el profesional del derecho que le asiste en dirección y procuración del caso, lo cual vicia notoriamente la legitimación procesal con que aquel actúa, en desmedro del debido proceso que asiste al postulante de amparo acorde los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que asimismo, al analizar la resolución censurada, esta Sala observa que la actuación concreta de la Dirección General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social no apoya su resolución en motivación y fundamento en derecho congruente y de fondo, al grado de pretender desconocer el cumplimiento y vigencia de normas de orden público como son los distintos decretos de emergencia fiscal y financiera, contenidos en decretos legislativos ya referidos, los cuales tenían aplicación temporal al momento en que se realiza la solicitud de depósito y registro de las supuestas condiciones de contratación colectiva; no pudiendo disponer de las mismas, inobservarlas, ni mucho menos desconocerlas, sobre todo tratándose de un órgano de la Administración Pública;[5] lo que conlleva a la tutela reforzada a lo que estipula el principio de legalidad, acorde lo normado en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República en su análisis conjunto. CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso es aquel que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, como lo señala el Artículo 90 de la Carta Magna: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. - Por otra parte la Seguridad Jurídica se basa en la certeza del respeto al derecho, tanto en su publicidad como en su aplicación, siendo una condición esencial del Estado de Derecho que deriva de una serie de principios, derechos reconocidos constitucionalmente, en los cuales descansa la debida aplicación de justicia y el debido funcionamiento de la Administración; resultando en consecuencia inherente al debido proceso su cumplimiento, derivándose de su vulneración, atentado a la seguridad jurídica y en definitiva a la justicia; lo cual acaece en el caso de mérito, como ha quedado expresamente motivado. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio a los antecedentes y la formalización de la demanda de amparo observa que la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social ha vulnerado, a través de la resolución administrativa Nº 194/DGT/NC/2013, fechada tres (3) de junio del año dos mil trece (2013); el debido proceso que incumbe a las partes procesales, al inobservar los requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar leyes de orden público, cuyo cumplimiento es ineludible y obligatorio, lo que trae como consecuencia nulidad de pleno derecho a lo actuado por la referida instancia gubernativa, dada la incidencia de la lesión al debido proceso e intereses generales de protección a la infancia que vinculan a la parte que recurre en amparo. CONSIDERANDO (10): Que la Fiscalía del Ministerio Público, al tenerse por emitido su dictamen en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil quince (2015), fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, sobre fundadas bases de derecho, mismas que procuran la restauración del derecho al debido proceso, así vulnerado a la institución recurrente; por todo lo cual se hace procedente el otorgamiento de la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 80, 82, 90, 135, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 710 del Código de Trabajo; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: OTORGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA) contra la resolución Nº 194/DGT/NC/2013 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL en fecha tres de junio de dos mil trece. Y manda: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.-“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre del año dos mil quince. VISTA: La solicitud de fecha dos (02) de octubre del año dos mil quince (2015), en la que el Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO, pide a esta Sala de lo Constitucional que se proceda a aclarar la Sentencia mediante la cual se otorgó el Amparo No. AA-1234-2014, interpuesto por el Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA) contra la resolución Nº 194/DGT/NC/2013 emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL en fecha tres de junio de dos mil trece. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el Artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “DEL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS, ACLARACIÓN. CORRECCIÓN DE ERRORES. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero si aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el órgano jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del día hábil siguiente al de presentación de la solicitud”. CONSIDERANDO (2): Que en relación con lo antes señalado el articulo 50 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial señala: “El Juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas, en la medida que sean procedentes y oportunas y no supongan la vulneración de alguna norma jurídica”. CONSIDERANDO (3): Que es acertada la observación que deriva de la solicitud de aclaratoria formulada por el recurrente, ante la oscuridad provocada por un aparente lapsus omisivo en la parte dispositiva de la sentencia; resulta procedente admitirla, en el único sentido de expresar taxativamente los deberes de conducta que implica para la autoridad recurrida, el otorgamiento de la referida acción de amparo a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA). Lo anterior de conformidad al artículo 63 numeral (3) de la Ley sobre Justicia Constitucional, en lo que resulta pertinente a derecho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los Artículos 80, 82, 90, 135, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 710 del Código de Trabajo; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- RESUELVE: DECLARAR HA LUGAR la solicitud de aclaración de sentencia presentada por el Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ y LA FAMILIA (IHNFA), que se deja relacionada, debiendo leerse en su parte final resolutiva, de la siguiente forma: Y manda: Que con la certificación de este fallo se remitan los antecedentes a LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL para los efectos legales subsiguientes: a) Que como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho en que ha incurrido, se cancele y deje sin ningún valor ni efecto la resolución Nº 194/DGT/NC/2013 de fecha tres de junio de dos mil trece y que consta a Nº 2312 del folio 77 del Tomo VII del Libro Registro de Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo, emitida por LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO dependiente de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL; la cual no obliga de modo alguno al INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA). b) Lo anterior a efecto de que se brinde inmediato cumplimiento a la presente sentencia. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Y a solicitud de la Abogada LESLY R. INESTROZA MIRANDA, en su condición de Juez Supernumeraria del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, y para que surta efectos en la demanda ordinaria laboral registrada en el Juzgado del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, bajo el No. 0801-2015-00360-LTO, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia y la resolución de fechas veinticuatro de septiembre y veinte de octubre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1234=14.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL

JMML

[1] Los subrayados no están en el original.

[2] Según desprende del folio 16 NC-DGT-014-2013 (Sic.)

[3] Contenida en el Decreto No. 223-2012, disposición legal por la cual quedaron congelados los aumentos salariales en la Administración Pública para dicho periodo fiscal.

[4] El Dictamen está a lo que establecen los artículos 1, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras.

[5] Acorde a conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, acorde a la cual el cumplimiento de las leyes de orden público: “… no es potestativo sino de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares puede disponer a su arbitrio cuando aplicarlo o no”.