Sentencia AA-1119-14 — Registro 4854
Resumen
Resolución que inadmitió medios de prueba propuestos en recurso de Apelación con relación a demanda de nulidad de inscripción registral en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil en virtud de existir doble inscripción sobre el mismo bien inmueble,en virtud de tratar el recurrente se evacúe en segunda instancia medio de prueba documental cuya existencia es anterior al desarrollo del proceso, por lo cual no reúne los requisitos que establece el artículo 712 del Código Procesal Civil para ser admitido,considerando la Sala alegatos de instancia improcedentes para efectos de la acción de amparo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que esta Sala observa que las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil, que entrara en vigencia el uno (1) de noviembre del año dos mil diez (2010), dilucidan sin duda cuál es el Código a seguir en recurso de apelación, según acaece en el caso de autos, siendo que el artículo 913 prescribe: “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia este Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior y, a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” CONSIDERANDO (8): Que asimismo, resulta conducente que la cuestión constitucional bajo examen excede notoriamente el ámbito típico de la mera legalidad, puesto que el derecho fundamental a ser juzgado por juez competente con las formalidades, derechos y garantías, alude e implica la admisión de prueba en segunda instancia, siempre que se efectúe de conformidad a ley. En el presente caso, se alega y justifica por el solicitante que los elementos propuestos refieren pertinentemente a hechos probatorios relevantes para el derecho o interés discutido acaecidos después de abierto el plazo para dictar sentencia en primera instancia; los cuales, acorde a la vista de la foliada, concuerdan con la documental referida en el escrito de la interposición de recurso de apelación por el abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE en su condición de representante procesal de la señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, en la cual el referido abogado postulante argumenta puntualmente: “… y la parte demandante se enteró de la existencia de tal documento, hasta días antes de dictarse la sentencia que por este acto se recurre; por lo que no tuvimos la oportunidad de ofrecer dicho documento como medio de prueba en el momento procesal oportuno y por ello de conformidad a lo que prescriben los artículos 710 y 712 numeral 1, y 2 literal a del Código Procesal Civil, se ofrecen para que sean evacuados en su oportunidad (…)“. [2]CONSIDERANDO (9): Que sin embargo, la resolución emitida en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil catorce (2014) por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán y en virtud de lo ordenado por la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se circunscribe a argumentar respecto a lo estipulado en la letra del artículo 712 numeral 1, y 2 literal d, también del Código Procesal Civil, dada la relación que existe entre el derecho invocado por el recurrente y la situación de los denominados “Hechos Nuevos” (por haber acaecido después de encontrarse en curso el plazo para dictar sentencia), la cual observa suficiencia en cuanto a éste último aspecto, visto que a juicio de esa Alzada, la argumentación jurídica del solicitante no llena los parámetros legales para su admisión, lo cual se estima desde esta Sala de lo Constitucional una cuestión de instancia, si bien no de mera legalidad; dada indudable relevancia de la cuestión planteada, si bien considerada extemporánea para su admisión por parte de la autoridad judicial competente. CONSIDERANDO (10): Que la doctrina conducente refiere al deber judicial de la Alzada a observar, en el dictado de la referida resolución, adecuada justificación interna y razón suficiente, en coherencia con el objeto y personalidad de la apelación [3] y en atención al valor seguridad jurídica y al derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala de lo Constitucional, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes en la jurisdicción ordinaria la factibilidad jurídica de admitir, en trámite del recurso de apelación, la documental referida a documentos de fondo que se acompañare al respectivo escrito de interposición del recurso, siempre y cuando cumpla ésta con la carga de justificación respectiva, la cual no se apreció como cumplimentada suficientemente en el presente caso. CONSIDERANDO (12): Que por todo ello y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente denegar el recurso de amparo, de todo lo cual se ha hecho señalado mérito"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del año dos mil quince. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL a favor de la señora GLORIA MARIA MEJÍA MARADIAGA, contra la Resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres de septiembre del año dos mil catorce, que inadmitió unos medios de prueba propuestos en el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha doce de agosto del año dos mil trece, con relación a la demanda ordinaria de nulidad de una inscripción registral promovida por el Abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE en condición de Apoderado Legal de la Señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, contra el señor RAÚL MEJÍA ERAZO.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, el Abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE en condición de Apoderado Legal de la señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, promoviendo demanda ordinaria de nulidad de una inscripción registral en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Olancho en virtud de existir doble inscripción sobre el mismo bien inmueble determinado en contra del señor RAÚL MEJÍA ERAZO. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Primero Seccional, en fecha doce (12) de agosto del año dos mil trece (2013), dictó Sentencia Definitiva mediante la cual falló: “1.- Declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria principal como la que se mandó acumular de Nulidad de doble inscripción de un instrumento público y de los asientos 70 del tomo 733 y 76 del tomo 854 del Instituto de la propiedad de Olancho, presentada por la señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, de generales ya expresada en el preámbulo de esta sentencia, contra el señor RAÚL MEJÍA ERAZO también de generales ya expresadas.- 2. Declarando con lugar la nulidad absoluta del instrumento numero 29 de fecha uno de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, así como su inscripción en el numero 682, del tomo 235 y 236 del tomo XI, así como la tradición a favor de la señora Gloria María Mejía Maradiaga en el Instituto de la propiedad de Olancho, y para tal efecto que se envíe la comunicación respectiva al mencionado registro inmueble. 3.- Se declara SIN LUGAR, el pago de Daños y Perjuicios solicitados por la parte demandada y reconvincente por no estar probados los mismos 4.- Se declara SIN LUGAR Las excepciones perentorias de prescripción extintiva y adquisitiva de dominio y acción presentada por la parte demandada por no haberse probado las mismas.-” (Ver folios quinientos cuatro (504) al quinientos once (511) del tomo II de los antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo los Recursos de Apelación promovidos por el Abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE en su condición de Apoderado Legal de la Señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, y el Abogado NESTOR RAÚL OCHOA CABRERA en su condición de Apoderado Legal del Señor RAÚL MEJÍA ERAZO, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictó Sentencia mediante la cual falló: “1º. DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE. 2º. DECLARANDO CON LUGAR el Recurso por Adhesión interpuesto por el Abogado NESTOR RAÚL OCHOA CABRERA. 3º. REFORMAR la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a la parte demandante reconvenida al pago de las COSTAS en Primera Instancia por haber sido vencida en juicio. 4º. CONFIRMAR la sentencia recurrida en sus demás pronunciamientos.” (Ver folios doce (12) al veinticinco (25) de la pieza de segunda instancia). 4) Que según Certificación extendida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil catorce (2014), dictó Auto mediante el cual falló: “Declarar de oficio la Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive desde la sentencia de fecha trece de noviembre del año dos mil trece dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa y subsiguientes actuaciones que se derivan de la resolución que se anula, exceptuando la presente resolución.-” (Ver folios cincuenta y siete (57) al sesenta y tres (63) de la pieza de segunda instancia). 5) Que en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil catorce (2014), la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán y en virtud de lo ordenado por la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dictó nueva Resolución, mediante la cual falló: “1) INADMITIR el medio de prueba documental propuesto por la parte recurrente consistente en: a) Acta Notarial del 30 de agosto del año 2013 y b) Testimonio de Instrumento No.29 original para ser cotejado con copia del expediente; asimismo solicita un Reconocimiento Judicial al protocolo del año 1965 del Notario RAIMUNDO ORELLANA al Instrumento número 29 y una Inspección a la casa de ERNESTO ORELLANA en el Barrio La Guadalupe, de Tegucigalpa, protocolo del año 1964, quien era la persona que al momento de la evacuación de la prueba tenía el protocolo en sus mandos, en consecuencia que se dicte sentencia en el plazo de Ley”; estableciendo como antecedente número 4.-, que no consta en autos la solicitud de admisión de pruebas efectuada por la parte demandante reconvenida ante el Juez de Primera Instancia, sobre los medios que se pretende incorporar en segunda instancia, por lo que no existe denegatoria respecto a su admisión. Que los hechos que se pretenden ahora probar sucedieron con anterioridad, inclusive a la interposición de la demanda de mérito, sin acreditar las razones por las cuales no se pudo entonces presentar dicha prueba. Que del análisis de la solicitud de pruebas, resulta claro se trata de “Hechos de Nueva Noticia”, por haber sucedido antes de la presentación de la demanda y haber tenido conocimiento de los mismos: “unos días antes de dictar sentencia”. Que por todo lo anterior, no se cumplen los requisitos que ya señala el artículo 712 del Código Procesal Civil para regular la prueba en el recurso de apelación, del cual deduce la Alzada que en segunda instancia sólo serán admitidos los denominados “Hechos Nuevos”, por haber sucedido después de encontrarse en curso el plazo para dictar sentencia, siendo que en el caso de mérito, la solicitud de apertura a pruebas se refiere a documentos existentes antes inclusive de la interposición de la demanda, donde lo nuevo no es el hecho, sino el conocimiento de su existencia; por todo lo cual procede dictar la inadmisión de los referidos medios de prueba. (Ver folios sesenta y cinco (65) al sesenta y siete (67) de la pieza de segunda instancia). 6) Que el recurrente Abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL compareció ante este alto Tribunal, en fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor de la señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil catorce (2014), a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce (14) de enero del año dos mil quince (2015). 7) Que en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen porque SE DENIEGUE el Recurso de Amparo de mérito, en virtud de tratar el recurrente se evacúe en segunda instancia medio de prueba documental cuya existencia es anterior al desarrollo del proceso, por lo cual no reúne los requisitos que establece el artículo 712 del Código Procesal Civil para ser admitido. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha (3) de septiembre del año dos mil catorce (2014), por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán y en virtud de lo ordenado por la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dictó nueva Resolución, mediante la cual falla: “1) INADMITIR el medio de prueba documental propuesto por la parte recurrente consistente en: a) Acta Notarial del 30 de agosto del año 2013 y b) Testimonio de Instrumento No.29 original para ser cotejado con copia del expediente; asimismo solicita un Reconocimiento Judicial al protocolo del año 1965 del Notario RAIMUNDO ORELLANA al Instrumento número 29 y una Inspección a la casa de ERNESTO ORELLANA en el Barrio La Guadalupe, de Tegucigalpa, protocolo del año 1964, quien era la persona que al momento de la evacuación de la prueba tenía el protocolo en sus mandos, en consecuencia que se dicte sentencia en el plazo de Ley”; la cual se fundamenta in extenso en lo relacionado en el Antecedente 5) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso por parte del abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL, se expresa que el precepto constitucional vulnerado a su representada procesal, es el Derecho al debido proceso, garantizado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, según el cual los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes y que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; en virtud de constituirse Honduras en un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. CONSIDERANDO (5): Que en mejora de su recurso, pasa el demandante de amparo a referir los antecedentes del caso, de donde infiere la resolución impugnada resulta lesiva al debido proceso y manifiesta falta de objetividad al juzgar, lo cual se puede apreciar de la simple lectura de la resolución recurrida, en particular en el numeral 5.-, en la cual, en forma irresponsable, confunde los denominados hechos nuevos con los de nueva noticia, los cuales son la misma cosa al tenor del artículo 241.1 del Código Procesal Civil, a criterio del amparista; atribuyendo un significado distinto al que deriva explícitamente de sus propios términos, en lesión a la garantía constitucional del debido proceso legal y los principios de veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesales que ya demarca el artículo 6 del Código Procesal Civil, ya que con una interpretación inadecuada del derecho han decretado la inadmisibilidad de un medio que resulta relevante para el derecho o interés discutido en juicio. Invoca a favor de su reclamo constitucional el compromiso del poder judicial de brindar la seguridad jurídica que ansían con vehemencia todos y cada uno de los gobernados y que se traduce en el debido proceso como cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, incluyendo el ejercicio de la función jurisdiccional por Juez competente e imparcial, sin menoscabo del derecho de defensa; por todo lo cual se recurre a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando se enmiende con arreglo a derecho lo resuelto por el Tribunal Ad Quem. CONSIDERANDO (6): De los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional aprecia que la controversia procesal que ha sido traída a esta sede de justicia constitucional resulta conducente a analizar si la resolución de Alzada que deniega la admisión de elementos probatorios relevantes para el derecho o interés discutido, redunda o no en infracción al derecho constitucional garantizado en el párrafo primero del artículo 90 de la norma primaria de la República, como es el debido proceso, el cual por precepto legal y constitucional cabe aplicar en su más amplio concepto y acorde a los estándares que marca la jurisprudencia nacional y convencional en materia de derechos humanos.[1] CONSIDERANDO (7): Que esta Sala observa que las disposiciones transitorias del Código Procesal Civil, que entrara en vigencia el uno (1) de noviembre del año dos mil diez (2010), dilucidan sin duda cuál es el Código a seguir en recurso de apelación, según acaece en el caso de autos, siendo que el artículo 913 prescribe: “JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los juicios declarativos que se encontraren en primera instancia al entrar en vigencia este Código, se continuarán tramitando hasta que recaiga sentencia o auto que le ponga fin a dicha instancia de conformidad a la legislación procesal civil anterior y, a partir de la fecha de esas resoluciones se aplicará el presente Código.” CONSIDERANDO (8): Que asimismo, resulta conducente que la cuestión constitucional bajo examen excede notoriamente el ámbito típico de la mera legalidad, puesto que el derecho fundamental a ser juzgado por juez competente con las formalidades, derechos y garantías, alude e implica la admisión de prueba en segunda instancia, siempre que se efectúe de conformidad a ley. En el presente caso, se alega y justifica por el solicitante que los elementos propuestos refieren pertinentemente a hechos probatorios relevantes para el derecho o interés discutido acaecidos después de abierto el plazo para dictar sentencia en primera instancia; los cuales, acorde a la vista de la foliada, concuerdan con la documental referida en el escrito de la interposición de recurso de apelación por el abogado JOSÉ AGUINALDO GARCÍA PONCE en su condición de representante procesal de la señora GLORIA MARÍA MEJÍA MARADIAGA, en la cual el referido abogado postulante argumenta puntualmente: “… y la parte demandante se enteró de la existencia de tal documento, hasta días antes de dictarse la sentencia que por este acto se recurre; por lo que no tuvimos la oportunidad de ofrecer dicho documento como medio de prueba en el momento procesal oportuno y por ello de conformidad a lo que prescriben los artículos 710 y 712 numeral 1, y 2 literal a del Código Procesal Civil, se ofrecen para que sean evacuados en su oportunidad (…)“. [2]CONSIDERANDO (9): Que sin embargo, la resolución emitida en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil catorce (2014) por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán y en virtud de lo ordenado por la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, se circunscribe a argumentar respecto a lo estipulado en la letra del artículo 712 numeral 1, y 2 literal d, también del Código Procesal Civil, dada la relación que existe entre el derecho invocado por el recurrente y la situación de los denominados “Hechos Nuevos” (por haber acaecido después de encontrarse en curso el plazo para dictar sentencia), la cual observa suficiencia en cuanto a éste último aspecto, visto que a juicio de esa Alzada, la argumentación jurídica del solicitante no llena los parámetros legales para su admisión, lo cual se estima desde esta Sala de lo Constitucional una cuestión de instancia, si bien no de mera legalidad; dada indudable relevancia de la cuestión planteada, si bien considerada extemporánea para su admisión por parte de la autoridad judicial competente. CONSIDERANDO (10): Que la doctrina conducente refiere al deber judicial de la Alzada a observar, en el dictado de la referida resolución, adecuada justificación interna y razón suficiente, en coherencia con el objeto y personalidad de la apelación[3] y en atención al valor seguridad jurídica y al derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (11): Que para esta Sala de lo Constitucional, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes en la jurisdicción ordinaria la factibilidad jurídica de admitir, en trámite del recurso de apelación, la documental referida a documentos de fondo que se acompañare al respectivo escrito de interposición del recurso, siempre y cuando cumpla ésta con la carga de justificación respectiva, la cual no se apreció como cumplimentada suficientemente en el presente caso. CONSIDERANDO (12): Que por todo ello y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente denegar el recurso de amparo, de todo lo cual se ha hecho señalado mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 reformado, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 48, 51, 54, 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada CARDONA PADILLA. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello, VÍCTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince, certificación del fallo de fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1119=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional con relación al artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
[2] Ver folio quinientos veintinueve (529) frente del expediente número 044-2009 de primera instancia (Tomo II), contentivo de la interposición de recurso de apelación por el abogado José Aguinaldo García Ponce en su condición de representante procesal de la señora Gloria María Mejía Maradiaga contra la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto de 2013, a que se ha hecho anterior referencia.
[3] Sobre este punto resulta ilustrativo: Hernández Espinoza, Juan Arnaldo. Apuntes sobre las impugnaciones y ejecuciones. Editorial Universitaria, Tegucigalpa M.D.C., 1996, p. 27-8.